Contencioso

Trituradoras a todo ritmo mutilando la memoria de la Administración

Decía el jurista alemán von Kirchmann que un capricho del legislador tiraba a la basura bibliotecas jurídicas enteras. Ahora, en el contexto de recambio de gobernantes autonómicos y locales, podría decirse que un mal resultado electoral envía a la trituradora toneladas de expedientes administrativos.

En efecto, en estos días no es difícil percatarse que en algunos despachos de Administraciones autonómicas y locales se cuchichean instrucciones para la eliminación de archivos, expedientes y documentos “delicados”. En unos casos afectan a información privilegiada, en otros huellas de corruptelas y en la mayor parte de los casos, documentos que reflejan el trasiego de comunicaciones con correligionarios del partido para propiciar determinadas orientaciones en las actuaciones administrativas. No se trata de “maquillar” expedientes sino de “amputar”.

En juego muchas cuestiones jurídicas: ¿tendrá responsabilidad disciplinaria el funcionario que desobedezca las instrucciones de que la desaparición de los expedientes, “parezca un accidente”?, ¿qué pasa con la protección de datos, que no es que se utilicen,sino que se volatilizan hacia el reino de ” Nunca Jamás”?,¿ Qué expediente se enviará, o explicación se ofrecerá, cuando un Tribunal reclame documentación “que nunca existió”?, ¿ donde queda el control de la motivación administrativa, de la prohibición de arbitrariedad, o la desviación de poder, si su prueba se ha esfumado?…

1. Ya comienza a ser ritual la queja, con mayor o menor énfasis, de los sucesivos ocupantes de la Moncloa, del vacío de los ordenadores que les dejaba su predecesor, y la misma opinión han manifestado muchos Presidentes autonómicos y alcaldes ante el cambio de tercio político. Y cual epidemia contagiosa, similar opinión o sospecha anida en la mente de los escalones directivos inferiores respecto de quienes sustituyen.

Lo cierto es que, al margen del color del partido desplazado del poder, corren tiempos de zozobra. Muchos altos cargos no saben el destino que les espera. En el mejor de los casos reincorporarse a una plaza de funcionario ( y si han superado dos años continuados se llevarán un complemento vitalicio en el zurrón). Y en el peor, pasar a engrosar las listas de desempleados. En la tierra media, dispondrán de un abanico de posibilidades referidas a empresas o empleos sin la erótica del poder, donde rumiar con añoranza esos tiempos dulces de mando en plaza pública. Pero lo que es común a los cesantes es su rechazo a verse sorprendidos en su barbecho o retiro político por la crítica o sospecha de sus sucesores ( agitada mediática o judicialmente) generada al revisar o auditar los expedientes que impulsaron aquéllos.

En suma, nos encontramos ante un curioso juego. Unos altos cargos ( los sometidos a cese inminente), dando instrucciones o acometiendo personalmente fuera del horario laboral, las tareas de destrucción masiva de documentación comprometida. Así, la trituradora de papel se recalienta y atasca. Los lápices de USB vuelcan información que es borrada del disco duro. Folios con programas y planes se van para no volver. Y otros altos cargos ( los nuevos), quienes tan pronto se incorporen darán instrucciones o personalmente intentarán desenterrar la información que pueda probar la calamitosa gestión anterior.

Es triste pensar que esa minoría de altos cargos intente eliminar el rastro de su gestión, muchas veces para ocultar secretos de Polichinela (conocidos por todos), o su propia incapacidad ( conocida por todos menos por el afectado). Eso no es estrategia política, es ruindad y bribonería.

Resulta tragicómico cómo hemos pasado de hablar de la “Memoria histórica” a la “Desmemoria histérica”, y como es triste que algunos altos cargos pasen a la historia no por lo que hicieron sino por borrar su paso político. ¿Donde queda la lealtad institucional y el buen hacer?, ¿ por qué la víctima siempre es la maltrecha Administración y la verdad?.

Para botón aquí podemos encontrar una gráfica muestra.

2. Quizás es conveniente recordar que el secreto de sumario solo afecta al ámbito del proceso penal y que los expedientes administrativos están sometidos a un expreso deber de conservación. Si se trata de expedientes ultimados, los mismos forman parte del patrimonio histórico español, ya que la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español establece de forma tajante en su articulado que “forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público”.

Y es que, la historia de la Administración pública es la historia de España ( y de los españoles, pues el poder público acompaña desde la cuna – Registro Civil- a la sepultura – Acta de defunción), sin olvidar que los expedientes deben conservarse para garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos interesados y obtener copias de los documentos que les afecten. Y junto a ello, para facilitar el deber de remisión para su control por Tribunal de Cuentas o equivalente, o por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Eso explica la prevención del Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre sobre documentación administrativa, cuyo artículo 3 (reproducido por la mayoría de la legislación autonómica) afirma: “En ningún caso se podrá autorizar la eliminación ni se podrá proceder a la destrucción de documentos de la Administración General del Estado o de sus Organismos públicos en tanto subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas físicas o jurídicas o no hayan transcurrido los plazos que la legislación vigente establezca para su conservación”.

De ahí que para destruir expedientes ha de cumplirse una regulación minuciosa sobre la función de “expurgo” que, como las “voladuras controladas” supone una operación de selección de documentos que pueden destruirse o que deben conservarse, que requiere la intervención de una Comisión de Calificación formada por especialistas y una labor tan minuciosa como transparente.

3. Siempre me maravilló de mi etapa en la Universidad de Salamanca el exquisito cuidado, tratamiento y clasificación de la documentación llevada a cabo por el Servicio de Archivos. La historia viva de pueblos, autoridades, instituciones y acontecimientos puede conocerse y comprenderse a través de los expedientes, y nada mas grato que asombrarse de como en tiempos de Fray Luis de León infinidad de documentos caligrafiados reflejaban las refriegas del profesorado, la picaresca de los alumnos, sus calificaciones y quejas, sus excusas por enfermedad, sus penurias para alimentarse… Un viaje en el tiempo por esas “bitácoras” que son los expedientes académicos. Por eso creo que no puede hurtarse a la historia la documentación administrativa con destrucciones selectivas pues eso abrirá el paso en el futuro a la arqueología jurídico-administrativa. Una pena.

4. También conocí Administraciones que ante el requerimiento judicial o notarial de exhibir o aportar  un expediente o de un documento  disponían de una cómoda coartada como respuesta: ” Se destruyó en el incendio de xxx”, “Se extravío en el traslado del nuevo edificio”, … o lo mas lapidario y sonrojante: ” No consta” (sin más explicaciones). Claro que una cosa es pretextar o suavizar la falta de localización de un expediente y otra muy distinta no aportarlo por haber procedido a su previa y alevosa destrucción.

5. Así y todo, en esta cuestión estamos en una etapa de tránsito que dificulta la política de “tierra quemada” postelectoral.

En primer lugar, porque los Boletines Oficiales plasman una huella imborrable, ya que los actos que saltan a sus páginas jamás podrán eliminarse del humano conocimiento, y dado que los actos relevantes requieren publicación oficial y hoy día están en la red, hay permanecerán secula, seculorum, “viendo pasar el tiempo”, como la Puerta de Alcalá.

En segundo lugar, porque los expedientes electrónicos van implantándose de forma lenta pero imparable, con lo que mas que hablar de destrucción de expedientes, habría que aludir a fenómenos de “borrado” de ficheros, correos electrónicos, discos duros y técnicas similares. Diríase que hoy día, al igual que la materia que no se crea ni se destruye, los expedientes solamente se transforman.

Y en tercer lugar, porque la digitalización de expedientes está permitiendo la destrucción de los documentos originales y facilitar el almacenamiento y consulta de las actuaciones administrativas en un formato susceptible de almacenamiento hasta el infinito así como de realizar innumerables copias de seguridad, inaccesibles al propio autor o a la oficina de gestión. Además ya pasaron los tiempos en que el funcionario precisaba papel carbón para obtener una copia de un documento de interés, pues hoy día ni siquiera hace falta la fotocopiadora, ya que un sencillo lápiz usb descarga toneladas de datos que mas de un funcionario puede llevarse ladinamente a casa, a buen recaudo, por si tiene lugar un tsunami electoral.

6. Aunque si pensamos en términos prácticos, quizás no sea malo acometer un plan de choque para la destrucción del papel administrativo que se amontona en carpetillas y legajos, con tono amarillento y acogiendo polvo y hongos. Y es que, si alguien analizase estadísticamente el número de las consultas a los Archivos Generales de las Administraciones se quedaría pasmado al comprobar que es el parto de los montes. Se trata mas bien de gigantescos cementerios de papeles cuyos difuntos reciben escasísimas visitas, y donde la fosa común se lleva el grueso de los mismos. Parafraseando al poeta Gustavo Adolfo Bécquer, diríamos :¡ Dios mío, que solos se quedan los expedientes!

Pero ello no autoriza, siguiendo el símil, a que los cesantes desaprensivos acudan con alevosía y nocturnidad a la trituradora de documentos, para reducirlos a tiras o partículas, como las cenizas crematorias, y que de este modo pretenden borrar su propia indignidad, olvidando que la sociedad no es estúpida y no hace falta el CSI para desenmascarar la infamia.

 

P.D. Este artículo en versión abreviada fue publicado en el diario La Nueva España.

0 comments on “Trituradoras a todo ritmo mutilando la memoria de la Administración

  1. No soy tan optimista en el caso de digitalización de expedientes y resoluciones firmadas electrónicamente. Como “teoríaconspiracionista” siempre pienso que en algún sitio habrá un botón (rojo, claro), que pulsando envía al hiperespacio sideral de la nada los correspondientes ficheros almacenados en algún inseguro servidor.

    Y entonces, como decía la canción “¿adónde van las palabras que no se quedaron? ¿adónde van las miradas que un día partieron? ¿acaso flotan eternas, como prisioneras de un ventarrón?”

  2. Respecto a la inusitada destrucción de documentos (comprometidos) en las Administraciones Publicas, tras las recientes elecciones, os adjunto la noticia de la misma noche electoral http://www.alertadigital.com/2011/05/23/la-guardia-civil-interviene-un-ayuntamiento-andaluz-ganado-por-el-pp-para-evitar-que-los-socialistas-sigan-destruyendo-documentos-de-sus-corruptelas/ donde el Juez de Guardia de la localidad de Valverde del Camino (Huelva) tuvo que intervenir y espero que aplique los arts. 413 y ss. del Código Penal, sobre la infidelidad y custodia de documentos, para garantizar el derecho constitucional (art. 105) de acceso por los ciudadanos en los términos del art. 37 de la Ley 30/1992.
    No es baladí este derecho, puesto que podemos ver en el BOE del 31 de Julio de 2008, publicada la Ley Orgánica 1/2008 y el texto de nuestra “Carta de Derechos Fundamentales de 2007” por ser ciudadanos de la Unión Europea, donde en su art. 42 eleva este derecho a fundamental, aunque no venga como recogido como tal en nuestra Constitución.
    Someto a la consideración de los expertos blogueros, si en base a este derecho fundamental “ex novo” puede fundamentarse un proceso contencioso especial (art. 114 de la LJCA) ante la negativa de la Administración a la entrega de copias del mismo en un expediente tipo ordinario, es decir no existen datos médicos, sanciones, no hay secretos que proteger, no existe obligación de salvaguardar datos esenciales, etc.
    Para rizar más la cuestión, que ocurriría si la Administración que debe facilitar este “acceso y obtención de copias” es un Juzgado o Tribunal, conforme a lo establecido en el art. 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dado que en este supuesto “frecuente” es competencia del propio Secretario del Tribunal y tiene un plazo hábil para su entrega relativamente corto, creo recordar que son “dos días” (art. 4 del Reglamento 1/2005 del CGPJ) y en el mismo plazo por “silencio administrativo negativo” se podrá interponer recurso “gubernativo” ante el Juez o Tribunal, teniendo en cuenta que tendría que aplicar el Reglamento 1/2000 de 26 de Julio del CGPJ, donde su art. 59 nos remite de lleno a la Ley 30/1992.
    Se conoce, algún precedente, donde un ciudadano interesado que no ha sido parte legitima en un procedimiento judicial que ya está archivado (durante los 5 años posteriores en el propio Juzgado) pero todavía no ha pasado por la Junta de Expurgo a los Archivos Históricos, solicita el acceso y le es negado (resolución frecuente) por el Secretario Judicial por no ser parte (si lo fuera, ya tendría esa documentación) y el titular del órgano judicial, ratifica esta decisión “administrativa-gubernativa” que concluye por la vía directa del Consejo General del Poder Judicial y finalmente a la via contenciosa competencia del Tribunal Supremo, no como suele pasar dado que “se procesaliza indebidamente, se judicializa y se aplica la norma procesal pertinente, con pie de recurso y tasas judiciales” y virtualmente se inicia un nuevo proceso judicial que no sabe donde va a terminar.
    Reitero, se conoce de algún caso, donde se ha planteado este nuevo “derecho” de acceso a los documentos judiciales que custodia durante los primeros 5 años a su archivo procesal el propio órgano judicial y que por la vía de derechos fundamentales (art. 24 CE y art. 42 de la Carta U.E.) se tiene que pronunciar un órgano judicial contencioso-administrativo.

  3. peterlove

    Menudo país. Si gobernase Curro Jiménez estaríamos más seguros.

  4. Mejor anónimo

    Bueno, no se en Castilla-La Mancha o en León, pero yo he trabajado para el Gobierno Vasco y ha habido varios cambios de legislatura con socios de gobierno poco interesantes y en cada uno de esos cambios se han destruido documentos internos, que yo sepa, y me ha tocado destruir unos cuantos, nunca se ha destruido un expediente ni se han falseado cuentas.

    Opino que muchos documentos internos para uso del cargo político es lógico que desaparezcan.

    Pd.: Cuando llegó al poder G.W. Bush, como broma le quitaron las W del mapa de teclado de los ordenadores, además de vaciarlos de aquellos documentos cuya eliminación no fuera ilegal.

    Pdd.: Bueno, entre nosotros, si he visto destruir unos expedientes sancionadores, pero resultaban que, por ley y en este caso muy concreto el “débil” recibía un castigo desproporcionadamente grande respecto al “fuerte” y tomaron la decisión (y era en medio de una legislatura) de que se “perdiesen” esos expedientes, pero es el único caso que recuerdo en 23 años de trabajo de interino en la administración.

  5. Asturcón

    No es que sea yo un defensor de este régimen que padecemos ni pongo la mano en el fuego por nadie, menos aún político, pero me parece desquiciante lo de las bolsas de basura. Cualquiera que se pase por los edificios administrativos a partir de las 6 ó 7 de la tarde, verá la cantidad de sacos de papel por planta que se sacan. y eso a lo largo de todo el año. ¿Acaso es que se temen inluso entre los que gobiernan? El recorta y pega genera muchos errores; los informes se han y se deshacen y las fotocopias de vez en cuando se tiene que destruir; no me cabe duda de que el borrado de archivos y la eliminación de documentos esté sucediendo, pero de ahí a elevarlo a categoría de ruindad generalizada, media un abismo, porque se nos está metiendo en el ajo a funcionarios y eso ya no me parece correcto.
    Un saludo y muchas gracias.

  6. Escena Juridica
    Se me ocurre debatir sobre el Negocio de las Trituradoras de Textos Legales.

    Esta interesante comparación con el destino de bibliotecas jurídicas, me lleva a hablar del Negocio de las empresas editoras de textos legales. El Negocio está claro: clientes fijos profesionales del derecho que años y años pagan cuotas anuales por tener acceso en papel, o ( ahora gracias a Dios en internet ) de las normas vigentes. A cambio la empresa hace el ” corta y pega ” del B.O.E.
    Evidentemente , cualquier cambio por pequeño que sea en un texto legal editado , imposibilita la venta por parte de las editoriales de esos ejemplares . Es entonces cuando algunas aprovechan para difundir la editorial regalando éstas como acción de colaboración con entidades sociales, a cambio de publicidad y difusión gratis, sin avisar que dichos textos están derogados.
    Cualquiera que conozca el sector , sabe que cada vez las tiradas son más pequeñas y a la medida . Los derechos de autor se negocian a la baja con la desesperación de estudiosos, expertos universitarios y profesionales, que ven como su remuneración por texto redactado sobre un tema jurídico es la mas baja del mercado laboral, superada por ej. por la hora de canguro para sus hijos. Ademas para promocionar, sobre todo en la universidad es imprescindible ser autor de textos publicados por editoriales jurídicas. Es habitual en algunas pagar al autor en especie, recibe publicaciones de esa editorial y ejemplares de su obra . Malos tiempos para los autores de textos jurídicos.

  7. Juan Jo

    AMNESIA

    Deshabitados viven los archivos,
    al norte, al sur, al este y al oeste,
    de tanto adelgazar, inexpresivos,
    y vuelan como huyendo de la peste.

    Los perdedores pierden los papeles
    y la memoria se les muda en blanco,
    no es tiempo de dormirse en los laureles,
    sino hora de esfumarse por el flanco.

    Hay quienes se van y no dejan huella,
    sin darse cuenta que las imprudencias
    son el heraldo de la mala estrella.

    En el ordenador de las ausencias,
    borra la desmemoria el disco duro
    quedándose el pasado sin futuro.

Gracias por comentar con el fin de mejorar

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: