De la corrupción urbanística (I)

Se sorprende Sevach del protagonismo creciente que tiene la palabra «corrupción» en los medios de comunicación y mentideros públicos y privados. Especialmente cuando la corrupción se adjetiva de «urbanística». Ayer mismo Federico López de la Riva Carrasco, secretario general del Ayuntamiento de Madrid y magistrado en excedencia afirmó, con la gallardía que le caracteriza, en el Diario asturiano La Nueva España: «España vive un momento en que está en la vanguardia de la corrupción urbanística«.

En la misma línea, Alfonso Sabán Godoy, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, afirmaba ante la prensa que no cree que el derecho penal sirva para combatir la corrupción en la política porque «es un acto sumamente difuso. Son delitos muy difíciles porque nadie se corrompe con un notario al lado, lo que crea una dificultad en la prueba. La mayoría de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en temas de corrupción están referidas a guardias civiles que hicieron la vista gorda a un cargamento de drogas. Pero ¿cómo se prueba eso de hacer la vista gorda?», se preguntó. «Con los delitos de terrorismo pasa lo mismo, tienen una dificultad de prueba brutal».

Sevach está orgulloso de la presunción de inocencia como conquista irrenunciable del Estado de Derecho, aunque no deja de ser curioso que en el ámbito procesal los «hechos notorios» no necesitan ser probados, y cuando se habla de corrupción urbanística suele ser harto notorio para el pueblo el efecto (por ejemplo, un enriquecimiento súbito e injustificado de un edil municipal) lo que bajo las presunciones lógicas que autoriza la Ley de Enjuiciamiento Civil permitiría deducir razonablemente que «algo huele mal en la Dinamarca municipal».

Ahora bien, aunque la inmensa mayoría de ediles son ejemplares, lo cierto es que en materia urbanística concurren pecados capitales y veniales, esto es tanto la política urbanística de «cortijo» como de «menudeo (con lo que cobra pleno sentido la sentencia bíblica de que «el que sea inocente que tire la primera piedra»).

Así, refiriéndose Sevach a un municipio de tamaño medio, con concejales mediocres y en que el urbanismo está en manos del «listo de la camada» (a medio camino entre predicador y vendedor de coches usados) parece que campea cierta tolerancia o resignación ciudadana ante la manipulación de las políticas urbanísticas locales. Y ello en distinto grado según el interés que esté en juego.

A) En el caso de solicitudes para obras menores (retejo, cierre de terraza, reforma interior, etc), es curioso que el interesado no se acerca al Ayuntamiento con la seguridad de quien ejerce un derecho automático y reglado, sino que mas bien lo solicita confiando en que se «la den» como acto graciable.B) Cuando se trata de una licencia para un obra mayor (vivienda o edificación modesta), el común de los ciudadanos busca una doble muleta: la hábil técnica de un perito o arquitecto («que haga de práctico del puerto para el proyecto de obra») y el empuje político de una entrevista con el concejal de urbanismo (directa o a través de alguien que tenga buena relación con el mismo). De este modo, se espera conseguir tres mercedes del todopoderoso Ayuntamiento: primero, que se conteste a la solicitud de licencia (ya que por mucho silencio positivo legalmente anunciado «a bombo y platillo», lo cierto es que, cualquiera se arriesga a comenzar la obra so pena de eventuales paralizaciones y líos con el Ayuntamiento); segundo, que se conteste pronto, ya que el embotellamiento de licencias en trámite es clamoroso en cualquier Ayuntamiento de mediana dimensión; y tercero, que se conteste en sentido favorable otorgando la preciada licencia. Y si no se alcanzan estas tres mercedes: respuesta expresa, pronta y favorable, pues entonces hay que acudir al castizo » a Dios rogando y con el mazo dando» y servirse de un abogado como desatascador de las cloacas urbanísticas municipales.

C) En cuanto a las obras superlativas, esto es, edificaciones, urbanizaciones, adosados, equipamientos gigantes, el camino administrativo (= procedimiento administrativo) son lo que las vías al tren, un simple carril por el que la locomotora (= el proyecto) circulará si es impulsada por un buen maquinista (= un negociador/ constructor) y si los guardagujas (= técnicos municipales/ autonómicos) dejan el camino expedito (= informes favorables), todo ello según oriente el Jefe de Estación (concejal de urbanismo) o el Director de la Central (Consejero autonómico).

Y ahí, está la virtud o el problema, en que las «grandes operaciones urbanísticas» no suelen ser autopropulsadas y ejecutadas de oficio por los poderes públicos (sin «rostro» privado ni «rastro» de mercantilidad), sino que bajo tales operaciones suelen enmascararse intereses inconfesables que llevan a la habitualidad de que tales proyectos se «negocian» con y ante el «edil de piedra» (así conocido por lo que maneja aunque no por su rigidez), cuyo dedo pulgar cesáreo apunta hacia arriba o abajo y con ello marca la Vida de los proyectos, de los contratistas, de los vecinos de inmuebles colindantes e incluso de la masa de ciudadanos preocupados por cuestiones ecológicas.

Aquí nos situamos bajo el castizo dicho de «hecha la ley, hecha la trampa», ya que el urbanismo es como la plastilina, fácilmente moldeable, y cuya rigidez se supera con ciertas «presiones», de forma que o bien sirve el planeamiento tal y como está formulado, o bien se propicia su modificación, o sencillamente se tolera la edificación ilegal bajo el paraguas de la promesa de la «autoridad competente» (bien de la municipal, o quizás del primo autonómico de Zumosol), de que tal obra ilegal consumada no caerá bajo la piqueta de demolición.

La promesa, generada a golpe de almuerzo o reunión de altura, consiste en que la obra ilegal será debidamente indultada o convalidada por el doctor Tiempo, su ayudante Prescripción, o por el bálsamo de Fierabrás a que aludía D. Quijote y que hacía andar a los cojos y hablar a los mudos, que viene dado por la oportuna legalización a posteriori mediante el abracadabramente espectáculo de modificar el planeamiento urbanístico para legalizar lo construido bajo planeamiento diferente.

El origen de esta técnica de «lavado legal en seco» viene, según investigó Sevach, de Pietro Ziani, dux de Venecia en 1205 que pidió permiso al Papa para agrandar la plaza de San Marcos a expensas de la sagrada Iglesia de San Gemán. Como el papa no podía autorizar tamaño expolio, por no permitir las reglas Canónicas derruir un edifico sagrado para hacer una plaza, le informó: » No os puedo dar licencia para que cometáis tal pecado, pero si lo cometéis, estoy autorizado para perdonaros bajo la promesa de que algún día reconstruyáis el templo». De este modo, se pudo ensanchar la plaza y demoler la Iglesia de San Germán, y sin que en estos últimos ochocientos años se haya reconstruido. Y eso han aprendido los constructores sin escrúpulos: que es mas fácil pedir perdón que permiso, pues a veces la penitencia compensa la infracción.

Más Continuará…