La tutela judicial efectiva soporta casi todo

El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, goza de la presunción de que el litigante demandante actúa en la confianza legítima de ejercer un derecho o para proteger un interés (o de que el demandado cree que le asiste la razón para oponerse). Esta generosa presunción, en el ámbito contencioso-administrativo extiende el manto de posibles demandas sobre lo divino y lo humano, “hacia el infinito y más allá…”.

La sensibilidad jurídica de una persona que lucha por lo suyo puede no coincidir con la sensibilidad de la comunidad, que defiende el interés general que enarbola. Será la sentencia firme la que ponga las cosas en su sitio.

De ahí que existe un amplísimo margen de posibilidades impugnatorias, que podrán tildarse de originales pero no disparatadas. A mi juicio, son humana y jurídicamente comprensibles las demandas que imploran legítima clarificación de un escenario litigioso, si se deben a alguno de estos cinco factores:

1. Existencia de normas jurídicas que admiten con generosidad grandes márgenes de interpretación, debido principalmente a que el ordenamiento jurídico no es cerrado, automático y preciso, pues cuenta con deficiencias técnicas: lagunas normativas, ambigüedades, contradicciones, desajustes, etcétera.
2. Aplicación de valores y principios, cuyo contenido varía según el observador, esto es, según la perspectiva de quien los exige o los sufre. No todos tenemos la misma noción de la igualdad, la solidaridad o la seguridad jurídica, por ejemplo.
3. Incidencia de conceptos jurídicos discrecionales (que aplican potestades discrecionales), o conceptos jurídicos indeterminados (que requieren la verificación probatoria del hecho a que se refieren), o conceptos referidos a estándares o patrones de conducta (diligencia, buena fe, abuso de derecho, etcétera).
4. Determinación de la escurridiza verdad, que requiere un examen probatorio retrospectivo y frecuentemente con amplio margen decisorio del juez (prueba de indicios, aplicación de la sana crítica, etcétera).
5. Valoración de la actuación procesal, cuando lo correcto se debate entre planteamientos formalistas y antiformalistas, bajo la fuerza del derecho fundamental a latutela judicial efectiva (art.24 CE).

Sin embargo, a veces como ciudadano contemplo litigios que demuestran actitudes que rayan la temeridad. Incluso hace años indiqué diez ejemplos reales de demandas contenciosas extravagantes.

La presente reflexión viene al caso al haber leído la reciente sentencia de la sala tercera de 3 de abril de 2024 (rec. 4393/2023) que se refiere a la impugnación de la decisión autonómica adoptada en plena pandemia, que disponía que el menor no vacunado del COVID-19 no acudiese a la clase durante diez días, y las siguiese telemáticamente.

Frente a esta medida de prevención y limitación de contactos entre los menores para evitar la propagación de la enfermedad, la madre de uno de ellos recurre la medida y aduce la vulneración del derecho fundamental de libertad de circulación del menor (art. 19 CE). La Sala tercera del Tribunal Supremo despacha este alegato, con una amplia referencia previa al significado de la pandemia y las medidas, concluyendo que “con la medida adoptada no se vulneraron esos derechos fundamentales. Al menor que representa la parte recurrida no se le privó de su libertad personal ni de su libertad de circulación, ello por la sencilla razón de que nunca se le limitó su posibilidad de movimientos, de deambular ni de salir a la calle; como tampoco se limitó la posibilidad de recibir las clases al habilitarse un mecanismo alternativo eficaz y nunca cuestionado”.

A la vista de este litigio, no cuestiono que hubiese o no razones formalmente jurídicas para impugnar la decisión (de hecho, la sala tercera del Tribunal Supremo revoca la Sentencia de la sala catalana que a su vez revocó la inicial sentencia desestimatoria dictada por el Juzgado contencioso-administrativo). Lo que me sorprende, e incluso personalmente me da lástima, es que se utilicen las energías, tiempos y costes de los procesos judiciales para debates que podían zanjarse por cualquier persona lega en derecho, con simple sentido común («el menos común de los sentidos» al decir de Voltaire). ¿Tan difícil es entender que el bien común de la salud, de sus compañeros de clase, requiere una medida de prevención que impone el «insoportable» sacrificio de que no asista por diez días y siga atendiendo telemáticamente?,¿se es mejor progenitor demostrando al hijo y a la sociedad que hay que recurrir y gritar aunque el sentido común diga lo contrario?…

Me temo que el asunto quizá seguirá ante el Tribunal Constitucional, pues como decía Quevedo hay litigios que luchan «por el fuero y no por el huevo». De algo sí estoy seguro: cuando finalmente se agoten todos los recursos, si se desestiman, para la recurrente “la culpa es de la Justicia”. Siempre son los otros.

P.D. Recomiendo vivamente ver la película de los años noventa “El cabezota” (1982) actuando Álvaro de Luna, referida a otro escenario y planteamiento, pero con telón de fondo de los excesos posibles de la autoridad paterna cuando se trata de educar (el tira y afloja de un aldeano asturiano con la maestra del pueblo porque considera aquél que su hijo no necesita acudir al colegio). Claro que esta película refleja un caso de buena fe y nobleza, como revela esta maravillosa escena, que tiene mucho que ver con el derecho administrativo con gotas de humor, en 1857 (censo, fiscalidad, etcétera). No se lo pierdan, que sonreirán.