La travesía bíblica del desierto de los hebreos, durante cuarenta años en pos de la Tierra Prometida, de forma errática y dejados de la mano de su Dios, recuerda a los 9000 funcionarios de la Administración de Justicia que llevan tres semanas clamando ante las puertas del Ministerio para que les equiparen sus retribuciones a quienes realizan la misma labor en las Comunidades Autónomas con los servicios de justicia transferido. Las últimas noticias del estancamiento de las negociaciones son preocupantes.
1. El Derecho siempre ha sido la garantía de la igualdad desde que la Declaración de Derechos del Ciudadano aprobada en la Revolución Francesa de 1789 se abriese con la afirmación tan simple como bella de que «Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos…», y dando un salto en el tiempo y el espacio, la Constitución española alude a la igualdad como un mantra tibetano, como principio (artículo.1) y como regla imperativa (artículos: 14, 23, 138, 149.1).
2. Sin embargo, el Derecho Público y el Derecho Privado (o mas bien, la tramitación judicial de la garantía de los derechos) está en vía muerta, pues en idéntica vía están los derechos de los «fogoneros» de la Administración de Justicia en España.
3. Corren tiempos en que todo el mundo reclama y resulta fácil reivindicar la equiparación al alza so pretexto del principio de igualdad, en sus variantes mas agresivas: discriminación, agravio comparativo, mobbing, etc. Sin embargo, la reivindicación de este colectivo resulta para Sevach objetivamente razonable por diez razones:
No es un capricho. No reclaman por diversión, sino por necesidad y por dignidad.
No es una huelga abusiva. Se han manifestado con prudencia y siguiendo fielmente las enseñanzas de la queja pasiva de Gandhi, con la presencia testimonial y el mensaje, sin agresiones ni altercados, sufriendo el ninguneo de sus protestas ante sedes del Ministerio o con ocasión de actos electorales.
No están aislados. Han recabado y obtenido apoyos de todos los colectivos (jueces, sindicatos, abogados y procuradores, etc).
No son limosneros ni recaudadores. En la última década ninguna huelga se ha llevado a cabo por este colectivo, y para una que plantean sólo han recibido desdén, negativas y propuestas ministeriales irrisorias.
No son bárbaros. Se trata de funcionarios, curtidos en la atención al público, conscientes de la importancia para el ciudadano de los asuntos que pasan por sus manos, y esa experiencia les ha enseñado que el camino para conseguir lo que es justo es la paciencia, el diálogo y la resistencia. Por eso en estos treinta duros días han acudido una y otra vez, sin desaliento, a mesas de negociación infructuosas por causas que les son ajenas.
No son autómatas. Los funcionarios de justicia cubren todo el espectro social: padres de familia, jóvenes empezando la vida, algún que otro abuelo, y todos ellos con corazón, sensibilidad y dignidad. Pueden vivir como espartanos con retribuciones menguadas pero no deben soportar que sus iguales vivan como atenienses.
No es una rabieta de señoritos. No se trata de altos funcionarios, considerando la «altura» vinculada a las retribuciones o al nombramiento político. No son jueces, fiscales o secretarios, sino los colaboradores a pie de obra, que día a día mantienen engrasada la maquinaria judicial, con sueldos modestos pero con orgullo por su labor.
No están divididos. Todos los sindicatos del sector están de acuerdo en la legitimidad de la huelga, y es sabido que difícil es unir a tan dispares representaciones sindicales en una causa común, si no existe la poderosa razón de «tener la razón».
No son un colectivo pendenciero. Los funcionarios de la Adminitración de Justicia constituyen un colectivo caracterizado por su talante responsable, con cotas bajísimas de absentismo y expedientes disciplinarios. La razón no acompaña a la bravuconería pero a veces suele tener mas éxito quien se muestra amenazador y chantajista. No rompen mobiliario urbano, ni se explican con pólvora, ni cortan vías públicas con destrozos simultáneos. Y quizá su respeto por los demás sea su mayor debilidad.
No merecen ser el chivo expiatorio de otras políticas. Ha de asumirse que la política ha llevado a un modelo de Comunidades Autónomas con legítimas diferencias retributivas, pero lo que es inaceptable es que una cuestión puramente monetaria y que representa una gota de agua en el océano presupuestario, pueda rechazarse so pretexto de la penuria de la arcas públicas. Parece que no solo se trata de arrebatarle el chocolate al loro sino de situarle a la vista de los periquitos bien cebados.
4. Si pese a ello, las posiciones negociadoras no se aproximan, puede considerarse que se pretende sentar un precedente de inflexibilidad negociadora que necesita un Gobierno para ejemplo de las futuras masas de reivindicaciones de otros colectivos. Al igual que España luchó por el peñasco de Perejil porque le parecía que estaba en juego el fuero (y no el huevo), diríase que el Ministerio de Justicia ha leído algún manual de autoayuda de estrategia negociadora que recomienda una dolorosa negativa a tiempo antes que muchas concesiones.
5. Y es que Sevach considera que el problema no debe abordarse desde la perspectiva de las técnicas de negociación: propuesta, contrapropuesta, calendario, medidas progresivas, escenario electoral, parálisis de la justicia, impacto mediático, talante de los llamados a negociar, etc. El problema es lisa y llanamente de Justicia.
No hace falta ser un licenciado en Derecho, ni ministro, ni sacerdote para saber que si 9000 personas realizan el mismo trabajo que otras 40.000, en un ámbito funcional absolutamente idéntico (la justicia es el único reducto del Estado donde el procedimiento de la oficina judicial es idéntico en Castellon que en Málaga o Compostela) no es tolerable para la razón y la justicia, que unos cobren 300 euros mensuales más que otros. Podría decirse que realizan distinto trabajo o que tienen distinto horario o que tienes otras compensaciones. Pero no, realizan el mismo trabajo, lo que sucede es que el Estado, al igual que una cerda recién parida opta en ocasiones por alimentar exclusivamente a varios retoños y sacrifica a los pequeños negándoles la ubre. Por eso, cuando se abrió el melón de las transferencias, parece haberse decidido que los servicios de justicia retendidos en manos estatales, debían quedar en una especie de servicios a «extinguir», y esto explica pero no justifica, la congelación retributiva y consiguiente agravio.
6. En fin, ha de confiarse en la pronta solución de este problema que, como toda guerra de intereses, provoca bajas en la población civil (ciudadanos a las puertas de la justicia o registros civiles que ven como sus pleitos se dilatan y aplazan sin esperanza). Ojalá Sevach se equivoque y no deba efectuarse tras las elecciones una crónica de este preocupante episodio, como la que ofreció el historiador Polibio de las medidas de Roma para someter al pueblo numantino, islote de la Hispania romana del año 134, y que literalmente decía: «Encerrando así a los enemigos, no juzgaba que pudiesen resistir por mucho tiempo, sin obtener alimentos, ni armas ni refuerzos (…). Convenida la rendición, a Numancia, exigua y poco poblada, la destruyó sin ninguna orden de Roma, sea porque creyese que así convenía a la República, sea para descargar su cólera sobre los cautivos, sea, como algunos creen, par procurarse una gloria excelsa infligiendo un castigo severo».
¡¡Ah!! se me olvidaba, Sevach felicitaciones por cómo has abordado y entendido la problematica que tenemos en justicia, así como por tu magistral manera de escribir tu artículo. ¿Se podría imprimir y llevarlo a la asamblea del lunes ?
WR, estudioso del Derecho inglés, quienquiera que seas (yo sí me llamo Luisa), te animo a escribir tu propio blog con las peregrinas opiniones que venimos leyendo, aunque prometo abandonar esa mala costumbre ahora mismo. Seguro que encuentras algún seguidor ferviente porque «hay gente pa tó». Todos saldremos ganando. Y a los funcionarios: ánimo, que tenéis razón, seguid adelante contra los Rehnquist de este cochino mundo.
SOY UNA FUNCIONARIA DE JUSTICIA INDIGNADA ANTE UN MINISTRO MANGÓN Y PREPOTENTE. SI A LOS USUARIOS DE LA ADMON. DE JUSTICIA LES PARECE ABUSIVA NUESTRA HUELGA, LES PIDO DISCULPAS, PERO LES PUEDO ASEGURAR QUE NO ES POR NUESTRA CULPA. INICIAMOS ESTA HUELGA PIDIENDO IGUALDAD Y NO SOLO NO NOS LA DAN SINO QUE ENCIMA DE TODO NOS EXIGEN ACEPTAR FUNCIONES DE MAYOR RESPONSABILIDAD Y COMPROMETERNOS A QUE EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS, HAGAN ELLOS CON NOSOTROS LO QUE HAGAN, NO LES VAMOS A PROTESTAR. ELLOS LO LLAMAN EUFEMISTICAMENTE, ENTIENDO YO, PAZ SOCIAL, YO LO LLAMO, FIRMA PARA QUE PUEDA ABUSAR DE TI UNA TEMPORADA.
Viva la libertad de expresión, pero algunos ciudadanos piensan que son el ombligo del mundo.
Sevach, desde mi condición de funcionario de Justicia le agradezco enormemente sus reflexiones sobre la huelga indefinida a la que nos hemos visto obligados a recurrir en defensa de nuestras reivindicaciones. Dirigiéndome en particular al Sr. Rehnquist, por supuesto que el ciudadano sufre las consecuencias de la misma, lo mismo que cuando los mineros cortan carreteras, los transportistas colapsan las mismas, etc, etc … para su información, en mi familia está pendiente de tramitar un chequé-bebé por la huelga, y precisamente por ser conscientes de la injusticia que se comete con nosotros, una vez informados de los datos objetivos que motivan la misma, los damnificados entienden la situación … por otra parte, en cuanto a la afirmación de Rehnquist respecto a que la administración de justicia es un servicio esencial de la comunidad, estoy totalmente de acuerdo (el Sr. Bermejo y el gobierno al que pertenece parecen no compartir esta verdad de perogrullo), precisamente el Ministerio de Justicia IMPONE unos servicios mínimos, que son los que son, y repito, los que decide el ministerio … por tanto, si como consecuencia del CUMPLIMIENTO ESCRUPULOSO DE LOS MISMOS el ciudadano sufre inconvenientes (gravísimos sin duda, y por los que se ha pedido de antemano en nota pública las correspondientes disculpas), habrá que pedir las responsabilidades que correspondan a quién ha considerado las medidas que merecen el calificativo de servicios esenciales … por último, nadie duda de su derecho a discrepar (por lo menos yo no), pero amigo, hay cosas que se caen por su propio peso (p.ej, nota de la Sala de lo Penal del TS calificando nuestras reivindicaciones moralmente justas y jurídicamente fundadas (sic)
En definitiva, y lo más importante, agradecer de nuevo el contenido del artículo de Sevach, para los que llevamos un mes de huelga (y pensamos seguir, es de justicia y dignidad) es un soplo de aire fresco y un motivo para seguir con la misma. Gracias.
Para el Rehnquist:
A la hora de considerar que la huelga es abusiva, quizá debería saber que el conflicto no comenzó el 4 de febrero.
Nuestras reivindicaciones vienen desde abril de 2007. Desde entonces se han venido efectuado diversos intentos para que la Administración nos escuche, incluidos dos días de huelga en noviembre de 2007. Creo que hemos sido bastante moderados en nuestras actuaciones; y la verdad, después de nueve meses en los que el Ministerio nos ha ignorado, no se me ocurre otro medio de protesta que la huelga general.
Nosotros también perdemos con la huelga. Procedimientos que ya estaban tramitados, sólo pendientes de la vista, tendrán que volver a señalarse, volver a citar a las partes, testigos, peritos… (y sólo nosotros sabemos lo difícil que puede llegar a ser citar a alguien que no quiere ser citado).
El tiempo que estemos en huelga no lo cobraremos. Sin embargo, el trabajo generado durante ese tiempo sí tendremos que hacerlo. Cuando regresemos al trabajo, todo el papel que ha entrado habrá que tramitarlo, al que hay que añadir el que tenemos que repetir por no haberse celebrado el juicio en su fecha.
Sí la huelga no afectase a terceros, no tendría ningún sentido. Somos un colectivo relativamente pequeño y muy disperso. Para tener fuerza tiene que afectar a terceros que protesten con nosotros o contra nosotros, pero que pidan una solución (Como pedimos nosotros).
Es cierto que los funcionarios tenemos mala prensa. Todo el mundo piensa que el trabajo de los demás es más cómodo que el propio. No me cuadra el tópico de que «los funcionarios no hacen nada», con el hecho de que levantamos el pie del acelerador, sin llegar a parar (pues respetamos los servicios mínimos), y hay millones de afectados.
Si a usted se le ocurre alguna otra medida, que sea mas eficaz que la huelga, por favor, dígamela, la llevaré a la próxima asamblea.
Los primeros interesados en acabar esta huelga somos nosotros, pero consideramos nuestras reivindicaciones son justas y seguiremos con ella hasta que consigamos nuestros objetivos.
Disculpen que me entrometa en tan apasionante intercambio de opiniones, pero querría hacer un par de matizaciones a lo expresado por el Sr. Rehnquist en su última exposición.
Respecto al punto 3, cuando habla de guardias civiles y mozos de escuadra, está usted cayendo en aquello de «las churras y las merinas», ya que se trata de cuerpos diferentes, por más que sus funciones puedan ser consideradas similares. Como ya se le ha indicado, los funcionarios de justicia de este país tienen carácter nacional: se rigen por el mismo reglamento, pertenecen a los mismos cuerpos, su labor profesional se desarrolla en base a las mismas leyes de enjuiciamiento y sus funciones son idénticas. La comparación adecuada habría sido, por ejemplo, la de un guardia civil destinado en Logroño con uno que presta sus servicios en Huelva, pero creo que este cotejo no sería favorable a las tesis que usted defiende. No obstante, como usted indica, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una serie de prohibiciones constitucionales que no se dan en el caso que tratamos, pues cuando un ciudadano oposita a un puesto concreto lo hace ateniéndose a todas las condiciones previas establecidas para el mismo, y, respecto a los funcionarios de justicia, el derecho a la huelga es una de ellas, por lo que difícilmente podríamos hacer uso del término abusar (según la RAE: «usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de algo o de alguien»)
Respecto al punto 4, si no estoy errado, la disolución de las cámaras por la celebración de elecciones generales no es una de las causas por las que se produce el cese del gobierno y por tanto el mismo no se encontraría en funciones hasta el próxima día 10 de marzo, tras la celebraciónd de los comicios. Es decir, desde el día 4 de febrero hasta el próximo 9 de marzo el gobierno conserva intacta su capacidad ejecutiva. En cualquier caso, a partir de su cese, y dado que usted mismo ha venido a reconocer que las labores de la Administración de Justicia son un servicio esencial, convendrá conmigo en que la cuestión bien podría ser resuelta acogiéndose a lo estipulado en el artículo 21 de la Ley 21/1997, cuando dice aquello de «razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique».
Y nada más. Simplemente se trataba de añadir estas modestas reflexiones a lo comentado y, de paso, agradecer a Sevach la cerrada defensa que ha hecho de nuestras justas reclamaciones.
Casi se me olvida, Sr. Rehnquist; imagino que como buen seguidor de la «escuela demagógica» le interesará saber que entre los funcionarios de justicia hay gran cantidad de titulados medios y superiores, lo que aporta tanto al debate (es decir, nada) como aquella frase de su primer comentario: «a los funcionarios en huelga puedo manifestarles que existen titulados superiores en empresas privadas que tienen contratos con salarios infinitamente más reducidos que los suyos»… ¿con la titulación reconocida, 1.200 euros tras 20 años de trabajo?… seguro que son legión.
Después de toda esta perorata, sólo queda decir que esto es consecuencia de la españa que estos políticos de medio pelo están haciendo, en medio de la pasividad de los españoles, no es el único caso en el que siendo un sólo país, al menos nominalmente, se dan u darán 17 sistemas distintos exclusivos y excluyentes respecto de los ciudadanos españoles, por vivir, o nacer en una u otra comunidad, la que se avecina, es la de los policías nacionales, con susu diferencias de más de 6.000 anuales con relación a la policía autonómica, cuyos sueldos paga en más de un 50% el Minsterio del Interior, y qué decir de las pretensiones catalanas de crear en su Estatuto, un Poder Judicial propio, de que los impuestos que se recaudan en su territorio, se inviertan en el mismo, sin compartirlos con los territorios que necesitan de la redistribución de los mismos para cubrir servicios básico, el asunto del agua, de diecisiete educaciónes distintas, en las que nuestro hijos aprendanSánch ,catalán, valenciano, eusquera, gallego, mallorquín o lo que sea, pero en la que ninguno aprenda a ahblar inglés, francés o alemán como hablan el castellano,que no habalarán ni la mitad de bien que sus propios padres, quienes consienten y apruban esta basura que nos está callendo encima, si puedo, mañana me hago de Senegal. (seguro que luego obtengo subvenciones de las que hoy carezco)
William, una precisión muy importante, mantiene que al momento de convocarse la huelga, el Gobierno estaba en funciones, craso error, que sinceramente, me decepciona, pues había observado en usted, cierto método dialéctico preciso y aunque no compartido, si bien llevado.
Permítame que le indique que de conformidad con lo establecido en el articulo 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre , del Gobierno, se considerará Gobienro en funciones:
Artículo 21. Del Gobierno en funciones.
1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
2. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, con las limitaciones establecidas en esta Ley.
3. El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.
4. El Presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:
1.
Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales.
2.
Plantear la cuestión de confianza.
3.
Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.
5. El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:
1.
Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2.
Presentar proyectos de Ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
6. Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales.
Por todo lo expuesto, el Gobierno al convocar la huelga, parece claro no estaba «en funciones» como usted manifiesta, negada la mayor, me abstengo de cualquier comentario y le invito al sano ejercicio del estudio pormenorizado de todo aquello que uno, manifiesta de una forma más o menos gratuita.
Estoy seguro que si sigue profundizando aún de manera teórica en nuestro problema quizás pueda llegar a entenderlo.
Lo primero, con carácter general, señalar que todas las aportaciones que efectuáis contribuyen a ofrecer una visión real del problema, y afortunadamente este blog tiene impacto internacional y una amplísima difusión en la blogosfera, por lo que divulgar las «causas justas» y contribuir a evidenciar la urgencia de la solución, resulta muy positivo. De ahí, que tanto el post como los comentarios gozan de implícita autorización de todos sus autores para su utilización «urbi et orbe».
Lo segundo, y en tanto se habla de si el Gobierno en funciones puede o no puede jurídicamente solucionar el problema, creo que es una discusión teórica, ya que una huelga es el ejercicio de un derecho que se proyecta sobre la potestad de negociación de un empresario, la Administración que a su vez es el brazo ejecutivo de un Gobierno con discrecionalidad política. Por tanto, soluciones políticas «haberlas, haylas» ( hay miles de ejemplos de medidas políticas estatales, autonómicas y locales tomadas en la agonía del mandato político, y hay miles de operaciones presupuestarias que prestarían la coartada para proceder a comprometerse al incremento retributivo reivindicado).
Hasta el reciente Estatuto del Empleado Público contempla en su art.38 la posibilidad de acuerdos con las mesas de Negociación que comprometan y vinculen el ejercicio de la potestad legislativa (!), …¿Cómo puede negarse la legitimidad de un acuerdo preliminar, entre caballeros, por parte de Gobierno y representantes sindicales,o de un simple compromiso unilateral del Ministro?. No creo que los sindicatos pidan más, ya que sus bases aportan no solo «sangre,sudor y lágrimas» sino buena fe.
Y además, para terminar, en la hipótesis dialéctica de pensar que no puede tomarse una decisión política favorable a la reivindicación de los funcionarios de justicia so pretexto de estar el Gobierno en funciones…¿ no podría pensarse que la medida auténticamente de fuste político es el silencio y desdén hacia tan justas y clamorosas reivindicaciones?,¿ por qué hemos de considerar políticamente relevante solucionar un problema y no lo sería en cambio, dejar que se pudra la situación con grave perjuicio al servicio público?. En fin, si se quiere se puede. Y en un mundo justo, hay que querer cuando se impone el deber. Y si no recordemos que la Constitución de 1812 sentaba el «deber de ser justos y benéficos», y nada mas justo y benéfico que solucionar el problema de 9000 familias, de la única manera que deben resolverse los problemas: con sentido común y sin cerrazón. Y si no se puede jugar al «todo o nada» pues efectuése un esfuerzo real en las propuestas de compensación equitativa a los funcionarios, pero que no resulten humillantes. No hay necesidad.
Me alegra que haya gente con tiempo para divagar….y usar «bonitas palabras» …..para hablar de lo que no conoce.
Ser funcionario de justicia está al alcance de todo el que sea español y mayor de 18 años. Sólo hay que estudiar durante meses una dura y competitiva oposición y con esfuerzo y suerte aprobarla. Luego, puedes pasar unos años fuera y lejos de tu casa y de los tuyos ,hasta que tengas la suficiente puntuación y antigüedad como para trabajar dónde más te gusta o te conviene……lo dicho, al alcance del que lo desee. No entiendo cómo sigue habiendo gente que envidia el sueldo y el horario de los funcionarios y no se presenta a la oposición….las hay de diferentes niveles…a elegir.Si alguien quiere «ventaja y seguridad en el empleo» como dice el Sr. William H. Rehnquist . ¡¡¡¡¡¡que se lo curre como yo me lo curré!!!!
Yo soy Agente Judicial (ahora funcionaria de Auxilio Judicial), pasé ocho años fuera de mi casa y mi familia…….llevo 15 años trabajando…y cobro 1.114 Euros.
Y yo le pregunto a usted Sr. William H. Rehnquist ¿aún sigue envidiando a los funcionariso de justicia?
Por cierto, yo trabajo en una Comunidad transferida, ¿imagina que no fuera así y ganara menos aún?
Quería puntualizar también, que hay personas que aún trabajando en la Administración de Justicia, no son funcionarios, osea, que no se integran en el «admirado» grupo del Sr.William H. Rehnquist , los de la «ventaja y seguridad en el empleo», estos son los INTERINOS, que, por cierto, Sr.William H. Rehnquist , TAMBIÉN ESTÁN EN LA HUELGA.
A todos…GRACIAS.
¡¡¡¡ANIMO COMPAÑEROS.!!!!!!……vuestra huelga es totalmente legítima.
Admirable post, estimado Sevach.
Animo a los compañeros de justicia, a no cejar en sus justísimas reivindicaciones, porque creo que vencereis, a pesar de que los ciudadanos perjudicados por el parón de la justicia estén actuando como quien ve llover y no hayan empezado ya a presionar para que este asunto se resuelva.
Y esta puede ser la pata que cojeta, tan acostumbradísimos como estamos a que la justicia en España se mueva a cámara lenta…o lentísima, que parece que nos da lo mismo que un pleito dure seis meses o seis años.
Si hasta aguantamos las listas de espera de los hospitales, estoicamente¡. Luego pasará lo que con los Albertos, prescribirán los plazos y los presuntos delicuentes se irán de rositas y a alguno nos tocará llorar o tal vez a todos, porque supongo yo, que los estafados por los Albertos, pedirán una indemnización al Estado, ya que su causa se ha perdido debido a que un juez tardó x tiempo en admitirla.
¿Qué pasará con los pleitos que se vayan a ver ahora demorados? ¿Se detiene el tiempo de prescripción de las causas o si vencen los plazos nos veremos todos los españoles abocados a sufragar las pertinentes indemnizaciones?
Yo no sé mucho, pero si el asunto puede llegar a ser tan grave como a mi se me ocurre, ¿No está siendo muy irresponsable la Administración?
Saludos a todos y que se solucione cuanto antes.
Todo esto es muy bonito, pero si alguien recordara que los funcionarios de Justicia entran a trabajar a las 9 ma o meno, y salen entre la una y media y las dos (5 horas escasas diarias, incluido desayuno, cafe, periodico y compras, amen de llamadas telefonicas…), quizas entonces os dariais cuenta de ciertas cosas.
ah, por cierto, si preguntarais al publico en vez de mirar desde lo alto de vuestras poltronas sabriais cual es el «excelente y profesional » trato que es dado a la plebe por los susodichos funcionarios.
Este último comentario del llamado «milieurista» me parece fruto de una mala experiencia personal y lleno de absurdos prejuicios. Los funcionarios de la Administración de Justicia no son ni más ni menos diligentes que otros trabajadores públicos o privados, y por eso reclaman igual trato. Lo que sí somos (y lo digo como funcionario no transferido, aunque en esto sí somos iguales a los transferidos) personas que por movernos en un entorno como es la justicia donde no pasan muchas alegrías, es muy respetuosos y sensibles con los ciudadanos que tienen que moverse a la fuerza por oficinas judiciales. Y el que no lo crea, que examine los registros de los buzones de » reclamaciones» frente a las oficinas de la Administración de Justicia y verán telarañas.
Y si todo el argumento para oponerse a nuestra legítima exigencia de trato igual en las retribuciones, se centra en aludir a la hora de café o al horario, pues la única respuesta que merece esa persona tan mal informada y con mal fario, es que pase por el túnel del tiempo y venga desde el siglo XIX al siglo XXI en que estamos…
Un gran articulo de opinión, muy bien trabajado, claro y directo, ha resultado gratificante su lectura,
Procedo nuevamente a realizar varias manifestaciones:
1) en relación al comentario de KHAESAR, créame lo agradezco infinitamente y no tengo reparo alguno en reconocer mi equivocación en este punto. Ya adelanté en el post que era una discusión en la que yo no tenía formada opinión alguna y precisamente la lanzaba para que se arrojase algo de luz sobre esta cuestión. Insisto, no obstante reconozco mi error y en ese punto concreto restifico y pido disculpas.
2) Respecto al comentario de «otro Gabriel», le agradecería me aclarase un punto que me han manifestado varios compañeros de profesión y que, para ser sinceros no lo he creído en absoluto, pero como quienes me comentaron el hecho son personas de absoluta seriedad, me ha dejado perplejo. ¿Me podría confirmar si es cierto que los funcionarios en huelga han cobrado íntegra la nómina del mes de febrero? Insisto, creo que esa información que me han dado tiene que ser incierta, por eso estaría muy agradecido si me pudiera confirmar o desmentir este particular.
3) Agradezco todos los respetuosos comentarios y observaciones que se me han realizado. Respeto y comprendo sus puntos de vista, pero de la misma manera espero que respeten (aunque no espero que comprendan) el mío.
4) Respecto a Luisa, visto que el único lenguaje que conoce es no el de la argumentación sino el del insulto contínuo, permítaseme que renuncie a seguir dicho camino. Si la interesada desea saber lo que pienso sobre su último comentario, léase el terceto final del celebérrimo soneto de don Francisco de Quevedo «A un hipócrita de perenne valentía», soneto cuyo primer endecasílabo reza «Su colerilla tiene cualquier mosca».
Que gran error es la generalización. Los ciudadanos tienen por lo general un mal concepto de los funcionarios. Un funcionario es el maestro de sus hijos, su médico de la SS, el policía y también el funcionario de Hacienda y el de la Admon. de Justicia y creo que cada cual merece un rasero distinto ¿no?.
Centrándonos en los Funcionarios de Justicia en huelga, antes de nada separar el horario de atención al publico y el de trabajo. El primero es aquél en que están abiertas las oficinas judiciales -antiguas secretarías- para atender a los particulares, es segundo es el de trabajo de los funcionarios que se fija por la autoridad competente. Además de los anteriores en los Juzgados existe el llamado horario de Audiencia, que és el único en el que se exige presencia física a Jueces y Magistados en sus despachos para atender a los particulares -aunque curiosamente no es fácil que en este horario le atienda un Juez si desea verle, salvo que asista a una vista o comparecencia previamente señalada y debídamente representado. En su lugar le atenderá un Funcionario de Justicia dándole las razones que buenamente pueda y todo esto pese a las buenas intenciones que recoge la Carta de los Derechos del Ciudadano ante la Administración de Justicia, que reconocen el Derecho de los paticulares a que un Juez le atienda respecto de las incidencias de los asuntos de su cargo (punto 14 de la misma)-.
Pues bien, es fácil que quien trate en un Juzgado sea un funcionario malhumorado, con un monton de diligencias que practicar en un ordenador obsoleto e intentando p.e. de terminar de registrar unas causas antes de que entre de nuevo en turno de gardia y se le acumulen aún más, pero tenga por seguro que la información que le de será precisa y diligente. Y no olvide que es más que problable que ese funcionario vaya a trabajar esa tarde tras cumplir su horario de manera gratuita y sin retribución alguna solo para evitar que los agobios de la Justicia crezcan aún más.
El gran error de esta Huelga ha sido su convocatoria por dinero aunque es la causa más tangible y directa de presentarla. Si su segumiento ha sido tan masivo es por el malestar profundo que desde hace años de vive en la A. J. cuyo personal magnificamente preparado con un elevadisimo porcentaje de licenciados en Derecho optó por esta vía para hacer carrera Administrativa y hoy se encuentra sobrepasado por el trabajo -todas las medidas sociales del Gobierno nos han afectado sin incremento neto de plantillas- y menospreciado por sus superiores.
No olviden que una huelga general indefinida para un asalariado es un salto al vacío y que muy mal tienen que estar las cosas para dar un paso así.
En cuanto a la nómina de febrero.
No lo he confirmado en el banco, pero sí he recibido la nómina de febrero, y en efecto, aún no aparece descuento alguno, y es normal. Le explico:
Nuestras nóminas se cierran el día 4 ó 5 del mes en que se generan. Es decir, las nóminas de febrero se confeccionaron el día 4 ó 5 de febrero, por lo que no se sabía quién y cuántos días ivan a estar en huelga los trabajadores.
Por otra parte, no es raro que se produzcan errores en la confección de dichas nóminas, por lo que antes de realizarse el descuento, tienen que notificarlo a los interesados.
Por eso los descuentos tardarán en producirse de 3 a cinco meses. La justicia es lenta para todos, también para nosotros.
Un saludo de alguien al que le gustaría estar trabajando, pero no estoy dispuesto a renunciar a mis reivindicaciones, y continúo en huelga.
Es cierto que los funcionarios de justicia cobramos íntegra la nómina del mes de febrero, ello se debe a que la Gerencia cierra las nóminas a primeros de mes por lo que no da tiempo a efectuar los descuentos, pero no te preocupes Willian, nos lo descontarán.
Por cierto, parece que te estas quedando sin argumentos de ningún tipo, lo que se aprende en este blog eh!
Le agradezco sinceramente el comentario y muy respetuosamente le devuelvo el saludo. Y créame si le digo que le deseo suerte con sus reivindicaciones, sin que por ello me aparte un ápice de las consideraciones expuestas en mis post anteriores.