Hoy es noticia que el Rey Felipe VI “alertó del desencanto político” y creo que bien puede hablarse también de un inquietante “desencanto jurídico”.

Tal y como anticipé, estamos en tiempos de auditorías públicas, y este jueves tuve el honor y ocasión de abrir el VII Congreso de auditoría pública en Toledo con una charla titulada “Cuando el auditor despertó, ya no hacía falta. Claves en tiempos tumultuosos”. Aunque la exposición se centró en la perspectiva del control económico-financiero, la premisa de partida se refería a un escenario de tumulto que padecen los cargos públicos responsables de los servicios jurídicos, intervención y la gestión pública en general.

El tumulto se ofrece en varias vertientes: jurídica, económica, personal, administrativa, procesal y ética. Y ese desorden e incertidumbre es incómodo y preocupante. Veamos.

Tumulto jurídico. Muchas normas, contradictorias y de pésima factura.

  • Legislador egoísta: Leyes a la medida administración… Los experimentos exitosos en términos de recaudación de la administración tributaria se contagian hacia las leyes administrativas generales.
  • Legislador autista: las opiniones y recomendaciones de los órganos de control son la voz que clama en el desierto.
  • Legislador dadísta: el absurdo se refleja en la ley de contratos del sector público o en la legislación urbanística, vivos ejemplos de modelos “enredados”.
  • Legislador funambulista: el legislador vive con sobresaltos y “asaltos” de las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
  • Legislador vago o cobarde. El Estatuto Básico del Empleado Público apenas se ha desarrollado ni por el legislador estatal ni autonómicos. Las Directivas comunitarias, como las Directivas sobre contratación electrónica 2014 no se trasponen y dejan sumido a los órganos de contratación y asesores en el difícil papel de identificar los preceptos que son de aplicación directa.

En esas condiciones, la paradoja es que la ausencia de gobierno con garantías de mayoría suficiente para aprobar leyes se ha traducido. En el efecto negativo, de que el legislador estatal (ordinario, básico u orgánico) no ha podido corregir sus errores ni completar regulaciones, y en el efecto positivo de que al menos no ha contribuido al escenario de “llanto y confusión” que padece la seguridad jurídica.

Tumulto económico. La globalización, austeridad y contención son el mantra que todo lo justifica. Hasta el Tribunal Constitucional  considera que basta el perjuicio derivado de las reclamaciones económicas para que el legislador les atribuya el sentido desestimatorio o negativo o negativo a las reclamaciones salariales de los empleados públicos.

Parafraseando a Madam Roland cuando era conducida al cadalso por los jacobinos: ¡Economía, cuantos crímenes se cometen en tu nombre!

Tumulto en la gestión de personal. El eje de la política de personal eran las Relaciones de puestos de trabajo (RPT), y el Supremo  les cambió la naturaleza desde reglamento a acto general, con enormes consecuencias procedí mentales y sustanciales. Por si fuera poco, la praxis demuestra la confusión entre RPT, plantillas orgánicas, Catálogos y similares.

Tumulto administrativo. El tránsito hacia la administración electrónica abre una brecha digital múltiple: entre ciudadanos nativos y digitales; entre funcionarios tecnológicos y funcionarios de papel; entre autoridades tecnológicamente emprendedoras y autoridades escépticas.

Tumulto procesal. Lo contencioso-administrativo sale adelgazado del sistema de vencimiento para imponer las costas, y ahora se enfrenta a un recurso de casación de nuevo cuño pero mal acuñado, con seguridad jurídica procesal en solfa ante el críptico “interés casacional”.

Tumulto ético. La corrupción (cuya fórmula y antídoto expuse) ha dejado una pésima reputación en la clase política y un desencanto ciudadano, a lo que se suma la resistencia de las administraciones públicas a aplicar con lealtad y rapidez la Ley 19/2013 de Transparencia y buen gobierno.

Y todo ello sin olvidar el tumulto político que dificulta mayorías estables, unido al factor Trump que traerá repercusiones.

En suma, tumulto global e incertidumbre para los empleados públicos. La maquinaria pública continuará pero también el desencanto de los empleados públicos.

El desordenamiento jurídico es preocupante…

NOTA DE SOCIEDAD.- El próximo 24 de Noviembre de 2016 tendré ocasión de participar a partir de las 16:30 en el Colegio de Abogados de León (Salón de actos del ICAL en C/ Conde Saldaña, 4-Bajo, León) con una charla sobre las nuevas leyes 39/2015 y 40/2015 según este programa, y con la mejor compañía.

Escrito por JR Chaves

Humanista, jurista y amigo de sus amigos.

4 Comentarios

  1. Ya que ha mencionado los experimentos exitosos de la Administración Tributaria, le diré con qué se encontró un familiar. Una liquidación que hasta la comisión de Defensa del Contribuyente ha calificado de Infracción Manifiesta de Ley, una adjudicación de porcentajes de participación que multiplicaba por dos la deuda tributaria “porque así constaba en la Comunidad Autónoma”, hecho que esta administración negó con un certificado, una notificación al que no era el último domicilio comunicado sino el anterior…”por no haber tachado una casilla de modificación de domicilio”, en una declaración de ALTA, y, para acabar de rematarlo, un acuse de recibo de la notificación donde se ha tachado la hora del primer intento y se ha sustituido por otro número porque no se cumplía el plazo horario y se ha tachado la casilla de ausente, para poder poner desconocido y que así fuera necesario solo un intento. Más una caducidad que siguió produciendo efectos. Para rematar todo ha terminado en un denuncia por prevaricación que ha sido admitida a trámite por el juez de instrucción y de la que, naturalmente, esperamos eche la fiscalía al saco de “esto no pasa, para eso estamos nosotros”. Si es este es el éxito tributario que se va a copiar…¡Viva Podemos y acabamos todos en Cuba!!!

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  2. Sí a la visión crítica de J. R. Chaves, aunque a veces sea un tanto demoledora, porque es necesario crear conciencia en una sociedad democrática y madura, pero dejando claro que sólo tiene sentido si es para avanzar y para construir. Corren tiempos difíciles y desde vuestra magnífica atalaya se puede realizar una labor más completa, no solo de identificación de los fallos de nuestro actual ordenamiento, sino también dando un paso adelante y haciendo propuestas concretas de mejora, como en el caso de la transposición de normativa comunitaria actualmente pendiente. Procure rematar con propuestas concretas en positivo, que a veces ayudan a nuestros políticos y a los que cuentan con el poder del BOE a hacer nuestro ordenamiento más eficaz y seguro.

    Un cordial saludo,
    (Un humilde interventor local)

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  3. estamos inmersos en una auténtica crisis de valores…

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  4. […] se trata de sobrevivir a los tiempos jurídicamente tumultuosos  que padecemos, sino de cambios mas profundos que se avecinan a medio y largo plazo. Lo del Derecho […]

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