Vicente Gimeno Sendra, in memoriam

  Me entero con pesar del fallecimiento de D.Vicente Gimeno Sendra, a los 71 años de edad, quien fuere magistrado del Tribunal Constitucional en el período 1989-1998, además de Catedrático de Derecho Procesal de la UNED.

 Debo decir que el Tribunal Constitucional tuvo la fortuna de contar con un gran procesalista en una década en que debía consolidarse la extensión y fuerza de ese diamante jurídico, que es el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el art.24 CE. En la institución, D. Vicente demostró su altura de miras, una gran habilidad para unir sencillez con contundencia lógica y una valiosa independencia de criterio (reflejada en sus votos particulares).

  Los juristas tuvimos el privilegio de contar con su obra y particularmente atesoro una estupenda edición de sus Fundamentos de derecho procesal (Jurisdicción, acción y proceso)- Civitas,1981, y como no, sus Comentarios a la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 1998 (Ed.Ramón Areces,1999).

 Como bella referencia y homenaje, recomiendo la cálida glosa ofrecida por Mercedes Gallego al diario Levante sobre su figura y talla humana y profesional. O la de su discípulo, también catedrático, Nicolás González-Cuéllar, en El Confidencial.

 Por mi parte, me limitaré a señalar que tuve ocasión de mantener con él una charla en 1999, para comentarle por cuenta de la Universidad de Salamanca ciertas cuestiones de complejidad jurídica, y me demostró no solo una cercanía y cordialidad admirables, sino una agudeza jurídica inusual para captar el núcleo de los problemas y proponer modos de resolverlos. Fue una charla sosegada y salpicada de anécdotas personales, que nos llevó a detenernos en la Justicia y de los jueces, colectivo que le interesaba enormemente, que tenía en la más alta consideración y que alzaba en el pilar de garantías de todo el Estado, defendiendo fervorosamente su independencia.

Rechazaba que el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial se convirtiesen en apéndice las fuerzas políticas, con la consiguiente pérdida de legitimación. Así, es curioso que en una entrevista que ofreció en el año 2007, reclamaba por algo que – como si el tiempo no pasase- hoy día se plantea como demanda por la comunidad jurídica en el año 2020:

Los dos grandes partidos debieran llegar a un acuerdo para que pueda hacerse esa renovación porque ellos también están vinculados por la Constitución, que es la que ha establecido un programa de renovación de los altos órganos del Estado, y hay que cumplirlo. Tienen que ponerse de acuerdo tanto para el CGPJ como para el TC.

Aunque son muchas sentencias del Tribunal Constitucional en que dejó su firme huella, y que pasarán a la historia de las buenas referencias,  me limitaré a recordar una sentencia de la que fue ponente y que supuso un hito en materia de oposiciones y recursos. Se trata de la célebre impugnación de la oposición para el Cuerpo de Oficiales de la Administración de justicia celebrada en el año 1992 y en que se aplicó erradamente una penalización de respuestas erróneas por el tribunal calificador, al valorar el ejercicio de cuestionario test.

  Unos aspirantes recurrieron en vía administrativa y la Administración reconoció su error y rectificó la calificación inicial con el consiguiente aprobado para ellos. En cambio, una aspirante no formuló tal recurso administrativo,  pero se enteró posteriormente de que a esos otros aspirantes que sí recurrieron, que solamente a ellos se le había rectificado el error. La opositora recurrió la lista final de aprobados publicada tres meses después, pero le fue desestimado su recurso administrativo por la Administración y también se le desestimó el recurso contencioso-administrativo por la Sala contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional, pues en ambas ocasiones se adujo que existía un acto firme y consentido, y que las vicisitudes de otros recurrentes más diligentes no podían perjudicar la seguridad jurídica.

  El caso enfrentaba la justicia material y la justicia formal, por lo que la STC de 13 de enero de 1998 (último año de mandato de Don Vicente), en una sentencia que reconvirtió el papel de la Administración en las oposiciones futuras, dispuso con razonamiento ingenioso y en clave constitucional:

 … una cosa es el hecho de aquietarse ante una eventual infracción de la legalidad, con las consecuencias que ello tenga de acuerdo con el ordenamiento, y otra muy distinta la producción ulterior de una nueva lesión, ésta de carácter o con relevancia constitucional. La solicitante de amparo consintió el erróneo criterio de valoración, pero no un vicio ulterior y distinto, cual es el surgido con ocasión de la resolución de ese error respecto de otros concursantes, y cuya reparación no puede ser impedida con el argumento de haber consentido una infracción distinta, anterior y de menor relevancia”

A continuación viene el argumento constitucional, bellamente expresado y que debería figurar en todo tribunal como divisa para todo tipo de procesos:

A tal propósito, el entero ordenamiento jurídico, aquí el procedimiento de selección y el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ha de ser interpretado de conformidad con el art. 24.1 C.E . a fin de propiciar que cualquier ciudadano pueda recabar la tutela de los Jueces y Tribunales en defensa de los derechos e intereses legítimos que el ordenamiento le reconoce, y en particular, de los derechos fundamentales.

 En suma, he aquí una perla de las muchas legadas por D.Vicente. Descanse en paz, con nuestra gratitud.