Cuando se reglamentó el despido colectivo para la Administración, mediante el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, algunas autoridades lo vieron como una oportunidad para aplicar la guadaña a las plantillas. Bastaba con juntar informes contables que demostrasen la calamitosa situación económica para poder recortar las plantillas a precio de saldo. Afortunadamente los Tribunales en ocasiones demuestran un encomiable sentido común frente al que colisionan los formalismos y los informes de complacencia.
Así, algunas Administraciones, como quien recorta el chocolate al loro, con la coartada de los problemas presupuestarios se embarcaron en un despido colectivo de empleados públicos, pese a mantener bolsas de incongruente despilfarro.
En suma, si hay que arrojar lastre del presupuesto de gastos que sean el de asesores, gastos de representación, cuchipandas y demás juegos florales que todavía pululan en algunas Administraciones que no se han dado cuenta que corren tiempos de austeridad y transparencia.
Viene al caso por la ejemplar sentencia dictada por la Sala Social de Galicia de 2 de Mayo de 2013 (rec.10/2013), que enfrentada a la extinción de una veintena de contratos laborales indefinidos por razones económicas de la Diputación de Orense, estima el recurso sindical y declara nula la decisión, utilizando la Sala, tras una espléndida exposición sobre la novedosa figura del despido objetivo en la Administración, una argumentación que provoca cierta sonrisa al lector, y que demuestra que a veces cabalgan juntos la jerga judicial y el sentido común coloquial.
Oigamos a la Sentencia:
«el primero de los requisitos no concurre, porque no ha quedado debidamente acreditada una situación económica negativa de insuficiencia presupuestaria, o situación de déficit presupuestario en los términos exigidos por el art. 35.3 del RD 1483/2012 , tal como antes se expuso, a pesar de ser ciertas las minoraciones de las aportaciones que hace el Estado a la Diputación Provincial demandada.
En cuanto al segundo requisito, si no existe una situación de déficit presupuestario, no resulta factible que la situación económica puede provocar efectos sobre los contratos de trabajo, no resultando justificada la necesidad de amortización de todos los puestos.
Y es que solo sería procedente la extinción de todos los contratos de trabajo, si el desajuste de la plantilla fuese el factor desencadenante de una situación económica negativa, pero no lo es, y es posible, además, que con la adopción de otras medidas, como la reducción de las partidas presupuestarias asignadas al Baloncesto o al Fútbol, tal como expuso Letrado de los trabajadores, quizás se hubieran podido evitar sino todos, sí un número mucho menor de trabajadores despedidos.
Y finalmente, la medida extintiva no puede considerarse de adecuada proporcionalidad para superar una situación económica negativa, pues resulta contraria al deber de buena fe, desde el momento en que simultáneamente a la tramitación de un ERE que comportó la extinción de 25 contratos de trabajo, se nombran dos asesores de confianza con un gasto anual aproximados de 120.000 euros.»
Sobran los comentarios. Y no está de más esta sentencia, para aviso de navegantes de algunos Titanics públicos que, mientras navegan felizmente en las aguas del gasto irreflexivo, pueden tropezarse con el iceberg del sentido común.
En fin, cobra vigencia el post que sobre los despidos colectivos en la Administración titulé significativamente: ataúd a medida.
Lo paradójico es lo excepcional del sentido común en las sentencias.
Yo propongo, ahora que se tiende a lo multidisciplinar, a introducir en los tribunales a algún matemático o similar (si no como magistrado al menos como becario) a ver si la mayoría de las sentencias pasan el filtro de la lógica, y la que no lo pase que no se pueda dictar. Me parece que se iba a dar la vuelta a unas cuantas…
Estupendo post.
Partiendo de la seguridad absoluta de que la administración en materia de personal miente más que habla, justo lo contrario a la presunción de veracidad.
Modificaciones constantes en las RPTs o Catálogos de Laborales, donde empiezan a indicar la no necesidad de xxx puestos, con argumentos peregrinos de todo tipo, la cuestión es que hay que recortar, pero con tanta cara que a la vez crean plazas de asesores, dando un revestimiento de legalidad.
Por ejemplo eliminamos 2 jardineros vacantes por jubilación con la excusa de la tasa de reposición = 0 (pero su trabajo es repartido entre el resto de jardineros que siguen currando y cada vez más), a lo que suman la eliminación o renovación de contratos por obra y servicio en otra cosa, al final ese órgano elimina en un año 4 plazas que tenían un valor de 18mi euros cada una y hacen un total de = 72mil euros y acto seguido con ese ahorro crean una plaza de asesor de cobro 54mil (cantidad que esta de moda en los asesores)
Aparentemente el gasto publico ha disminuido antes 72mil€ y ahora 54mil€ (parece bonito)
La cantidad de EEPP, también ha disminuido hay 4 EEPP, menos con lo que el ministro Montoro estará contento. PERO todo ello es un fraude a los ciudadanos, puesto que el servicio público ahora está deteriorado, hay menos EEPP, y por tanto peor servicio, y realmente el ahorro para los ciudadanos es ridículo puesto que lo ahorrado se lo ha comido el gran parte el nuevo asesor que no se sabe ni lo que asesora.
Esto esta siendo el pan nuestro de cada día. Y encima si los trabajadores y sindicatos se quejan, muchos ciudadanos, aplauden a esos políticos jetas, pues aparentemente los políticos están aminorando el número de EEPP, y están bajando el gasto en salarios en su conjunto. Luego los periodistas, no ven siempre esta falacia de los políticos y las notas en prensa hace que esos políticos salgan reforzados.
Lo triste es que algunos Jueces dan por válido todo, pues entienden que se cumplen las premisas de tasa de reposición = 0, disminución del gasto, etc.
Esta ley esta muy mal hecha pues no puede ser que al político que maneja el presupuesto, se le encargue probar que el presupuesto ha bajado en determinada partida, pues sólo tiene que hacer un desvío del dinero a otra partida al aprobar el presupuesto para demostrar que hay una merma en determinado sitio.
NO SE PUEDE PONER A LA ZORRA A CUIDAR DEL GALLINERO. Pero para un Juez es imposible, puesto que tendría que comprobar TODO el presupuesto de la administración correspondiente, no sólo de ese órgano, y eso le llevaría meses, y asi comprobar que el nuevo presupuesto, destino deliberadamente menos presupuesto a ese órgano, para luego ir buscando despidos, cuando a la par el presupuesto de otros servicios, se aumentó y se contrataron varios asesores. Pero dirá la administración que la capacidad de autorganización es que pueden hacer lo que les da la gana y que se debe circunscribir a sólo el órgano que despide. Y apuesto ya, que ningún Juez va estar examinando unos presupuestos 3 meses antes de dictar sentencia puesto que si lo hace atascaría el juzgado para toda la vida. Una solución. Partiendo de la premisa que la administración MIENTE, tendrá ésta que aclarar muy muy claro, que no hay asesores contratados previo a cualquier despido, que no esta donando parte del presupuesto a la cooperación con las piedras del Congo, que no esta financiando a diestro y siniestro, etc, etc. Eso evitará los fraudes. Pero vuelvo a meterme con los Jueces, muchos tienen una premisa metida en la cabeza que la administración es honrada y honorable, cuando es precisamente todo lo contrario.
Mientras no se prohiba la contratación laboral común en la Administración seguiremos asistiendo a escenas en las que los empleados públicos sufren comportamientos típicos de empresarios por parte de las autoridades.
Primero hemos asistido a la fiebre privatizadora, que es falsa porque se queda intencionadamente a medias ya que lo que se privatiza es el gasto mientras la financiación sigue siendo pública. Que nadie dude de que alcanzará tarde o temprano a todos los servicios públicos donde no haya posibilidad o ganas de inversión para un mercado exclusivamente privado. Y ahora en una nueva vuelta de tuerca asistimos a la transformación de la autoridad pública en empresario (con toda la arbitrariedad para con su chiringuito que la palabra empresario pueda llevar inherente) tal y como muestra la sentencia del artículo, gracias por compartirla, Sevach.
Estamos lejos de Noruega pero aún queda margen para seguir perdiendo puntos de desarrollo humano; quedan muchas cosas por ver hasta Somalia y mas allá. Confieso que nunca pensé tan mal como para intuir algo como que la Estación de Metro de Sol llegaría a llamarse Sol-Vodafone por motivos comerciales pero hoy no descarto vivir para ver «Norit» en la bandera de España. Ahora que tenemos deportistas tan destacados sería un excelente medio para llegar a todos los que estamos tan «aborregados» delante de la tele. Y aún quedan dos franjas más para la publicidad que serían idóneas para marcas con logos que destaquen sobre el rojo. A la imaginación del lector dejo qué instituciones públicas podrían dar soporte con su imagen a Ron Cacique, El Elefante Azul, Brandy Soberano… Todo por la pasta.