Sobre los políticos

Poesía y burocracia no cabalgan juntos

El poeta Antonio Gamoneda, con ocasión de la entrega el pasado viernes de la medalla de oro la Diputación de León contó la historia de las circunstancias que le impidieron adquirir la condición de funcionario. Veamos la historia que no tiene desperdicio en los términos descritos por la prensa local.

1. Ahí va la transcripción literal de la prensa: “El funcionario que nunca fue“. No quería que la concesión de la Medalla de Oro de la Diputación fuera entendida sólo como una distinción a su brillante trayectoria literaria, sino que centró buena parte de su intervención en aclarar cómo y por qué nunca llegó a ser funcionario de la Diputación. «Hoy voy a decir pequeñas verdades que van a completar el sentido de la medalla», explicó Gamoneda, quien aseguró que había aspectos de su trayectoria que no quería que quedasen en el terreno de la abstracción. En el salón de Plenos el silencio era absoluto, presagio de una importante confesión.

Y contó Gamoneda que a partir de 1969, durante siete u ocho años, hizo su trabajo lo mejor que pudo y supo. «Entonces, la Corporación pensó que la manera de asegurarme es que yo recibiera la condición de funcionario. Yo no estaba ni dejaba de estar interesado, pero me gusta más decir sí que no. Se me dijo que preparase las certificaciones para presentarme al concurso oposición. Hubo otro aspirante. El concurso se resolvió a mi favor. La abundante documentación del otro concursante fue desestimada, porque un 70% de ella, que eran folios escritos con la misma máquina de escribir, sin ningún sello, los hacían para el tribunal del concurso incompatibles, porque al mismo tiempo realizaba una función digamos por ejemplo arqueológica a 400 kilómetros de León. La otra persona concursante recurrió ante la Audiencia Territorial de Valladolid, que reclamó las documentaciones para dictar sentencia». Gamoneda aclaró que no fantaseaba. «La Diputación tendrá sus archivos por si alguien quiere comprobar lo que digo». Y ocurrió algo singular. «La Audiencia resolvió a favor de la otra persona. No contra mí, sino contra la Diputación. Yo acato todas la sentencias, aquella incluida. Pero no me privaré de decir que la considero pintoresca. Porque el fundamento de la sentencia consistió en que a mis documentos les faltaba el sello de caucho». Gamoneda quiso llegar más lejos. «Ya puesto en este terreno de la verdad y pensando que han pasado 30 años, diré que la pintoresca sentencia coincidía con el hecho de que la otra persona era pariente directo del vicepresidente de la Diputación y del jefe de personal de la Diputación; y que el letrado de la Corporación Provincial no hizo acto de presencia en la Audiencia de Valladolid». Añadió Gamoneda que se ha difundido mucho que no obtuvo la plaza por carecer de titulación superior -«lo cual es cierto»-, pero «esto no era decisivo, porque la oposición no exigía ese título».

2. Pues bien, considera Sevach que ni la condición de poeta reconocido ni el otorgamiento de una Medalla de Oro autorizan para contribuir gratuitamente a la leyenda negra de la función pública española. ¿Por qué piensa eso Sevach?. Porque leyendo entre líneas de las propias palabras del poeta y testimonio de la prensa pueden verterse varias consideraciones.

1º En el origen del problema está el contubernio o componenda de 1969 por la que, le prometen al Sr.Gamoneda una plaza de funcionario a la carta, a cuyo fin se diseña un concurso a la medida. O sea, un abuso e ilegalidad “pactada” del que pretendía aprovecharse quien ahora se presenta como víctima.

2º El concurso era público y alguien de buena fe se presentó al mismo. ¿ O es que pretendía el poeta que la convocatoria pública era un juego de palabras poético que excluía a posibles competidores?

3º La plaza se otorga por la Diputación a quien le fue prometida: al poeta. ¡ Faltaría más! ¡Sostenella y no enmedalla!

4º Sin embargo, el otro aspirante acude a los Tribunales de Justicia y la Audiencia Territorial de Valladolid sentencia a su favor, privando al poeta de la codiciada plaza, O sea, se desmontó el montaje por un órgano jurisdiccional independiente. Asunto zanjado por sentencia firme, pero ya se encarga el poeta de socavar sus firmes cimientos, reescribiendo la historia mas de treinta años después.

5º Y es que el poeta se toma la “licencia poética” de que por faltarle el “sello de caucho” a su documentación, no se valoraron sus méritos. ¿Acaso las musas hicieron olvidar al poeta que los sellos y certificaciones son el modo de garantizar la autenticidad de los documentos, y que las formas y formalidades están para algo?, ¿no firma el poeta sus poesías y justifica su identidad para cobrar sus emolumentos y recibir premios?.

6º Y siguiendo la pataleta, el poeta con cierto resentimiento mal curado, aprovecha casi cuarenta años después para poner bajo sospecha la “sentencia judicial” afirmando que el tercero era pariente del vicepresidente de la Diputación y del Jefe de Personal, y además que el letrado de la Diputación estaba también en el ajo. O sea, una teoría de la conspiración mas efectista que avalada por prueba alguna, y sustraída a contraste de los ahora difamados. Con esa versión mas que contar con un poeta, estamos perdiendo un novelista o fabulador de órdago.

7º Y por último el desenlace del caso es digno de un culebrón administrativo. Los “padrinos” de Gamoneda ante el fracaso del montaje para “funcionarizarlo”, le recontratan directamente y sin concurso alguno para la propia Diputación como asesor cultural. Problema solucionado al estilo Corleone. Para el que manda siempre hay atajos.

3. El interés del caso viene dado porque las verdades a medias, como los ladrillos partidos, si se lanzan llegan mas lejos. Y resulta intolerable que so pretexto de la verdad un poeta aproveche un acto meritorio para deformar la realidad, para contravenir las leyes de la hospitalidad y criticar la Diputación que le premia, y que además (cual elefante en cacharrería) se adentre a criticar una sentencia que no se aporta, además de calumniar a terceros que ya no pueden defenderse. Pero sobre todo lo mas reprochable es que los asistentes al acto de entrega de la Medalla de Oro se lancen a aplaudirle y a consolarle por tamaña “injusticia” histórica al finalizar el acto, cuando tamaña infamia mas bien merecería declararle “persona non grata”.

4. Bien distinto fue el caso del poeta Angel González quien “opositó” con todos los honores y méritos para ser funcionario del Ministerio de Obras Públicas, o el del mítico Borges que en 1946 fue cesado de su puesto de funcionario como Director de la Biblioteca Nacional por el gobierno peronista mediante una resolución que por necesidades del servicio le destinaba como….¡inspector de aves! (ni que decir tiene que el poeta por dignidad renunció).

5. Para finalizar, recuerda Sevach que em 1995 obtuvo el poeta José Hierro el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, dotado con varios millones (de las antiguas pesetas) y el citado poeta armó “un pollo” tremendo porque Hacienda llevaba su tajada del premio, considerando un expolió de su merecido premio, el que hacienda lo recortase. Y es que, cuando la Administración entra por la puerta, la poesía sale por la ventana…. Con la sola excepción de Quevedo quien frente a la burocracia real bien sabía elaborar sátiras poéticas burlescas en vez de verter infamias o mostrar su cólera.

Así y todo me quedo con la Poesía burocrática de Mario Benedetti, y aquéllos versos:

Es raro que uno tenga tiempo de verse triste:
siempre suena una orden, un teléfono, un timbre,
y, claro, está prohibido llorar sobre los libros
porque no queda bien que la tinta se corra.

0 comments on “Poesía y burocracia no cabalgan juntos

  1. La cuestión no es ser poeta o no. Es cuestión de honradez. A muchos nos ha costado obtener por sacrificada oposición un puesto de trabajo, y hemos tenido que soportar como otros por amiguismo con la autoridad de turno, acceden por el atajo y sin traumatismos de oposición a una plaza fija.

  2. JuanFran

    Antes de nada, a Huno: la oposición, por dura que sea, ¿debe garantizar un puesto vitalicio, pase lo que pase o rinda lo que rinda el trabajador? Parece obvio que no.

    A Sevach:
    Yo estoy con Gamoneda. Los “sellos de caucho” se siguen pidiendo hoy, cuarenta años después. ¡Hasta la fotocopia del DNI! ¡Hasta la partida de nacimiento! En la era digital todavía manda el papel.Ya vale, ¿no? ¿acaso no hay registros donde puede acudir la propia Administración y no el ciudadano?

    Por cierto, Sevach, llamar “órgano jurisdiccional independiente” a un tribunal franquista (y ya sabemos quien llegaba a juez de aquella), eso no es muy acertado.

    Sin acritud. Pero sin corporativismo, por favor.

  3. Sevach

    JuanFran: Te recuerdo que hoy día: 1º No hay obligación de aportar documentación que no esté impuesta legal o reglamentariamente; 2º No hay obligación de aportar documentación que ya obre en los archivos de la Administración en cuestión; 3º Hay grandes facilidades para el cotejo, sellado y compulsa, de forma que al presentarlos está obligada la propia oficina de registro con lo que resulta gratuito; 4º Además los cyberprocedimientos están en alza y la inmensa mayoría de las personas no se ha incorporado a la firma electrónica (perfectamente disponible) ni tampoco solicita que se le notifiquen las resoluciones por vía email (aunque también tiene derecho si lo indica). Y en cuanto a pedir la acreditación de la identidad en copia sellada del DNI o documentación equivalente, pues no debemos olvidar que es una garantía. Es algo así como cuando alguien al pagar con tarjeta de crédito se ofende si le piden el DNI, cuando se lo piden para garantía del titular de la tarjeta, ya que esa misma persona pondría el grito en el cielo si alguien hiciese uso de su tarjeta y el dependiente no comprobara su identida.
    En cuanto a la Audiencia Territorial en el año 1970 hemos de recordar que no se trata del Tribunal de Orden Público de 1959 ni de Tribunales administrativos franquistas, sino del único reducto cuya selección era objetiva por oposición ( con la salvedad del origen de las reconvertidas magistraturas de Trabajo), aunque no exento de cierto corporativismo, a lo que se suma que dieciseís antes, en 1956, se había aprobado la progresista Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modelo de garantía elaborado por el Catedrático de Madrid, D. Jesús González Pérez y el Catedrático de Barcelona D. Manuel Balbé, ambos nada sospechosos de franquistas y totalmente tecnócratas y demócratas. O sea, que te agradezco tu sincero comentario pero no me he resistido a esta precisión.

  4. Cuando los funcionarios quedan atrapados por reglas y códigos internos que desaceleran y traban el dinamismo del trabajo, estamos en una etapa horrorosa de la burocracia en las empresas y mas comúnmente en el gobierno, aparados por puestos eternos en el poder, por lo que no existe motivación alguna por mejorar y acelerar los procesos de entrega de información.

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