La impotencia de la Administración frente a titulaciones universitarias falsas y fraudulentas

Suele decirse que el mejor abogado es el que no ha estudiado Derecho (quizás por eso el legendario juez Marshall tiene su nombre escrito con letras de oro en la historia del Derecho, ya que no estudió Leyes). Curiosamente, hoy día pululan por oficinas y cargos públicos y privados, infinidad de personas que hinchan el pecho como poseedores de una titulación universitaria, que como tan flamante como engañosa. Viene al caso por la noticia que brotó la semana pasada sobre un fraude de titulaciones de forma masiva y mediante precio.

1. El problema de tales situaciones radica, por un lado, en que la exhibición de una hábil representación de un diploma de la Universidad de ToKameroque, con sellos y firmas a tutiplem y alguna que otra críptica expresión solemne, basta para que el interlocutor acepte tan solemne falsificación como prueba de la condición de médico, abogado o arquitecto. Y por otro lado, en que una vez que se ha exhibido por el impostor la primera vez, resulta que en el futuro, nadie volverá a cuestionar su existencia. Si a ello unimos, la osada publicidad de la situación por el afectado (caso de impostores públicos) ya tenemos el fraude consumado.

2 . No hay estadísticas al respecto, pero desde el año 1983 en que la Ley de Reforma Universitaria reconvirtió el mercado de titulaciones oficiales hasta ahora, se abrieron numerosas brechas para que desaprensivos pudieran en unos casos, falsificar las titulaciones oficiales, y en otros promover títulos auténticos aunque sin carácter oficial.

Así , una cosa son los títulos falsos, o sea reproducciones literales que con tecnología informática son capaces de crear un clon de título oficial con la sola manipulación del nombre de su titular. Si alguien ha visto la película La Gran Evasión (1963) ya sabe que con pocos medios se puede falsificar un pasaporte o sea que con los avanzados medios tecnológicos actuales resulta difícil distinguir el original y el duplicado. Recuérdese la ironía de que el propio Charlie Chaplin asistió a un concurso de parecidos con Charlot y quedó…¡el tercero!. En fin, los títulos falsificados acarrean condena penal del autor, pero para eso se requiere que alguien lo sospeche y lo denuncie, hipótesis estadísticamente mínima ( y tan mínima que las condenas penales por este motivo y caso brillan por su ausencia). Es el caso, del que fuere Director General de la Policía, Luis Roldán, quien parece ser que lucía en su despacho un título manipulado de Licenciado en empresariales, sin el menor pudor.

Otra cosa, son los títulos fraudulentos, o sea, aquéllos títulos que no pretenden suplantar títulos oficiales sino que son expedidos por Universidades o centros educativos sin responder a una formación real, o sin que tales centros educativos tengan mas infraestructura que la impresora de los títulos y la página web para publicitar tal servicio.

Así, Sevach conoció flamantes titulados por la Universidad Internacional de Asturias ( con foto togada incluida), Licenciados en Farmacia por la Universidad de Delaware, Ingenieros por la Instituto de Altas Tecnologías de Santa Fe, Doctores por la Universidad de las Niágara, Bachilleres laureados por el Dalai Lama, etc. Y dado que los conocimientos de geografía de los incautos, van a la par con los conocimientos de los sistemas jurídicos, y en particular sobre la validez y eficacia de los títulos, el resultado es un jugoso tráfico de titulaciones ilegal pero fluido, a golpe de spam, anuncios mediáticos o del boca a boca.

3. La situación es vergonzosa. Quien exhibe un título que no responde a una formación real y reglada está engañando a terceros de buena fe. Quien se ampara en una titulación médica, veterinaria o jurídica inexistente (por ejemplo) está generando una situación objetiva de riesgo al ejercer un oficio para el que carece del soporte formativo mínimo. Quien se escuda en titulaciones por Universidades peregrinas pero con apariencia de solemnidad está despreciando el esfuerzo de los estudiantes que con coste personal y económico han conseguido obtener la titulación.

4. El problema en la lucha contra este tráfico de titulaciones es grave. Aunque en el plano material, está formalmente prohibido que tales titulaciones utilicen la denominación propia de las titulaciones oficiales, resulta difícil perseguir a estos falsificadores de birretes y pergaminos, ya que suelen ampararse en Convenios con Universidades extranjeras de poca monta ( o mas bien, concertados con algún despistado profesor de aquéllas) o en la perversión de la sagrada libertad académica (que permitiría que todo quisque pueda formar a cualesquiera sobre lo divino y lo humano). Por eso hasta ahora, las únicas vías para combatirlo han sido la de la lucha contra el intrusismo profesional (que requiere una labor de inspección y prueba) y la de defensa del consumidor (por ofrecer productos- títulos, que no responden a las expectativas). Esta última ha sido la vía más práctica seguida por las Comunidades Autónomas ante casos sangrantes, pero tan eficaz como luchar con una plaga de langostas con un matamoscas.

5. Hoy día el tráfico de títulos campa a sus anchas por varias razones:

a.- Porque la difusión de tales actividades tiene lugar por Internet, con sede física remota o indetectable, lo que dificulta la identificación y aprehensión de los desaprensivos.

b.- Porque en España, ninguna de las tres leyes estatales sobre Universidades de la democracia se preocupó por establecer como infracción administrativa sancionable la venta o tráfico de títulos con apariencia oficial o que induzcan ostensiblemente a confusión con titulaciones oficiales, o la exhibición a efectos académicos, profesionales o laborales de los mismos. En consecuencia, son actividades «alegales» y como tales campan a sus anchas en el mercado.

c.- Porque las leyes autonómicas han acometido tibiamente el problema, y en todo caso, tienen el problema de su aplicación extraterritorial, cuando se plantea la frecuente situación de venta de titulaciones a distancia o por parte de entidades situadas en otras Comunidades Autónomas o en el extranjero.

6. Por eso, sería útil, en primer lugar, la aprobación urgente de una Ley que establezca expresas prohibiciones y sanciones para tales casos, pues está en juego la credibilidad del sistema educativo y del mercado, unido a una labor de Inspección y control por muestreo, o frente a la publicidad engañosa.
Y en segundo lugar, la apertura o accesibilidad al público del Registro Nacional de Titulaciones Universitarias que lleva el Ministerio de Educación, que pese a su detallada regulación  no puede impedir la proliferación de títulos falsos o fraudulentos. No se entiende que el censo electoral sea público, y cualquiera pueda figurar como titulado superior con su sola palabra (cierto o no), y que en cambio, el Registro de Títulaciones Oficiales se sustrae al acceso de terceros interesados. ¿Acaso no debería de oficio un Hospital, un centro docente, o la Administración en general comprobar o cruzar sus datos de formación titulada de su personal con los del Registro de Titulaciones, por si aflorase alguna sorpresa?. Téngase en cuenta que para obtener ciertas plazas en el ámbito público hay que acreditar la titulación oficial, pero ésta en la práctica suele justificarse con una fotocopia compulsada quien sabe dónde y cómo, y además por previsión reglamentaria, el simple recibo de los derechos del título equivale al mismo. Además si alguien cambia de Administración (concurso de traslado, u oposición) si ya acreditó inicialmente su titulación no tiene que volverla a justificar.

7. En fin, que hace una década se hizo público un estudio clinico catalán que demostraba mediante pruebas de ADEN que dos de cada diez personas no eran hijos de quien figuraba en el Registro Civil como su padre. Ello generó gran perplejidad y la convicción íntima de que afectaría a otras personas (pero no al interesado), pero la Administración no hizo nada en buena lógica porque no debe adentrarse en algo tan íntimo y personal. Sin embargo, cuando es pública una situación generalizada de masiva invasión de titulaciones que son falsas la Administración no puede mirar a otro lado. Está en juego el sistema educativo, la cualificación profesional y la buena fe. Y es que hemos pasado del Licenciado Vidriera de Cervantes a licenciados….de vidrio.