Sobre los políticos

Del cohecho impropio como eufemismo jurídico para bribonerías

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El caso Camps y la cuestión de si el Presidente autonómico obtuvo los trajes gratuitamente o si fueron pagados religiosamente a la empresa de confección, pone sobre el tapete la cuestión de una figura penal prácticamente inédita ( a juzgar por los escasísimos casos condenados en la última década). En términos simples, el cohecho propio alude a dar o recibir una prebenda para adoptar un acto ilegal y en cambio el cohecho impropio supone recibir tal prebenda pero sin desembocar en un acto ilegal.

1. En términos rigurosos, el art. 426 del Código Penal acoge, desde la reforma introducida por la LO 9/1991, 22 de marzo , la modalidad tradicional de cohecho pasivo impropio, delito que comete la ” autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente”.

Es verdad que la interpretación extensiva del Código Penal llevaría a convertir el Parlamento y las Administraciones Públicas en penitenciarias ( por aquello de ir la montaña a Mahoma y no al revés) ya que pocos políticos “con mando en plaza” se resisten a la lisonja, máxime si va acompañada de detallitos de mayor o menor fuste. Y lo sorprendente es que no se aceptan por mala fe. No. Se aceptan porque a veces el “mal de altura” lleva a que los altos cargos consideren natural recibir tales detalles.
Por otra parte, la interpretación restrictiva de esta figura penal, y ajustada al principio de intervención mínima del Código Penal, unido al parentesco de este delito con el tráfico de influencias o la prevaricación llevan a constituirlo en una especie delictiva que a duras penas sale del Código Penal para condenar al delincuente.

2. Para la Sala Penal del Tribunal Supremo, en su sentencia de 13 de Junio de 2008, los requisitos del cohecho pasivo impropio son los siguientes:

“ Es preciso, en consecuencia, que concurran una serie de elementos para la afirmación del tipo: a) el ejercicio de funciones públicas por parte del sujeto activo; b) la aceptación por éste de dádivas o regalos; c) una conexión causal entre la entrega de esa dádiva o regalo y el oficio público del funcionario.
La expresa utilización del término dádiva, añadido al vocablo regalo, es bien elocuente del deseo legislativo de despejar cualquier duda acerca de la innecesariedad de un significado retributivo, por actos concretos, que inspire la entrega del presente con el que se quiere obsequiar al funcionario receptor. De ahí que no falten voces en la doctrina que adjudican al art. 426 la naturaleza de delito de peligro abstracto, idea presente en algunos de los pronunciamientos de esta Sala, como la STS 361/1998, 16 de marzo , en la que se afirma que mediante la incriminación de esa conducta se «…protege la imagen del Estado de Derecho en el sentido de preservar la confianza pública en que los funcionarios ejercen sus funciones sometidos al imperio de la ley».
La necesidad de un enlace causal entre la entrega de la dádiva y el carácter público del receptor, también ha sido expresada por la jurisprudencia. Bien elocuente es la STS 30/1994, 21 de enero , cuando precisa que «…el término «en consideración a su función» debe interpretarse en el sentido de que la razón o motivo del regalo ofrecido y aceptado sea la condición de funcionario de la persona cohechada, esto es, que sólo por la especial posición y poder que el cargo público desempeñado le otorga le ha sido ofrecido la dádiva objeto del delito, de tal forma que si de algún modo dicha función no fuese desempeñada por el sujeto activo el particular no se hubiere dirigido a él ofertando o entregando aquélla».

3. Bajo tal criterio, por ejemplo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su sentencia de 13 de Junio de 2008 confirma la condena por cohecho pasivo impropio a policías que hacían uso de los servicios de un club de alterne.
En cambio, el Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 27 de Septiembre de 2007 consideró correctamente archivada la querella de un particular frente a la Presidente del Tribunal Constitucional, y rechazaba la imputación de cohecho impropio que efectuaba el querellante cuando afirmaba que un premio de 30.000 euros de una aseguradora que se le concede por méritos jurídicos a quien ostenta la condición de Presidenta del Tribunal Constitucional, se hace por el cargo y resultaria artificioso e inverosímil pensar que podía haberse otorgado en atención a sus méritos anteriores como Catedrática de Derecho del Trabajo. Para Sevach la cuestión está clara.

4.Sin embargo frente a las eminentes precisiones técnicas de los contornos del delito del cohecho impropio, y que se resume en la versión híbrida de dos dichos populares: “ el César no debe serlo sino parecerlo cuando recibe un caballo regalado sin mirarle el dentado”, a Sevach le gustaría precisar que, a su modesto juicio, el delito de cohecho impropio no puede concebirse en abstracto sino que está constituido por tres elementos.

A) El elemento subjetivo cuanto más alto sea el cargo político mayor resistencia debiera ofrecerse para aceptar tales favores ya que el Código Penal tutelar la moralidad pública, y no se trata de crucificar al ordenanza que es invitado a un café, sino mas bien evitar el vox populi de que el Director General de turno tiene, por ejemplo, comidas pagadas por ciertos constructores o carta blanca en ciertos ámbitos conexos con su cargo, o viaja en preferente con su familia por gentileza de cierta agencia de viajes con relación institucional.

B) El elemento objetivo: la cuantía de lo regalado. Una cosa son las anchoas de Revilla a Zapatero y otra muy distinta dos trajes de 6000 euros.¿por qué?. Porque al común de los mortales (eso que en derecho se llama el hombre medio, paterfamilias o estándar) unas anchoas le parecen un detallito incluso con tinte jocoso y en cambio un traje de ese precio le parece un regalote incluso con tinte de chulería.

C) El elemento contextual: dónde y como se efectúa el regalo. No es lo mismo, un regalo en publico , con ocasión de un acto oficial de protocolo, que un regalo en la órbita privada y cuya realidad aflora fuera del control del destinatario.
Pues bien, con esos tres elementos, Sevach analizaría cada caso y determinaría si concurre o no el cohecho impropio.

Ello sin olvidar que a juicio de Sevach el gravísimo problema no es el deslinde técnico-jurídico del cohecho impropio sino otras modalidades de “cohecho invisible” al que dedicará Sevach mas adelante otro post.

5. En fin, que el cohecho impropio está pensado para “conductas impropias” de un político o funcionario, y esperemos que estas situaciones no den lugar a una absurda “caza de brujas” ya que ante conductas puramente “inmorales” lo adecuado es una conducta moral de signo contrario, o sea, bien la dimisión del político afectado en un ”ataque de dignidad” o bien fijar por ley directamente y sin rodeos la inhabilitación para la política de quienes vean que judicialmente se aprecia tal conducta innoble. Y es que entre la prisión por aceptar un regalo y la libertad si no se prueba si se pagó o no, hay un tercer camino, que no existe pero que daría donde mas duele: en la privación del cargo político ( al igual que dice la leyenda medieval respecto del lugar donde el godo Rey Don Rodrigo – al igual que Cleopatra- fue víctima de la mordedura de una serpiente: “ le mordió allí do mas pecado había”).

6. En fin, que hay que distinguir. Nadie vería culpa en que un niño lleve una manzana a su maestra de la escuela pública, pero…¿ a que paciente no le recorrería un escalofrío si en la mesa de operaciones el cirujano le confiesa para relajarle que siendo estudiante de medicina, el profesor de Cardiología aceptó el regalito de dos trajes de 4000 euros?.
Humano es que una persona luche por el bien de los suyos, pero cuando utiliza el cargo para dejarse llevar por la corriente, pues lo humano deja paso a lo diabólico. Y ya se sabe, en el rascar y en el prevaricar, todo es empezar….

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  1. Transcribo un post relativo a una sentencia que a Sevach probablemente le resulte muy familiar, relativa a la jubilación parcial de los funcionarios, que aparece en la siguiente dirección:
    http://jefes-personal.nireblog.com/post/2009/04/02/mas-sentencias-jubilacian-parcial

    «Ultimo respaldo judicial a la jubilación parcial de funcionarios locales

    La recientísima sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo num.5 de Oviedo, de 11 de Marzo de 2009 (P.A.594/08) ha reconocido el derecho de un funcionario de un Ayuntamiento a la jubilación anticipada y a tiempo parcial. Para tal reconocimiento razona la aplicación directa e inmediata del Estatuto Básico del Empleado Público dando respuesta al requisito del contrato de relevo propio de la jubilación parcial laboral. Veamos el razonamiento de la sentencia.
    1. La clave es analizar el art.67 Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, que establece: «Procederá la jubilación parcial, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable». Tras una introducción la sentencia llega a la conclusión de su aplicación directa bajo varias perspectivas. Nada mejor que la propia literalidad de la sentencia como «boca muda de la Ley» (Montesquieu):
    « TERCERO.- Pues bien, de la anterior regulación resulta que las normas estatales básicas han querido conferir al personal funcionario un derecho a la jubilación parcial y en términos muy similares al régimen establecido para los trabajadores en régimen laboral.
    Hemos de considerar que el art.67 del Estatuto Básico presta amparo jurídico de rango suficiente y eficacia directa e inmediata para solicitar y obtener la jubilación anticipada parcial (cumpliendo los requisitos generales ) por las siguientes razones:
    En primer lugar, porque el Título IV del Estatuto Básico del Empleado Público («Adquisición y pérdida de la relación de servicio») constituye una parte de la Ley básica que no está sometida a aplazamiento expreso en su vigencia por la Disposición Final 4ª.
    En segundo lugar, porque el art.33 de la Ley de Medidas de la Función Pública de 1984 (invocado por la Administración para sostener la única modalidad de jubilación a tiempo completo) ha sido expresamente derogado por el citado Estatuto Básico según el apartado b) de la Disposición derogatoria única.
    En tercer lugar, porque los «requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de la Seguridad Social» son los relativos a la generación del derecho y alcance de la prestación, ámbito sustantivo material que el Estatuto Básico deja en manos de la regulación sectorial de la Seguridad Social (cotizaciones y prestaciones).
    En cuarto lugar, porque existiendo un derecho reconocido por norma de rango legal, no puede objetarse que la legislación de Seguridad Social ha impuesto la existencia de un contrato de relevo hasta la edad de la jubilación. Y no puede objetarse puesto que: primero, esta previsión del contrato de relevo se refiere a los términos y supuestos precisos legales a que se vincula: a la jubilación parcial del trabajador cuya relación se regula por el Estatuto de los Trabajadores; y si la legislación general de la Seguridad Social no ha implantado la obligación de un contrato de relevo o similar para el caso de la jubilación parcial de «funcionarios» no puede aplicarse la analogía «in peius», para excepcionar de un derecho legalmente reconocido.
    En quinto lugar, toda interpretación de un instituto propio de la relación de servicios con la Administración, si es común a la relación laboral y funcionarial, ha de interpretarse bajo consideraciones de igualdad, salvo que se trate de aspectos vinculados a su singular naturaleza. En otras palabras, la fuente de la desigualdad ha de asentarse sobre criterios objetivos y razonables. Pues bien, el Estatuto Básico del Empleado Público se asienta tanto en su Preámbulo como en sus determinaciones bajo el confesado ánimo de unificar en lo posible el régimen de laborales y funcionarios, hasta el punto de que el Código de Conducta y el régimen disciplinario de forma pionera en nuestro Ordenamiento Jurídico queda unificado en gran medida. De ahí, derivamos que el instituto de la «jubilación parcial» expresamente asentado y reconocido para el personal laboral ha de ser aplicado al personal funcionario, no por mimética y caprichosa extensión, sino porque el legislador básico en el art.67.4 del Estatuto así lo ha querido expresamente, y además la voluntad de eliminar en este punto toda discriminación se evidencia en la Disposición Adicional Sexta del propio Estatuto cuando encomienda al Gobierno presentar a las Cortes estudios de los distintos regímenes de jubilación «para asegurar la no discriminación entre colectivos de características similares».
    En sexto lugar, la condición de un contrato de relevo fijada para los empleados públicos en régimen laboral «que tendrán como mínimo una duración igual al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de sesenta y cinco años» ha de interpretarse con arreglo a su finalidad, que no es otra que la de asegurar la prestación continua y completa del servicio o trabajo en beneficio del patrono. Pues bien, en el caso de la jubilación parcial anticipada del funcionario, lo decisivo no es asegurar que la Administración concierte formalmente un contrato de relevo, sino que la Administración garantice o pueda garantizar con una figura legalmente admisible el complemento de la labor del jubilado anticipado parcial.
    A este respecto, dos datos son relevantes. Un primer dato fáctico relevante en el caso concreto planteado, que viene dado porque el empleado funcionario que solicita la jubilación parcial en el caso de autos es peón del servicio de limpieza ( o sea, actividad no reservada a personal funcionario y plenamente susceptible de suplirse parcialmente con contratos laborales a tiempo parcial); y un segundo dato jurídico, que el art.47 del referido Estatuto Básico incorpora la novedad de la posibilidad de personal funcionario «a tiempo parcial», con lo que nada obsta a incorporar un funcionario interino a tiempo parcial hasta la edad de la jubilación ordinaria del funcionario jubilado también parcialmente.
    CUARTO.- Por lo demás, esta es la solución adoptada por algunos Tribunales Superiores de Justicia, como es en particular el Tribunal Superior de Castilla y León que, por ejemplo, en virtud de la sentencia de 18 de diciembre de 2007 de la Sala de lo Contencioso-administrativo con sede en Valladolid (recurso de apelación 357/2007) ha reconocido tal derecho en relación al colectivo del personal estatutario ( que no olvidemos tiene la consideración de «funcionario especial» según el art.1 de la Ley del 55/2003 Estatuto Marco del personal estatutario), con argumentación aplicable mutatis mutandis al personal funcionario de Administración local, en el sentido de que la Administración «deberá hacer todo lo posible para que el derecho del trabajador pueda hacerse efectivo, sin que sea admisible por una posible omisión solo a ella imputable el cercenar un derecho otorgado «ex lege» a todo funcionario estatutario», concluyendo en que « la jubilación parcial es de aplicación al personal estatutario, dentro del marco normativo de aplicación, si bien adaptando las previsiones sobre contrato de relevo contenidas en la normativa laboral a las figuras contractuales específicamente previstas para los supuestos de puestos vacantes o sustitución en el especifico ámbito normativo que nos ocupa».
    Esta doctrina jurisprudencial ha sido recogida expresamente por la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de julio de 2008 (Recurso de apelación número 512/2008) así como en la Sentencia de 23 de Febrero de 2009 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo sobre reconocimiento de jubilación parcial anticipada a personal estatutario.
    QUINTO.- En consecuencia, y por lo expuesto es evidente que no puede alzarse por la Administración la invocación de una Instrucción de la Secretaría General para la Administración Pública de 5 de Junio de 2007 cuando aplaza ( o lo pretende) la aplicación del art.67.4 del Estatuto. Y es que: a) Una Instrucción sirve para interpretar la Ley pero ello no vincula al juez sino únicamente a los funcionarios de su ámbito llamados a aplicarla en los términos del art.21 de la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo Común; b) Una Instrucción no puede derogar o vaciar la efectividad de la Ley que interpreta; c) Y por último, tal Instrucción tiene por destinatario a los órganos de la propia Administración que la dicta, sin que la Administración local aquí concernida pueda sentirse vinculada por tal pauta. En definitiva, las razones de eficacia o las dificultades de aplicación son válidas desde enfoques sociológicos o de Ciencia de la Administración pero no constituyen principio prevalente sobre las reglas sustantivas que reconocen derechos a ciudadanos o, como es el caso, a funcionarios en el marco de su relación especial de sujeción.
    Por todo lo expuesto, y dado que las partes del litigio no cuestionan el cumplimiento por el recurrente de los restantes requisitos legales de antigüedad, cotización, vínculo y similares que sustentan el derecho reclamado, hemos de estimar el recurso y reconocer el derecho del recurrente, en el particular relativo a la obtención de la autorización municipal para la jubilación anticipada parcial y sin perjuicio de la tramitación y resolución que corresponda por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social u órgano competente en cuanto a determinación de los derechos derivados de tal jubilación y cuantía de pensión».
    2. Así pues, estamos ante un peldaño más en la conquista de la igualdad entre personal laboral y personal funcionario. Es cierto que la citada sentencia es susceptible de apelación pero también es cierto que si el Estatuto Básico incorporó el art.67 no lo hizo como objeto decorativo sino que buscaba un efecto útil: admitir la jubilación parcial de los funcionarios al igual que la disfrutan los laborales. Lo que no puede ser es que la Ley básica de con una mano algo y que la Administración lo escamotee con la otra. También es cierto que superada esta fase ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa queda el segundo escollo ante la Seguridad Social, que tendrá burocrática resistencia a «digerir» las jubilaciones parciales de los funcionarios.
    3. Otro problema singularísimo es que tales pretensiones de jubilación parcial, responden a demandas de personas con un pie al borde de la jubilación ordinaria, con lo que es muy posible que el litigio contencioso-administrativo con su secuela de recurso de apelación, se ultime con sentencia firme para cuando el funcionario ya esté paseando a sus nietos en el parque tras superar los 65 años. Por ello el caballo de batalla estará en las demandas que anuden la petición de medidas cautelares para asegurar la efectividad de la futura sentencia, y una vez recaída, se planteará la necesidad de solicitar la ejecución provisional de la sentencia dictada en primera instancia. En fin, jueces tiene la Iglesia de la Justicia, y ya veremos donde y cómo acaba esta cruzada por la igualdad entre personas que hacen el mismo trabajo (funcionarios y laborales) cuando se enfrentan a un mismo y común hecho inexorable: la jubilación»

  2. Me gustaría que alguien me aclarara una duda que me ha surgido en relación con la jubilación parcial de los funcionarios. ¿ Cómo se puede conciliar dicha jubilación con lo dispuesto por el art. 165.2 de la Ley General de la Seguridad Social (» El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público delimitado en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo primero de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, es incompatible con la percepción de pensión de jubilación, en su modalidad contributiva»)?.

    Aclarar que el sector público es definido en el art.1 de la Ley de incompatibilidades en los siguientes términos: «A los solos efectos de esta Ley se considerará actividad en el sector público la desarrollada por los miembros electivos de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales, por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia, y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes, entendiéndose comprendidas las entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria».

  3. Gracias a todos por las contestaciones dadas sobre el asunto de los Delineantes. Yo también creo que siendo varios los interesados merece la pena probar fortuna en el contencioso. No obstante, todo es posible que se resuelva en la siguiente convocatoria de oposiciones para esa Escala. Si la orden califica la plaza como de Grupo B-entiendo que sí, puesto que se exige ser Técnico Superior- todos los delineantes ya existentes tendrán que ser equiparados.

    Por lo que respecta a la cuestión planteada por Jota F respecto de la jubilación parcial y la ley de incompatiblidades, se trata de una incompatibilidad únicamente de carácter temporal. Dice el artículo 3.2 de la Ley 53/1984 que «la percepción de las pensiones quedará en suspenso por el tiempo que dure el desempeño de dicho puesto, sin que ello afecte a sus actualizaciones». Por lo tanto, si opto por la jubilación parcial, no percibiré la pensión suspendida hasta que me jubile totalmente.

    En el ámbito del personal laboral, sí que es compatible la percepción simultánea (art 3.2 de la ley de incompatiblidades) y también se reconoce así para el personal estatutario de los servicios de salud (art. 77.4 del Estatuto Marco-ley 55/2003, de 16 de diciembre).

    Un saludo

  4. alegret

    Aquí la cuestión -entiendo yo- además de las expuestas, se encuentra en la opacidad y el oscurantismo de estas conductas. ¿Por qué no obligar, como en USA- a todos los cargos públicos a declarar los regalos y el valor de lo regalado?. Y en ello incluyo los regalos o atenciones en especie o inmateriales como viajes pagados, congresos, conferencias etc..
    Si de verdad hubiera un nivel de transparencia suficiente, seguro que se reducirían bastante estas conductas tan impropias y tan españolas, por otra parte.
    alegret.

  5. Estimado profesor: Sólo por seguir la parte humorística del artículo, un leve retoque. El poema medieval que indica, con el mordisco de la cobra a Cleopatra está mal citado. Lo primero no hay tal cobra y lo segundo no se refiere a Cleopatra, sino al rijoso de D. Rodrigo, al que sus aventuras con la Cava (prostituta en árabe), hija del conde D. Julián, habían conducido a la invasión del 711 y la «pérdida de España». Es fácil imaginarse por donde empezó a devorar la serpiente a D. Rodrigo, lugar que los varones tenemos en gran estima, por la cuenta que nos trae. Saludos cordiales.

  6. sevach

    JJ53. Muy cierta y oportuna la aclaración de este comentarista que sinceramente agradezco ( dada la casualidad de que si la leyenda atribuye la muerte de D.Rodrigo a un reptil, otra atribuye la muerte de Cleopatra a un áspid). Lo matizaré de inmediato en el post.

    Y aprovecho para incluir la expresiva cita del capítulo XXXIII de El Quijote sobre D.Rodrigo, el Godo ( o mas bien el traidor que abrió la puerta a la morisma).

    «Un romance hay que dice que metieron al rey Rodrigo vivo en una tumba llena de sapos, culebras y lagartos y que de allí a dos días dijo el rey desde dentro de la tumba con voz doliente y baja:
    Ya me comen, ya me comen
    por do más pecado había
    Y trae una luz de pronto/
    si me quieres ver la vida.
    Por pronto que se la traen/
    Rodrigo ya se moría…”

  7. javier grandio

    Apunto artículo publicado hoy en Estrella Digital por Martín Seco -durante un tiempo Interventor General de la Administración del Estado- que reflexiona sobre la financiación autonómica y el ‘cohecho’.

    http://www.estrelladigital.es/ED/diario/188043.asp

  8. Carlos

    Estimado compañero:

    Tu artículo me parece de una claridad y brillantez meridianas. A mi juicio (aunque soy constitucionalista y no penalista), la resolución de archivo de la causa, dando probada la realización de diversos regalos, es un anacronismo jurídico y obvia por completo la literalidad del art. 426 del Código Penal. Mucho me temo que el Tribunal Supremo va a dictaminar en contra de ese archivo.

    Un saludo,

    Carlos

  9. Policía Local

    Durante mis años de juventud, gustaba de leer literatura fantástica y, como no, Lovecraft era uno de mis preferidos. Él inventó el concepto del libro que genera locura en quién lo lee ( Necronomicón ). Hoy, navegando por internet he estado a punto de estallar de furia con un artículo de Reverte ( http://xlsemanal.finanzas.com/web/firma.php?id_firma=9091&id_edicion=4307 ) una rabia, la de este escritor contagiosa (y que he sentido muchas veces al leer este blog que mezcla la pasión por el Derecho con la desesperación por lo mal gestionados que estamos). Una sensación de impotencia tremenda que, al seguir investigando, me lleva a la siguiente dirección: ( http://www.rubialeschoquet.com/periodistassometidos/ ), donde termino de rematarla. Todo este asunto de los trajes impecables tengo la sensación ( estomacal, como Reverte ) de que es sólo la punta del iceberg de un golpe de estado basado no en la fuerza militar, sino en el hastío. Todos sabemos que hay otras opciones electorales, pero como cuando la Coca-cola usa a los hippies para hacer publicidad, hay políticos defenestrados que utilizan este hastío para robarnos el voto con la única intención de sumarse al reparto.

  10. para func ….querer equiparar Delineantes a grupo B (A2) , traeria por ejemplo el espinoso tema de la consiguiente petición de los Arquitectos Tecnicos e ITObras Publicas para ser A1 como los arquitectos e Ingenieros de caminos, MUY especialmente cuando muchos de estos tecnicos medios » de antes de Bolonia» tienen Master de postgrado ,pero no Grado (pues les piden pagar unos 6.000 euros por la privada o sus colegios es un saca perras para 4 asignaturas cuando luego la gente tiene digamos >10 años de experiencia demostrable o ya no recordamos lo q se sabe al salir de la facultad…)

    Es decir :
    1.-Grado = universitario medio o superior (los superior piden homologacion a grado y deberia ser directa por conocimientos, los medios aportar «horas/años» de experiencia profesional para idem)

    2.-Postgrado = master oficial (ojo q los hay de universidades españolas pero son de Experto y luego no puedes continuar a Doctorado)

    3.-Master = doctores (pero q solo sirve si te dedicas a la vida docente universitaria q a veces parece trepar en politica)

    Vale la pega de este lio de vacio legislativo pues que USA no quiere reconocernos titulos pues por ejemplo hay q saber ingles perfectamente….problema q van dar los titulos de Grado ,los docentes universitarios no saben y son los primeros q tendrian q ser casi bilingues. Ya hay casos de universidades que quieren impartir el Grado con la mitad de las clase totalmente en ingles,examenes incluidos. Logico si ese titulo te habilita para toda europa y luego solo sabes ingles de andar por casa pero no sabes mantener una conversacion en un congreso.

    lastima q hayan jugado con los nombres para crear confusion

  11. Juan cualquiera

    JF tiene razón.
    A mi con esta impropia cuestión del impropio cohecho, se me plantea un problema. Todos los años he regalado algunas botellas a mi médico y ATS de la Seguridad Social. No voy a consulta, más allá de una vez al año o a lo sumo en tiempo de resfriados y gripes, pero ocurre que son amigos míos, Como profesionales son de los que se parten el pecho. ¿Que hacer? Me viene a la memoría la imagen de los guardias urbanos de Madrid que adornaban su cabeza con un salacot o algo parecido. Estos guardias en tiempos de Navidad, aparecían rodeados de regalos a sus pies mientras dirigían el tráfico. Cohecho impropio a la vista. De todos modos, hay que ser muy primo y no mandar a hacer puñetas al de los trajes, tres o treinta y tres.

  12. José A.

    Acertadísimo artículo, saca de toda duda en lo relativo al cohecho impropio. Esta claro que Camps aunque absuelto parece que rondó los lindes del cohecho impropio, pasará los mismo con el juez Garzón por el tema de su estancia en EEUU financiada en parte por el banco de Santander?

Gracias por comentar con el fin de mejorar

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