Categoría: De lo penal

De lo penalProcesal

El derecho a usar dispositivos electrónicos en la instrucción penal

garantiasRecientemente, un Juzgado de Instrucción dispuso por providencia un doble contenido insólito bajo la perspectiva del derecho de defensa de la partes. Por un lado, que no se entregaría copia de las grabaciones de las declaraciones practicadas ni de las practicadas en el futuro, y por otro lado, que se prohibía acceder a la Sala para la práctica de pruebas con dispositivos electrónicos, custodiando los teléfonos móviles el Secretario judicial.

Aunque la medida podía explicarse en una cafetería y ser humanamente comprensible como respuesta a la divulgación a la prensa copia de otras declaraciones lo que podría generar una resonancia mediática molesta para el juez, tal medida no resulta admisible en términos jurídicos y de garantías, que son los que deben inspirar el desarrollo de la instrucción de cuestiones penales.

De ahí, que el letrado de una parte afectada por la medida y ajena a las posibles filtraciones, el abogado madrileño D. Miguel Angel Dávara efectuase el recurso de reforma ante la Audiencia Provincial que de forma lógica, clara y enérgica revoca la providencia y deja claro para aviso de navegantes las reglas del juego procesal en relación con la posible intervención o interferencia de medios tecnológicos en tales incidencias. Veamos. Leer Más

De lo penal

Condena penal por viajar sin billete en el tren

polizónMe entero que la Audiencia de Alicante en su sentencia de 3 de Noviembre de 2015 condena por una falta de estafa a una persona que circulaba en tren sin el billete. La Audiencia revoca la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción que consideraba que no existía falta ya que no mediaba engaño pues la viajera no tenía que engañar a nadie para ser transportada gratuitamente.

 

La Audiencia en su sentencia se ve obligada a razonar lo evidente:

 

La empresa transportista pone a disposición de los usuarios sus medios materiales y humanos, en la asunción de que quien los utiliza ha adquirido previamente el billete correspondiente; quien se sube a un tren sin abonar el importe del billete está asumiendo una apariencia de haberlo comprado previamente, puesto que nadie puede ignorar que ello es un requisito necesario y previo a tal utilización; el propio conductor o maquinista pone en marcha el tren, en la creencia de que todo el pasaje ha pagado el importe de sus billetes, puesto que, de tener razones para creer que ello no ha sido así, el mismo o los demás empleados de la empresa procederían a ordenar su bajada del medio de transporte; la empresa transportista solo controla ocasional y aleatoriamente la adquisición, por los pasajeros, de sus billetes, y de ello se prevalen quienes intentan utilizar los servicios de aquélla, sin abonar su importe, en la esperanza de no ser sorprendidos así haciéndolo; por todo lo dicho, procederá en suma, la estimación del recurso de apelación interpuesto y la revocación de la sentencia impugnada”

 

En consecuencia, se declaran los hechos probados “constitutivos de una falta de estafa, prevista y penada en el artículo 623.4ª del vigente Código Penal”. Y  se le condena a la pena de multa de un mes con una cuota diaria de 6 euros (180 euros) y a pagar el billete en concepto de responsabilidad civil.

 

Me parece correcto que se ponga fin a la cultura del gratis total, especialmente del pícaro que se aprovecha y se ríe de los que cumplen sus obligaciones; estamos lejos de otros países europeos, como Alemania o Suiza donde el viajar sin billete resulta inimaginable y sujeto a censura de los restantes pasajeros. Sin embargo, varias reflexiones complementarias me sobrevienen: Leer Más

De lo penal

Jueces penales convertidos en tributaristas para apreciar la cuota defraudada

calculadorasLa Sala Penal del Supremo nos ofrece un bonito, importante y reciente caso en que el Derecho Tributario integra la norma penal en blanco sin resquicio para la discrecionalidad valorativa de los órganos penales.

 

Nada menos que en cuanto a la forma de calcular la cuota defraudada, pues el legislador se ha cuidado de apreciar delito solo cuando aquélla excede de 120.000 euros en el período de liquidación, como condición objetiva de punibilidad. Por debajo estaríamos ante meras infracciones a sancionar administrativamente y por encima se trataría de delitos susceptibles de condena penal. De ahí que, jugando con la calculadora y la normativa tributaria, los acusadores intentan demostrar lo elevado de lo defraudado y los acusados su escasa cuantía. Veamos lo que nos dice el Supremo.

 
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Corrupción y corruptelasDe lo penal

Acoso y derribo de Alcaldes e interventores prevaricadores

corruptos    Hace poco coincidí en un corrillo con ocasión de unas jornadas jurídicas, con un Alcalde (” de cuyo nombre, no me quiero acordar”), quien comentaba con aspavientos la dificultad hoy día para ser Alcalde porque “los interventores tienen mucho poder”, “gobiernan ellos y no nosotros”, etc.    Me limité a intervenir comentando que “mas que poder, los interventores tienen responsabilidad, que no es lo mismo”, y como me miraba con aspecto sorprendido ( o no entendía, o no quería entender) le aclaré algo así como: “ Vamos. En una piscina el salvavidas no tiene poder, tiene responsabilidad, porque tiene el deber de garantizar que nadie se ahoga en la piscina; no está por capricho, ni es dueño de salvar o no a las personas. Y a ningún usuario de la piscina se le ocurriría quejarse por exceso de celo del salvavidas ni criticarle por tener mucho poder, cuando cumple su labor”.

El Alcalde cambió de perspectiva: “ También nosotros cumplimos nuestra responsabilidad de gobernar, pero no nos dejan por formalismos”. Y tuve que darle un banderillazo: “ Son las mismas leyes, las que le dan poder como Alcalde y la responsabilidad al Interventor; cada uno en su sitio; y detrás de cada formalidad que se salta, pese a que la Ley las manda, hay alguien que sufre”. Entonces, un concejal (o tiralevitas, a juzga por como rondaba al Alcalde) terció: “ Pero nadie ha elegido al interventor y el Alcalde es elegido democráticamente”. Ahí ya salté a la yugular: “El mismo pueblo que le ha elegido como Alcalde es el que ha elegido a quienes aprueban las leyes para controlarle y quienes quieren que el Interventor lo haga. No es difícil de entender, y que yo sepa, quien jura un cargo, afirma conocer la Constitución y su compromiso de cumplirla”.

  Menos mal, que pudimos irnos cada mochuelo a su olivo porque aquello no pintaba bien.

En fin, me vino a la mente porque la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 1 de Julio de 2015 (rec. 2284/2014) aborda un supuesto propio de la época de las vacas gordas administrativas cuando se cumplía el triángulo del diablo: un concejal ambicioso, un interventor sin escrúpulos y un particular avispado. Leer Más

De lo penal

El delito de prevaricación reverdece jurisprudencialmente

 prevaricacionA veces nos tropezamos con sentencias de condena penal por prevaricación que deberían ir enmarcadas en el despacho de los Alcaldes y Presidentes de entes públicos, entre la bandera y el retrato del Rey.

Al fin y al cabo, la legalidad es cosa seria, y es fundamento del poder que ejercen las autoridades públicas, por lo que es gravísimo que de forma deliberada se atrevan a ignorar los informes de los funcionarios, para saltarse chulescamente el procedimiento y realizar pagos con cargo al presupuesto.

Es cierto que la época del “vale todo”, “tira que libras”, “nunca pasa nada” ha sido desplazada por la crisis económica por una etapa de hiper-responsabilidad de los mandatarios públicos que se sienten en libertad vigilada por las leyes de estabilidad, sostenibilidad y similares tenazas de control económico-financiero. Así y todo, no está de más que para aviso de navegantes, la misma Sala de lo Penal del Tribunal Supremo deje claras cuales son las reglas del juego. Y ello con mayor razón cuando en las próximas elecciones locales posiblemente habrá cambios de ediles, muchos de los cuales, intentarán aplicar sus programas contra el viento y la marea de la densa legalidad que enjaula la autonomía económico-financiera local.

En esta línea, la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 24 de Noviembre de 2014 (rec.729/2014) marca un rumbo de control duro de la prevaricación, mas allá de la laxitud que en otras ocasiones parecía animarle como comentamos en algún caso sangrante. Esta reciente sentencia confirma a su vez la Sentencia de la Audiencia Provincial en el particular relativo a la condena a un Alcalde como autor criminalmente responsable de un delito de prevaricación administrativa, tipificado en el art. 404 del Código Penal , y ello como consecuencia de dos resoluciones administrativas -decretos de pago- a favor de un empresario con cargo al presupuesto del Ayuntamiento.

Pero veamos con detalle esta Sentencia que encierra un Manual de urgencia sobre la Prevaricación administrativa ya que por un lado, perfila las exigencias jurisprudenciales de lo que es “prevaricación” deslindándolo de figuras afines, y por otro lado, va desmontando con soltura y racionalidad práctica las defensas del que fuere Alcalde, y que son típicas de ratoncito acorralado y que nos resultarán familiares a quienes tenemos esta extraña afición de entomólogos de la cosa pública. Leer Más

De lo penal

El Supremo extiende la malversación al mundo de las sociedades públicas

malversaciónLa reciente Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 7 de Octubre de 2014 (rec.238/2014) da un valiente y didáctico paso adelante para incluir dentro del delito de malversación de fondos públicos, la apropiación por personal laboral de entidades y sociedades mercantiles del sector público, considerando que pese a ser entes instrumentales y no tener carácter de Administraciones públicas, sus fondos han de calificarse como “públicos” y por ello, a los que se apropian de los mismos, les caerá el peso de la ley penal, especialmente gravoso y cualificado cuando se trata de robar lo que es de todos. Diríase que la huida del Derecho Administrativo se trunca con la captura por el Derecho Penal.

Nótese que el artificio para la defensa del delincuente que saqueaba una sociedad pública, consistía en invocar que el tipo penal de la malversación se orienta exclusivamente sobre los “fondos públicos” de manera que no cabría forzar el tipo para cubrir los “fondos privados” de sociedades o entidades que perteneciendo al sector público, se ajustaban en su actividad al Derecho privado.

Pues bien, la Sala de lo Penal de forma tajante y clara, “levanta el velo” de esas entidades y fija criterios sobre cuando ha de entenderse que las entidades del sector público manejan “fondos públicos”. Veamos. Leer Más

De lo penal

La malversación extiende su red con el Proyecto de Reforma del Código Penal 2013

corrupcion El proyecto de Reforma del Código Penal aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros ensancha la red del delito de malversación (tradicionalmente pescaba a quien metía la mano en el cajón del erario público) y ahora podrá capturar la denominada “gestión desleal que perjudica patrimonio público” lo que permitirá la pesca por arrastre de las corruptelas contractuales en la Administración. Veamos.

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De lo penal

Entes públicos apartados del ejercicio de la acusación popular

manos atadas Circula por internet un video de un concejal de Mijas sobre una disparatada intervención en un pleno al hilo de la denominación de una Calle.  No analizaré el fondo de la cuestión pues creo que la libertad de expresión de los representantes democráticamente elegidos debe amparar casi todo y ya que, afortunadamente, no hemos llegado todavía a las trifulcas parlamentarias con puñetazos de Ucrania o de zapatazos en Taiwan .

 Sin embargo, lo que revela el incidente de Mijas es que un puñado de votos envuelto en ignorancia puede desembocar en un pleno municipal que, prescindiendo de advertencias del Secretario, imponga en las calles la numeración de la sucesión de Fibonacci, declare la guerra a Gibraltar o apoye los tatuajes en los muslos de los chimpancés.

   Abierto el melón de los desafueros, y como nos envuelve una nube de corrupción, no tardará algún Alcalde iluminado en proponer que su Corporación ejerza la acusación particular en un proceso penal contra Bárcenas, Urdangarín o frente a algún delincuente local que tenga harto al personal.

  Es cierto que habrá delitos que tengan gran resonancia social y se comprende que los Ayuntamientos quieran dar un paso adelante, condenándolos enérgicamente, pero el segundo paso, el de alzarse en acusación popular con abogado y pidiendo penas contra el culpable, puede hacer morder el polvo al Alcalde justiciero. Leer Más