Ayer fue un día funesto para el derecho internacional público, pero como decía Martín Luther King en su famoso discurso: “No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos”. Así que no quiero, ni creo que deba, mantenerme callado, así que expondré mi opinión, que brota más del corazón que de la cabeza, y lo haré a título personal, como reflexión de jurista perplejo. No para solucionar nada, sino para no sentirme culpable de esconder la cabeza como el avestruz. Libertad de pensamiento que se consigue con la edad y liberado de tonterías.
Siempre tuve la sensación de que el Derecho Internacional Público semejaba las reglas del Olimpo para los dioses griegos. Imperaban unas jerarquía, valores y alianzas, pero se cumplían por los dioses o no, según su capricho y emociones.
Costó dos guerras mundiales, sangrantes crisis económicas, fenómenos complejos de descolonización, y varias décadas de debates, el alzar sobre las bases de la Organización de Naciones Unidas importantísimas conquistas que habíamos interiorizado:
(i) los principios de derecho internacional,
(ii) un consenso internacional sobre el valor de cumplir con los tratados y respetar el estatuto de inmunidad diplomática,
(iii) sacralizar la prohibición del uso de la fuerza, salvo legítima defensa, y
(iv) unas cortes internacionales con jurisdicción precaria, junto a instituciones arbitrales eficaces.
Pues bien, la catedral ha saltado por los aires. Putin invade Ucrania y mantiene una guerra sangrante; Netanyahu arrasa territorio palestino de forma desproporcionada y ahora Trump en nombre de la economía y un difuso interés antiterrorista, no solo mata supuestos narcotraficantes en aguas internacionales sino que secuestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (y para mas inri, apaga el alborozo democrático señalando que tiene planes en clave de intereses estratégicos estadounidenses).
Sin duda, hay juristas para todo, y Estados Unidos buscará la coartada moral, jurídica o política para justificar su abuso de poder. Quizá invocará la legítima defensa, o que Maduro no es un presidente reconocido por Estados Unidos, sino un particular terrorista (muy recomendable este brillante análisis del escrito de acusación de EE.UU. contra Maduro). También se encargará el presidente Trump, de apagar las voces críticas, o siguiendo su estilo, procurará apagar el fuego mediante otro incendio.
En fin, no me corresponde salvar al Derecho internacional público de estas horas bajas ni intentar mantener con candidez que la disciplina goza de buena salud insistiendo en que se cumple en la inmensa mayoría de los casos por la mayoría de los Estados.
Quizá, como el filósofo Leibniz, yo creía como la abeja maya que vivía en el mejor de los mundos jurídicamente posibles y me equivoqué.
- Creía que los tiempos de dictadores y gobernantes encantadores de serpientes se habían acabado por la fuerza del control democrático de asambleas y sociedad civil.
- Creía que nadie en su sano juicio se atrevería desde el poder a atropellar el poder de los demás estados, mediante la agresión unilateral ni mucho menos secuestrar a otro Jefe de Estado.
- Creía que los derechos humanos estaban por encima de todo y todos.
Me equivoqué.
No es cuestión ideológica, sino de fe. De confianza en el derecho, y la tengo bajo mínimos. Cuando estudiaba derecho en la Facultad, recuerdo que lo primero que se nos decía era que intentásemos diferenciar entre un malhechor y un policía cuando usan sus armas, y la respuesta radicaba en la legitimidad del poder de uno u otro.
Cuesta diferenciar entre un pirata y el presidente de Estados Unidos o Rusia. Al igual que los piratas del Caribe, estos “Presidentes de nueva de-generación”, cuentan con la legitimidad del voto de la tripulación, pero una vez investidos del cargo de capitán ya no admiten límites para su poder, ni frente a sus propios camaradas. Se trata de gobernar por la vía de hecho, no del Derecho. Por la vía del interés del más fuerte.
Al final, hemos recibido en los últimos años tantas noticias de costuras del derecho internacional reventadas, que miramos la televisión como vacas rumiando calmosamente.
Nos hemos acostumbrado a que se incumpla el Derecho internacional, y hemos trivializado las consecuencias de estos atentados jurídicos, olvidando que el techo jurídico de la paz de toda la comunidad de Estado puede desplomarse sobre todos los ciudadanos; no queremos creer que la paz internacional se tambalea, y preferimos seguir como los músicos del Titanic, tocando alegremente mientras el transatlántico del derecho internacional, que nos garantiza la seguridad sufre obuses en la línea de flotación.
Es difícil ser indiferente ante este hito brutal del presidente Trump, que resulta gravísimo.
- Más grave que las tropelías a que Putin nos tiene acostumbrado, porque éste siempre fue peligroso y mordedor, mientras que Trump parecía bocazas y más perro ladrador que poco mordedor.
Más grave porque este precedente de Estado que unilateralmente se alza en justiciero y acomete la agresión de otro Estado, puede ser seguido por China frente a Taiwán, o por Putin frente a Finlandia, o en fin, cualquier locura que un psicópata con mando pueda sostener.
La pregunta no es si Maduro debía ser apartado de la presidencia y si debía ser juzgado (¡Claro que sí!), sino si podía hacerse fuera del ordenamiento internacional, al precio de saltarse las garantías que todos los estados consideran exigibles (¡Claro que no!). O sea, ¿puede un jurista sentirse cómodo si Maquiavelo sigue vigente, en cuanto los fines santifican los medios que sacrifican valores y normas?. La gravedad del caso analizado no se limita porque el estado agresor cuente con la coartada de que Maduro es un sinvergüenza notorio, pues no puede un Estado civilizado ponerse a la altura de un usurpador. Imaginemos que Maduro consiguiese haber capturado a Donald Trump para juzgarlo en Venezuela, o que Putin capturase al presidente de Polonia con el mismo fin, o que España consiga capturar y meter en la cárcel de Soto del Real al rey de Marruecos. El ruido y bronca jurídica sería ensordecedor. Pues bien, las atrocidades y barbaridades jurídicas siguen siéndolo porque objetivamente lo son, aunque quien las cometa sea poderoso.
Entiendo que Trump esté tranquilo, porque como Nerón entrega a las masas el mejor espectáculo del circo y además, frente a la reacción internacional, cuenta el antídoto de su derecho de veto en el Consejo de Seguridad para frenar toda sanción contra su país. Trump no tiene un problema de inteligencia, sino de prepotencia.
Pero lo que no entiendo, es que no exista una masa crítica potente en Estados Unidos frente a esta actuación de un presidente desatado, pese a ser el país de la libertad y de los derechos. Y mucho menos entiendo que desde España consideremos desde la calle que la cosa no va con nosotros, españolitos felices con nuestras disputas internas, y nuestro pequeño mundo; esa actitud de indiferencia ante la atrocidad jurídica del Estado agresor, es tanto como viajar en un pequeño bote de remos en un mar profundo, y ante un agujero por el que entra el agua a chorro, mantuviésemos la tranquilidad diciendo: “No me preocupa, porque el agujero no está de mi lado”.
No estamos ante un cambio de paradigma, sino ante la conversión de las relaciones internacionales en un «enigma». Las consecuencias negativas de este gravísimo precedente para la estabilidad internacional están por llegar. Personalmente creo que solo un gobierno que crea en el derecho internacional es legítimo y tolerable, y por eso, la ciudadanía debe apostar por gobiernos que enarbolen el derecho internacional como una barrera que debe ser respetada y no como una barrera que puede saltarse. El derecho internacional debe ser resucitado. Sin él, no habrá paz, no se garantizarán los derechos humanos, no existirá confianza en el comercio internacional, no podrán alzarse redes internacionales de solidaridad, y sobre todo, sin Derecho, todo vale. O más bien, vale lo que quiere el más fuerte. Tomémoslo en serio.
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Desde los los comienzos de la historia en los genes del hombre está el dominio de unos sobre otros, y durante milenios se ha solucionado imponiendo la fuerza del más fuerte, en los últimos tiempos parecía que con inventos como la ONU o los tribunales internacionales, la diplomacia, y organismos internacionales, todo se podría solucionar
Pero las potencias quieren seguir con imponer su dominio, pero hay un problema con una difícil solución es el poderío nuclear con la capacidad de destruir en mundo varias veces, en manos de muchos países
Magnífico artículo: escrito a tres manos entre el José Ramón ciudadano —crítico e indignado—, el jurista —riguroso y exigente— y el humano —preocupado por la gravedad del momento e implicado—.
El artículo, auténtico canto comprometido con el Derecho Internacional, con la realidad —ajena a manipulación o sesgo— y con el proceso —la única vía por la que puede circular el Derecho—, reivindica estos pilares no solo como exigencias jurídicas, sino también como un deber moral de los Estados frente a la comunidad internacional, imprescindible para evitar que cualquiera, con el pretexto que sea, actúe por su cuenta y recurra unilateralmente a la fuerza.
Debilitar las reglas sobre soberanía, inmunidad y uso de la fuerza no afecta solo a un caso concreto: resquebraja un sistema que limita el poder y sostiene la seguridad, el orden y la soberanía de todos.
Lo esencial es que la fuerza del Derecho Internacional no depende del Estado que actúe ni del afectado, sino de la norma misma. Si su validez dependiera del actor o del intervenido, o de su ideología, dejaría de ser Derecho para convertirse en interés o discrecionalidad política.
Cuando un Estado actúa fuera del Derecho Internacional, la arbitrariedad sustituye a la norma y ningún otro Estado queda protegido. El caso venezolano lo muestra con claridad: legalidad, legitimidad y poder efectivo no convergen hoy en ningún actor, lo que evidencia la fragilidad del marco jurídico y político.
El Derecho Internacional necesita reformas profundas —incluida la ONU y el derecho de veto—, pero sin él solo queda fuerza sin control jurídico. Y aceptar eso sería renunciar al único límite que impide que el poder —el de los más fuertes— se imponga al Derecho.
P. D.: Sobre esta misma cuestión, puede resultar de interés este análisis exclusivamente jurídico publicado ayer: https://shre.ink/5wnF
La ley es un redactado, interesado de parte, de el/los estado/s de turno.
Que fácil es criticar o apreciar los actos ajenos, lo difícil es tomar decisiones y actuar.
Si el único dilema jurídico es la nacionalidad del autor,
¿Por qué no actuaron los propios venezolanos que no lo critican?
Demasiadas voluntades compradas, con beneficios personales, para estar calladitos.
Es lo de siempre, miedo a perder el estado de confort, que se oculta con el silencio (del que sabe mucho la administración) o en el mejor de los casos con opiniones sobre el papel, sin actos reales de trascendencia en la vida de personas, sean de la nacionalidad que sean.
Magnífico. Gracias por poner palabras más que sensatas a esta sinrazón jurídica y moral.
Como ya ha opinado alguno, Maquiavelo sigue vivo o mejor, nunca ha muerto. Su Príncipe es un reflejo de la realidad cruda tras el poder. Creo que el único cambio, la aportación de los nuevos tiempos es la «sinvergonzonería». No se aparenta otra cosa, no; ahora lo hacen, lo dicen y aun se jactan de ello. Todo cambia para permanecer igual. A Alejandro Nieto no le hubiera sorprendido. Por cierto, aprovecho para agradecer sus publicaciones y desearle un buen año.
En 1935 Italia invadió Etiopía (Abisinia) sin declaración de guerra. La Sociedad de Naciones (la ONU de entonces) mostró su impotencia. Los países priorizaron sus intereses particulares a una solución justa del conflicto. La conducta de Italia, puramente matonista, mostró las debilidades de las democracias liberales y convenció a Mussolini y luego a Hitler de que la vía de los hechos funcionaba y eso acabó conduciendo finalmente a la segunda guerra mundial. Ahora vemos que la ONU ha dejado «de facto» de existir e incluso el Congreso de los EEUU que según la Constitución Norteamericana tiene el poder exclusivo para declarar la guerra está sumido en la confusión y el desconcierto.
Excelente análisis y fe en el Derecho, para comenzar el nuevo año, frente al «palo grande», aunque había otros medios (Naciones Unidas) para declarar a este dictadorzuelo, tan amigo de nuestro gobierno, culpable. Una cosa es el fondo del asunto y otra la ley del más fuerte, y el Derecho Internacional Público debe distinguirlos, aunque quizás al final el resultado fuera semejante
JOSE EUGENIO SORIANO
Muchos españolitos indiferentes, y otros muchos jaleando al agresor y pidiéndole que haga lo mismo con el Presidente Sánchez…así está el patio.
Por cierto Sr. Chaves calificar de «respuesta desproporcionada» un genocidio no me parece correcto por su parte. Por ahí también se rompió el Derecho Internacional, permitiendo que el genocida de Netanyahu asesinara a más de 30000 niños y niñas impunemente, países de larga tradición democrática que desobedecen la orden de arresto de la Corte Penal Internacional ( pese a reconocer su jurisdicción) etc, etc. Si algo quedaba del Derecho Internacional, en Gaza se sepultó para siempre.
Tienes razón en lo que dices, pero lo que relatas, esa arbitrariedad pasa todos los días en los pequeños reinos de Taifas de nuestros juzgados y nadie hace nada ni dice nada. Se dictan sentencias por amiguismo o por intereses económicos, tanto en primera instancia como en segunda, y el ciudadano aguanta estoicamente¡¡¡ El Tribunal Supremo no acepta la casación porque no existe interés casacional, al igual que hace el Tribunal Constitucional porque no existe interés constitucional¡¡ tambien te pueden decir que no existe la tercera instancia e incluso que no existe el derecho al acierto judicial (hay que tener mucho cuajo¡¡¡), no digo nada cuando el TEDH te da la razón y España te la quita¡¡¡¡. Y no pasa nada¡¡¡ nadie dice nada¡¡¡ y tenemos mucha nada¡¡¡¡ Trump no hace nada que no haga cada rey de Taifas, y eso lo sabemos todos porque por suerte tenemos el cendoj que deja evidencias de casi de todo
Leo este escrito con respeto y con una discrepancia serena.
Hablo desde un lugar incómodo: el de una venezolana que ha visto cómo su país fue secuestrado a plena luz del día, ante la mirada del mundo entero. No fue un golpe repentino, sino un despojo lento, envuelto en legalidad aparente y en silencios internacionales cuidadosamente administrados. Durante años aprendimos que el Derecho podía nombrarlo todo y, aun así, no proteger nada.
Para quienes somos venezolanos, el “día funesto” para el Derecho internacional no es reciente. Comenzó cuando la comunidad internacional toleró durante años que un régimen criminal se amparara en la soberanía para vaciar de derechos a su propio pueblo, violar sistemáticamente los derechos humanos y desmantelar las instituciones democráticas. Para muchas víctimas, el silencio internacional fue previo y prolongado. No fue un accidente: fue una omisión. Aún hoy, como venezolana, debo escuchar sin pudor que se hable de “retenidos” para referirse a presos políticos. El lenguaje nunca es inocente.
Las conquistas de la ONU existen en el plano normativo; el problema ha sido su aplicación selectiva. En Venezuela, ni la prohibición del uso de la fuerza contra la población civil, ni la protección diplomática, ni los mecanismos jurisdiccionales internacionales han funcionado con eficacia real.
Mi discrepancia es mayor cuando se equiparan realidades que no son jurídicamente homologables. No es lo mismo una agresión interestatal clásica que la actuación —acertada o no— frente a un régimen acusado de narcotráfico, terrorismo y crímenes de lesa humanidad, con procesos judiciales abiertos. No se trata de absolver a Estados Unidos ni de negar los riesgos del unilateralismo, sino de reconocer que Venezuela no es un Estado funcional ordinario, sino un Estado capturado, secuestrado.
Parte del análisis descansa en considerar a Nicolás Maduro como jefe de Estado, lo que añade una capa más de impotencia a quienes sabemos que no ganó elecciones libres y que vivimos bajo una dictadura. De esa premisa se deriva una inmunidad que no es tal. La inmunidad no es un premio moral ni un blindaje eterno: es una institución funcional. Y cuando el Estado deja de cumplir su función básica de proteger a su población, esa legitimidad se erosiona.
Comparto que los precedentes importan. Pero también importa el precedente inverso: permitir que un régimen criminal se perpetúe porque el Derecho internacional carece de mecanismos eficaces cuando el perpetrador controla el Estado. Desde Venezuela, el precedente más peligroso no ha sido la acción, sino la inacción prolongada.
Como jurista, comparto con tristeza la pérdida de fe en el Derecho y coincido en señalar la indiferencia como uno de los grandes males contemporáneos. En eso, los venezolanos somos expertos: esa indiferencia no es nueva, es constante. Por eso duele que la alarma se active ahora, cuando durante años las víctimas fueron invisibles, migrantes o pobres.
Confío en la resurrección del Derecho internacional, aunque hoy asistamos a un nuevo orden de control, a menudo de espaldas —cuando no frontalmente enfrentado— a los derechos humanos. La legalidad sin justicia no genera paz: genera resignación.
Y de esa, en Venezuela, ya sabemos demasiado.
Hablo desde un lugar incómodo: el de una venezolana que ha visto cómo su país fue secuestrado a plena luz del día, ante la mirada del mundo entero. No fue un golpe repentino, sino un despojo lento, envuelto en legalidad aparente y en silencios internacionales cuidadosamente administrados. Durante años aprendimos que el Derecho podía nombrarlo todo y, aun así, no proteger nada.
Para quienes somos venezolanos, el “día funesto” para el Derecho internacional no es reciente. Comenzó cuando la comunidad internacional toleró durante años que un régimen criminal se amparara en la soberanía para vaciar de derechos a su propio pueblo, violar sistemáticamente los derechos humanos y desmantelar las instituciones democráticas. Para muchas víctimas, el silencio internacional fue previo y prolongado. No fue un accidente: fue una omisión. Aún hoy, como venezolana, debo escuchar sin pudor que se hable de “retenidos” para referirse a presos políticos. El lenguaje nunca es inocente.
Las conquistas de la ONU existen en el plano normativo; el problema ha sido su aplicación selectiva. En Venezuela, ni la prohibición del uso de la fuerza contra la población civil, ni la protección diplomática, ni los mecanismos jurisdiccionales internacionales han funcionado con eficacia real.
Mi discrepancia es mayor cuando se equiparan realidades que no son jurídicamente homologables. No es lo mismo una agresión interestatal clásica que la actuación —acertada o no— frente a un régimen acusado de narcotráfico, terrorismo y crímenes de lesa humanidad, con procesos judiciales abiertos. No se trata de absolver a Estados Unidos ni de negar los riesgos del unilateralismo, sino de reconocer que Venezuela no es un Estado funcional ordinario, sino un Estado capturado, secuestrado.
Parte del análisis descansa en considerar a Nicolás Maduro como jefe de Estado, lo que añade una capa más de impotencia a quienes sabemos que no ganó elecciones libres y que vivimos bajo una dictadura. De esa premisa se deriva una inmunidad que no es tal. La inmunidad no es un premio moral ni un blindaje eterno: es una institución funcional. Y cuando el Estado deja de cumplir su función básica de proteger a su población, esa legitimidad se erosiona.
Comparto que los precedentes importan. Pero también importa el precedente inverso: permitir que un régimen criminal se perpetúe porque el Derecho internacional carece de mecanismos eficaces cuando el perpetrador controla el Estado. Desde Venezuela, el precedente más peligroso no ha sido la acción, sino la inacción prolongada.
Como jurista, comparto con tristeza la pérdida de fe en el Derecho y coincido en señalar la indiferencia como uno de los grandes males contemporáneos. En eso, los venezolanos somos expertos: esa indiferencia no es nueva, es constante. Por eso duele que la alarma se active ahora, cuando durante años las víctimas fueron invisibles, migrantes o pobres.
Confío en la resurrección del Derecho internacional, aunque hoy asistamos a un nuevo orden de control, a menudo de espaldas —cuando no frontalmente enfrentado— a los derechos humanos. La legalidad sin justicia no genera paz: genera resignación.
Y de esa, en Venezuela, ya sabemos demasiado.