A través de los medios de comunicación asistimos ante un auténtico tsunami de insolvencia de las Administraciones Públicas. Según el Banco de España la deuda pública real de las Administraciones Públicas españolas ascendía en el primer trimestre de este año a 835.822 millones de euros (¡¡ el 78% del PIB ¡¡). El Estado intenta salvar su solvencia aferrándose desde las frías aguas del déficit a la balsa salvavidas europea mientas observa como le hacen el boca a boca a Grecia junto a un amoratado Portugal. Las Comunidades Autónomas hacen un plante al Estado pues no pueden devolverle los 19.000 millones de euros que les anticipó ya que la recaudación real fue muy por debajo de la expectativa. Las Administraciones Locales acumulan un pasivo de 54.000 millones de euros. Las Universidades ven como los costes de personal y gastos corrientes se comen prácticamente todo su presupuesto. Los Organismos y Entes autónomos ven perplejos como el grifo de los ingresos gotea mientras el sumidero de los gastos se traga todo. Y las Empresas públicas, apoyándose en su mayor libertad de gestión financiera (sin rígidas imposiciones burocráticas) fuerzan la imaginación hacia expedientes de regulación de empleo. Junto a ello, Fundaciones, Centros artísticos y otras criaturas de la Administración muestran signos de inanición preocupante. Además se estima que “bajo la alfombra” de tejemanejes contables se oculta un treinta por ciento más de deuda. El problema radicaba en que, hasta ahora, los problemas de déficit como las almorranas, “se sufrían en silencio” y ahora asistimos a un auténtico pánico colectivo que lleva a que las Administraciones Públicas, como las gallinas con la cabeza cortada, corran de un lado a otro, sin rumbo ni esperanza.
1. No deja de ser pintoresco que los Tribunales contencioso-administrativos desde antiguo han afirmado y afirman en sus sentencias el principio de presunción de solvencia de las Administraciones Públicas ( en España, la traducción del viejo aforismo inglés “ King do not wrong” sería “ King do not go bankrupt”)- el rey no quiebra-, que llevaba a un estatuto comodísimo para las Administraciones Públicas por el hecho de serlo: están generalmente exentas de fianzas y avales; no caben embargos de una Administración por otra para cobrar las deudas ( lo mas parecido es la “compensación” de débitos y/o subvenciones recíprocas); no se les obliga a estar clasificadas como contratistas si prestan servicios a otras Administraciones; la ejecución de sus actos está reforzada sin cortapisa judicial ( pues siendo indemnizables los daños la solvencia de la Administración es la garantía de su abono); y ello explica la tradicional confianza de las empresas contratistas, que siempre han sabido que si la Administración les modificaba el encargo inicial (formal o informalmente) o si les contrataba sin crédito ( ilegal pero no insólito) al final siempre cobrarían.
Quizás estamos en puertas de un cambio de paradigma: la presunción de insolvencia de la Administración, que se ve incapaz de doblar el Cabo de las Tormentas de la crisis económica. Aunque el paradigma que debería cambiar en el Manual del Político Profesional sería el de » Todo vale, no pasa nada, y la mancha de una deuda con otra deuda mayor se quita».
2. En este punto, Sevach tiene que compartir un dato preocupante. Hace dos semanas impartió una conferencia y en el almuerzo junto con otro ponente, un altísimo directivo de un poderosísimo Banco, aprovechó el momento de las “confidencias a calzón quitado”, esto es, la hora de los chupitos, para espetarle al directivo: “ Ya sé que es la pregunta del millón, pero ante la desorientación general, me pregunto que escenario real temporal manejáis con vuestros informes internos sobre el momento en que la economía remontará y la crisis se superará”. Me miró sopesando si debía o no contestarme con la “verdad oficial” o con la “verdad real” y con complicidad me confesó ante el silencio expectante de los restantes comensales: “ Estamos desorientados, pero todos los análisis económicos reservados nos indican que no veremos la luz antes de finales del…2018”. Creí no haberle entendido bien, y tras insistirle, me contestó algo así como “ Ese es el escenario mas optimista que manejamos”.
3. En ese momento, al igual que se dice que un shock ( o las puertas de la muerte) provoca que la vida entera pase como una moviola por los ojos de la víctima, por mi pensamiento pasó una tromba de visiones de las Administraciones Públicas en la próxima década: amortizaciones de plazas de interinos que pasarán a ser realmente “interinas” y efímeras; fusiones de Organismos Autónomos, competencias autonómicas y locales con parada y marcha atrás; subvenciones del Estado del bienestar pasando a ser un recuerdo ajustado a un Estado de Malestar; desmantelamiento de Diputaciones al igual que de miles de órganos de “mucho ruido y pocas nueces” ( Consejos Sociales, Defensores,etc); supresión de liberados sindicales que pasarán a estar “encadenados”; retroceso en las conquistas laborales que serán “reconquistadas”; jornadas laborales que se dilatarán; altos cargos dejarán de ser una carga; dietas por reuniones que se pondrán “ a dieta”; pagas extraordinarias cuyo cobro será realmente “extraordinario”; complementos específicos que serán “específicamente recortados”; pactos y convenios Colectivos que quedarán en papel mojado como los compromisos del hombre blanco con los indios americanos… Y lo peor de todo: la invocación de la crisis como coartada para adoptar medidas impopulares, vendettas políticas o menoscabo de libertades.
Lo peor es que me temo que los posibles cambios de gobierno por motivos electorales tendrán el mismo efecto que cambiar de capitán en pleno maremoto.
Mal panorama pinto…. así que disfrutad de las vacaciones porque me temo que cuanto se acaben diremos al igual que el conocido cuento corto de Augusto Monterroso…” Cuando despertó, el dinosaurio…todavía seguía allí”.
yo creía que el dominio público era inembargable, sin embargo no hay día sin sorpresa: esta es de hoy:
http://www.ideal.es/almeria/20110802/local/provincia-almeria/exalcalde-macael-cree-embargo-201108021732.html
Puede ser la solución: privatización de la Administración española ya!
Yo también lo pensaba! Pero en este país ya no me sorprende nada! Igual un día nos levantamos y descubrimos que nos han embargado el mar territorial!
Pero lo peor es… El alcalde puede ser que no tenga conocimientos jurídicos, pero… Y el juez que ordenó el embargo? (estimado Sevach si te puedes enterar un poco más de este tema te estaríamos agradecidos por ello)
me ha parecido tan interesante el caso que me he apresurado a dedicarle el siguiente post.Gracias por vuestros comentarios y sugerencias
Al compañero Francisco González le transmito especialmente la siguiente información. También de hoy mismo:
http://www.cronicamadrid.com/noticia/1190732/Legan%C3%A9s/gobierno-cesa-cargo-interventora-base-criterios-confianza-propuesta-alcalde.html
Creo que esta noticia por si sola es bastante explícita, sobre lo que se ha hablado en este post y no requiere muchos comentarios. La información me la ha remitido el otrora importante y respetado Colegio de Secretarios. No somos héroes. Somos más bien espectadores desolados de esta decadencia. Un saludo
El problema es lo que realmente haya pasado y lo que cuente la prensa. Posiblemente esta compañera fuese de otra ideología política al partido gobernante del ayuntamiento y eso fue el motivo de que la echasen (porque yo he puesto muchísimos reparos suspensivos y ningún alcalde tuvo problema cuando se lo expliqué y buscamos la solución al problema). Es el peligro que tienen las libres designaciones (aunque ahora mismo, por lo que tengo entendido, están bastante cubiertos económicamente, no?), en el ¿90%? de los casos son criterios políticos y no de mérito y capacidad lo que se usa para determinar esos puestos (yo no lo veo nada bien en el tema de los habilitados y especialmente los interventores y tesoreros, si quien ha de fiscalizar no es imparcial pasa lo que esta pasando).
Como dices compañero, no somos héroes, somos espectadores y muchas veces mártires.
Los espectadores lo son porque quieren.
Se me ocurre una cosa para esta situación, pero sería necesario que los habilitados fueran profesionales decentes, con sentido cívico e interesados en el interés general, más que en el particular. La medida sería el boicot: que ningún habilitado participe en ningún procedimiento de libre designación o de cobertura provisional de puestos, cuando no estén estrictamente garantizados los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Los políticos hacen lo que hacen y llegan a donde llegan, porque cuentan con cómplices, ya sean funcionarios o vecinos, que son de la misma calaña o peor que que ellos. Cuando se topen con una ciudadanía diferente, cambiarán o desaparecerán.