En el presente año 2009 se ha notado el impacto de la huracanada crisis económica en las ya por sí revueltas aguas del mundo judicial. Los pronósticos que efectuó el Presidente del Tribunal Supremo en su informe en la primera acomparecencia ante el Parlamento se quedan cortos en cuanto al sensible incremento de la litigiosidad. Los cambios que se están percibiendo en el mundo forense son de gran calado, afectan a todos los operadores jurídicos y ponen en entredicho la credibilidad de la Justicia
1. Así, el incremento de carga judicial ( o aumento de litigios), según se deriva de las Estadísticas Oficiales manejadas por el Consejo General del Poder Judicial y del sondeo personal de Sevach a jueces de todos los órdenes, ha sido muy sensible en los siguientes ámbitos:
– Ejecuciones hipotecarias ante Juzgados civiles ( “ Todo muy bonito y fácil cuando se firma el crédito pero tenebroso cuando no se puede pagar los bancos son insensibles ejecutores”).
– Incremento de monitorios ante los Juzgados Civiles ( Es el tránsito del profesional que afirmaba “ya me pagarás cuando puedas” al “ahora no puedo dejar de cobrarte”).
– Desahucios por impago de renta («El casado, casa quiere, pero no paga si no puede»).
– Procedimientos concursales ante Juzgados de lo Mercantil ( “ Las empresas al borde del ataque de nervios para sobrevivir»).
– Incremento de divorcios y separaciones no consensuadas en los Juzgados de Familia (“Cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana”).
– Reclamaciones de salarios y demandas por despidos ante la Jurisdicción Social («El empresario no paga porque no le pagan, y acaba despidiendo al trabajador»).
– Aumento de procedimientos penales por delitos menores como salida desesperada de desempleados sin prestación o emigrantes ahogados por las deudas (“Todo vale para que no le falte el pan a la familia”).
2. En una primera impresión, diríase que el ámbito de los procesos contencioso-administrativos resulta inmune a la crisis económica. Sin embargo, también han aumentado determinados procedimientos contencioso-administrativos:
– Procedimientos por inactividad en el pago de los contratos por las Administraciones Públicas (» La Administración compra y encarga, pero primero paga al personal, que pagar a las empresas no es fundamental»).
– Procedimientos de recursos de funcionarios interinos que ven amortizadas sus plazas o cesados en su destino (» La austeridad empieza por el eslabón más débil»).
– Procedimientos de funcionarios de carrera que ven sus retribuciones recortadas («El chocolate del loro hay que suprimirlo»).
– Procedimientos de reclamación de indemnización por responsabilidad de la Administración derivada de sus servicios públicos («Reclama a la Administración que si caíste en la calle, algo te caerá»).
– Procedimientos de impugnación de sanciones ( las multas son tan elevadísimas que empujan al sancionado a recurrirlas).
– Procedimientos de medidas cautelares para aplazar el cobro o embargo («Mientras el pleito va y viene, al menos se retrasa el pago»).
– Procedimientos sobre impugnación de Actas de la Inspección de Tributos (» A mayor presión fiscal y mayor penuria empresarial, mayor fraude fiscal»).
– Cuestiones de impugnación de Expedientes de regulación de Empleo (» Aprovechando que pasa el Pisuerga de la crisis, hay que recortar las plantillas»).
3. Y finalmente hay un impacto colateral sobre abogados y procuradores.
– Se aumenta la transacción o acuerdo entre los litigantes, acudiendo al arbitraje antes que embarcarse en un pleito (mas vale un acuerdo económico y rápido que un pleito costoso y lento).
– Cuando la intervención del procurador es potestativa, se evitan sus servicios y se otorga poder al letrado, con el consiguiente ahorro. Además el poder se otorga “apud acta” (ante el órgano judicial, que es gratis) en vez de contar con notario (cuesta).
– Los letrados están viendo como sus minutas se ven abonadas con mayor morosidad, y además la provisión de fondos o anticipo de gastos empieza a ser historia.
– Los letrados luchan por la imposición de costas cuando consiguen vencer a la todopoderosa y solvente Administración ( lo que estaría justificado si tenemos presente que tan solo uno de cada cuatro pleitos dan la razón al particular en los Tribunales de Justicia, lo que aumenta a razón de uno de cada tres en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo).
– Aumentan los bufetes de tarifa plana (Legalitas y similares), que al igual que sus homólogos del mundo de la telefonía, tienen letra pequeña.
4. Así pues, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia tienen trabajo por delante ya que resultará difícil diseñar una nueva Planta Judicial tomando datos de una situación transitoria, tan crítica y que próximamente comenzará a remontar. También resultará difícil establecer un sistema de productividad judicial cuando su ritmo de trabajo viene dado por la coyuntura económica.
Lo que está claro es que, como consecuencia de la crisis económica, se producirá una especie de “deslocalización” de los litigios y de los abogados: los litigios irán engordando la carga judicial de los Juzgados con gran componente económico (mercantil, penal) y los abogados irán migrando su actividad hacia los nuevos yacimientos de litigios.
Lo que no puede hacer el Ministerio de Justicia ante este fenómeno de colapso y reconversión litigiosa es quedarse cruzado de brazos, como Nerón tocando la lira mientras contempla el incendio de Roma. Quizás sea preciso afrontar de una vez por todas el debate sobre la Justicia que se quiere y no parchearla con las simplonas soluciones parciales a corto plazo que suelen esgrimirse: ¿Mas jueces?, ¿ Pagarles más?, ¿sancionarles con mayor rigor? ¿ Mas tecnología en los juzgados?,¿Transferir competencias judiciales a los secretarios?, ¿ rediseñar la Oficina judicial ?, etc.
5. Sevach iría mas allá y modestamente cree que uno de los más graves problemas que lastran la Justicia española es la deficiente técnica legislativa.
La legislación sustantiva se aprueba por el Parlamento con criterios de modernidad y de lo políticamente correcto, prescindiendo de una evaluación económica realista de sus implicaciones. Por ejemplo, ¿de qué sirve una legislación medioambiental ambiciosa, con mas de ocho leyes de nuevo cuño en los últimos cinco años, y hoy todas vigentes, si se carecen de medios técnicos, financieros y de inspección para hacerla efectiva?; ¿de qué sirve aprobar un Estatuto Básico de los Empleados Públicos cuando su desarrollo resulta tan costoso que por supervivencia ningún gobierno lo acometerá?,etc. Por algo Sevach comentó anteriormente que hemos pasado del Estado de Derecho Sostenible al Estado de Derecho Colapsado.
Asimismo, la actual legislación procesal, tanto civil como penal y contencioso-administrativa, vive enredada en trámites y requisitos formales, que no dejan ver el bosque de una solución rápida y justa. No hay como una buena poda para ver crecer brotes verdes en los procedimientos judiciales.
Y es que, al final, los problemas sembrados por el legislador se vuelven cosecha de desastres por la Justicia- Así, aunque nos hemos ocupado de los efectos de la crisis económica sobre la Justicia, quizás no debemos olvidar que los efectos de la crisis de la justicia sobre la Economía no son nada desdeñables.
La Justicia siempre anduvo escasa de medios y sobrada de saturaciones. Pero pienso que con la crisis económica, cobra vigencia lo de » a río revuelto, ganancia de pecadores…», y por pecadores entiendo jueces (son mas necesarios y su posición gana fuerza) y los abogados (mas pleitos-mas trabajo); tardarán en cobrar, pero cobrán. Seguro.
El problema es tanto de falta de jueces como de la gestión de la Administración de Justicia. En España se utiliza el modelo creado tras la Constitución de 1812, apuntalado con muchas reformas. El fondo del problema es ese precisamente, que el sistema estaba diseñado para aquella época y para un volumen de trabajo muy pequeño, pero no soporta el incremento exponencial de litigios que se ha experimentado y la complejidad de la vida moderna. No existe organismo o empresa en la que por cada equipo de 10 ó menos personas (un juzgado), dos sean equivalentes a Grupo A (juez y secretario), tres del Grupo B (gestores, creo que ahora A1), 4 del grupo C (tramitadores) y uno del grupo D (Auxiliar), a lo que hay que añadir la cuota de fiscal y médico forense. Unos dependen del CGPJ, otros del Ministerio de Justicia y otros de las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas. Cualquier paso que se da ha de ser consultado, cuando no convenido, entre todas estas instancias. ¿Alguien se imagina una empresa privada con esa estructura? Sería ingobernable. Un juzgado es carísimo y sus integrantes sólo pueden desarrollar su trabajo en el mismo, de forma que en algunos sitios sobra gente y en otros falta, con las graves consecuencias de retraso que ello conlleva, y la rigidez del sistema impide una solución rápida. Sepan que en esta administración hay sobre un 20 % de personal interino, o sea, muchísima gente, y sólo una pequeña parte tiene experiencia, por lo que la gran mayoría llega a los destinos sin la más mínima idea (no es culpa de ellos) a tramitar procedimientos, de forma que es peor el remedio que la enfermedad. Piensen que cuando un juzgado necesita un incremento puntual de plantilla por padecer atraso, se nos ofrece a los funcionarios la posibilidad de participar al precio aproximado de 8 euros la hora (hablo del cuerpo de Gestión /Diplomados), para tramitar expedientes de dominio, subastas, declaraciones de herederos, preparar la documentación para los Registros de la Propiedad, tramitar procedimientos penales, etc; y claro, decimos que no vamos. En algunas CCAA hay planes para frenar el fracaso escolar y pagando a los profesores la hora de refuerzo a 40 euros la hora. La Administración de Justicia actual es una fábrica de desmotivados; todo gira en torno al juez y al secretario, ellos tienen incentivos salariales y los funcionarios no (es como si las primas sólo las cobrasen los delanteros … infumable). Jueces y secretarios tienen atribuidas unas funciones para cuyo cumplimiento necesitarían que el día tuviese el doble de horas, ejecutan personalmente no más de 1/3 del papel que sale de un Juzgado, sobre todo en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción (la mayoría), pero no pasa nada, está todo pensado, lo hacemos los funcionarios y ellos lo firman (como ha sucedido siempre desde el principio). Claro, luego ellos son los responsables de todo (como ha ocurrido en el desgraciado caso de Huelva); muchos se quejan en privado, pero tienen un conflicto de intereses. Los funcionarios atienden al público, sacan el papel, adoptan decisiones para salir del paso y agilizar los procedimientos, utilizan las bases de datos de otros organismos (Hacienda, Tráfico, TGSS), controlan los plazos, etc., sin reconocimiento y con sueldos mediocres. El trabajo en los juzgados es apasionante pero muy complejo y la responsabilidad no puede dejarse en manos de dos personas, una de las cuales, el juez, ya tiene bastante con resolver los asuntos, y la otra, el secretario, necesita echar demasiado tiempo en el control de la cuenta del juzgado, la estadística (se hace a mano) y en asistir a los juicios (a pesar de que se graban). La Administración de Justicia es algo así como un cuerpo con mucha cabeza y sin columna vertebral, me lo dijo un amigo que trabaja en Hacienda; allí eso no ocurre. Hace falta incentivo, promoción y control efectivo del personal, más medios, redefinición y redistribución de funciones, simplificación de los procedimientos judiciales, un sistema ágil de vigilancia y ayuda a los órganos con retraso… Finalizo diciendo que los políticos llevan lustros hablando de la necesidad de la reforma de la Administración de Justicia pero los pasos se van dando muy lentamente. Apunto causas que se nos ocurren a los que trabajamos en esto: es necesario poner el cascabel a gatos muy gordos; si se mejora la justicia necesariamente aumenta la litigiosidad (es como si se pone un Centro de Salud en cada manzana), lo cual tampoco es bueno; estadísticamente la administración de justicia es utilizada por el 25 % de la población, compárese con sanidad, educación, medios de transporte.
Si realmente se quiere mejorar la Administración de Justicia, la reforma ha de ser muy profunda y valiente, pues hoy día es algo así como una tubería llena de agujeros, y da igual la presión que se meta, pues se pierde mucho por el camino. Habrá que mirar hacia Europa, habrá que sopesar muy bien qué pasa con los Secretarios y los Gestores (Cuerpo nuevo sin funciones): sobran unos, sobran los otros, o sobra la mitad de cada Cuerpo. Habrá que distinguir entre los intereses gremiales y el linterés general.
Lamento la perorata, pero creo que es necesario que se abra un debate en la sociedad sobre la Administración de Justicia.
Por supuesto acepto críticas, a ser posible constructivas.
Muy bueno el análisis.
Y en relación con lo último, lo cierto es que es muy fácil legislar [y prohibir o dar derechos], pero lo difícil no sólo es poner los medios necesarios para que esos derechos sean efectivos o esas prohibiciones controladas –como bien dices–, sino que lo difícil, en el caso de las prohibiciones, es dar ALTERNATIVAS válidas.
Y de eso nuestros políticos suelen adolecer bastante, pero no sólo en España, también en la reglamentación europea… Eso sí, en España, a la hora de transponer directivas echamos tres más de nuestra cosecha… Y luego vete a competir en un mercado único…
El problema que surge dentro del mundo administrativo es que luego el funcionario es el que debe hacer de árbitro, tragándose según que normativa incumplible, que queda muy bien plasmada en el papel, pero que queda fuera del sentido común, y aplicada a rajatabla hundiría algún sector… Y eso a cargárnoslo a nuestras espaldas, que visto lo que proponen en cuanto congelaciones salariales, recortes de plantilla [con consiguiente aumento de la carga para los demás], falta de desarrollo de carrera profesional,… deben ser bastante anchas… En fin, todo sea porque somos unos privilegiados con trabajo fijo que hemos perdido al menos un 20% de poder adquisitivo (ah, y unos vagos); aunque ni por esas…
Siempre me ha hecho gracia ver a los «sesudos» pensadores del Ministerio ofrecer soluciones a los problemas perdiendo de vista la parte esencial de los mismos. Lo cierto es que, por mucho que se agilicen los procedimientos, por mucho que se tramite mejor y se supriman pasos innecesarios, por mucho que se solucione el desastre de las notificaciones y búsquedas, al final….todo es correr para morir a la vista de la meta. ¿Por qué? Pues porque los Juzgados son un embudo que acaba en el Juez. Todo, absolutamente todo lo que el Juzgado hace, su razón de existir, es para al final ponerle al Juez sobre la mesa un expediente para que dicte Sentencia definitiva. Asi que da igual lo que se corra, si al final sigue habiendo el mismo número de Jueces con la capacidad de poner X Sentencias (Las que sean, no es ahora cuestión de discutir el número). El atasco pasará de un lado (oficina) a otro (mesa del Juez), pero no desaparecerá. Gastar miles y miles de millones en acelerar los procesos y agilizar trámites servirá de bien poco si al final se le ponen al Juez sobre la mesa -aunque sea esa su única dedicación- 200 Sentencias al mes.
Saludos
Tiene razón Contencioso, por eso los juzgados deberían estar constituidos por el juez y unos pocos funcionarios, muchos juzgados, muchos jueces, cada uno de los juzgados con un número de procedimientos que pudiera ser abarcados por el juez con las debidas garantías, pero como se medía la eficacia de los jueces (y estos estuvieron encantados de ello) por el número de procedimientos «terminados»se llegó a la aberración actual, funcionarios realizando funciones que no les corresponden, jueces asfixiados y claro sentencias de copia y pega que se hacen en 15 minutos.
Los jueces avisan de una huelga para el 8 de octubre y ellos tienen en la mano el presionar para que esto cambie..
un saludo
Esta claro. A la guillotina con el sistema judicial. Hay que refundarlo sobre nuevas bases.
Me gustaría hacer hincapié en los efectos colaterales de la crisis sobre determinadas resoluciones judiciales. En efecto, un compañero dedicado a la rama laboral me comentaba hace poco que los juzgados de lo social habían cerrado el grifo de las incapacidades y que ahora no concedían casi ninguna. En el ámbito contencioso-administrativo, al menos en la plaza en la que ejerzo, el juzgado ha mutado sus propios precedentes para dar la razón a las Administraciones, incluso a veces sacándose argumentos de la manga que ni tan siquiera fueron esgrimidos por los defensores de la Administración. En el ámbito civil, las ejecuciones se dilatan cada vez más y para hacer efectiva una sentencia hay que instar cada poco del Juzgado la posible averiguación de bienes del ejecutado. Y, por cierto, el peor pagador con mucho es el ente público. A primeros de septiembre tuve que ponerme en contacto con el Ayuntamiento de Oviedo, que me debe unas costas de dos procedimientos y cuyas facturas les había entregado el 1 de junio, y me dicen textualmente que «aún no se ha abonado ninguna factura del mes de junio; tenemos previsto abonarlas a finales de septiembre, aunque a lo mejor se produce algún retraso» (sic)
En cuanto a la huelga de jueces, simplemente me remito a los fundamentos jurídicos de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón de fecha 31 de julio de 2009 dictada en autos de Procedimiento de Derechos Fundamentales 355/2008 (huelga de abogados del turno): el derecho de huelga protege «intereses que, por muy respetables y fundados que sean, afectan al grupo que la plantea, mientras que los derechos fundamentales protegen «intereses generales». Con esta doctrina judicial dudo muy mucho que, al menos en Gijón, los jueces puedan invocar el derecho de huelga. Queda, no obstante, por ver si en caso de que el parón judicial se produzca la fiscalía actuará de oficio impugnando la decisión como hizo con los abogados.
Todas vuestras entradas excelentes pero falta una comparativa.
Siempre he admirado las estadisticas del 30 de junio cuando sale en l TV el Director de la AEAT, diciendo que en 60 dias ( que es lo que dura la campaña de Renta)se han tramitado 800.000 devoluciones y 6 millones de declaraciones.
La pregunta que siempre me hago es la misma: ¿por que la Administracion Tributaria puede hacerlo y la Adminsitración de Justicia no puede?..si ambas son hijas del mismo padre ( EStado Central)….y de la misma madre ( a ambas se le aplica la misma legislación administrativa)..entonces ¿por qué ambas hermanas no son igual de eficientes?………………
Respuesta: una es la hija rica de la familia y la otra es la pobre….¿y por qué?
A mi modo de enteder, QUE LA JUSTICIA NO TENGA MEDIOS, es lo que se quiere, interesa y de modo subliminal es lo que se busca.
Cuanto menor sea la Justicia mayor será la impunidad para que unos roben a los otros. Eviedentemente, en esto serán los ricos y poderosos los más beneficiados.
Hombre; no me llevo muy bien con Hacienda (hasta cuando me devuelve me queda un regusto amargo), pero creo que el sistema es diferente; ellos van ingresando los datos en un ordenador y, en esos sesenta días dan la órden de devolver según lo que haya procesado la máquina, eso sí, reservándose una carta en la manga; el resto del año te la miran mas detenidamente y, si te pillan el mas mínimo renuncio te dicen que te pases por allí a verles…………., despues de los correos certificados con acuse de recibo que recibimos enviados desde la DGT y que nos hielan la sangre, siento decir que los de la Agencia Tributaria son casi igual de temibles.
Policia Local, la AEAT tiene unos medios informáticos que son los mejores DEL MUNDO, ( dicho y reconocido por las propias asociaciones de Inspectores).
La Adminsitración de Justicia no tiene, siquiera una base de datos para conocer las órdenes de ingreso en prisión, razón por la cual, algunos jueces han acordado libertades desconociendo que había órdenes de ingreso dictadas por otros jueces y pendientes de ejecutar.
Excelente la entrada y los comentarios.
Yo creo que la Administración de Justicia adolece de los defectos que aquí se señalan, pero además también de otro, de la falta de capacidad y de formación específica de los Jueces y Secretarios Judiciales para la organización y dirección.
Los Jueces llegan a los Juzgados procedentes de la Escuela Judicial, en muchos casos muy jovencitos, con la lección muy bien aprendida de que son autoridades, con el convencimiento de que son «el no va más en bicicleta» y que se merecen un enormísimo respeto por parte de todos…distanciándose varias leguas de quienes les rodean (incluídos los abogados que actúan en su juzgado), y a quienes tratan y consideran como si fuesen seres inferiores y hechos de otra pasta.
Está claro que esta generalización admite -como todas- muchísimas excepciones. Pero lo cierto y verdad es que salen de la Escuela Judicial se encierran en su despacho y tardan mucho tiempo en enterarse en cómo funciona de verdad su juzgado, en manos de quién está realmente la tramitación de los asuntos, de cómo los abogados y procuradores pueden -en ocasiones- tener «más mano» que ellos mismos para dominar algunos de los intríngulis y claves de su Juzgado.
Es verdad que el reto que tienen por delante es sumamente complejo, y que la organización de la Admón de Justicia no es la más adecuada, pero -en mi opinión- la formación y la actitud con la que afrontan su actividad -en especial en sus comienzos- no es la más idónea ni adecuada.
Es verdad que la AEAT tiene más medios técnicos y es más ágil que la Admón. de Justicia. Es verdad que el Estado ha invertido en ello….¿pero por qué ha invertido?….¿simplemente porque se le ha ocurrido? Creo que no…Creo que hay más medios porque dentro del Ministerio de Hacienda, de la AEAT, pero precisamente porque en su seno en un determinado momento se comenzó a crear un equipo de trabajo multidisciplinar que supo organizar, crear adecuadas sinergias, importar técnicas de trabajo y organización, motivar e incentivar al personal, y reclamar de papá Estado de forma progresiva la oportuna dotación de medios para la consecusión de unos objetivos más o menos inmediatos….
¿Puede esto compararse con lo que ocurre en los Juzgados y Tribunales? Simplemente no… Muchos que tienen que bajarse del guindo, y darse cuenta que si bien para el ejercicio de función jurisdiccional han de asumir su papel de autoridad e investigarse de boato que corresponda para la organización, coordinación y gestión de Justicia tienen que arremangarse, romper con el exclusivo cliché jurídico, acceder a nuevos conocimientos, aprender a trabajar codo con codo con otros operadores, planificar, organizar, formar equipos de trabajo, etc, etc.
Me consta que desde las CCAA, en uso de sus competencias, se está tratando de dotar me medios y de mejorar la organización, y ello está deparando resultandos positivos, pero pienso que el verdadero cambio, el cambio importante, el cambio decisivo tiene que partir de ellos…
Es cierto que Hacienda tiene medios informáticos superiores a cualquier otra administración, pero yo lo que quiero apuntar es el hecho del método empleado en los procedimientos respectivos; si los jueces, igual que Hacienda, pudieran dictar sentencias de conformidad con las peticiones de las demandas y dejar para los posteriores recursos la solución, evidentemente podría salir el Ministro de Justicia dando unos datos estadísticos muy superiores, pero la eficacia sería inferior y no se daría justicia que, pese a quien pese, es un fin infinitamente mas necesario que la recaudación de impuestos, aunque menos productivo. ¿porqué será que en la Guardia Civil, dentro de la gran diversidad de funciones que desarrolla, la de tráfico y aduanas es la mas dotada de medios materiales?. Pura y dura recaudación
A propósito de la comparación entre Hacienda y Juzgados, creo que que la diferencia es la siguiente:
Trabajo «de relleno» (En Hacienda la campaña del IRPF en los Juzgados los asuntos sencillos con Sentencia de modelo): En Hacienda lo hacen funcionarios (Ni siquiera subinspectores) e incluso personal externo contratado como refuerzo para la campaña de Renta. En los Juzgados lo hace el Juez.
Trabajo pesado (En Hacienda las inspecciones, en los Juzgados las Sentencias complicadas o las investigaciones dificultosas): En Hacienda lo hacen los subinspectores o inspectores, en los Juzgados …. el Juez.
En definitiva, no se puede poner a un licenciado en derecho con oposición de grupo A a resolver absolutamente todo lo que entra en el Juzgado, como tampoco el Inspector de Hacienda lo hace. Solo que en el caso del Juez, resulta que si no lo resuelve él, se vulnera el art. 24 de la CE, y por eso tiene que hacerlo.
Esto no tiene pies ni cabeza, es un sistema imposible y así no puede seguir.
Saludos
Estoy de acuerdo con lo que dice Contencioso…Tiene razón…
También la tengo yo en lo que decía antes, y es porque este asunto tiene muchas aristas y muchas claves.
Un Juez, además de poner sentencias, tiene que saber organizar su juzgado, tiene que saber planificar su trabajo….Y tiene que controlar su juzgado.
Si no se preocupa por esas labores «domésticas» puede ocurrirle que ponga las mejores sentencias del mundo, que sea un excelente jurista aunque su juzgado no funcione, y esté -incluso- en manos de terceros que desde fuera imponen los ritmos de actuación.
Pienso que solucionar este problema requiere serias reflexiones y cambios por parte de muchas instancias, pero también de los jueces y de quienes forman a los jueces.
Los jueces no sólo son juristas, son también los «directores» de los juzgados.
Mientras no sean conscientes de esto, mientras no se preocupen por este aspecto, las cosas estarán lejos de resolverse.
Estoy de acuerdo contigo ummj, y lo cierto es que cuando entramos en el primer Juzgado tras salir de la escuela «per-judicial» (Como la llamábamos en vista de lo absurdo de la formación y el proselitismo ideológico de muchos profesores) una de las cosas que mas comentábamos era que nos habíamos preparado para todo … menos para ser de repente y sin experiencia laboral previa jefes de 8 personas que de la práctica sabían mucho mas que nosotros. Y claro, ahí sale a relucir la personalidad de cada uno y las diferencias tan enormes de trato que se pueden observar entre los Jueces: El inseguro se vuelve autoritario, el agobiado se vuelve pasota y se inhibe, el hiperactivo se estresa y desespera y cabrea con todo lo que se mueve, y así según sea cada cual.
En descargo de esto, hay que decir que entre los que acceden por el 4º turno pasa muchas veces lo mismo, porque una cosa es haber sido un jurista de prestigio en lo privado, y otra muy distinta haber tenido 8 empleados, y además funcionarios (Con las peculiaridades que eso conlleva al no poderles motivar por ejemplo con incentivos económicos, etc.) Afortunadamente, la reforma de la oficina judicial debería paliar en gran medida este problema, ya que desde 2003 no somos jefes de la misma, pero en realidad esto lo único que hace es traspasar el problema al Secretario judicial, que a su vez entra por oposición libre en la mayoría de casos.
Con lo que no estoy tan de acuerdo es con lo que dices de que «Un Juez, además de poner sentencias, tiene que saber organizar su juzgado, tiene que saber planificar su trabajo….Y tiene que controlar su juzgado», no en cuanto al fondo, que sí lo estoy, sino en cuanto a que en el diseño de la oficina futura esto ya no es relevante, porque el Juez va a ser sólo el funcionario del despacho de al lado, al que se le pasa papel y lo devuelve. Ya no somos jefes de nada, ni por lo tanto tenemos responsabilidad de organizar ni dirigir nada. Mal que nos pese a algunos, que sabemos que de esa manera podemos lograr mayor eficiencia.
Saludos
Estimado contencioso:
El asunto es parecido -salvando las lógicas distancias- al de los Funcionarios de Administracón Local con Habilitación Estatal.
Cuando un Secretario-Interventor accede a su primer destino en un pequeño municipio puede constatar que si bien son fundamentales los conocimientos que ha adquirido en sus oposiciones, más lo son aún otras cosas para las que no está necesariamente preparado.
De entrada no es el Jefe de personal, pero sí que tiene que dirigir, gestionar y hacer funcionar una oficina municipal con cuatro cinco personas generalmente administrativos y auxiliares administrativos.
Y ¿qué les ocurre?…pues que cada paracaidista según se personalidad y experiencias reacciona de la forma que tú acabas de exponer.
¿A dónde quiero llegar con este comentario? A poner sobre el tapete la necesidad de formar e incluso seleccionar a los funcionarios que están destinados a dirigir -también técnicamente- de una forma adecuada.
Cuando aprobé la oposición y empecé a trabajar en un Ayuntamiento mediano, me encontré con un departamento con 5 adminsitrativos entre los que habia y hay uno de ellos, que en la práctica, se habia ganado la consideración de jefe de los demás.
MI llegada, como Jefe del Departamento, con estudios muy superiores a los de él, siendo mujer y mucho más joven, le sentó como una patada en los …… así que decidió hacerme la vida dificil….. me ocultaba papeles, me impedia el acceso a la aplicación informática, cuando pedia explicaciones me contaba milongas……..y así fueron pasando los años. Al final cambié de Departamento y hoy sigue siendo él el Jefe absoluto.
HOy 15 años después, estoy intentando acceder por el 4º turno. Y si lo consigo ( es dificil ), os aseguro que me llevaré en la maleta toda la experiencia vivida y que cuando llegue a mi primer juzgado tendré muy en cuenta lo vivido para que no me vuelva a pasar.
Con esto, lo único que quiero decir es que la experiencia es algo fundamental e insustituible por años de estudios y formación académica.
Pues si, mas sabe el diablo por viejo que por diablo. Claro que, entrando por el cuatro turno llevarás por eso mismo unos cuantos años menos de experiencia en la función de Juez que otro que entró por oposición con 26 años. Es decir, estarás mas experimentada en unas cosas, y menos en otras. Moraleja: El tiempo es insustituíble, y dá para lo que dá. Haberlo dedicado a unas cosas y no a otras tiene sus ventajas y sus desventajas, y no creo que se pueda afirmar rotundamente que una es siempre mejor que otra.
Saludos
Según el último estudio sociológico de la escuela judicial ( se puede leer en http://www.cgpj.es), en la última promoción de aprobados, de los 135 nuevos jóvenes jueces, 100 son mujeres.
La edad media está en 30 años ( sólo 2 tienen 26) y el tiempo de preparación media de la oposición ha sido 5 años y 3 meses.
Esas 100 mujeres que en los próximos meses entrarán en su primer Juzgado se encontrarán con algunas cosas:
1º el personal; tendrán subordinados ( algunas ya hemos aprendido qué es eso).
2º la maternidad; tendrán que resolver la cuestión entre los 30 y los 40, por razones evidentes ( algunas ya lo tenemos resuelto por la edad y el trascurso del tiempo).
3º la primera hipoteca; la mitad del sueldo en pagar vivienda durante los próximos 10 ó 15 años. Casi nada.
4º la desilusión de encontrarse con la realidad; se pierde la gran ilusión que supone el reto de aprobar la oposición y te encuentras con la dura realidad. Con el tiempo se convierte en desidia y pasotismo.
5º por último, la aplicación del derecho: en eso estaremos en igualdad de condiciones.
Contencioso, en los demás creo que una cierta ventaja frente a ellas me han dado los 15 años de experiencia y avatares juridicos.