Lo de la corrupción nunca deja de sorprenderme. Desde que se aprobó la Constitución, hace más de 45 años, se impusieron principios y reglas encaminadas a garantizar la honradez de los gobernantes y empleados públicos, y así evitar el parasitismo de canallas.
He conocido cientos de leyes y reglamentos destinados específicamente a luchar contra la corrupción y además, los fondos europeos recibidos tras la pandemia trajeron mayores controles de planes anticorrupción. Como complemento de la Ley 19/2013 de transparencia (con más ruido que nueces), se aprobó la Ley 2/2023, de protección del denunciante para que el silencio y el temor no frenen la denuncia a los corruptos (con ruido pero sin nueces).
Y sin embargo, cada año trae un escándalo mayúsculo de corrupción pública rodeado de ruido y furia de escándalos de menor fuste pero igualmente hirientes para los hombres de bien y sangrantes de las arcas públicas.
Varias verdades brotan.
- La corrupción como el fuego, busca salida y cuando la encuentra crece.
- La corrupción es un problema de educación, civismo y moralidad. Y eso no lo da ser elegido por votos, tomar posesión, ni gritarlo. Lo da serlo y poder mirarse al espejo con dignidad.
- La corrupción no entiende de partidos políticos, sino de personas psico-corruptas. Allí donde estén se creen más listos que nadie, con derecho a burlarse de todos y apropiarse de lo todos impunemente. Además es contagiosa.
- La corrupción no es patrimonio de los listos, pues como decía Roosevelt, «el corrupto poco formado roba un vagón al descuido, mientras que el corrupto ilustrado roba todo el ferrocarril», a lo que añado, si los maquinistas y revisores políticos no se ocupan de vigilar seriamente, ni los pasajeros se se enteran.
- La corrupción no se combate con más leyes sino pocas y eficaces. Ya afirmaba el historiador romano Tácito que «cuantas mas leyes se dictan, más corrupto es el Estado». Cuanto mayor es la regulación, las exigencias de autorizaciones o posibilidad de inspecciones, por ejemplo, mayor es el poder de autoridades y funcionarios para disponer sobre las mismas frente a quienes las soportan.No ayudan los incesantes decretos leyes, ni las crípticas disposiciones adicionales o transitorias, ni las sentencias del Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional que oscilan en su criterio. A río normativo revuelto, ganancia de pecadores…
- La transparencia es un gran antídoto. Saber lo que hay, para poder limpiarlo. Basta poner la luz en el sótano para que las ratas huyan, pero quedan las serpientes que ven en la oscuridad, y esas requieren medidas más drásticas. No basta con diagnosticar el mal, sino que hay que vacunarse o exterminar la alimaña.
Estas reflexiones vienen al caso, porque hoy tendré el honor de intervenir en el V Congreso Internacional de Control Público y Lucha Contra la Corrupción, en Salamanca (18-21 marzo 2024) sobre «Los agujeros del ordenamiento jurídico por los que se cuela la corrupción», acto al que concurren altos cargos de los tribunales de cuentas y órganos equivalentes de España, Portugal y Brasil, demostrando seria preocupación por el contexto actual y por el reto incesante de la rendición de cuentas y responsabilidad por sus deficiencias.
Pues bien, a mi juicio, y en trazo rápido, esos agujeros o debilidades de nuestro ordenamiento jurídico que propician nichos de corrrupción serían básicamente los siguientes:
- La crónica patrimonialización de lo público, como botín o ubre generosa, por parte de algunos que tienen genéticamente interiorizado el clientelismo o nepotismo, como círculo de intereses que propicia facilidades ante escenarios tentadores de saqueo. No ayuda el fenómeno de las «puertas giratorias», o tránsito del sector público al privado y viceversa, con el consiguiente tráfico de influencias.
- Las potestades discrecionales: formuladas con generosidad en las leyes (y no con precisión de extensión y límites), aplicadas con elasticidad por algunas autoridades públicas, controladas con deferencia o de forma pusilánime por la jurisdicción contencioso-administrativa.
- Los sistemas de acceso y provisión de cargos públicos frivolizando con los pilares de la seriedad (publicidad, igualdad, mérito y capacidad).
- Los centros de decisión autónomos generan “corrupción autónoma” y gozan de buena salud: sociedades de capital público, entes instrumentales que son instrumento para fines particulares, etcétera. Se confía en sus “propios” medios de control, designados por los “propios” controlados, y su queja suele quedar por escrito en el desierto.
Los guardianes del sistema (letrados, interventores, auditores, etcétera) que formulan advertencias, reparos o consideraciones de ilegalidad, pese a no ser plato de gusto ser “Pepito Grillo” con la autoridad (Alcalde, Presidente de Diputación, Presidente de ente público, consejero autonómico o cargo ministerial, por ejemplo). El problema radica en que si estos funcionarios de control inmediato, constatan que no existen consecuencias jurídicas para los infractores (bien porque la legislación no anuda respuestas enérgicas, o bien porque la respuesta del Tribunal de Cuentas es lenta y paternalista), se produce un doble efecto perverso que se alza en calvo de cultivo para la corrupción: a)La autoridad se siente impune (“nunca pasa nada y cuando pasa ya es tarde”); b) El funcionario vigilante se desencanta y siente la tentación de bajar la guardia; c) Se crea un clima general entre los políticos de impunidad, como los ratones que se comen el queso sabiendo que la ratonera nunca salta y que el gato solo maúlla.- El problema no es detectar los conflictos de intereses, sino que se hace cuando se tropieza con un conflicto de intereses realmente peligroso, y si de ahí deriva ejemplaridad o escarmiento.
- La justicia administrativa suspende su movimiento cuando hay indicios de delito y se traslada el asunto a la jurisdicción penal (tiempo muerto para la jurisdicción contenciosa). En cambio, la jurisdicción penal se ve obligada a examinar directamente la legalidad de las infracciones administrativas (el cardiólogo examínando cuestiones de traumatología), y aplica el principio de intervención mínima (de manera, que si la dolencia no es grave, no se opera sino que el paciente – pese a estar aquejado de ilegalidad- recibe el alta). Por si fuera poco, la prevaricación (“dictar resolución injusta a sabiendas”) no conlleva pena de prisión, sino de inhabilitación para cargo público (o sea, castigado “sin chuches”…¿qué corrupto que lo lleve en la sangre no juega a la ruleta con lo mucho que puede obtener por lo poco que puede perder?).
- La justicia penal es lenta y la justicia administrativa es alambicada. Aprovechando las holguras de las dos, siempre hay desaprensivos. En la guía del corrupto indemne sometido a control jurisdiccional, figuran tres máximas: a) Procura siempre tener delante o detrás un cabeza de turco a quien culpar llegado el caso; b) No dejes huellas documentales, telefónicas ni videográficas, pues todo lo que digas será utilizado en contra tuya; c) Culpa al sistema, a las normas ambiguas, y arrópate en la inocencia o en la buena fe, pues la sombra de la duda te permitirá reconstruir la defensa.
De este modo, la escalada de confesión del corrupto, o defensa que ejercerá de su «buen» nombre, va evolucionando conforme aparecen pruebas en su contra, desde el primer momento hasta el final, del siguiente tenor:
- “No lo hice”.
- «Si lo hice, no sabía que era ilegal”.
- «Sí lo hice, y sabía que era ilegal, pero fue por el interés general y no me llevé nada”.
- «Sí lo hice, y sabía que era ilegal, y lo hice para lucrarme, pero ha pasado tanto tiempo que ha prescrito”.
- «Si lo hice, y sabía que era ilegal, y lo hice para lucrarme, y no ha prescrito, pero no puedo ir a prisión por motivos humanitarios”.
O sea, todos de acuerdo con el mensaje; “Tolerancia cero contra la corrupción”, pero ¿estamos todos realmente dispuestos a aceptar medidas que lo corrijan seriamente, o se prefiere dejar que sigan volando bajo radar esos “drones” o mas bien “ladrones” de la cosa pública?.
Gracias por abordar este asunto y el detalle de la exposición.
Voy a concretar sobre un punto: «Los guardianes del sistema (letrados, interventores, auditores, etcétera) que formulan advertencias, reparos o consideraciones de ilegalidad,».
CASOS
Primero ¿Cómo es posible que en España se concedan cada año miles de millones en subvenciones sin respaldo de un Plan Estratégico de Subvenciones? (Requisito de nulidad del art. 8.1 de la LGS) ¿Cómo lo consiente el secretario municipal? ¿Cómo las paga el interventor?
Segundo ¿Cómo es posible que se externalice de hecho hasta la inspección tributaria? Y con el cariño de secretarios municipales. Es más, hasta se convocan y conceden con el presupuesto prorrogado, contra la IGAE y el TCU.
Tercero ¿Cómo es posible que pululen, todavía, asesores urbanísticos externos que informan preceptivamente en expedientes urbanísticos? Y también inspeccionando. Y al respecto, los secretarios emiten informe jurídico afirmando que se han respetado las prescripciones legales.
Cuarto ¿Cómo es posible que ningún Ayuntamiento de Castilla y León publique sus Normas Urbanísticas, con una ley regional que sustrae de la competencia municipal la publicación de las mismas siendo que acorde al art. 70.2 las NNUU son ORDENANZAS, sin que hay norma que pueda sustraer de la competencia municipal la mpotestad de aprobar sus ordenanzas? ¿A qué se dedicaron en su día los letrados de las Cortes de CyL? Además el consejero es Magistrado. En fin.
Quinto ¿Cómo es posible que en la administración local se paguen premios de jubilación anticipada? Hasta el Consejo consultivo de Castilla la Mancha informó en contra pero a los funcionarios de la Diputación de Guadalajara les dio lo mismo e informaron para pagarlos.
Sexto ¿Cómo es posible que haya diputaciones que ejerzan la delegación de competencias en materia recaudatoria con los convenidos sin vigencia por la DA 8º de la Ley 40/2015? ¿Cómo es posible que la tasa por ese servicio sea una comisión?
Saludos y gracias.
Razón no te falta , cuantas incógnitas, y cuanto consentimiento, para la posterior desafección de lo público y lo político…
Malditos secretarios acabemos con ellos !!!!
Muy interesante la reflexión del Dr. Chaves sobre corrupciones, corruptelas y favores…
La tradición española (no son suecos Rinconete y Cortadillo) es rica en pícaros, ventajistas y mangantes de todo tipo, y esto afecta con especial crudeza al ámbito público, en el que la supuestamente existente ética pública del funcionario debería impedir o dificultar en gran manera estas conductas.
Para mí, y lamento decirlo, la corrupción es sistémica en las estructuras públicas-políticas.
Empezaré a creer que esto puede cambiar cuando vea que un correligionario, que conozca conductas irregulares (sean delito o infracciones administrativas) denuncie a su «compañero». Esto no lo hace nadie. Lo primero es intentar taparlo (los trapos sucios, se lavan en casa) y luego ya veremos…
Estas últimas semanas estamos leyendo cosas tremendas (con apariencia de delito) y parece que la Fiscalía tiene poco interés en investigarlo. Resulta sorprendente que el Ministerio Público solo busque la «justicia que complace al príncipe» y por complacerlo olvide la discreción y silencio debido en negociaciones con abogados defensores.
Mientras tanto la Abogacía Española calla ante la amenaza de algunos amnistiables a denunciar por prevaricación a los jueces que aplicaron las leyes vigentes para sancionar conductas probadas y previstas en el Código Penal. No defender a nuestra judicatura, cuando nuestro Estatuto General prevé (art. 67) la defensa del Estado social y democrático de Derecho proclamado en la Constitución, que incluye la separación de poderes, es decir un Poder Judicial independiente, para mí es una corruptela por cobardía. Somo operadores principales de la Justicia ¿por qué no la defendemos dentro del marco constitucional?
Daniel Bellido
Abogado
El colegio de abogados de Madrid se ha metido a defender los intereses del hermano de la Presidenta mediante acciones legales nunca vistas y por qué?
Huele y no a ámbar.
El Iluste COAM recibe +40 millones de euros anuales en subvención de la Comunidad de Madrid
Aunque a usted parece que le cuesta creerlo, hay personas que se mueven por su amor a la Justicia y no por el dinero.
Supongo que se refiere a la pareja de la Presidente de la Comunidad de Madrid, pero, en cualquier caso, lo que hace el ICAM es defender el Estado de Derecho, denunciar la violación de secreto y la infidelidad en la custodia de documentos.
Las penas previstas en el artículo 417.2 del Código Penal por revelación de secretos de particulares son más graves que lo que tenga que cumplir el novio de Ayuso por su delito fiscal por impuesto de sociedades 2020 y 2021.
Si paga los 350.000 euros que le reclaman, como había ofrecido su abogado, la pena se reduce en 1 ó 2 grados (art. 305.8 CP) por lo que queda en nada, y si pagó antes, no hay delito. En cualquier caso me parece bien que el novio de Ayuso pagué o haga lo que crea oportuno. El jugado Xavi Alonso se enfrentó a la AEAt, la cantante Saquira, no.
Si pagan, genial. Es lo que también deberían hacer los que han despilfarrado y se han repartido MILLONES de DINERO PUBLICO , otorgado a emrpesas de amiguetes creadas el mismo día y que pasaron a facturar millones, gratia et amore del político amigo. Esos siemrpe se van IMPUNES.
¿DEBERIAN PAGAR COMO EL NOVIO DE AYUSO, O NO?? Además pagaron por material inservible y defectuoso, que dieron por bueno y apilaron en alamacenes hasta su caducidad. En Baleares la ahora presidenta del congreso tuvo los bemoles de decir que las mascarillas (pagadas a 3,23 euros unidad cuando había ofertas a 0,03 euros) eran conformes cuando eran defectuosas y de abrir algo que llamo expediente , TRES AÑOS después , en mayo de 2023 justo el día en que se producia la investidura como presidenta de Baleares a una joven política del PP. Para más inri, un inclito despacho de abogados muy socialista se llevó 150.000 euros (más IVA) por la «intermediación» con el proveedor chino, que había sido rechazado por las Comunidad Autónomas de Aragón y de Castilla La Mancha (regidas por el psoe).
El delito del art. 417.2 CP que presuntamente han cometido el señor del PSOE que ejerce de fiscal general del estado (aunque va a mitines del partido sozialista obrero…español) y otros fiscales, en un comunicado escrito y público, es bastante más grave, que la pena que le pueda caer al novio de Ayuso. ¡Qué pague el novio de Ayuso………y que paguen todos los demás, también los del «múltiplo socialista», los que se llevan mil veces más y salen impunes.
El vicepresidente del gobierno del PP y presidente del FMI, con rango de jefe de Estado, Rato, acabo en la cárcel.
¿PASARÁ LO MISMO CON BEGOÑA, con SANCHEZ, ILLA , ABALOS y todos los demás que montaron la «redistribucion» social de cientos de millones en material no usado, defectuoso o pagado a precios de amigo a emppresas de amigos, o seguirán diciendo que es el «caso Koldo»? Luego todos se compran viviendas unifamiliares de alta gama y viven a un nivel superiro al de «koldo»…. que ya es decir.
Esto es España. Y les siguen cotando y defendiendo.
Dos lemas del político al uso:
1.- Yo no sabía.
2.- Chorizo protege a chorizo
Javier Olaverri. Abogado y expolítico
La mayoría de los Jueces no quieren «problemas» con los políticos. En general se da «carpetazo» con cualquier excusa, salvo honrosas excepciones porque son temas demasiado «gordos» que ya es casi imposible mirar para otro lado o porque siempre hay jueces profesionales y con ética. Mirad Cendoj y a ver cuántas Sentencias por prevaricación (no sólo llenarse los bolsillos) se vienen dictando. Corrupción es también aparcar denuncias por la Administración, dar trato privilegiado, convenir el cumplimiento de la Ley con apariencia de legalidad, y mil formas más. Hay relativamente pocas sentencias de prevaricación. La política tiene los tentáculos muy largos. Hay un problema grave de efectiva separación de poderes; y otro problema más de jueces haciendo política, apoyando, por ejemplo, a un sector, y poniéndole difícil las cosas a otro a sabiendas de que no se actúa de un modo justo; acogiéndose a argumentos que no son consistentes cuando no hay apelación en contencioso; cuando se sabe que el amparo o la casación va a ser muy difícil que se alcancen porque casi nada se admite; o porque se prestan a las presiones que pueden venir de muy diversos ámbitos. Por supuesto que hay excepciones. Pero mientras a los Jueces no se les deje gobernarse por sí mismos, mientras que la política se entrometa en la elección de los cargos judiciales, y mientras no prevalezca el conocimiento, el trabajo, el mérito y la capacidad y entren en juego otras circunstancias, la Justicia podrá o no podrá ser Justicia; dependerá de las circunstancias.
Grave problema tenemos: la prevaricación.
Es la madre de toda la corrupción.
Y sin embargo se cambió el código penal, para que o pudiera ser juzgada por Tribunal Popular. por algo sería el cambio y por algo será, que no se quiere cambiar.
desde la Asociación Nacional contra la Prevaricación «Atando Cabos», hemos presentado un informe sobre esta cuestión al congreso de los Diputados Español y la Parlamento Europeo y en ambos caso han despachado nuestra aportación sin siquiera una conversación o interés en acercarse a nosotros. «Está bien así, no lo toquemos.» Esto nos han dicho mas o menos.
Es cierto que se aprecia un poco mas de ruido y se nombra algo mas la prevaricación. pero todos esconden lo que pueden.
¿Cuándo el silencio administrativo e institucional va a ser prevaricación por omisión?.
Esto es lo primero que utilizan los prevaricadores y corruptos. Hacer el tancredo. No moverse. No hacer nada ni decir nada o muy poco. Hasta que se pase.
el resto del análisis, ya lo detallado el Sr. Chaves y los intervinientes. con sus acertados cometarios y ejemplos.
Carlos de Miguel
Pues, estaría bien que la Asociación Nacional contra la Prevaricación «Atando Cabos», ya que pide dinero en su web, cumpliera la ley e indicara quién está detrás y dónde exactamente va a parar ese dinero.
La corrupción es un factor de gobierno en España. Echo en falta que cuando se anuncian los problemas de la corrupción en este artículo, se señalen la educación, civismo y moralidad, pero no el sistema de incentivos, el diseño institucional y la cultura política. La sociología y la ciencia política del siglo XX ya identificaron hace tiempo cómo se forman los estados de partidos y el surgimiento de la Ley de Hierro de estas oligarquías. El problema, a mi juicio, coincidiendo con Trevijano, es que la Constitución no es tal en cuanto al sistema de pesos y contrapesos
En las Cortes de Castilla La Mancha existen diputadas que compaginan su presencia en las Cortes con el ejercicio de alcaldía, menospreciando o negando la autonomía local que fija la Constitución de 1978. En Castilla La Mancha se reformó el Estatuto para eliminar la limitación de mandatos del titular de la Presidencia. Medidas que visualizan un nulo interés en la adopción de medidas que procuran la integridad. Siendo gravísimo que la Oposición las apoya.
Cuando la denuncia de la corrupción no la ejercen las empresas (vetadas para futuros contratos), ni los funcionarios ( por encima de cierto nivel, libre designación),ni los particulares ( no me voy a meter en líos), ni los partidos políticos por adversarios que sean ( mejor callamos y lo repartimos).
¿No debería existir una Inspección Anticorrupción, u organismo similar, que actúe de oficio y por sorpresa sin esperar denuncias previas?
Por otra parte, ¿qué es eso de que es LEGAL cobrar comisiones por adjudicación de contratos públicos siempre y cuando el comisionista sea un particular , no funcionario y actúe mediante empresa intermedia?
El problema que se plantea, creo yo, es el de siempre: ¿quién controla al controlador si este no hace su trabajo como debería? Hay gente, eso sí, que lo hace pero ante la incomprensión de quienes les rodean, la posibilidad de que si protesta por ciertas cosas no pueda ascender en su vida (no es «de confianza») y la soledad que todo ello produce en el entorno laboral. Decisión muy difícil que desde luego no quiere solucionar ningún político porque a todos les puede salir el Pepito Grillo inconveniente.
Leo los comentarios de Arenado Bueno y Fernando J. y me bastan para comprender que, al menos en España, la corrupción no tiene remedio. La gente sigue a un partido político como a un club de futbol y solo molesta la corrupción ajena pero no la propia. Si yo fuese fiscal sentiría hoy un bochorno y una tristeza infinitos. Como soy abogado, lo que siento es una indignación indescriptible. La actuación del Fiscal Jefe ha dejado a la carrera fiscal a los pies de los caballos y ha traicionado a un abogado en el ejercicio de su función. Si le queda un ápice de dignidad no debiera volver a vestir una toga ni en carnavales. Cada minuto que permanece en su cargo es una afrenta.
Magnífico viaje de Gulliver al corazón de las tinieblas. De los paisajes y personajes descritos en ese atlas me quedo con:
– Los funcionarios y controladores (Secretarios, Interventores,etc.) que se desencantan ante la impunidad, y añadiría que muchos se hacen cómplices (si es que no era su voluntad la de serlos y aparentar probidad e independencia).
– La pusilanimidad de la jurisdicción contencioso administrativa (ahí lo dejo: por candidez, por desidia, por interés?).
– La justicia penal, que nunca considera que la arbitrariedad tenga la intensidad suficiente para ser delito de prevaricación.
-El tráfico perpetuo de influencias, filtraciones y/o falsedades en el acceso y promocion en los empleos públicos.
Todo es impunidad, adulación servidumbre, y mentira.
Y aún así, quedan todavía ilustres honrados, sabios y valientes.
Me descubro ante los organizadores y participantes en ese Congreso, aunque se descojonen los políticos y sus cómplices entre el funcionariado y la ciudadanía.
Un apunte (corrección) la Ley 2/2023, de protección del «denunciante», no es cierto, es protección al «informante» de corrupción administrativa en la administración que obliga la comunicación a la Fiscalía y, debería actuar de oficio, pero parece que no hay oficio sin beneficio personal.
Todo tiene solución, leyendo la ley y sacando a la luz las contradicciones.
Afirmas «la prevaricación (“dictar resolución injusta a sabiendas”) no conlleva pena de prisión, sino de inhabilitación para cargo público»
En Hacienda no se salva ni uno. Lo que se está demostrando la «plusvalías municipales», supone más de una inhabilitación, ya sea por ignorante o prevaricación teniendo en cuenta que el IIVTNU se legisla para «terreno» y lo aplica a superficies que tienen la condición legal de «solar».
La condición legal «unívoca» del derecho de superficie, determina la diferencia de valores en el valor catastral del IBI, definidos en artículos 67.1 y 68.1 en Ley 39/1988 HHLL, donde se diferencia «Valor de suelo» =/= «Valor de Terreno» pero los gestores tributarios siguen aplicando IIVTNU al «valor de suelo» haciendo analogía prohibida por Ley general tributaria en Art.14, para recaudar y llevarse la comisión haciendo lo contrario que redacta la ley, aplicar el impuesto fuera del ámbito de aplicación.
Se necesitan tres pilares, entre otras cuestiones…
• Votación ciudadana con listas abiertas.
• Salario político limitado (máximo en primera legislatura) al doble de lo que recibía en el mercado libre privado.
• En el parlamento, voto secreto y en conciencia, que se publique al finalizar la legislatura antes de las elecciones.
¿Es una tontería?
Buenos días,
¿Alguien tiene alguna duda de por qué somos el país de la picaresca?
Llevamos 2000 años y no vamos a cambiar.
España es el eslabón perdido entre Europa y África, es suficiente con un vistazo al mapa.
Manel Pérez
Hace un rato he escuchado la sesión parlamentaria de ¡control! al Gobierno. Como saben la función de vigilancia y control del Ejecutivo que tienen las Cortes es una atribución competencial directamente derivada del carácter de régimen parlamentario consagrado en nuestra Constitución -art. 1.3 CE- y expresamente asignada a aquéllas -art. 66.2 CE-. El problema es que ese trámite ha degenerado tanto que se ha convertido en una auténtica farsa y un completo fraude. Porque el interrogado contesta algo que nada que ver con lo interpelado, se limita a soltar un discurso autoensalzador preparado y/o responde repreguntando -sobre lo mismo o cualquier cosa- al interpelante. Y todo sin que pase nada por ello (no pregunten por las reglas limpias del juego, ni por el árbitro: ni están, ni se le esperan). Eso, también es corrupción. Y de la peor. Porque se comete con luz y taquígrafos que, es tanto como decir, con las agravantes de premeditación y alevosía. Porque es realizada por quienes nos representan -art. 66.1 CE-. Y porque nosotros los ciudadanos, en vez de reaccionar ofendidos y decir en mi nombre no, la hemos acabado asumiendo inconcebiblemente con toda normalidad.
Otra forma ladina y taimada de corrupción, también asumida con incomprensible normalidad, es la del Ejecutivo que, frente a pronunciamientos judiciales que le condenan por su actuación ilegal, arbitraria o inconstitucional, lejos de rectificar y limitarse a cumplir -art. 118, 106.1 y 9.1 CE-, acude al subterfugio de dictar de inmediato legislación «reactiva» para contrarrestrar, reducir o impedir sus efectos y eludir su responsabilidades (pagar menos, no pagar o, lo que es peor, inventar alguna nueva barrabasada con la que recaudar o compensar aquello que haya de pagar). Lo peor es que lo hacen enarbolando la falsa bandera «corrompida» del interés general y olvidándose del valor superior de la Justicia -art. 1.1 y 9.3 CE-.
P.D. La corrupción es un crimen ¡sin conciencia! Quizás sea por ello que tienda a ser banalizada o disfrazada a conveniencia por aquéllos que, debiendo impedirla o controlarla, acaban por tolerarla, normalizarla y/o cometerla. Por eso es tan oportuno y necesario su artículo/charla (claro, concreto, completo y objetivo). Porque desde la información imparcial, la explicación y la implicación personal, y no desde la indiferencia o el silencio, puede atacarse y acabarse con esta lacra.
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Lo que expone nuestro anfitrión es la perfecta descripción de una triste realidad. Aun así, a pesar de algunos (siempre muchos, siempre demasiados) garbanzos negros, hay quienes siguen creyendo en la Justicia, ya sea desde la ciudadanía, el funcionariado, la abogacía, la fiscalía o la judicatura. Esa es la gran victoria, que a pesar de todo el poder que tiene el mal, hay gente que sigue teniendo buena conciencia. A toda esa gente: ¡¡¡actúen!!! Hay mucho que hacer y se puede hacer mucho. Cada uno como pueda o sepa, a pecho descubierto o de forma anónima, pero hay vías y hay que aprovecharlas. Es un enemigo muy poderoso, sí, pero le hace más poderoso nuestro silencio: ¡¡¡No seamos cómplices!!!
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La corrupción cuenta con un gran aliado: el cansancio y aburrimiento de los que luchan contra ella de forma activa o simplemente no cayendo en sus garras que ya es bastante, también si lo pienso es una forma activa de luchar contra ella. Desviación de poder, fraude de ley, libre designación, costas cada vez más costosas, juzgados de los contencioso que parecen una extensión de la Admón…..
Sigamos combatiendo esta lacra que nunca acabará pero que como el mal que es, no puede vencer.