La confirmación de la sanción de multa impuesta al Juez Tirado por el Consejo General del Poder Judicial en la sesión del 23 de Diciembre de 2008 no ha dejado indiferente a nadie. La inmensa mayoría de los jueces se sienten solidarios con su compañero ante una sanción que recuerda el Tribunal de la Salud Pública de la Revolución francesa y cuyas decisiones daban respuesta a la sed de sangre del pueblo y de los fanáticos gobernantes. Los medios de comunicación en su mayor parte avivan la hoguera de la crispación calificando la sanción de suave y corporativista. Y la ciudadanía dividida, pero sobre todo, perpleja por este espectáculo digno de una película de terror.
1. Todos danzan en este aquelarre: la Fiscalía, el Ministro de Justicia, la Vicepresidenta del Gobierno, el Presidente del Gobierno, un padre desgarrado, el Consejo General del Poder Judicial, las Asociaciones Judiciales, los jueces y magistrados asilvestrados, los secretarios judiciales, las asociaciones étnicas y vecinales de todo pelaje, los periódicos y los canales televisivos avivando el fuego, y como no, el Juan Español que siempre está dispuesto a opinar sobre lo divino y humano.
2. Ya expusimos nuestra visión del caso Tirado en otro post anterior, por lo que ahora nos detendremos en la llamativa receta del Ministro que no es otra que modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los castigos a los jueces sean ejemplares y no se repitan tales situaciones.
Esta medida le recuerda a Sevach el caso del Secretario de Defensa americano al que le sometieron un informe en que se decía que uno de cada cincuenta paracaídas del ejército fallaba en plena utilización. Entonces el Secretario de Defensa dispuso que en lo sucesivo, los técnicos del laboratorio de pruebas se lanzasen con los paracaídas para comprobarlos. Problema solucionado al ciento por ciento.
3. Y es que, si se acomete una medida para que los jueces sientan el aliento del verdugo cuando trabajan, no estaría de más que el propio Ministro de Justicia se mirase al espejo, recordase el apellido de su ministerio ( Justicia) y en un ataque de responsabilidad y ética personal dimitiese, porque debe resultar difícil asomarse a un nuevo día, y reconocer en el fuero interno que todos los operadores jurídicos sabían el problema de la congestión de la justicia y el riesgo (que trágicamente se materializó en la muerte de una niña inocente a manos de un canalla), pero mas penoso todavía debe ser reconocer que la cabeza de un juez no solventará el problema de colapso judicial.
4. En otras palabras, nos hemos acostumbrado a que la política es el arte de la mentira y que los programas políticos están para no cumplirlos, o para aparentar en los medios de comunicación que se cumplen. Pues ya está bien. Hemos alcanzado el Estado de Derecho pero tenemos que conseguir el Estado de la Responsabilidad. Si se exige responsabilidad al juez Tirado por su labor, con mayor razón la tendría el Ministro de Justicia y por partida doble: por conocer la situación de la justicia y no solventarla, y por ser responsable del impulso del Ministerio Fiscal quien también debía vigilar por la ejecución de las sentencias.
5. Ahora bien, en estas fechas ha muerto Robert Mulligan el director de la película Matar un Ruiseñor, y quizá le vendría bien al Ministro Bermejo reflexionar sobre ella, y como los prejuicios llevan a condenar inocentes. Y como además es Navidad, quizás el corazón de nuestro Scrooge de la Justicia (al igual que el personaje de Dickens) experimente algún cambio positivo con alguna pesadilla nocturna en que los fantasmas de su actuación le lleven a asomarse a los pensamientos de los damnificados por su gestión.
.
Descubre más desde delaJusticia.com
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Comparto el comentario de Laura, en cuanto a que tiene que haber responsabilidad para los jueces y para los políticos. Para Tirado, porque una cosa es que todo el mundo sepa que la justicia va retrasada y otra que un juez se quede impasible contemplando la inundación de papeles a sabiendas del grave riesgo de lo que podía suceder con una «ejecutoria» (palabra que he aprendido, ya que los no juristas no sabíamos del riesgo de no ejecutarse).
Y para el Gobierno, porque tiene bemoles que hoy mismo el Presidente Zapatero diga con voz grave ante un micrófono que «todos los poderes públicos deben responsabilizarse» mientras que su propio Ministro de Justicia ha sido un cómplice por omisión del «incidente Mariluz» (en mayor grado que el propio Tirado) y sigue permitiendo a fecha de hoy miles de expedientes que son «bombas de relojería» en todos los juzgados.
Hombre, sí hay jueces a los que se les exige responsabilidades. Recordemos que a un Magistrado de Murcia se le ha inhabilitado dos años porque según el tribunal que le ha condenado pidió informes para una adopción y eso implicó un retraso malicioso e intencionado de la citada adopción.Recordemos que en España hay aproximadamente cuatro mil jueces. Si tienes curiosidad infórmate sobre el número de funcionarios del Principado que han sido sancionados en el último año. El número de funcionarios del Principado es similar al de jueces que hay en toda España. Y por supuesto no veo que el régimen disciplinario que se aplica a los funcionarios en general sea más severo que el de los jueces y magistrados.¿Conoces muchos funcionarios que sean separados del servicio por decisión del órgano competente de la Administración?
Vamos a aceptar que el Sr. Tirado merecia la crucifixión o el fusilameniento al amanecer sin previo juicio. Vamos a aceptar que se puede cualificar una infracción administrativa por el resultado sin que el tipo prevea eso, y todavía mas, sin que exista condena penal firme contra Del Valle para poder acreditar en el expediente la concurrencia de la circunstancia cualificadora legalmente no prevista. Acepto todo eso y mas, y no entro a discutir. De acuerdo. Cuélguen a Tirado y cuélguenme a mi si hay cualquier cosa que sale mal. Asumo mi responsabilidad y la de Tirado.
Y ahora, pregunto ¿Y el Ministro? ¿Y el Gobierno? ¿Y los anteriores? ¿De verdad si a Tirado y a mi nos cuelgan ellos tienen derecho legítimo a seguir en sus cargos e irse de rositas? ¿A alguien le parece eso justo?
Lo que nos esta cabreando de verdad a los Jueces no es que a Tirado lo cuelguen, rasero que se puede discutir o no, sino que ese mismo rasero NO SE LES APLIQUE A LOS DEMAS que tienen algo que ver en todo esto.
Para Contencioso: No hay que esperar el Juicio Final, colgar a Tirado y a Contencioso porque si, pues no. Pues no. Por qué esperar concurrencia de circunstancia cualificadora no prevista ? Por qué?. Crucifixión? Ademas la acepta mutua!!!! el y Tirado!.
Ni idea de lo que se cuece en el Juzgado donde sirves, pero mucha fé tienes en el sr. Tirado para aceptar las culpas de él y asumirlas como tuyas.
El Ministro? tan culpable como el sr. Tirado. Sabe muy bien lo que se cuece en los juzgados y es más responsable porque ademas consiente el abuso que supone que alguien que no cobra por ello cargue con esa responsabilidad.
El gobierno? Peor todavía. Porque mucho hablar y poca dotación economica, que en el fondo es el problema. Y al Ministro poco campo de acción le dan en este aspecto.
A JotaF: las comparaciones son odiosas, pero creo que en el tan manido caso Tirado se ha visto que a la Secretaria del Juzgado se le ha impuesto una sancion de dos meses de suspensión y a él una simple multa de 1500 euros, y los hechos son iguales, creo que hay detalles que diferencian la responsabilidad pero es de los pocos casos en los que casi es posible una comparación.
Para Contencioso: Cierto: QUE SE LES APLIQUE A LOS DEMAS EL MISMO RASERO, o mayor (sinceramente creo que la mayor parte de responsabilidad la tiene el Ministerio, pèro nunca el funcionario, como dijo el Sr. Tirado y tú mismo en algun momento), pero que tu no hagas un cuerpo único con un compañero. Eso es corporativismo.
Un saludo
Hola otra vez,
El gran problema que hay en todo este asunto es que el ciudadano medio se queda solo en Tirado, y como parece poco la multa que se le ha impuesto, se obsesiona con eso y no puede ver mas alla. Por eso yo asumo a efectos puramente dialéticos esa responsabilidad e invito a mirar mas allá. A ver si así se dan cuenta de una vez de cuál es el verdadero problema. Aqui tenemos un avión viejo, sin pasar la ITV y con los motores incendiados que podia haber aterrizado esta vez si el piloto hubiera actuado mejor. No ha sido asi y se ha estrellado, pero todo el mundo apunta al piloto sin darse cuenta de que la empresa estaba consintiendo que un avion volara en esas condiciones. ¿Que pasa con ella?
Yo no paro de leer comentarios que se dedican a comparar al Juez con una empresa privada o un profesional liberal, como si el juez fuera el último responsable y el único que puede decidir (Como el empresario o el autónomo), cuando es al contrario: Ni puede decidir sobre los funcionarios, ni sobre el trabajo que asume. Eso lo decide el Ministerio, la CCAA y el CGPJ, que se han ido de rositas.
Estoy cansado de discutir con gente que no quiere ver mas allá, que no quiere darse cuenta de que Tirado solo es el eslabón final de una cadena que se ha roto por exceso de tensión. Por eso renuncio por ahora a discutir si tenemos o no culpa, y pido sólo que se pare la gente a pensar en el resto. Porque si no, estaremos igual que estábamos, y nada se habrá arreglado. Como siempre en España.
Pues teneis toda la razón. Dejando a un lado lo de Tirado, pero esto no ocurría antes de él. Sólo os cabrea cuando a un compañero se le crucifica públicamente?.
Porque lo que al ciudadano medio llega es que:
1.- Tirado no asume como Juez su parte de responsabilidad, no niega que la haya pero en un principio echó culpas a un subordinado.
2.- Que, con razón, os levantais y dando un puñetazo reclamais que no podeis hacer vuestro trabajo porque no teneis medios y encima estais sobrepasados de trabajo, pero que lo haceis en un caso de claro corporativismo y eso os quita crédito.
3.- La verdad es que el ciudadano medio piensa que sois unos privilegiados y que no os medis con la misma vara con la que medis al resto de ciudadanos en el momento de enjuiciarles.
Mi opinión personal es que al poneros en huelga sois valientes. Y además creo que sería la unica forma de romper la baraja y empezar a poner las cosas en su sitio.
Un saludo
Yo defiendo la decisión del CGPJ en relación con el Juez Tirado. Más que nada porque me produce repugnancia que la señora Vicepresidenta diga qué sanción se debe poner. Más que nada porque el Juez Tirado no es responsable que la pésima gestión de los medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia, que en el caso de Andalucía corresponde a la Junta de Andalucía. ¿ Por qué no se dice nada de Chaves y su gobierno?. Más que nada defiendo la actuación del CGPJ porque es muy sospechoso que en dos meses hayan pasado de ser buenísimos profesionales a malísimos corporativistas. Y todo porque no han tomado la decisión indicada por los señores del Gobierno. Dicho todo lo anterior, no me parece responsable que los jueces vayan a la huelga. Como dice hoy Martín Ferrand en su columna del ABC, es tanto como si el Gobierno o el Parlamento se pusieran en huelga.
En mi opinión, lo lógico en casos como este, como en decidir el alcance de los servicios mínimos en caso de huelga de jueces, algo tendrían que decir los ciudadanos de a pie: ciudadanos elegidos por sorteo como se eligen los componentes de un jurado o los miembros de una mesa electoral, a los que se presentase el caso y pudiesen graduar la sanción. Es curioso que el CGPJ está integrado por jueces, magistrados y juristas con no recuerdo cuantos años de ejercicio, y sin embargo, pese a que los ciudadanos de a pie podemos formar parte de un jurado, no estamos representados en el CGPJ, seguramente porque así los políticos y miembros de la carrera judicial pueden «mangonear» la Justicia a su sabor.
Lo que ocurre actualmente con las sanciones que impone el CGPJ tiene en mi opinión la misma legitimidad que tienen los diputados cuando se suben los sueldos ellos mismos por sus propios y respectivos mecanismos.
Señores jueces, bájense ustedes de la nube, que la batalla de la opinión pública la tienen perdida: ni la población percibe -al menos la de mi entorno- que sean ustedes los funcionarios que más trabajan; ni los juzgados son las oficinas públicas más atascadas o que trabajen con menos medios; ni tampoco percibo que los trabajadores de Justicia sean los más rigurosos en lo que al exacto cumplimiento de sus obligaciones laborales se refiere.
Empezarán a ganar la batalla de la opinión pública cuando un periodista o incluso a un ciudadano de a pie, deje de percibir que sería pasarse de generoso decir que a las nueve de la mañana los juzgados de A Coruña están trabajando a medio gas; también empezarán a ganarla cuando asimismo se deje de percibir que los mismos juzgados a las dos de la tarde se asemejan a un templo sin fieles. En definitiva, habrán ganado la batalla de la opinión pública cuando esos mismos periodistas y ciudadanos de a pie tengan la sensación de que para evitar el atasco judicial, desde la propia Justicia se hacen esfuerzos significativos para aligerarlo.
Entonces cometes el mismo error de Martin Ferrando.
¿Puedo yo fijar mi propio sueldo, como los diputados, el gobierno o incluso los concejales de los Ayuntamientos?
¿Puedo nombrar y remover asesores a cargo del erario público?
¿Puedo gastar 300.000 Euros de los presupuestos del estado en remodelar mi piso oficial que no tengo?
¿O en tunear mi limusina oficial que tampoco tengo?
Evidentemente, no. Asi que pretender que seamos poder para no hacer huelga, y que no lo seamos para estar sometidos a potestad disciplinaria (¿Lo estan el Gobierno o las Cortes?) y a un presupuesto fijado por otros, no es precisamente algo coherente.
Que absurdos son algunos tópicos, y qué empeñados estan algunos en creer que por fuerza de repetirlos acabaran siendo verdad…..
Yo creo que los funcionarios en general no deberíamos tener derecho a la huelga. Hay muchos países en los que es así, y así ha sido históricamente en España. Huelga y funcionarios públicos me parecen conceptos incompatibles.
En cuanto a Miguel Álvarez discrepo absolutamente de su comentario. Vuelvo a repetir que en si se cretica que sea el CGPJ el que aplica el régimen disciplinario a jueces y magistrados, tendremos que criticar que el régimen disciplinario de los funcionarios en general sea aplicado en la práctica por los propios funcionarios. Cuando a un funcionario se le abre un expediente disciplinario la instrucción del mismo y la propuesta de sanción la formula otro funcionario. ¿Hacemos también jurados para eso? La institución del jurado en España es un absoluto fracaso, y la sociedad no cree en ella. La prueba es que la gran mayoría de los españoles preferiríamos ser juzgados por un tribunal profesional que por un jurado. Por supuesto Miguel Álvarez no dice en ningún momento que la gestión de los medios materiales y humanos d elos juzgados y tribunales corresponde a las Administraciones Públicas. No se dice que si no existen programas informáticos que conecten unos juzgados con otros es por culpa de los gestores públicos que no han hecho absolutamente nada. Si no hay funcionarios suficientes, el juez no puede hacer nada. Suguiendo la filosofía de Miguel Álvarez vamos a poner a «ciudadanos de a pie» en la comisión nacional del mercado de valores, en el consejo de seguridad nuclear, en la comisión del mercado de telecomunicaciones, en el Consejo de Ministros, en las Mesas del Congreso y del Senado, en los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, en las juntas de gobierno locales. Vamos a poner ciudadanos de a pie en los colegios profesionales, especialmente en los de médicos, para que estos apliquen como quiere el ciudadano de a pie y el periodista de turno las normas de deontología profesional. En fin, vamos a poner a un ciudadano de a pie en cada familia española para que todo sea tan democrático que siempre se haga lo que el periodista y el político de turno consideran que se debe hacer. Vamos a cargarnos el funcionamiento de todas las instituciones para manosearlo todo al gusto de unos pocos que dicen representar a todo el mundo!
Dice Miguel Álvarez «ciudadanos elegidos por sorteo como se eligen los componentes de un jurado o los miembros de una mesa electoral, a los que se presentase el caso y pudiesen graduar la sanción»
Lo curioso del asunto es que eso que se aplica en el Jurado (Del que por cierto todo el mundo se excusa y escaquea como puede, lo sé porque he sido Decano y me ha tocado ver esas excusas) ha dado lugar a resoluciones que han resultado escandalosas a la opinión pública, como la condena del caso Wanninkoff o algunas absoluciones que han sacudido mas de una sensibilidad ¿Por que será? Pues porque el deporte nacional español de ver los toros detras de la barrera es eso, un deporte de opinadores y tertulias de domingueros, pero cuando uno se pone a la tarea de decidir en derecho, las cosas ya no son así. Mire, Sr. Alvarez, cuando yo estudiaba la carrera y era lo que vd. llama ciudadano de a pie (¿Realmente cree vd. que he perdido mi condición de ciudadano por ejercer una profesión? Lo digo porque pago hipoteca, sufro atascos y colas del supermercado como los demas….¿Ya no soy español o acabo de bajar de Marte?) clamaba contra las injusticias y contra los delincuentes que «entraban por una puerta y salian por otra». Incluso pedía la condena perpetua y me parecia escandaloso lo que algunos Tribunales decidían. Pero luego, tras ejercer esta profesión un tiempo veo que no era así; antes era yo el equivocado y no ha sido el tan manido corporativismo el que me ha abierto los ojos, sino la adquisición de un conocimiento y sobre todo una responsabilidad que antes no tenía y me hacía opinar como opinan la mayóría de españoles: Desde la desinformación y en el cafe con los amigos.
Por eso el PSOE nos metió en la OTAN cuando le tocó gobernar, y por eso el PP mantenía buenas relaciones diplomáticas con Cuba, porque opinar es muy fácil y muy divertido, pero cuando toca decidir y asumir responsabilidades ya no es tan sencillo. Entonces hay que ser serio, hay que decidir lo mas ajustado a derecho, y despues cargar sobre los propios hombros y conciencia con la carga de lo decidido. Y eso no gusta, deja de ser un pasatiempo en el café y se convierte en lo que mas teme un españolito medio: Una responsabilidad.
Estimado Contencioso, Ud. no puede remover a sus funcionarios al igual que los diputados, senadores y concejales no pueden remover a los taquígrafos y demás funcionarios de las cámaras o corporaciones locales.
En cuanto al piso oficial que usted no tiene, oiga, algunos jueces sí tienen pisito, y un pisito de considerables dimensiones (creo que 300 m2, pero digo «creo»), pagado y amueblado por todos, incluso reformado a su gusto por todos. Estoy pensando en el expresidente de algún TSJ que junto con el fiscal jefe, tenían vivienda en el propio Palacio de Justicia. El presidente, como no era un vulgar ciudadano, cada vez que tomaba el coche oficial para hacer cualquier gestión pública o privada -con chófer también oficial por supuesto- la Guardia Civil le cortaba el tráfico en la calle en donde tenía el vado -porque también tenía vado-, pues SS no podía entrar en el vehículo por el lado izquierdo en donde estaba la acera de su portal, sino que tenía que entrar en el coche por la derecha, en donde se encontraba la calzada; y en lugar de esperar a que dejasen de pasar coches para poder abrir la puerta -o para que se la abriesen porque abrirla debía ser denigrante para él- sus demás convecinos tenían que soportar un (ridículo) corte de tráfico para que SS diese gusto a su ego y se notase que él no era un vulgar ciudadano, pongamos por caso, un profesor de cualquier facultad.
Y ya que habla de gastos, además de la reforma del pisito anterior, me contaba una amiga que en un órgano consultivo en el que trabajó, todos los magistrados tenían coche con chófer; que cuando se hacían cenas de navidad o de carnavales, se pagaban con cargo a los presupuestos de ese órgano consultivo, y como no podía haber mezcla de clases, sólo acudía el personal jurídico (magistrados y consultores), con los chóferes de los magistrados esperando en la calle como no podía ser menos. El resto de los trabajadores, vulgares mortales, hacían la cena de navidad aparte, evidentemente no tenían chóferes, y se pagaban la comida a estilo Ribadeo, es decir cada un paga o seu, a escote, como en cualquier otra oficina pública.
Amigos Contencioso y JotaF, lo anterior y más es lo que me llega de la Justicia como ciudadano de a pie, y cuando escribo ciudadano de a pie, no se ofendan, me refiero a un ciudadano que no tiene mayor contacto con la Justicia -al menos por ahora- como no sea por ir a pedir alguna partida a un registro civil. Lo cual no me impide desconocer los privilegios, corporativismo y «elevación» por encima del resto de los mortales que creo atisbar en los miembros de la carrera judicial; y claro, por todo eso y más no puedo tener una buena imagen de la Justicia; de hecho, me resulta francamente difícil creer que son del todo ciertas sus quejas porque la experiencia, lo que me llega, como se ve, no coincide en absoluto con lo que acaban de referir, así que de tópico, creo que nada de nada.
Por último, no me parece mala idea que los funcionarios públicos tengamos prohibido el derecho de huelga, aunque siempre habrá indeseables que presionarán a la Administración poniéndose de baja por enfermedades como la depresión o el estrés, para las que la medicina, como a ustedes no se les escapa, dista mucho de poder efectuar un diagnóstico cierto.
Lo que ha ocurrido en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Sevilla con el caso MariLuz ha sido un fallo múltiple del sistema judicial (que está muy malito) con una repercusión mediática tremenda, y no hemos acabado.
No habrá mal que por bien no venga si este caso va a suponer un antes y un después para el comienzo de la inaplazable reforma y mejora del sistema judicial español (necesidad unánimemente sentida).
Los barómetros de opinión sitúan a la Justicia entre las instituciones pero valoradas ¿Cómo se va a confiar en una justicia que no es suficientemente transparente? La transparencia judicial tiene enemigos dentro y fuera de la Administración de Justicia.
Desde fuera, las informaciones publicadas por lo general o son inexactas por incompletas o son interesadas y sesgadas. Desde dentro, se siente pudor de dejar ver las vergüenzas. Pero, hay que decir las cosas como son.
En primer lugar algunas precisiones:
Yo (ni muchos como yo) no hubieran dejado a mi hija de 5 años sin control en la calle de un barrio peligroso.
¿Quién es el asesino de Mariluz? Santiago del Valle será (o no) el presunto culpable. Pero mientras no se demuestre que es culpable es inocente?
Si lo fuera, y la Justicia hubiera funcionado como debería, como un reloj. Al tiempo de los hechos, ya hubiera cumplido su condena y estaría suelto por ahí. Porque las penas para pederastas y psicópatas son las que nuestros parlamentarios, los elegidos por los votantes, fijan en el código penal, y que luego los jueces tiene que aplicar.
En segundo lugar es múltiple el fallo porque han fallado, a saber:
Los políticos y parlamentarios (de distintos signos políticos), que desde 1978 han aprobado 30 leyes de presupuestos con una dotación absolutamente insuficiente para adecuar el servicio público de la Justicia a las necesidades crecientes de la sociedad española cada día mas concienciada con el significado del Estado de Derecho en que se propugna España y que incrementa día a día sus demandas de justicia, por otra parte valor superior del ordenamiento jurídico según el artículo 1 de la Constitución. Y que (a su vez incumpliendo como poderes públicos su obligación constitucional art. 9 CE) no han promovido las condiciones para la eficacia del derecho fundamental de todos a obtener la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales (art. 24 CE). Sus esfuerzos para lograr un pacto en justicia se agotan en un reparto de altos cargos. CGPJ, y TC.
También han fallado los políticos de las CCAA que no han sido capaces de coordinar sus inversiones en tecnologías y en implantar la nueva oficina judicial con el Ministerio de Justicia y el CGPJ, para la eficiencia y eficacia del sistema judicial, y han tratado de sacar pecho en una absurda hoguera de vanidades, cuya consecuencia es que, en general, todavía en 2008 se sufre un sistema de gestión procesal analfabeto en términos informáticos (sino, véase el fiasco de la última conferencia sectorial de Justicia de diciembre 2008, y todas las anteriores, claro). El test de compatibilidad informática del CGPJ para los distintos sistemas de gestión procesal sigue siendo una quimera, sin respetar ni implantar, ni el de 1999 ni su versión más reciente.
El Ministerio de Justicia y la Junta de Andalucía, responsables legalmente (art. 37 LOPJ) de dotar de los recursos precisos (numero de juzgados suficientes y funcionarios adecuados a las necesidades) para una justicia independiente y eficaz.
Han fallado los órganos de gobierno del poder judicial. En primer lugar, el Servicio de Inspección del CGPJ. Después el Presidente del TSJ de Andalucía, y en cascada, el Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, el de la Sección y el Magistrado ponente del recurso de apelación que no han evitado ni corregido las dilaciones de éste último -tardó 2 años y 7 meses en redactar la sentencia-. ¿quién veló por los derechos de las potenciales víctimas, niñas menores, durante todo ese tiempo?
Han fallado el Fiscal del caso, y el Abogado de la acusación particular, por la Junta de Andalucía. Ninguno denunció las dilaciones tanto en la apelación como en la ejecutoria (¿lo verían habitual?).
Por mucho que diga Bermejo, la situación y las condiciones de ese Juzgado se repiten por toda la geografía y la sanción a dos chivos expiatorios (de las culpas de otros, entre ellos los políticos, que han querido sofocar el incendio mediático) la Secretaria Judicial, Juan Galvez, y el Magistrado, Rafael Tirado, con evidente distinta intensidad (la diferencia es de 45 a 1, y eso sólo en términos económicos, sin comparar multa con suspensión de empleo y sueldo, y pérdida de destino) en nada garantiza que no vuelva a suceder algo similar. Tal vez haya rebajado las posibilidades porque ha introducido más tensión y nerviosismo en los tribunales, y mucho, mucho malestar. Porque una injusticia a uno es una amenaza a todos.
Los jueces son independientes, pero también han de ser RESPONSABLES, según la Constitución, art. 117.
El Juez, es en todo caso (no solo para lo bueno, los módulos y los honores) el máximo responsable del Juzgado («el capitán del barco» según el abuelo de Mariluz), sin embargo, la Inspección del CGPJ, queriendo socializar las culpas de su compañero, y eso es, se quiera o no, es una clara manifestación de corporativismo –los jueces entre sí, se lamen las heridas-, dice el siguiente eufemismo: el juez titular del juzgado es, junto con el Secretario Judicial, un miembro del “equipo rector”).
El juez, según la LOPJ (art. 165) tiene en su Juzgado la superior inspección y dirección de TODOS los asuntos (los pendientes de sentenciar y de los SETENCIADOS), y puede, en todo momento, reclamar (art. 436.6 LOPJ) al funcionario responsable (Secretario Judicial, 456 LOPJ, y Gestor Procesal, 476, a) cuanta información precise, en su recurso incluye alegaciones exculpatorias mezquinas como «yo no lo sabía», «nadie me dijo nada» para tratar de trasladar su responsabilidad en su parcela de hacer ejecutar lo juzgado a los miembros de la oficina judicial, que tiene carácter instrumental a su función (435 LOPJ). Si no desatendía las ejecutorias, ¿Cómo es que no reclamó que se le informase del estado de la tramitación de la ejecutoria? ¿si lo reclamó, cuando, como, que hizo para hacerse valer? Silencio.
El desinterés y desatención del Juez por una clase de asuntos no implica ni la vaguería de éste ni un desinterés ni desatención general. Sí parece que este juez se interesaba por los asuntos por sentenciar, que son los que computan en el computo del desempeño individual para obtener un incremento de sus retribuciones, concretamente las retribuciones variables por productividad, ya que superaba el módulo fijado por el CGPJ.
Han fallado también los medios de comunicación (en la teoría, el cuarto poder, pero uno de los poderes reales), que no se han ocupado informar de cómo es el servicio internamente de sus carencias, de las condiciones en las que los servidores públicos que lo atienden han de desempeñar sus funciones, en un marasmo desorganizativo, y que han seguido siempre una política informativa exclusiva de fallos judiciales llamativos y errores, desprestigiando la institución, callando los grandes esfuerzos silenciosos de la gran mayoría de quienes trabamos abnegadamente en la Justicia tratando de no errar y hacer lo posible por evitar las dilaciones, aguantándose y conformándose con una tradicional carencia de medios, soportando políticas presupuestarias raquíticas y una endémica mala gestión de recursos, administrado la miseria.
Han fallado también abogados y procuradores, otros operadores jurídicos cooperadores de la Administración de Justicia que no se quejan lo suficiente de un servicio público que conocen muy bien, que frecuentan a diario, y que padecen de sus anomalías y deficiencias, junto con los destinatarios finales, los ciudadanos, que tampoco se quejan lo suficiente, para evidenciar las necesidades de reforma y de mejora de este servicio público que no acaba de orientarse a ellos, aunque se lo merecen.
¿Porqué no se ha dado fuerza de ley a la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, enunciada en una proposición no de ley de abril de 2002? ¿Es una cuestión de prioridades, Sr. Bermejo? ¿Los ciudadanos no son una prioridad? ¿O sólo en campaña electoral?
Demasiadas preguntas sin respuesta. Pero ni pagado ni agracedido: La situación de la Administración de Justicia no es peor gracias a los sobre esfuerzos que realizan muchos de quienes dedican su vida a ella. Los políticos lo saben, y en vez de reconocerlo, tratan de buscar responsables singulares para su linchamiento.
Nadie comprenderá la justicia si antes no la conoce y para ello hay que transparentarla, porque si no, quienes conocen (o debieran conocer) el fenómeno, callan, o lo cuentan a su modo.
Saludos.
En línea con el debate, me ha llegado un espléndido artículo de opinión de Andrés Aberasturi en el que centra magnificamente el problema de la justicia y quién puede y debe resolverlo. Aquí está:
http://blogs.periodistadigital.com/opinion.php/2008/12/27/andres-aberasturi-el-presidente-contra-el-cgpj-262
Totalmente de acuerdo con la mayoria. Soy funcionario de juzgados, he estado un tiempo en un juzgado penal exclusivo de ejecutorias y eso era desbordante.
Hace más de un año leí el organigrama que la generalitat tenia previsto para los juzgados de mi población. Hay siete juzgados. Al servicio de ejecutorias de los siete juzgados se destinaban solo siete personas. Para civil i penal. Y eso no es todo, de esas siete personas dos eran gestores procesales con el consiguiente «liberamiento de funciones» que significa (eso me lo dijeron en un curso que hice).
Se le da demasiada importancia por parte del gobierno a sacar sentencias como churros y demasiada poca importancia a las ejecturias, porque ¿de que sirve dictar sentencia si luego no puedes hacerla efectiva?
En mi opinión, los módulos no deberian ser por sentencia, sino por archivo definitivo.
Este juez,Rafael Tirado Marquez, no es sobrino de la saga de jueces Marquez, de Sevilla?…. Los que metieron a Juan Guerra en la carcel….el hermano de Alfonso Guerra,creo que el en aquellos tiempos empezaba a trabajar y colaboraba con su tio………………….. he dicho..