Procesal

Interesantísimas lecciones del Tribunal Supremo sobre la prueba contencioso-administrativa

La mayor parte de los litigios contencioso-administrativos, contrariamente a la creencia general, no encierran un puro debate jurídico sino cuestión de prueba de hechos. El juez no tiene una bola de cristal pero se ve obligado a dar su “versión” de los hechos acaecidos según lo probado en juicio. El pleito se gana o pierde si se consigue probar la inocencia en la infracción (“yo no fui” o “las cosas no sucedieron así”), el perjuicio y su causa en la responsabilidad administrativa, la identidad  de casos cuando se invoca el principio de igualdad, la ausencia de notificación, la distancia al mar del edificio, la falta de realización del hecho imponible, el arraigo del extranjero, o cualesquiera otros extremos fácticos del amplio universo contencioso-administrativo.

Por eso, el derecho procesal tiene gran relevancia pues de nada sirve tener la razón moral y contar con el amparo del Derecho Administrativo si el juez despacha la desestimación por sentencia apoyándola en dolorosas frases para el vencido como: “ ausencia de prueba”, “ inadmisión de prueba”, “ extemporaneidad de propuesta de prueba”, “pasividad en negar los hechos de contrario”, “preclusión del trámite probatorio”, etc.

Si a ello unimos que el terreno probatorio contencioso-administrativo es un terreno siamés donde una parte está regulada por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 y otra parte supletoria por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, unido a los machetazos del Tribunal Constitucional, fácilmente se comprende la relevancia de las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para poner orden en las filas de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia.

En esta línea, la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 2 de Marzo de 2011 (rec.4582/2008) alude a varias cuestiones probatorias, a juicio de Sevach, de gran interés y utilidad para el mundo forense.

 

1. En primer lugar, el Tribunal Supremo admite que la calificación de una prueba de “superflua” o “innecesaria” justifica su denegación. Oigamos la referencia que trae a colación la sentencia citada:

“Sin embargo ninguna lesión se produce ante la denegación de una prueba por superflua (STS de 18 de junio de 2008, recurso de casación 3714/2005), o la denegación de inútiles, impertinentes, innecesarias o inidóneas, es decir las que no guarden conexión con el objeto del proceso (STS de 27 de enero de 2004).”.

Lo llamativo es que la denegación de las pruebas según la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 283) sólo debiera hacerse por resultar “inútiles”,  “impertinentes” o “ilegales”, y toda denegación debe reconducirse a ese menú cerrado y tasado. De ahí que admitir con naturalidad que pueda denegarse una prueba por ser “innecesaria” está confundiendo el diagnóstico con la enfermedad o el género con la especie ( ya que prueba innecesaria es toda prueba inútil, impertinente o ilegal, e incluso la extemporánea, imposible o desproporcionada).

El riesgo radica en que una prueba despachada negativamente por “superflua” o “innecesaria” (teniendo en cuenta que según el Diccionario de la Real Academia por “superfluo” hay que entender lo que “no es necesario, que está de más”) nos sitúa en un juego de adivinanzas y aunque todo letrado entiende el mensaje, no parece que sea procesalmente muy ajustado a lo que se espera de un juicio con todas las garantías y con derecho a la motivación de la denegación de las pruebas. Veamoslo con un sencillo ejemplo: si un hijo solicita permiso al padre para viajar a Japón, y este le contesta “¡ No, innecesario!”, aquél no sabrá si la razón de la negativa es: seguridad, salubridad, costes elevados del viaje, o sencillamente que su conducta o estudios no lo merecen. Un lacónico “innecesario”, frío y envuelto en un brevísimo y ritual auto recuerda el hábito burocrático reflejado por Berlanga en sus películas, del funcionario que tras la ventanilla despachaba la instancia con un automático estampillado frío.

2. En segundo lugar, la citada Sentencia precisa que la prueba pericial judicial tiene cabida en el proceso contencioso-administrativo, con naturalidad y sin supeditarse a la unanimidad de ambas partes y del juez en su necesidad

“  El artículo 339 LEC se refiere a la solicitud de designación de peritos por el Tribunal y a la resolución judicial sobre dicha solicitud, contemplando su apartado segundo que aquella solicitud habrá de realizarse en el escrito inicial debiendo el Tribunal acceder siempre que lo considere pertinente y útil. Guarda, pues, consonancia con lo preceptuado en el art. 60.1 de la LJCArespecto a que la solicitud del recibimiento a prueba tendrá lugar en los escritos de demanda y contestación. Es incontrovertible, por tanto, que la Ley reguladora de nuestra jurisdicción establece específicamente cuál es el momento para solicitar el recibimiento a prueba lo que debe prevalecer sobre cualquier regulación general que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil de aplicación supletoria. Sin embargo, justamente en el presente supuesto la ley procesal civil contempla la posibilidad de que se interese asimismo el recibimiento a prueba en el escrito inicial. No cabe sostener que el nuevo tratamiento conferido en la Ley de Enjuiciamiento Civil a la prueba de peritos mediante la posibilidad de la aportación de dictámenes con la demanda o con la contestación a aquella fuere excluyente de su práctica en sede procesal mediante la correspondiente insaculación cuando así fuere peticionado.”

O sea, deja claro que en el ámbito contencioso-administrativo donde está en juego el interés público, cabe con naturalidad la pericial judicial (tanto de oficio por el juez, como a petición de una o ambas partes), planteamiento distinto del mundo jurídico privado, donde como regla general cada parte tendrá con sus fondos que sufragar los peritos que avalen sus afirmaciones.

 

3. En tercer lugar, la sentencia analizada recuerda que los médicos forenses no están para realizar pericias judiciales en el ámbito contencioso-administrativo.

“entendemos que el Tribunal denegó la prueba pericial judicial en razón del “perito solicitado” (médico forense designado por el Tribunal).  Fue parca la solicitud y , por ende, breve la respuesta.No obstante, dada la respuesta del Tribunal parece colegirse que al no haber solicitado la defensa de la recurrente una designación conforme alart. 341 LEC (artículo no invocado tampoco en sede casacional) parece pudo entender que se pedía la designación de un “Médico Forense” (así se concluye del recurso de súplica), funcionarios al servicio de la administración de Justicia cuyas estrictas funciones establece el art. 479 LOPJ y el art. 3 del RD 296/1996, de 23 de febrero por el que se aprueba su Reglamento Orgánico, y no un especialista en “medicina legal y forense”, terminología utilizada por el RD 127/1984, que fijó tal programa de especialización para Licenciados en Medicina.Por tanto, la denegación de tal prueba a realizar por un Médico Forense resultaba plenamente ajustada a la legalidad sin vulneración alguna delart. 24.2 CE, por lo que no prospera el submotivo.”

Con ello, el Tribunal Supremo aclara que los “médicos forenses” en el ámbito contencioso-administrativo no están para suplir la realización de periciales judiciales.

4.    En cuarto lugar, la Sentencia deja en manos del Tribunal la decisión de que la pericial de parte (dictamen privado que apoya su tesis)  sea ratificada o ampliada, o que  puede considerar “innecesarios” estos trámites complementarios.

“La Sala de instancia razona sobre la innecesariedad de la ratificación por cuanto se trata de una pericial de parte que en el momento actual no la necesita, lo cual comparte este Tribunal, del mismo modo que de entender debía ampliarse el informe, tal carga pesaba sobre el recurrente al ser quién lo incorporaba a los autos.”

Aquí las dudas brotan con energía. Veamos las dos posiciones ( las de quienes consideran a los “peritos de parte” como angelitos y la de quienes los consideran mercenarios).

Así, de un lado, están   aquéllos que consideran que  los peritos de parte son tan peritos como los judiciales y emiten su dictamen a su leal saber y entender, por lo que en principio el letrado que los aporta ( tras haberlo leído, si los aprecia escasos, ambiguos o considera necesario que el perito subraye algún extremo ante el juez), está en su derecho a solicitar que se ratifique para que lo asuma con seriedad y además para que amplíe o aclare sus determinaciones ante el Juez o Tribunal.

De otro lado, aquellos que son mas pragmáticos y consideran que el perito de parte como es pagado por ésta resulta parcial y abordará las cuestiones con el alcance y perspectiva que el cliente le pida. E incluso cabría aludir a la posición de los peritos, que en ocasiones se ven obligados a comparecer por citación judicial para aclarar “gratuitamente” un remoto informe.

Personalmente opino que no está de mas la mayor de las garantías en congruencia con el modelo procesal de igualdad de armas, y la presunción de profesionalidad que debe amparar a todo profesional, pagado o no. Bastante lastre es para el informe de un perito de parte que su valor estará debilitado o “bajo sospecha” como para negar incluso la posibilidad de aclararlo o robustecerlo a presencia judicial. Sin embargo, por lo que nos dice el Tribunal Supremo en esta sentencia, parece que puede ponerse el “informe de parte” en dique seco y huérfano de defensa por su autor.

5.    Una quinta y última cuestión de interés aborda la Sentencia ya que aclara que en el ámbito contencioso-administrativo, a diferencia del ámbito laboral, las sentencias no deben incluir formalmente una relación de “hechos probados”, ya que la motivación se satisface con una explicación del razonamiento jurídico y fáctico que conduce al fallo judicial.

“Hemos de partir de que la actual LJCA 1998 (art. 67 y siguientes) no ha implantado que las sentencias que se dicten en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo hubieren de contener una expresa declaración de hechos probados por lo que sigue la línea de la derogada LJCA 1956 (art. 80 y siguientes) que no establecía tal obligación. Tampoco se exige en la supletoriaLey de Enjuiciamiento Civil, art. 209 de la vigente LEC 1/2000, de 7 de enero, acerca de las reglas especiales sobre forma y contenido de la sentencia.

La referencia que efectúa elart. 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judiciala la consignación de “hechos probados” ha de atenderse con la subsiguiente mención “en su caso”, es decir, cuando la respectiva norma procesal la exija. Claro ejemplo de tal exigencia la tenemos en el apartado segundo del art. 97 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abrilque aprueba el Texto refundido de la Ley del Procedimiento Laboral así como en el apartado b) del art. 191 del mismo texto legal al considerar como uno de los objetos del recurso de suplicación la revisión de los hechos declarados probados.

Motivación a la que expresamente se refieren losart. 120 CE, 248.3de la LOPJ y el art. 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de tenor similar al derogado art. 359 LECivil 1881. Es significativo que en ninguna de las citadas normas ni en la interpretación que delart. 24 CE ha efectuado el Tribunal Constitucional se ha declarado la existencia de una determinada extensión de la motivación judicial.

En la vigente LEC 1/2000 encontramos el art. 218 relativo a la exhaustividad y congruencia de las sentencias así como la necesaria motivación. Tras sentar la necesidad de claridad, precisión y congruencia recoge que deben expresar los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. Se contempla la consideración individual y en conjunto de los distintos elementos fácticos del pleito ajustándolos siempre a las reglas de la lógica y de la razón.”

 

Ello explica que las sentencias de lo contencioso-administrativo incorporan “Antecedentes de hecho” que se refieren a los antecedentes “procesales”, y en cambio en los “Fundamentos de Derecho” se incluyen los hechos probados al hilo de la argumentación jurídica. Aquí Sevach recuerda el origenhistórica de que en el ámbito contencioso-administrativo los hechos probados se incluyan en los Fundamentos de Derecho, y que respondía a que tradicionalmente la secretaría y la oficina judicial se reservaba la relación de antecedentes procesales, dejando para su señoría los Fundamentos de Derecho (ello en armonía con la parte que publicaba Aranzadi)  con lo que éste se veía obligado a situar entre los Fundamentos de Derecho,el análisis y conclusiones de hechos probados .

 

 

 

 

8 comments on “Interesantísimas lecciones del Tribunal Supremo sobre la prueba contencioso-administrativa

  1. sed Lex

    Dos cosillas:

    1.- No estaría de más no ser tan “parcos”, en la petición de pruebas y añadir siempre en la solicitud un apartado sobre la PERTINENCIA de las mismas a continuación; así sería necesaria una motivación que la desmonte y no otra parca respuesta de superflua, innecesaria e impertinente.

    2.- No es extraño que en las sentencias no haya una precisa descripción de hechos probados que, diga lo que diga el Alto Tribunal, nunca estaría de más en cuanto a claridad y posteriores trámites que hubiera este relato. Por ejemplo en el Orden Social siempre lo hay, y en cuestiones de personal estamos hablando del mismo galgo con distinto collar.
    El problema es que cuando hay que hacer sentencias como churros, no es de extrañar que salga un churro de sentencia.

  2. Estimado amigo Sevach, muy interesante e ilustrativo este post sobre la prueba. Llama la atención que en muchos casos la Administración deniegue las pruebas con el escueto razonamiento de que “son irrelevantes para la resolución final”, sin indicar las razones de esa irrelevancia que quedan a la libre imaginación de cada cual.
    Aunque esbozado de manera tangencial en el ultimo de los puntos, siempre me ha llamado la atención que en las sentencias (no sólo contenciosas, sino civiles) se contengan los antecedentes de hecho y las pretensiones de las partes en el primero de los fundamentos jurídicos. Esa distinción “cuestiones de hecho”, “cuestiones de derecho” existe en el derecho administrativo norteamericano (reservando, con matices, la apreciación del primero a la Administración y el segundo a los Tribunales), pero cuando uno contempla las sentencias de los tribunales estadounidenses veremos que están estructuradas de una manera algo más lógica (a la identificación del juzgado, las partes, las pretensiones y -a diferencia de lo que ocurre aquí- el fallo del Tribunal, sigue una fría exposición de los hechos y finalmente un razonamiento jurídico).

  3. padraig

    La fijación de hechos probados en las sentencias es innnecesaria siempre que la misma esté debidamente motivada y explicada. Por otro lado, el resumen del contenido de la demanda y contestación es más lógico que figure en los antecedentes de hecho que en los FD, ya que éstos han de explicar las razones del fallo y no resumir lo que han dicho las partes.

  4. Contencioso

    Muy interesante, como siempre. La cuestión de la pericial es algo que trae mucha cola, como sabemos quienes ejercimos en civil antes de hacerlo en contencioso. Y es que la idea original del redactor, de que la pericial fuera única y sólo diferente el modo de designación del perito se vió cribada en el trámite parlamentario añadiendo la posibilidad de pedir la pericial y no simplemente aportarla con demanda o contestacíón. A partir de ahí, se dejó que convivieran dos sistemas diferentes en un mismo texto, con lo que de incongruente que eso tiene, y para colmo no se pensó en que encima sería aplicable a contencioso y social. En mi opinión, la necesidad de pedir designación de perito en demanda y contestación en contencioso es igualmente exigible que en civil, porque no hay que confundir lo que es pedir la prueba y pedir que se designe al perito. Lo primero tiene sus tiempos en la LJCA, pero lo segundo no, porque se remite en bloque a la LEC. Tengo un auto bastante largo y motivado explicando esta cuestión que, si te es de interés amigo Sevach, te remitiré gustoso por e-mail. Por otra parte, la ratificación de dictámenes es algo que entiendo sólo debe acordarse en caso de estar emitidos con destino al pleito que se dirime, pues de lo contrario estamos ante un testigo perito (Y la diferencia no es baladí, pues diferentes son las causas de recusación de uno y otro). Por otra parte, entiendo que no procede acceder a las peticiones de las partes de designación judicial de perito para que emita dictámen sobre lo mismo que ya aportan otro en la demanda, por reiterativo. O alternativamente, si se admite esa designación judicial y la pericial correspondiente, lo procedente es no admitir la pericial aportada con demanda/contestación, pues la parte al pedir el de designación judicial ya ha dado a entender la escasa fiabilidad de la misma, lo que la convierte en inutil respecto al fin que le es propio.

    Lo de las pruebas supérfluas es algo en lo que entiendo que llevas sólo parte de razón; en efecto no está regulado como tal motivo de denegación expresamente en la LEC al establecer las reglas generales, pero no obstante sí existen alusiones en las leyes a esta razón de denegación en otros apartados, y así por ejemplo la facultad del tribunal de limitar el número de testigos del art. 78.14ª LJCA o del 363 de la propia LEC, por lo que no es descabellado extender el principio que subyace a todos los restantes medios de prueba en aras de la economía procesal.

    Saludos

    • Sevach

      Por supuesto que el auto será bienvenido en mi correo, y te lo agradezco enormemente. Por lo que ser refiere al rechazo de pruebas “superfluas”, te indico que el art.363 LEC no dice que se rechacen los testigos sino que su “coste” por encima de tres lo pagará el proponente, que es distinto. Y el art.78.14 LJCA se limita a testigos y además en el ámbito del abreviado (no al ordinario ya que no hay “supletoriedad inversa”), sin olvidar que para que exista inútil “reiteración” antes tiene que haberse escuchado el testimonio de alguno de ellos. Me parece una cuestion interesantísima. Un abrazo, y gracias de nuevo

    • Contencioso

      Bueno el 363 en su 2º párrafo sí hace referencia a la inútil reiteración. En efecto y como indicas, hay que escuchar a alguno, pero esá claro que a los demás se les puede rechazar precisamente por reiterativos e innecesarios. Esa es la clave del asunto, que la ley reconoce el principio de reiteración inútil en la práctica de determinados medios de prueba. En todo caso, siempre queda el cajón de sastre del abuso de derecho cuando una parte propone por ejemplo 100 periciales para un juicio. ¿O es que como en la ley no dice nada y son relativas al objeto del litigio (pertinentes) y adecuadas para el fin que se destinan (útiles) ya no vamos a poder rechazarlas? ¡Pues apañados vamos!

      Saludos

      PD: Ya te mandé el auto.

  5. robertinyo

    “El pleito se gana o pierde si se consigue probar la inocencia en la infracción (“yo no fui” o “las cosas no sucedieron así”)”

    Resumiendo, que soy culpable mientras no demuestre lo contrario… y estando en derecho sancionador, que teoricamente se inspira en los principios del derecho penal, se invierte la carga de la prueba y arreando que es gerundio, como luego admiten pruebas tales como una grabación del momento con el movil o la grabación de video realizada por mi esposa que va en el asiento trasero del coche… puedo demostrar lo que sea… por supuesto a un precio irrisorio, cuando la sanción son 300’00 €.

    Mucha teoría, muchas palabras y poca eficacia.

  6. Hola estimado Sevach,

    Me surge la duda de qué ocurriría si en el escrito de contestación a la demanda se manifestase la no necesariedad del recibimiento a prueba, pero el juzgador considerase que procede, abriese trámite para proponer y practicar…le daría plazo a la parte que ha manifestado que considera innecesario dicho trámite o está obligado a darle plazo para manifestar si proponer alguna prueba. Se vulnera el derecho de defensa si no se le da traslado para proponer?

    Gracias por este estupendo blog!

    Saludos

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