Categoría: De urbanismo y medio ambiente

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De urbanismo y medio ambiente

Memoria y amnesia de los planes urbanísticos

importacniaLa Memoria que se incorpora a los Planes urbanísticos constituye la fundamentación, justificación o explicación del modelo urbanístico adoptado. Sin Memoria o con memoria hueca, el Plan urbanístico es puro voluntarismo y queda lastrado de invalidez. De ahí que no sea un requisito formal, que con el plagio puro y duro de otros planeamientos de otras órbitas, o con el “corta y pega” pueda cumplimentarse.

La Memoria es el desarrollo de la idea que anima al poder gubernativo para establecer un modelo o solución urbanística, que se enriquece con alegaciones, objeciones y reclamaciones.

En suma se trata de una modalidad de “informe” en cuanto encierra razones y criterios que sustentan la decisión. Por eso el plan aquejado de “amnesia”, desmemoriado, estará lastrado de invalidez, y el plan que tenga memoria, quedará vinculado por esos “recuerdos” que figuran descritos como antecedente y fundamento del plan.

Sobre la funcionalidad y alcance de la Memoria en urbanismo se ha escrito mucho y bien en la red, pero ahora quiero sencillamente traer a colación por los siempre didácticos comentarios de Mercedes Fuertes, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León, el célebre caso de la Memoria vinculante, que suele recordar a sus alumnos para demostrarles que el Derecho y la realidad, la vida y la estética, urbanismo y movimientos vecinales, a veces cabalgan juntos. Leer Más

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De urbanismo y medio ambienteProcesal

Impotencia probatoria de los planes urbanísticos: ni documentos públicos ni los informes asumidos son reglamentos

perder un litigioAl igual que la vieja canción nos avisaba de tribus ocultas cerca del río, a veces el Supremo nos regala sorpresas en terrenos pacíficos, como el ofrecido por la reciente Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 24 de Octubre de 2016 (rec.53/2016) relativa a la impugnación de actuación urbanística, que aquí está completa, pero que nos ofrece dos curiosas perlas sobre la calificación como reglamentos de los planes urbanísticos. Si son perlas negras o blancas, el tiempo lo dirá. De momento merece una reflexión desde la sana crítica. Leer Más

De urbanismo y medio ambiente

De planes de urbanismo muertos pero mal enterrados

gravita muerteEl urbanismo es complejo pero debiera no atizarse el fuego de tal complejidad con problemas procesales que dilatan enormemente la solución de los litigios urbanísticos.

 

Se trata de los procedimientos contencioso-administrativos frente a planes urbanísticos que, al tener la consideración de disposición general, y al afectar a múltiples intereses e interesados, son procedimientos cuajados de incidentes, recursos y especialidades que conducen a que la sentencia final se enfrente en su ejecución a un embrollo sin cuento.

 

Viene al caso tras la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 28 de Enero de 2016 (rec. 387/2015) por la que se revoca la sentencia de la Sala de Málaga y en su lugar se declara la invalidez de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella que había sido aprobado definitivamente en 2010 y sigue la línea de otras Sentencias del Supremo que declaran la nulidad del plan general en su conjunto. Los efectos de la citada sentencia que operan sobre situaciones consolidadas es la cuestión que suscita serios interrogantes. Leer Más

De urbanismo y medio ambiente

El Derecho urbanístico en dos patadas

derecho urbsCon frecuencia tropiezo con algunos opositores, abogados, profesores y jueces que al comentar cuestiones urbanísticas, con la cercanía que da la confianza, me sueltan alguna de estas lapidarias confidencias sobre el Derecho urbanístico:

 

  • No lo entiendo
  • No creo en el derecho urbanístico
  • No hay quien controle la dispersión autonómica y local
  • No hay modelo serio para armar
  • No se sabe de donde viene ni a donde va
  • A nadie le importa

 

No es extraño que los juegos de palabras en clave de humor reflejen los agujeros de esta disciplina: ¿No es el Derecho especial mas ninguneado por los restantes Derechos especiales?, ¿cabe hablar de aprovechamiento urbanístico cuando hay verdaderos aprovechados?, ¿mezclar PERIS y manzanas?, ¿y que decir de planes “parciales” que son interesadamente “parciales”?, ¿tantos tipos de planes acaso no prueban que no hay plan ni concierto alguno?, ¿no es el reino de las informaciones públicas sin público informado?, ¿es correcto hablar de gestión urbanística cuando mas propio es hablar de digestión?, ¿pertenece la ruina a la disciplina urbanística cuando la disciplina urbanística está en ruinas?, ¿cuántos voluminosos autos judiciales confirman órdenes de derribo que provocarán “desórdenes por arriba” pero jamás saldrán del papel?, ¿puede hablarse seriamente de técnica legislativa cuando no hay rama del Derecho más torpedeada, masacrada y en desbandada por autonomías y municipios?

Pero no debemos caer en el derrotismo y el desánimo. Seamos positivos y pensemos que la patología es puntual y con solución.

Pues bien, para empezar desde abajo y facilitar una visión general, amable y sencilla del Derecho urbanístico (especialmente para quienes no quieren atiborrarse de conceptos ni perder tiempo en la inmersión en la disciplina) he realizado este sencillo video para mostrar una lección básica y sin pretensiones de lo que es el Derecho urbanístico español en menos de quince minutos, y que he titulado El Derecho urbanístico en dos patadas:

 

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De urbanismo y medio ambiente

Ejecución de sentencias de demolición tras el novedoso 108.3 LJCA

demolicionLa reciente Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial introduce una sustancial modificación en el régimen de ejecución de sentencias que declaran la ilegalidad de una construcción y ordenan la demolición.

 

Dicho precepto suscita numerosas cuestiones interpretativas y aplicativas de tremendo interés, y dará mucho que hablar en el futuro. Un embrollo colosal. Veamos

 

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Los Convenios Urbanísticos están para cumplirlos, recuerda el Supremo

incumplimiento de convenios Una recientísima Sentencia de la Sala 3º del Tribunal Supremo ataja una situación tristemente generalizada. Los Ayuntamientos firman convenios con particulares, en que estos ceden terrenos a cambio de unas condiciones generosas de edificabilidad de otras parcelas, y transcurrido el tiempo “donde dije Digo, digo Diego” y el Ayuntamiento saca la varita mágica de su potestad de modificación del planeamiento para escamotear la edificabilidad prometida e incumplir el Convenio. En esa situación el sorprendido particular reivindica la lógica indemnización y el Ayuntamiento las deniega. El Ayuntamiento se opone por la inactividad del promotor ya que no solicitó las licencias con lo que no patrimonializó ningún derecho y además esgrime el ius variandi del planificador que no está vinculado por los Convenios.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 30 de noviembre de 2010, estimaó parcialmente el recurso contencioso-administrativo y reconoció el derecho a la indemnización del particular si bien la cuantificó según el valor del terreno cedido y no según la pérdida de ventajas urbanísticas prometidas en la otra parcela.

El Tribunal Supremo dicta sentencia estimatoria del recurso de casación  con fecha 5 de Febrero de 2014 (rec.1537/2011) y deja claro que los Convenios urbanísticos son para cumplirlos y que el eje de valoración indemnizatoria no es el precio de lo que entregó el atribulado particular sino el precio de lo que debía haberle entregado el Ayuntamiento y en la medida que quedó recortado.

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De urbanismo y medio ambiente

Demoler sin indemnizar o indemnizar para demoler: that is the question


Corazón dividido. Esa es la respuesta emocional ante la ingeniosa solución dada por la Comunidad de Cantabria a los problemas de ejecución de demoliciones que afectan a terceros adquirentes de buena fe de inmuebles afectados por sentencia firme. La reciente Ley 2/2011, de 4 de Abril, de Cantabria modifica su Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, para asegurar que sin pagar previamente la indemnización no hay derribo del inmueble.

Lo del corazón dividido viene dado porque si se examina desde el punto de vista del interés público en que se asegure la legalidad urbanística que a todos nos interesa ( bien común, acción pública, paisaje costero y urbano), lo perentorio es que se ejecute la sentencia firme. En cambio, si se examina desde el punto de vista del particular que contempla atónito que le exhiben una sentencia firme para derribar su casa ( porque el que se la vendió se calló el litigio o lo banalizó), lo que le resulta inadmisible es que la conviertan en escombros y después inicie su via crucis para que la Administración responsable de la tropelía al otorgar la licencia que no debía, le indemnice con los daños y perjuicios. Aquí, en cambio, parece que lo perentorio es atender al ciudadano.

Recordaremos que el Tribunal Supremo dio un enérgico paso adelante en la ejecución de sentencias urbanísticas al rechazar los incidentes de nulidad de actuaciones de procedimientos que se ultimaban con sentencias para demoler edificaciones, promovidas por terceros adquirentes de buena fe. Por ejemplo, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 29 de Abril del 2009 (rec. 4089/2007), ya comentada en post anterior. Los afectados  tendrían abierta la vía para exigir la indemnización correspondiente al Ayuntamiento, al igual que teóricamente el Ayuntamiento tiene abierta la vía para pedir responsabilidad a la autoridad o funcionario que por dolo o negligencia grave propició el desaguisado.

Hay que recomendar la lectura de la Ley 2/11 de Cantabria y particularmente de su Preámbulo. Solamente se me plantean dos cuestiones. Una jurídica y otra práctica. Leer Más

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Otro Fitzcarraldo: el modelo madrileño de gestión de licencias urbanísticas

 

Dos recientes sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (ambas de 17/2/201) han hecho trizas el sueño político de una estructura privada paralela para la gestión y control de licencias urbanísticas. El modelo era ingenioso y sustancialmente se apoyaba en un control urbanístico en cascada: el Ayuntamiento designa una entidad privada sin ánimo de lucro (Entidad de Acreditación) que se responsabiliza de acreditar otras entidades privadas de control ( Entidades Colaboradoras), las cuales a su vez tienen la responsabilidad de examinar el proyecto de actividad que le somete el particular, y si es conforme con las Ordenanzas municipales, emitiría un singular visado ( Certificado de Conformidad) el cual permitiría de un lado, la autorización provisional en determinados casos, y de otro lado, que el interesado solicite y obtenga rápidamente la licencia del Ayuntamiento. Además tal Entidad Colaboradora llevará a cabo el control periódico de la actividad. Y todo ello mediante el cobro de módicas tarifas al interesado.

Este modelo teóricamente permitiría agilizar la concesión de licencias.

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De urbanismo y medio ambienteRelámpagos Jurisprudenciales

El Tribunal Supremo contra las obras ilegales: ni plazo quinquenal de caducidad ni buena fe de terceros

La recientísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 29 de Diciembre de 2010 (rec.500/2008) aborda dos cuestiones de gran calado y aclara numerosos litigios pendientes de sentencia urbanística. Una sentencia de “punto final”.

La primera cuestión da respuesta a la invocación por parte de la Administración o de los promotores/propietarios de obras ilegales de que las sentencias y autos que ordenan las demoliciones, han de ser ejecutados dentro del plazo de caducidad de cinco años fijado por la Ley de Enjuiciamiento Civil; o sea, que si una sentencia firme se mareaba debidamente con alegaciones, incidentes y subterfugios varios – jugando con los tiempos procesales de respuesta- o sencillamente si la Administración guarda en un cajón la sentencia, podría superarse ese plazo de cinco años y entonces la obra ilegal se consolidaría por seguridad jurídica. Pues bien, el Tribunal Supremo, zanjando una cuestión debatida y no pacífica ni entre Catedráticos (Derecho Administrativo y Derecho Procesal) y sin unanimidad en los Tribunales Superiores de Justicia, deja claro que en el proceso contencioso-administrativo no resulta de aplicación supletoria el plazo de cinco años previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para acometer la completa ejecución de las sentencias, y sí en cambio el plazo de quince años previsto por el Código Civil como regla general.

La segunda cuestión que zanja el Tribunal Supremo es la clásica invocación por un tercero de buena fe, que adquiere una edificación que es declarada ilegal (por sentencia dictada antes o después de su adquisición) y que ahora se encuentra con que su vivienda va a ser objeto de demolición, por lo que su letrado esgrimía la condición de tercero hipotecario de buena fe, esto es, de adquirente que compró una edificación en un tiempo en que el Registro de la Propiedad no incluía anotación preventiva, gravamen o sentencia alguna. Pues bien, el Tribunal Supremo aclara que ese tercero de buena fe podrá exigir responsabilidades indemnizatorias entre otras, pero lo que no puede es paralizar la inexcusable demolición de la obra ilegal. Leer Más

De urbanismo y medio ambiente

El enredo de las licencias municipales de actividad ante la Directiva de Servicios

La vigencia de las leyes encaminadas a poner en práctica la liberalización de los servicios y establecimientos propiciada por la Unión Europea y que afecta al régimen de licencias en el ámbito local, tras la modificación provocada por la Ley 17/2009 en la Ley de Bases de Régimen Local (en cumplimiento de la Directiva de Servicios 2006/123/CE), deja en el limbo la situación de las licencias exigidas para la instalación y/o apertura de actividades contempladas en el añejo Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Peligrosas e Insalubres de 1961. El legislador estatal se limitó a aprobar la Ley 17/2009 sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 24/12/09) así como la Ley 25/2009 sobre adaptación a dicho régimen general de las actividades sectoriales ( modificando 47 leyes estatales). Y ahí quedó el regalo para la Administración local, como el niño Moisés flotando en una canastilla en el Nilo. Y es que, en relación al régimen de autorización de actividades clasificadas, ni el Estado ni las Comunidades Autónomas parecen mostrarse muy diligentes para aclarar tan espinosa materia y los Ayuntamientos siguen por inercia aplicando el reglamento olvidando que la fuerza del Derecho comunitario puede traerles funestas consecuencias. Sólo parecen haberse esforzado en clarificar el panorama la parcial y puntual excepción de la ley madrileña 8/2009, de 21 de Diciembre de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña, y el Decreto-Ley castellano-leonés 3/2009, de 23 de Diciembre, de Medidas de Impulso a la Actividades de Servicios en Castilla y León, o el Proyecto de Ley aprobado en el pasado mes de Febrero de la Comunidad canaria. Veamos el peligro. Leer Más