Lejos queda la Revolución francesa. La misma que según célebre valoración: ”devoró a sus hijos” pues comportó sacrificios, sangre y traición de numerosos revolucionarios que la impulsaron entre 1789 y 1794 (Danton, Desmoulins, Madam Roland, el malvado Robespierre, etcétera).
Viene al caso al margen de los errores y contradicciones revolucionarios, porque me encuentro pasando unos días vacacionales en París y me he tropezado en mis paseos por la ciudad de numerosos rótulos en centros oficiales, estatuas y frontispicios de edificios, con la conocida leyenda: “Liberté, Egalité, Fraternité” (lema que está en el Preámbulos de la propia Constitución francesa).
Tres palabras de una grandeza inmensa, que nuestra propia Constitución ha acogido con valores próximos: El art. 1 al postular la libertad y justicia como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico; el art. 9.2 al imponer a los poderes públicos la mismo de solidaridad; y el artículo 14 plasmando la igualdad. Además esos valores y/o principios discurren por las venas constitucionales del resto de su articulado y están llamados a inspirar legislación, reglamentos y, cómo no, la gestión pública al servicio del interés general.
Es cierto que esos valores, que me atrevería a calificar de universales en cualquier sociedad avanzada, pueden manifestarse a través de infinidad de modelos o vías alternativas, con mayor o menor intensidad, con mayor o mejor acierto técnico o con singular inclinación o exclusión de cuestiones que la respectiva sociedad tenga enraizadas. Es sabido que los reglamentos desarrollan las leyes y que las leyes no ejecutan la Constitución, pero el resultado se ofrece en bloques de derecho público muy dispar según los países.
En el caso del derecho administrativo español lleva a preguntarme, en un café de la avenida del Temple parisina (cerca de la Torre que sirvió de prisión a la familia real en la Francia Revolucionaria), desde donde escribo esto con dificultad (al faltarme mi ordenador me siento como el pistolero sin revólver), si tan difícil es plasmar unos principios en un derecho administrativo que haga sentir cómodos a autoridades, empleados públicos y ciudadanos; si tan difícil es establecer los servicios públicos y las actividades de interés general, de manera que el estándar de calidad de vida sea aceptado por los ciudadanos y por contribuyentes que saben que pagan por lo justo; si tan difícil es fijar unas leyes y reglamentos que tengan una mínima estabilidad y acierto que sirva a la seguridad jurídica; si no hay técnica para armonizar una indómita economía con una imparable tecnología, que no se olviden de la persona; y sobre todo, me pregunto si no puede mantenerse la mayor parte del derecho administrativo, como un iceberg, en su mayor parte bajo las aguas políticas, al margen de las perversiones partidistas que no toman en cuenta eso tan bonito que es la real libertad, la bella igualdad y la admirable solidaridad.
A veces pienso que el derecho administrativo, que nació tras la revolución francesa como herramienta de control del poder público, no se habrá convertido en un herramienta de control por el poder público, que es muy distinto.
Las Administraciones públicas tienen que transformarse para adaptarse a los tiempos y exigencias socioeconómicas de cada contexto, pero no pueden perder de vista sus fines institucionales, ni los principios que justifican su existencia, ni la dignidad de la persona, ni eso tan sencillo pero tan vital que es la atmósfera de seguridad jurídica.
Por eso, cuando se habla con toda razón del cambio de paradigma del derecho administrativo con la brújula del “Principio de buena administración”, me pregunto si realmente no deberíamos postular el “principio de simple administración”, porque si una administración no es “buena”, eso no es administrar, es otra cosa.
Si se «lucha por el Derecho», no s por cualquier derecho, sino por los fines que debe perseguir: las irrenunciables libertad, igualdad y solidaridad.
Me quedo con la bella simplicidad del artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Están dotados de razón y conciencia y deben actuar unos con otros en espíritu de fraternidad».
No es dificil, el problema usted mismo lo dibuja en sus palabras sin alcanzar a entenderlo ya que evidentemente forma parte del problema Dice: «por ciudadanos y por contribuyentes que saben que pagan por lo justo»
Se nos declama como ciudadanos, se nos exige como contribuyentes, se nos trata como clientes pero en realidad se nos considera súbditos.
Esa es la simple ecuación, una banda de listillos, seguidos de muchos que de una manera u otra se benefician, que se consideran «dueños» del negocio y que dan y cobran a sus clientes lo que les place. A los que aplican unas normas que no son para ellos, los que interpretan esas normas según quién sea el destinatario, amigo, enemigo o simple capullo que paga los impuestos coativos y las multas coercitivas, que ya sabemos, TODO es por nuetro bien y seguridad. Se me caen las lágrimas de la emoción y mi neurona no llega a comprender cómo es que se puede dar una insatifacción, no ya en el Dº Adm, en la vida en general, cuando estamos ante tamaña bondad y hermandad.
Estimado J.R.:
El Derecho Administrativo no nació como herramienta de control del poder público ¡Al contrario! Nació para que la Administración dejase de estar sometida a los Tribunales ordinarios que impedían el cumplimiento de los objetivos revolucionarios, porque ¿Qué es un derecho individual, un derecho subjetivo, frente al interés público? Así nace el Consejo de Estado, como jurisdicción especializada ¡Y retenida! esto es, dentro de la propia Administración. Es cierto que posteriormente evolucionó hacia formas más parecidas a lo que debe ser un «Estado de Derecho», esto es, independiente del Gobierno, de la Administración, etc. Pero la Administración matiene todos sus privilegios, prerrogativas, prebendas, gabelas, derecho de pernada o como se le quiera llamar. Es verdada que los Tribunales son «independientes», pero lo son para aplicar las normas que se dicta el Estado para si mismo …
Saludos y, como siempre, gracias por tu reflexión
Amigo Chaves, es delicioso el comentario.Me quedo con la igualdad, como ex-funcionario, este principio es derecho de cabecera mio, desde que entré de funcionario en el Ayuntamiento de Avilés, y a lo largo de mis 43 años y medio de funcionario, he visto pisotear por los políticos de turno el principio de igualdad de acceso al empleo público. Y sólo en contadas ocasiones he conseguido parar a la Administración es su deseo ferviente de pisotear dicho principio. Pero al menos lo he intentado, y me conciencia está tranquila, porque no soy superman, ni nada que se le parezca. Pero lanzo la idea de que tenía que haber una fiscalía independiente que controlara los excesos de la Administración y la vulneración sistemática de las leyes. Lo dicho eres un oasis en el desierto de cobardes y acomodados. Toda mi admiración y agradecimiento a tu labor impagable y altruista. MANUEL GÓMEZ MENDOZA.
Gracias Sr. Chaves. este tipo de entradas que nos regalas son las que crean adhesiones inquebrantables a tu Blog. Muchas otras también, pero cuando resumes con la solvencia que lo haces hoy el espíritu del humano bueno que nos eleva por encima de otras especies, nos ganas a todos. gracias.
carlos de miguel
635463558
Como siempre, excelente y oportuno artículo. También como ex-funcionario, he percibido a lo largo de mi carrera un progresivo decrecimiento del principio de libertad, plasmado a través de una diarrea legislativa en constante aumento, que hace prácticamente imposible respetar el principio de que «el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento». Vivimos amenazados con la ilegalidad permanente, no buscada pero sí encontrada. La simplicidad por la que abogas es ya hoy una quimera, una utopía cada vez más lejana.
Disfrute usted de esas merecidas vacaciones parisinas !
Querido y admirado SEVACH, cuánta Fraternidad falta en el Estado de Derecho y democrático español!
Saludos.
Muy interesante la teorización sobre el principio de simple administración, y la simplicidad de declaraciones que encierran profunda intensidad: el lema de la revolución francesa, la declaración universal de DDHH, los cuatro artículos primigenios de la Constitución norteamericana, las mis más tablas de La Ley con diez artículos (mandamientos) de dos palabras breves (en hebreo) cada uno…
En esta linea, el Gobierno andaluz se lo ha tomado en serio y ha aprobado un Decreto -ley de medidas de Simplificación y racionalización administrativa (se llama así, en serio).
Lo pueden ver en el Boja, incluso hoy que es sábado por la tarde, en el móvil y navegando por el Sena.
En un rato entre café y vino, de Rivoli a la Concorde, se ventila uno las 619 páginas.
No se asusten, que de la Exposición de Motivos se puede hacer una lectura rápida o diagonal, que sólo son 115 páginas, aunque es verdad que a esas hay que restarles las 12 del Índice que viene muy bien para navegar por el texto.
De esto iba lo que nos enseñaba en Derecho Administrativo un buen catedrático, de acercar el Derecho de lo Público a los ciudadanos, de una jurisdicción accesible, justa y equitativa,
de unas normas que los ciudadanos comprendieran, para controlar al poder.
No cabe duda, en cuanto lo lean, los andaluces irán en romería a exigir todos los derechos y que se les aplique ya los procedimientos simplificados.
Y si no, recurso y ya verán como el juzgado pone firme a más de uno.
Siempre nos quedará París, para disfrutar.
El sabio más grande y desconocido de la Historia del Derecho Administrativo Español fue el que pronunció la sentencia más breve, profunda y verdadera:
«Pleitos tengas y los ganes»