Limitación de pagos en metálico a 1000 euros: todos sospechosos

La limitación del pago en metálico a 1000 euros, dando otra vuelta de tuerca a la baja del límite de 2500 euros operativa desde finales de 2012, es la crónica de otro asalto a las libertades por parte de Hacienda.

No todo vale en nombre de la recaudación. El fraude de unos pocos no sirve para poner bajo sospecha a todos. Un amable lector del blog lo resume espléndidamente: 

La medida supone, como mínimo, un incremento del control de la sociedad hasta límites inadmisibles, un estrechamiento de nuestra libertad e intimidad hasta casi provocar su asfixia y un favorecimiento descarado hacia los bancos (como nuevo e injustificado premio por su responsabilidad en la actual crisis). Resultándome completamente inexplicable (y causándome escalofríos) la existencia de tanto silencio ante tamaño disparate. Acatar dócilmente que se nos imponga (con la excusa de que existe gente que defrauda) cómo tenemos que pagar con nuestro dinero, significa aceptar sin más nuestra condición de “sospechosos” y asumir que nuestra intimidad y libertad quedan reducidas a cenizas. ¿No es esto muy parecido a al sistema de delación existente en la “muy democrática” Alemania Oriental que reflejaba la maravillosa película “La vida de los otros” (Florian Henckel, 2006)?

Lo cierto es que esa medida, que como las malas noticias burocráticas será servida en alevoso Decreto Ley tras las fiestas navideñas, despierta interrogantes preocupantes.

1. Veamos las reflexiones que me despierta el caso.

• Bien está luchar contra el fraude pero… ¿no estaremos atajando el chocolate del loro? Los grandes defraudadores seguirán con grandes tinglados y ahí es donde hay que profundizar. La historia de Hacienda y los defraudadores es la del Coyote y los Correcaminos, y si estos burlaban el límite de 2500 con fraccionamientos de pagos y “hombres de paja” pues se las ingeniarán para seguir riéndose de Hacienda y de todos.
• El fraude se combate con educación y formar a las personas en sus deberes. No con el atosigamiento ciudadano. No es bueno ni normal que los ciudadanos asistamos a leyes tributarias que priman la eficacia por encima de las garantías, ni que la Agencia o agencias tributarias sean los temidos “hombres de negro”.
• No creo que sea bueno incentivar el clima de la “denuncia” de empresarios y ciudadanos, o viceversa.
• Lo electrónico está en nuestras vidas. No me siento un Amish, reacio a las tecnologías, pero tampoco quiero convertirme en un esclavo de las tecnologías. Por eso me pregunto si es bueno y deseable que el Gran Hermano Tributario esté al tanto de todas las transacciones menores y programas tecnológicos puedan saber mis hábitos de consumo, los regalos de reyes, mis viajes… por no decir que tampoco me parece sano que Hacienda “meta las narices informáticas” en las relaciones familiares que en época de crisis provocan trasiego de cantidades menores entre desfavorecidos.

2. Quizá con esa medida las entidades bancarias se frotarán las manos, y las tarjetas bancarias serán fuente de comisiones y recargos por uso. Gracias a este estímulo de Hacienda todos a utilizar tarjetas en las transacciones. Sin embargo, aquí está la paradoja de nuestro Estado de Derecho.

Ayer era noticia que en Asturias los juzgados están aplicando la vieja ley de la Represión de la Usura de 1908, que prohíbe el interés excesivo e ilícito para invalidar los elevados intereses de las tramposas tarjetas, cuyo uso trae la resaca de enormes recargos.

El varapalo a los bancos lo dio la Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 25 de Noviembre de 2015 (rec. 2341/2013) que consideró desproporcionados los intereses de los créditos al consumo vinculados a las tarjetas por algunas entidades bancarias; lo grave es lo que afirmaba la noticia periodística y que irrita a todo jurista de bien, además de a los consumidores:

Pese a la flagrante ilegalidad de esta práctica bancaria, esos productos siguen en vigor. En medios judiciales sostienen que se trata de una decisión “deliberada y basada en el riesgo estadístico inapreciable que supone el riesgo de interposición de una demanda”. “La entidad bancaria asume voluntariamente el riesgo de ser demandada porque sabe que el impacto de las muy escasas reclamaciones judiciales que recibirá no tendrán reflejo alguno en su cuenta de resultados. Sabedoras de que la mayor parte de los consumidores nunca activarán una reclamación legal contra ellas, mantienen su actividad y en el momento que detectan la existencia de una reclamación judicial no dudan en acogerse al allanamiento (rendición judicial ante una demanda)”, explicaron fuentes colegiadas. Una de estas entidades comercializa sus tarjetas de pago aplazado a un 33 por ciento TAE (Tasa Anual Equivalente), “un escándalo de usura”, según la misma versión.

3. En definitiva, parece que hay dos varas de medir para el todopoderoso Estado. La vara preventiva que afecta a todos los ciudadanos que llevarán poco metálico en el bolsillo y quizá tendrán que utilizar la tarjeta para pagar transacciones superiores a 1000 euros, y la vara oculta, que mira para otro lado, y que permite la estrategia de los bancos que juegan con las holguras y rentabilidad de que “pocos recurren”. Por algo en su día caricaturicé la situación del contribuyente bajo el título: Abandonad toda esperanza frente a Hacienda y los rinocerontes.

En resumen, que me gustan los avances tecnológicos y me parece estupendo que todos cumplamos con nuestras obligaciones, pero que “no empujen” al uso del dinero de plástico. Es verdad que en la vida cotidiana a todos nos ha pasado alguna vez vernos sorprendidos al pagar un almuerzo cuando nos espeta el hostelero que “no admitimos tarjeta” con el consiguiente desasosiego y peregrinaje de urgencia (dejando en garantía a los niños) en pos de un cajero. Sin embargo, quizá peor nos sentaría intentar pagar en metálico y nos digan que “solo admitimos pagos con tarjeta”, ámbito al que nos empujan las nuevas medidas de hacienda.

En fin, que todo lo que es espontáneo, voluntario y paulatino sabe mejor. Y todo lo que recorta libertades, sabe peor. A veces el Estado olvida que para hacernos mejores ciudadanos nos empuja a ser peores personas.