El Tribunal Superior de Justicia de Valencia impone al profesorado universitario la obligación de fichar para control horario

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha confirmado una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo por la que se condena a la Universidad de Valencia a la aplicación del control horario al profesorado universitario. Parece ser que el sindicato recurrente planteó la cuestión de la discriminación en el sistema de control, que para el personal de administración y servicios requería firmas o fichajes y en cambio para el profesorado universitario era inexistente. Ahora el control deberá ser mas democrático: o todos o ninguno.

1. Sevach quiere ir mas allá de los consabidos tópicos sobre cuestión tan delicada, que requiere la prudencia de un desactivador de explosivos, y es que la noticia de la sentencia no debe analizarse bajo un cómodo reduccionismo sino que merece reflexión bajo diversas perspectivas:

– Una vertiente constitucional. El principio de igualdad desarrolla su vigor respecto de todos los trabajadores, con bata y sin bata, con cátedra y sin ella. Si tan trabajador es el ordenanza de la Universidad como el Catedrático y los dos reciben su nómina por una prestación temporal, justo es que a ambos sean controlados. Podrá decirse que el principio de igualdad significa aplicar el mismo criterio a situaciones iguales y distinto a distintas, por lo que habrá que tener presente que una cosa es el personal de administración y servicios (PAS) y otra el personal docente e investigador (PDI); ahora bien, este razonamiento tropieza con que ese trato desigual a categorías desiguales ha de ser razonable y no fruto de la inercia histórica, la comodidad o el capricho. Además el principio de igualdad incide en otro derecho fundamental, el de la huelga, ya que si alguien no ficha y no se le controla, difícilmente se sabrá quién hace huelga y a quién descontarle.

– Una vertiente psicológica. En el fondo, la comunidad académica se resiste al control de la asistencia de igual modo que se resiste el colectivo de jueces al fichaje. Son muchas décadas cabalgando sin bridas y el caballo viejo mal se doma. A ello se suma, la sabia afirmación de Torres Villarroel de que “bajo la capa de la dignidad se oculta mucha soberbia”.

– Una vertiente sociológica. Hay que admitir que el profesorado universitario tiene un estatuto muy singular ya que su tiempo de trabajo es discontinuo y fuera de jornada, pues tiene que corregir exámenes o investigar o impartir conferencias, y ello determina indudablemente gran dificultad para someterse a la rigidez de una firma.
Y es cierto que hay muchos investigadores a tiempo “supracompleto” (día, tarde, noche de días tanto laborales como festivos) y docentes que dedican a preparar en su casa o despacho las clases mas horas de las que dedican en las aulas. Innegable, y gracias a ellos la Universidad pública goza de la buena reputación que le adorna. Ahora bien, no todos son tan vocacionales “de hecho” a la docencia y a la investigación, y si hubiese una máquina de la verdad Sevach apostaría a que habría grandes sorpresas y las pomposas Memorias Universitarias se pondrían coloradas. Como decía Miguel de Unamuno en su discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia en 1917: “ Hay profesores universitarios que tras dar la clase, dicen: ¡hala, ya es domingo todo el día!”.

–Una vertiente estatutaria. Al amparo del reciente Estatuto Básico de los Empleados Públicos, los profesores universitarios han comenzado a reivindicar la percepción del complemento retributivo vinculado a la “carrera profesional”. Pues bien, si se reclama un complemento de rendimiento éste habrá de ir conectado como mínimo y de forma inexorable al control de la efectiva presencia en la Universidad. Malamente se entiende valorar un rendimiento sin comprobar la dedicación.

Aquí no puede olvidarse que el profesorado universitario a tiempo completo en su inmensa mayoría “cree” que con sus horas lectivas y de tutorías ya despachó sus obligaciones, y que el resto de su labor Departamental, de estudio o investigación lo hace “gratis et amore”. Pues no, desde el punto de vista jurídico, todos los funcionarios de cuerpos docentes están obligados a idéntica jornada que los funcionarios de la Administración del Estado ( o de la Comunidad Autónoma si la legislación específica de universidades lo dispone) y dentro de ese horario hay una dedicación obligada a docencia y tutorías, que no excede de la docena de horas semanales. Cuesta creerlo pero mas cuesta aplicarlo. Parece que si los hechos no se ajustan a la norma en las Universidades aquéllos priman sobre ésta, en vez de modificar ésta para ajustarse a la realidad de los hechos.

El problema adquirirá tintes curiosos con la implantación del calendario derivado de Bolonia que determinará una alteración de los hábitos y cultura universitaria, momento en que el profesorado por su condición estatutaria debería adaptarse a las exigencias horarias y temporales derivadas del mismo, y sin embargo, todo parece indicar que el colectivo buscará alguna compensación negociada para que no sea “gratis” tal adaptación.

2. En fin, que esa sentencia como cualquier otra que se dicte en esa dirección muy posiblemente será hábilmente desactivada por un doble camino. En primer lugar, porque los órganos de gobierno universitario en uso de su autonomía y potestad de autoorganización pueden establecer el sistema de control que les venga en gana y dispensar de facto a todo el profesorado. En segundo lugar, porque esos órganos de gobierno cuentan con mayoría de personal académico que es quien rige los destinos de la Universidad.

3. Por eso, nada cambia y quizá sea deseable que nada cambie al respecto, porque en el fondo Sevach piensa que si se implantan controles de horario al profesorado universitario resultará que el caradura fichará pero no dará palo al agua, y en cambio paradójicamente el investigador despistado y el docente vocacional posiblemente se olvidarán de fichar y se verán envueltos en papeleo burocrático para justificar sus desajustes horarios.

Así y todo, tampoco habría mayor problema si se implanta ese control de fichaje, ya que la potestad disciplinaria aplicada al profesorado por incumplimiento de jornada derivada de no fichar (pese a contar con tipificación legal y reglamentaria) constituye una pieza de diseño jurídico tan insólita como el censo enfitéutico en Melilla.