La medida de recorte de las retribuciones de los empleados públicos para contener el gasto público y afrontar la crisis económica era una medida previsible, y quizás uno de los pocos remedios de emergencia para frenar la caída libre de la deuda pública. Ahora bien, para Sevach lo deseable sería adoptar medidas que graviten sobre las espaldas de los responsables y no sobre las víctimas. Veamos un simple ejemplo que nos ayudará a entender el diagnóstico y la receta.
1. Imaginemos un buque que debe efectuar una larga travesía. El pasaje confía en el Capitán y los Oficiales. Cada vez que se detienen en una isla, suben a bordo mas oficiales invitados por el Capitán, y todos se dan una vida regalada mientras la tripulación y el pasaje se alimentan frugalmente. Tras atravesar el cabo de las Tormentas, por la impericia de los mandos, se echan a perder buena parte de las provisiones y el barco queda desarbolado, y ante la escasez de víveres, el Capitán y los Oficiales optan por recortar la ración diaria de rancho a los tripulantes, medida que será seguida por el recorte de las raciones de los pasajeros; mientras protestan los tripulantes y los pasajeros, los mandos siguen deleitándose con las mejores raciones y sin sacrificarse, ni apeando a los invitados en las islas. El malestar presagia amotinamientos.
2. Pues bien, esa historieta viene al caso para explicar que, a juicio de Sevach, los ciudadanos depositan la confianza en los políticos para manejar los asuntos públicos, en condiciones buenas y malas, y si otros Estados que tenían peor posición de partida se encuentran ahora en mejores condiciones de llegada, quiere decir que hay una responsabilidad de las autoridades públicas por lo menos culposa, esto es, por negligencia en la puesta en práctica de sus decisiones políticas. En otras palabras, si el país va mal, la culpa es de toda la clase política. Aquí no vale identificar a un partido u otro que gobierna, sino en bloque hay que culpar a toda la clase política que gobernando antes o después, en el Estado, la Comunidad Autónoma o en un ente local, han tolerado un sistema de “vacas sagradas” y relajo que beneficiando a los políticos profesionales, ha soslayado las prioridades del buen gobierno. Es innegable que la crisis económica procede de causas exógenas, y que la «tormenta perfecta» de la debacle económica hubiera arrollado a cualquier gobierno, pero algo falla en el sistema de gobierno propiciado por la clase política, que ha desembocado en una reacción tardía frente al problema.
Diríase que los gobernantes en su conjunto han incurrido en ese vicio moderno tan chic de la «procrastinación» ( o sea, posponer lo inevitable ocupándose en otros menesteres, como ha sucedido con la adopción del recorte de gasto en las nóminas públicas). Pese a los precedentes de descuento salarial público de Irlanda, Grecia, Letonia y California, el Gobierno huyó siempre de anunciar el temido recorte salarial funcionarial, y la oposición se cuidó mucho de exigirlo. Los políticos no lo vieron o no quisieron verlo hasta que el agua no llegó al cuello. Hasta Sevach en Octubre de 2008 anunció los veinte temores de los funcionarios ante la crisis económica que lamentablemente parecen irse ahora cristalizando.
Y por eso, el culpable de esta calamitosa situación es la clase política en su conjunto ( en coherencia con el Estado compuesto que vivimos, con el poder repartido celosamente en poderes autónomos- regionales, locales e institucionales), y ahí es donde hay que aplicar las medidas de sacrificio. El pirómano tiene el deber moral de ser el bombero. Poca legitimidad tienen los pirómanos para ordenar al quemado que apague con sus propias manos el fuego que les consume. Quede claro que no puede culparse al modelo democrático, ni considerarse innecesarios los políticos, pues es indudable que la sociedad es compleja y las circunstancias cambiantes, pero sí hay derecho a quejarse de cierta molicie que en el caso español se ha ido enquistando en la clase política, profesionalizándose y dando lugar a aquéllo que García-Pelayo denominaba « Estado de los Partidos«. En suma, la crisis económica es buen momento para la regeneración de la clase política, o mas bien, de las condiciones en que se desarrolla.
3. Así, no parece que la medida de recorte de salarios de los empleados públicos sea una medida adecuada en términos de equidad. Presenta la ventaja de la inmediatez ( la Administración la adopta para sus empleados sin tener que negociar con otros sectores empresariales o corporativos), de su aplicación fulminante ( a golpe de Decreto-Ley y disponiendo que el pagador de la nómina aplique el descuento), y de beneficios recaudatorios inmediatos.
Sin embargo, el recorte de salarios de empleados públicos presenta un grave inconveniente en términos de equidad, ya que aludir a un 5% de promedio de descuento ( aunque se maquille en su desarrollo concreto vinculándolo en mayor porcentaje al mayor rango funcionarial) supondrá aplicar un sistema proporcional de contribución a la crisis que no se ajusta ni al principio de progresividad ( que mas se sacrifique quien mas tenga) ni a las circunstancias personales de cada funcionario. Así por ejemplo, un auxiliar sin hijos puede contar con un rentable negocio por las tardes, y en cambio un Técnico tener varios hijos y con incompatibilidades que le impiden ingresos suplementarios, de manera que el impacto del descuento provocará mayores estragos e injusticia en el funcionario superior que en el funcionario modesto. Ello sin olvidar lo difícil que resulta entender que si la Crisis afecta a todos, un auxiliar del Corte Ingles o de HUNOSA vea intacto su salario y un auxiliar de un pequeño Ayuntamiento tenga que apechugar con un recorte.
Para el ciudadano de a pie, empleados públicos y Administración a la que sirven son la misma cosa, una especie de centauro indivisible. Sin embargo, jurídicamente, una cosa es ser «la Administración» y otra ser un «trabajador de la Administración», por lo que el disparatado discurso puede conducir a que igual que la Administración rebaja el sueldo de unos sujetos que mantienen una relación de servicios, podría recortar el precio comprometido con los contratistas de la Administración.
Por eso, a juicio de Sevach, a riesgo de la impopularidad de la medida, lo mas justo sería incrementar las tarifas del Impuesto sobre la Renta, ya que al fin y al cabo, este sistema toma en cuenta las circunstancias personales y familiares, las reducciones y deducciones. Lo que ya pasaría de castaño oscuro sería que los funcionarios pagasen dos veces la crisis, o tres: primero, cuando estos dos últimos años se congeló su actualización retributiva conforme al IPC; segundo, con el descuento porcentual que el jueves próximo concretará el Decreto Ley que aprobará el Consejo de Ministros; y tercero, con la inevitable reforma fiscal al alza del Impuesto sobre la Renta o el IVA (mas aún) que no discriminará entre funcionarios y ciudadanos.
4. incluso cabría considerar mas justa una medida mas arriesgada: si hay diferencias retributivas entre Comunidades Autónomas y entre entes locales de una misma Comunidad Autónoma, iguálense determinados complementos a la baja entre las Administraciones Públicas, con lo que las retribuciones seguirán siendo dignas pero se habrán podado por donde «mas abultan» y además se garantiza mayormente el principio de igualdad dentro del Estado. O incluso suprímanse puestos de funcionarios o laborales innecesarios fijando «plantillas-tipo» para evitar que Administraciones iguales en competencias y presupuesto, cuenten con ejércitos distintos en número.
5. ¿ Y si no se recortan los sueldos de los empleados públicos, ¿donde debería recortarse el gasto? En esta línea, hace unos días veíamos como ante la fuga de petróleo en el Golfo de México, la empresa BP, que por acción u omisión, es responsable de asegurar la seguridad, afirmó que “pagaría la factura” y “asumiría la responsabilidad”. Por ello, bajo idéntico «ataque de responsabilidad», Sevach cree que los políticos deben pagar la factura de la crisis económica. ¿ Cómo?.
Lisa y llanamente acudiendo a un Decreto-Ley o medida de eficacia equivalente, al amparo de las competencias básicas del Estado en materia económica, y con proyección sobre todas y cada una de las Administraciones Públicas, ya que ante la crisis no valen zarandajas de rasgarse las vestiduras sobre la autonomía política autonómica o la autonomía local, y adoptar las siguientes medidas:
A) Que queden sin efecto en su integridad las pagas extraordinarias de la clase política en toda su extensión (diputados, ministros, Directores Generales, Consejeros, Concejales, eventuales de todo pelaje, altos cargos de órganos constitucionales, directivos de empresas públicas, mirlos municipales, etc). No se la han ganado. Y además el recorte salarial debe ser en sus nominas del veinte por ciento. Subsistirán, tranquilos.
B) Supresión del prebendalismo político con austeridad real en todo ese colectivo ( telefonía móvil, coches oficiales, viajes “turísticos”, mobiliario chic de despachos, dietas sin ponerse a dieta, etc).
C) Dado que si no podemos, por las reglas del juego democrático, desplazar a los cargos políticos electos de sus puestos, sí al menos, se puede y debe, amortizar buena parte de los puestos de personal “eventual”, asesores y consejeros, cuyos “consejos” no parecen haber sido muy acertados a la hora de ilustrar o asesorar a los altos cargos para aquilatar el alcance real de la crisis y la necesidad de acometer medidas rápidas y eficaces.
D) Por último, para evitar que tales ceses comporten una duplicación de gasto, debería suspenderse indefinidamente la aplicación del llamado “complemento de alto cargo”, esa bufanda generosa que permite a quienes desde la Constitución han ocupado un cargo de Director General o asimilado, disfrutar de un astronómico complemento que permite, por ejemplo, que un fontanero municipal nombrado Director General autonómico durante dos años, cobre toda su vida retribuciones propias del denominado ilustrativamente “nivel 33”. Casi nada.
Con esas cuatro medidas, en vez de tener cabreados a dos millones de empleados públicos y ocho millones de pensionistas, se tendrían cabreados tan solo a 80.000 políticos, y con el mismo efecto de saneamiento de las arcas públicas. 
6. Se dirá que soy un ingenuo al proponer tales medidas, y es cierto, porque esas medidas que son necesarias y que seguramente la inmensa mayoría de los españoles apoyaría, curiosamente ningún partido político las impulsará (ni gobernante, ni de oposición). Al fin y al cabo, está en juego “la lenteja” del político ( ¿ o mas bien, los langostinos?). Por eso, el mejor desahogo es un cabreo bien administrado.
Me gustaría saber si el descuento que se va a aplicar a los políticos es del bruto mensual (incluidas dietas,gastos de representación, kilometraje, comilonas y etc…) o sólo va a ser el sueldo que les aparece en la nómina sin los diferentes complementos e ingresos nombrados anteriormente. GRACIAS Y UN SALUDO
Pues sobre el alcance del descuento hay una gran mancha de tinta de calamar, al estar sondeando el impacto, de manera que será el Decreto ley que se apruebe el próximo jueves el que fije quienes (funcionarios, laborales, políticos..¿ Y de empresas públicas?) y cuanto (¿Sueldo?,¿ O sobre sueldo y complementarias?). Para los políticos de órganos constitucionales (parlamentarios, por ejemplo) la decision la tomarán con autonomía sus propios órganos, pero lo que imagino es que, como siempre, nunca faltará la «discreta compensación» (en forma de «dietas», «pluses», «gratificaciones»,etc).
Del discurso del Sr. Presidente: «…y se prevé la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007.»
Ésta sería la medida menos acertada,
1º) Porque eliminaría la posibilidad de creación de empleo ya que no se produciría la contratación de un relevista del jubilado parcial y, por lo tanto, se estaría desaprovechando una excelente ocasión para reducir la actual tasa de desempleo.
2º) El relevista cobraría menos que el jubilado parcial, con lo que habría un ahorro en el Capítulo I de Gastos de Personal.
3º) La repercusión a nivel Administración Central sería mínima, dado que el número de funcionarios con que cuenta es mucho menor si lo comparamos con los de las Comunidades Autónomas y Administración Local.
4º) El Fondo de Pensiones de la Seguridad Social es sólido en la actualidad.
5º) Supondría un alargamiento de la discriminación existente con los trabajadores del sector privado, que gozan de la jubilación parcial desde el año 2003. La Ley 40/2007 previó un plazo de un año (incumplido), el Acuerdo Administración-Sindicatos previó otro plazo de 12 meses y ahora, antes de que se cumpla (septiembre/2010) se pretende eliminar esta posibilidad.
Somos muchos los empleados públicos en toda España (del Régimen General de la Seguridad Social, ya que los de Derechos Pasivos se jubilan a los 60 años) que tenemos más de 60 años, más de 30 años cotizados, 6 de los cuales en la última empresa (la Administración), y desde que salió la Ley del EBEP, en abril/2007, llevamos ya más de tres años intentando que un Juez nos dé la razón, pero la Justicia no está por la labor, ya que existen dos sentencias contradictorias dictadas por las Salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo; ahora, ¿qué dirá la Sala de Conflictos Jurisdiccionales?
No es bueno jugar con la sensibilidad de los empleados públicos de avanzada edad, máxime si ello afecta, como en este caso, a nuestra dignidad.
De cualquier forma, es indudable que se están vulnerando, como mínimo, los artículos 1, 9.2 y 14 de nuestra Carta Magna.
Comparto plenamente la opinión de Juan Luis. El problema de fondo no creo que esté en lo que ahora nos hemos dado cuenta de que sobra: órganos, técnicos, libre designación, cámara alta … sino más bien en el DESPILFARRO que han producido las CC.AA. y el incumplimiento sistemático de las leyes de estabilidad presupuestaria, posiblemente por la dependencia electoral que los dos grandes partidos tienen de los parásitos que succionan la sangre al resto de España.
Propuestas: devolución de competencias: con urgencia, Urbanismo y Educación. Cumplimiento ESTRICTO de los límites de endeudamiento de las CC.AA y EE.LL.
Por último, me gustaría añadir que las prestaciones sociales establecidas por nuestro gobierno eran sencillamente del país de Jauja, nadie podía estar en contra de ellas (acaso alguien no desea que todo el mundo tenga vivienda, cheque-bebé, ayudas y subvenciones varias), pero la verdadera cuestión es si podíamos financiarlas y permitírnoslas. La respuesta es obvia: NO. Este Gobierno Mesiánico ha desoído a todo el mundo: organismos internacionales, UE, oposición, todo tipo de expertos independientes, para ahora llegar y decir que la situación es Grave, muy grave, entonces piden un «esfuerzo» a los funcionarios, pensionistas y lo que queda por venir.
No se puede pedir un esfuerzo a alguien que gana 1000 € (550 alquiler o hipoteca, 200 gastos corrientes: luz, agua, teléfono, comunidad, y además hay que comer y vestirse), eso es sencillamente desvergonzado. Han conseguido que la población identifique Funcionario con «privilegiado que no debe quejarse porque tiene trabajo fijo».
Ahora que la orgía se ha terminado, me doy cuenta que tenemos que financiar con nuestro salario (eufemismo de robo directo sobre nuestras carteras), los bebes de medio mundo, los subsidios de desempleo que, aunque no se pueda decir, desincentivan la búsqueda de trabajo dado que se aproximan a lo que cobraría en activo y quién va a levantarse a las 7 de la mañana para ganar 150 euros más.
En definitiva, este gobierno ha creado un Estado subsidiado en que los cordones umbilicales hacia el Tesoro Público crean una dependencia necesaria para subsistir, o lo que es lo mismo, tened cuidado que como vengan «los otros» todo esto desaparece, un PER Nacional, vamos.
Lo que ha pasado en España no resiste un análisis serio desde ninguna perspectiva, ni económica, ni política. Como guinda del pastel, anoche D. José Blanco descendió a la tierra y se «subió a la noria» para explicar a las gentes de España las medidas de ajuste. Tragicómico, realmente.
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En linea con lo expuesto por MONICA solo estamos ante un episodio de una larga marcha hacia la desaparicion de la categoria «Empleados publicos» en todas aquellas parcelas donde no sea imprescindible el ejercicio de autoridad. Seran sustituidos por «empleados politicos» al estilo del spoil system
Al loro con la aplicación (progresiva) de la reducción de sueldos públicos. Apuesto a que se montará un churro y surgirán montones de agravios -y demandas- a nivel operativo. Puede ocurrir –siempre hay algún listo en los Ministerios proclive a incurrir ese tipo de errores- que se terminen invirtiendo situaciones y que funcionarios que ahora ganan menos que otros ganen más después del decreto.
¿Qué se reduce?, ¿las tablas retributivas –todas- de los funcionarios, sin más?, ¿cómo, si todos los funcionarios cobran una combinación de sueldo base, trienios, destinos y específicos?, hay grupos C (un clofer de alto cargo) que, por su complemento específico puede ganar más sueldo total que un grupo A sin jefatura … ¿o se reducirán las tablas retributivas –ad hoc- en función de lo que cobre cada funcionario? … pues bien se puede terminar con tablas retributivas distintas … (¿)
Un ordenanza, por caso, que haya sido alto cargo de una administración pública y tenga consolidado en denominado decreto 33, ¿verá o no reducidas sus retribuciones ordinarias … ?, ¿cómo?.
Recordar que el concepto de ‘progresividad’ ya se contempla expresamente en la filosofía del IRPF.
Quitar una paga extra a todos los funcionarios representaría una reducción del 7,14% de todos los salarios íntegros. En mi opinión, ésta sería una manera más justa de operar sin tener que tocar y retocar las tablas retributivas. En su caso, se podría establecer la ‘progresividad’ de la reducción en el cálculo de las pagas extras (sin tocar las tablas retributivas), contemplando un importe (umbral mínimo) por debajo del cual a nadie se le reduzcan las mismas.
A mí me parece bien que los funcionarios apechuguemos –lo que podamos- en estas circunstancias, pero parece que lo pongan difícil para hacerlo.
Saludos cordiales.
Estimado Javier Grandio, me cuesta entender que estés de acuerdo con «apechugar» ante el desastre de gestión que ha realizado este gobierno. Una cosa es solidaridad ante lo inevitable (catástrofes, fuerza mayor, plagas naturales) y otra bien distinta, compartir el despilfarro y la mala organización de un Estado realizada por un equipo de inútiles. La trampa está en que si te quejas, no eres solidario, y si no te quejas, parece que estás de acuerdo. Estas medidas tienen una naturaleza confiscatoria, sin más. NO USEMOS EUFEMISMOS DE MODA, que empezamos a estar un poquito hartos. Gracias.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que expone Javier Grandio: el trato igual a los desiguales genera desigualdad. Pero como decía el cerdo socialista de «Rebelión en la granja»: «todos somos iguales pero hay algunos más iguales que otros». En fin,…de un gobierno que presenta sus propuestas en «la noria» – a la que deberían estar enganchados, que vamos a esperar…
En el BOE de hoy se publica la Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se convoca para el ejercicio 2010 la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical. 15 millones de euros para sindicatos. ¿No resulta algo cínico?
Tomado del blog de la asociación para la defensa de la función pública aragonesa:
La eficiencia de las administraciones se ha visto gravemente distorsionada por dos factores que en estos momentos es ineludible analizar: el primero de ellos, es la irrupción de la partitocracia en el conjunto de las instituciones y la colonización de éstas por una parte de la clase política, con evidente quiebra de su profesionalidad, imparcialidad y eficiencia –ese mal no se ataja ni se cuestiona con las medidas anunciadas por el momento, pero de ello nos hemos de encargar los servidores públicos de ahora en adelante, haciendo la autocrítica que sea necesaria también, si no queremos ver nuestra actividad devaluada y en entredicho por quienes han adulterado y distorsionado el funcionamiento de la administración pública-; y, en segundo lugar, está la labor sindical en el seno de las administraciones públicas, que no ha tenido inconveniente en generar un catálogo de ventajas y privilegios laborales que sonroja a muchos servidores públicos, sin detenerse siquiera ante medidas retributivas abiertamente ilegales, como en nuestra Comunidad Autónoma ha ocurrido con la cláusula de revisión salarial o el anticipo de carrera administrativa. Tanto correr en la carrera, buscando cobrarla antes de que se regulase, nos va a llevar a no percibir ni siquiera lo que es de ley. ¿Harán autocrítica los sindicatos para rectificar, u optarán por la huida hacia delante que supone una convocatoria de huelga en la función pública? ¿Hará autocrítica la clase política que ha actuado ante los sindicatos como una complaciente patronal, endosando el coste de sus acuerdos al bolsillo de los ciudadanos? ¿Seguimos con la ceremonia de la confusión, el ruido y la demagogia?
Yo no estoy de acuerdo con el recorte del 5% en los salarios de los EEPP. Estoy más por el recorte del 25% de los EEPP.
España tiene 4 veces más funcionarios que Alemania, y el servicio que ofrecen ¿es mejor? ¿Es conveniente que un policia local cobre 2700 euros y un policia nacional no llegue a los 1500? ¿Es adecuado que un barrendero municipal gane más que un licenciado en Derecho en una empresa privada?
Reflexionad sobre ello, sin corporativismo y de forma desapasionada.
No convendría hacer de la actual situación un «totum revolutum». Ciertamente el hecho de que los sueldos sean diferentes según la C.A. en la que te encuentres es una distorsión que convendría abordar tan pronto como se pueda. De hecho, si todos ganasemos lo mismo, pero a la baja, probablemente en los Ayuntamientos en lugar de tener x funcionarios, tendrían 2x. Pero, no es el fondo del problema.
Esta crisis parece que sí va a servir para cuestionar todo lo establecido y darnos cuenta de que hay asimetrías que, a su vez, generan desigualdades e injusticia (Revisión del Modelo Autonómico). Sin embargo, vuelvo a insistir: ZP ha «montado» un Estado del Bienestar que no podíamos financiar. Tan sencillo como eso.
Ha tirado el dinero y tenemos que pagarlo quienes no podemos sustraernos de la mano trilera que de un modo confiscatorio se desliza por nuestra exigua cartera. Gracias.
Kas, lógicamente, no comparto tu propuesta de reducirnos un 25% el salario, aunque con la mano en el pecho (y no en la cartera), reconozco que es indignante que haya funcionarios en este país (muchos, la mayoría de la Administración del Estado y Justicia) que escasamente lleguen a los 1.000 €.
Nosotros (el colectivo de los funcionarios) no tenemos la culpa de que el barco se esté hundiendo. Aunque reconozco que a estas alturas de la película, pocas alternativas quedan…
En fin, nos han tocado, como a todos los hombres, malos tiempos en los que vivir.
Menos mal que la moralidad pública sin tacha de nuestros gobernantes, la austeridad constatada en la gestión de nuestros dineros, esa forma de «mirar el euro», no creando organismos inútiles, esa rectitud que impide colocar a los amigos en puestos inventados, cuya única realidad es el sueldo público, ese Ministerio Fiscal que encuentra y persigue sin desmayo a los políticos responsables de jugar con nuestro dinero, esos electores racionales y avisados, que no perdonan al político cogido en falta … ¿Estoy hablando de España? Claro que no. Si conocéis el lugar donde ocurre todo eso, por favor decídmelo, para pedir asilo.
Mientras tanto, quiero aportar mi granito de arena para tapar el agujero de las cuentas del Estado: el Consejo General del Poder Judicial cuesta unos setenta millones de euros al año. Basta con suprimirlo, y todos saldríamos ganadno, ya que no cumple ni ha cumplido nunca sus funciones constitucionales.
Kas, no sé si eres un provocador o dices con ironía lo de bajarnos el sueldo un 25 %. Como ha quedado claro en este foro, hay muchísimos sueldos en España de funcionarios que no permiten recortes de ningún tipo. Podíamos ya ir dejando, de paso, las comparaciones con Alemania y otros países de la UE: sencillamente porque no parecen ser nuestro punto fuerte. Solemos traer ejemplos heterogéneos que poco o nada tienen que ver con lo que tratamos, un funcionario alemán, inglés, francés, italiano no se encuentra en los niveles de indigencia en los que están buena parte de los españoles.
En relación a la forma despectiva en la que te diriges a «los barrenderos» comparándolos con los Licenciados en Derecho, mi aportación a este dilema es claro: conozco demasiados Licenciados en Derecho que son analfabetos funcionales y que además, debemos decir que sobran a miles. ¿Te suena lo de la ley de la oferta y la demanda? Pues eso.
Desde todos los foros se pide ahora una reforma laboral y estructural pero yo pido una tercera; la social, seguimos identificando necesariamente buena remuneración y status social con el estudio de una carrera, tal y como pone de manifiesto tu aportación/indignación. El trabajo de barrendero es sucio e ingrato y por esa razón merecería tener una mayor recompensa por parte de nuestra sociedad, más que la mayor parte de los abogados que conozco que son muchos y que lo que sí aprenden rápidamente es a agarrar el teléfono móvil y comprarse unos cuantos trajes. Aprovecho la ocasión para reivindicar la dignificación de los “oficios”, carpintero, fontanero, pintor que en España no gozan del respeto que tienen en otros países, esto hace que las Universidades se llenen de indocumentados. Gracias.
Lo de la progresividad de la medida es un disparate y una vergüenza. Que nos puedan quitar el 10 % de la nómina a los altos funcionarios es un atraco, porque no se grava la renta sino el trabajo (un auxiliar o un ordenanza pueden ganar una millonada en bolsa o o por ser propietarios de un negocio familiar, pero no ven su sueldo reducido de manera tan drástica). El sueldo premia el valor de cada trabajo, no la riqueza. Si un sueldo es mayor que otro es porque el trabajo es de mayor valor.
Completamente de acuerdo con el último comentario. Nuevamente se minusvalora es este pais el esfuerzo personal. El funcionario de Grupo A cobra más por varias razones. En primer lugar porque para llegar a ese punto ha estudiado muy duro, durante mucho tiempo y además en los mejores años de su vida, mientras otros no se perdían ni una fiesta. En segundo lugar por que su trabajo comporta una mayor responsabilidad (el médico que se equivoca en el diagnóstico o el jefe de obra al que se le accidenta un obrero se pueden encontrar un día sentados en el banquillo) y, habitualmente, mas dedicación no siempre retribuida. Muchas veces te llevas en la cabeza a casa problemas gordos que tienes en la mesa, y continuamente tienes que estar reciclando conocimientos por tu cuenta. Sin menospreciar al barrendero o al carpintero, que son profesiones muy dignas, no pueden compararse situaciones.
Y otra cosa es la solidaridad. ¿Quien se solidarizó con los funcionarios en épocas de vacas gordas? Cuando un albañil sin estudios ganaba al mes el doble que un doctor -el que hizo obras en mi casa ganaba al mes unos 6.000 euros brutos, vivía en un adosadito en muy buena zona y ¡no sabía casi leer!- Ahora él igual está en el paro, pero yo tengo que reducir mi nómina para pagárselo.
Y yo con el tuyo, Carmela. En poco espacio… dices mucho, y muy bien.
Por cierto, días después de publicarse esta entrada en el Blog, las palabras premonitorias de SEVACH sobre la conveniencia de atención a la progresividad -razonable y elemental- («Por eso, a juicio de Sevach, a riesgo de la impopularidad de la medida, lo más justo sería incrementar las tarifas del Impuesto sobre la Renta, ya que al fin y al cabo, este sistema toma en cuenta las circunstancias personales y familiares, las reducciones y deducciones.»), parece que han sido escuchadas, si nos atenemos a las anunciadas nuevas medidas que van en la dirección de modificar la presión fiscal de “los ricos”.
Y por cierto, en la otra entrada de este blog que menciona José Ramón (“Veinte temores fundados de los funcionarios ante la crisis económica”) resulta recomendable la relectura de algunas cosas que en ese lugar se dijeron. En particular, hubo un comentarista muy inteligente que acertó a decir varias cosas muy sensatas:
1. Primero dijo esto: « {…} Una crisis económica con huelga general es la mayor garantía para tumbar un gobierno.». (Mi comentario: esto no lo han leído los asesores actuales del Presidente ya que no han sido conscientes del riesgo en que todos se han puesto con la medida del 5% y la disposición que ya han anunciado los Sindicatos).
2. Mas tarde, esto: « {…} Gracias Rosa, por tus noticias y aportación, pero no te deprimas que ni será la primera travesía del desierto de los funcionarios ni será la última vez que consigan sacar adelante la Administración “pese” al lastre de “los políticos” y de sus “políticas”, ya que si algo he percibido en España, por mi experiencia a través de cuatro Administraciones, es el elevado sentido institucional de los funcionarios. Me gusta pensar que, frente a la concepción decimonónica-chusca del funcionario mezquino/tiralevitas/vago, hoy día en España se ha superado esa caricatura y el funcionario es generoso/digno/diligente. Es más, no sólo lo pienso sino que lo creo, aunque como en toda macroorganización, sea la Iglesia, Colegio Profesional, partido político, asociación o comunidad de vecinos…siempre hay ovejas negras. En fin, que desde esa visión institucional, creo que los funcionarios, como auténticos “samurais” sabrán mantener altura de miras ante las inevitables medidas que se aplicarán bajo esa “coartada” de la crisis económica. Y es que, en realidad, y tengo que decirlo en plena sintonía con lo que con mayor claridad y mejores palabras ha dicho Sosa Wagner, la Administración Pública necesita cirugía: 1- Eliminar Comunidades Autónomas (Alemania tiene 16 y el doble de población que España; 2- Reducir a la mitad los 8.000 ayuntamientos con su legión de cargos; 3- Eliminar la inmensa mayoría de puestos de personal eventual con ropaje de directivo-correveidile…Y después, sí, después, si el ahorro no ha sido suficiente, entonces si podrá hablarse de recortes traumáticos de plantillas de funcionarios. Lo que no puede es, en términos castizos, ..¡quitarle el chocolate al loro!» (Mi comentario: me sumo a esta visión institucional y al acertadísimo análisis y la valoración final).
A mi modo de ver, se compadece muy mal con la dureza de la medida del 5 % la tibieza de las formas en los discursos de estos días. No se puede decir que se nos haya «pedido» un esfuerzo especial cuando lo que se ha hecho ha sido ‘imponernos’ aquello que no aceptamos por sentirlo como injusto. Desde luego, ¡cómo hieren ciertos eufemismos del discurso político! Decir además que la medida se hace recaer sobre nosotros por tener un sueldo ‘fijo’ parece olvidar que al parecer nuestro sueldo no es solo ‘fijo’ en épocas de vacas flacas.
Peores servicios públicos –pese a lo que dice y espera SEVACH- son de temer inevitablemente, ya que insistiendo en injustas medidas sobre un solo sector de la sociedad me temo que solo se consigue una inevitable desmotivación individual, que tendrá inevitables repercusiones. Para los funcionarios por hacer caer el peso de las medidas temporales de nuevo solo sobre sus hombros la medida resulta discriminatoria, y encima con el agravante de que la situación es reiterativa (¿Quién ha olvidado cuando año tras año los sueldos de la empresa privada subían al doble o al triple del ritmo de las subidas de las retribuciones de los funcionarios y solo nosotros acumulábamos pérdida continuada de poder adquisitivo que nunca hemos recuperado?).
En fin. Es indiscutible que habría de ser el conjunto de la sociedad el que debiera arrimar el hombro y que no valen otras excusas ni componendas de ningún tipo. Además, propuestas puntuales constructivas como las formuladas estos días o las indicadas por SEVACH, además de ahorrar y así obtener dinero a los efectos pretendidos, permitirían obtener un valor añadido de mejora de la Administración que sería bien recibido, o considerado como un logro o un avance, y no pasarían a la historia como un error en toda regla que arruinó un mandato parlamentario, como puede que pase con la medida que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros.
No hay nada que hacer. Esto es una partitocracia y da igual que se llamen de una manera u otra porque son mafias, literalmente. Soy funcionario en una consejería autonómica -actualmente socialista- y he tenido que ver cómo los altos cargos de la misma (de director general para arriba) se acaban de subir las dietas e indemnizaciones, supongo que con la vista puesta en el previsto recorte salarial… ésto da una idea de la calaña del personal que conforma nuestra casta política y que, para nuestra desgracia, ha colonizado y parasita nuestras administraciones con sus miles de puestos eventuales -de 4.000€/mes netos para arriba- y altos cargos y asesores. Gente que -sólo de complemento de destino- está cobrando más de 40.000€ -salario, dietas, gastos y otros, aparte- con el único mérito de haber sido, por poner un ejemplo, secretario de las juventudes del partido de su pueblo. Más de 25.000 altos cargos tenemos en este país que se hunde bajo el peso de la incompetencia y la corrupción…
¿qué vamos a hacer los funcionarios? Para poner las barbas de los políticos a remojar tenemos que enseñarle las tijeras. Creo que tendríamos que impugnar todos los actos del Gobierno y sus satélites (incluidos los de la leal oposición) que se pueda, sean nombramientos, gastos, subvenciones, etc.¿No se puede revocar el decreto de rebaja del IRPF a banqueros? ¿No se pueden impugnar los nuevos nombramientos a directores grales. que fueron cesados por austeridad y vuelven a recibir el carguito por otro lado en el BOE? ¿No se puede denunciar al Tribunal de Cuentas el despilfarro del último año en ayuda exterior, subvenciones al cine, a sindicatos y partidos, ceoe,etc.? ¿No se puede impugnar el II Plan de la Alianza de Civilizaciones que publicó el BOE el otro dia?
Creo que esa «guerra de guerrillas» desgastaría más al Gobierno y sus apoyos (los que sean) que una huelga general. Si hay miles de letrados en las AA.PP., si cualquier escrito vale, pues a dar morcilla.
Durante muchos años hemos estado contemplando un espejismo de algo que es insostenible por el ciudadano español. Hay un montón de cosas que sobran y que, de haberse suprimido a tiempo, no hubiese sido necesario este decretazo que es un robo para pensionistas y funcionarios. ¿Qué sobra?
Sobra un Senado que es absolutamente inútil y carísismo. Lo mismo cabe decir de las televisiones y radios públicas, las estatales, las autonómicas y las municipales, que son la voz de su amo respectivo. Lo mismo cabe decir también de las Diputaciones Provinciales, ya que lo poco que hacen no justifica su existencia y puede desarrollarse a mucho menor coste por las comunidades autónomas, sin tanto diputado provincial zascandileando en coche oficial. La prueba es que en las comunidades autónomas uniprovinciales no existen ya. Sobran muchísimas sociedades y fundaciones públicas que no sirven más que para colocar enchufados sin oposición y que gastan mucho sin un control efectivo. Sobran la mitad de los parlamentarios de todas las comunidades autónomas, si no es que sobran todos los parlamentos autonómicos. Sobran ministerios en la Administración del Estado, consejerías en las comunidades autónomas, carguitos, carguetes y cargoides varios de los ayuntamientos, personal eventual, becarios y otras especies en todas las administraciones. Sobran dos tercios de directores generales y todos los secretarios de estado, secretarios generales y secretarios autonómicos de todas las administraciones públicas. Sobra todo el enorme gasto de la formación profesional no reglada que sólo sirve para financiar a sindicatos y patronal y para maquillar las cifras del paro. Sobran las subvenciones a sindicatos y patronal, al cine, a tanta falsa ONG que con la excusa de la solidaridad en el fondo han convertido la ayuda al desarrollo en su «modus vivendi» y en una excusa pra el turismo a países exóticos y en general la plaga de subvenciones para todo tipo de amiguetes y posibles caladeros de votos. Sobra el PER y cosas parecidas, sobran coches oficiales y multitud de viajes de todo tipo de los cargos políticos que no tienen ninguna justificación real, etc., etc. Y así cabe seguir añadiendo unas cuantas cosas más que no pueden seguir gravitando sobre los hombros del contribuyente.
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