Alargamiento jurisprudencial del procedimiento de tutela de derechos fundamentales

 El legislador del proceso contencioso-administrativo (capítulo I del título V de la Ley 29/1998 de la jurisdicción contencioso administrativa, artículos 114 y ss)

contempla un procedimiento especial para canalizar las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas bajo el principio de sumariedad, lo que le ha llevado a diseñar un proceso aligerado de demoras (innecesariedad del previo recurso administrativo, reducción de plazos, preferencia, naturaleza hábil del mes de agosto, requerimiento urgente del expediente, etcétera).

  Así que, la tutela de derechos fundamentales no puede esperar, por lo que ni procedimiento ordinario, ni procedimiento abreviado, sino el procedimiento especial: interposición, demanda, contestación, prueba y declaración de conclusos, inmediatamente antes de dictarse sentencia.

  Pues bien, la jurisprudencia ha añadido dos eventuales trámites, que se vuelven garantías desde la perspectiva del recurrente, pese a que no figuran en la letra ni posiblemente el espíritu de la ley.

 Por un lado, la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2016 (rec. 443/2015  ) que admite el derecho a que se practique el trámite de conclusiones o vista, por aplicación del art.62 LJCA previsto para el procedimiento ordinario, de manera que que si “tras la práctica de la prueba se interesó el trámite de conclusiones en orden a la valoración de la prueba, tanto por la parte demandante como por la demandada (…)lo oportuno en consonancia, con el  art. 24 CE , era conferir aquel trámite a fin de no incurrir en la indefensión denunciada”.

 Por otro lado, la más reciente sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2023 (rec.687/2022) que impone que, si la contestación a la demanda por la administración, incorpora un motivo sustantivo de inadmisión (en el caso, aduciendo que es un acto de trámite inimpugnable), no deben declararse conclusos los autos, sin antes brindar un trámite de alegaciones.

 O sea, que lo que el legislador acortó, la jurisprudencia lo alargó, aunque lo hizo por una buena causa. Garantizar la tutela judicial efectiva y disipar toda sombra de indefensión, aunque pasemos de “procedimiento sumario” a “procedimiento alargado”.

Un breve y marginal apunte personal.  Confieso que en esta última sentencia solo me llama la atención que la providencia que declaró conclusos los autos, sin conceder alegaciones, no fue recurrida en reposición por el recurrente, reservándose el recurso para cuando conoce la sentencia desfavorable. Por eso me extraña que la sala tercera fije tal doctrina y en consecuencia estime el recurso ordenando la retroacción de actuaciones al momento anterior al señalamiento para votación y fallo a fin y efecto de que se confiera tramite de alegaciones, pues entiendo que mejor sería exponer la doctrina garantista aunque en el caso concreto, desestimar el recurso por los propios actos del recurrente.