Oposiciones a la carta para funcionarizar o consolidar el personal temporal

Leo en el Confidencial que la Xunta de Galicia facilitará la promoción y consolidación de los empleados públicos laborales como funcionarios, tras haber pactado cuestionarios y que la propia Xunta no solo considerará en base al mérito de la antigüedad otorgar hasta el 40% de la puntuación máxima, sino que el cuestionario será tipo test y por si fuera poco:

La Dirección Xeral de Función Pública publicará previamente todas las preguntas posibles, en torno a un millar, de las que se escogerán las elegidas. Se facilitarán tres opciones para que los opositores seleccionen una, sin que los errores resten nota. Para facilitar las cosas, los opositores podrán consultar durante la prueba todos los textos legales necesarios para responder a las preguntas, que versarán sobre la legislación en materia de sector público.

Así se las ponían a Fernando VII (las bolas de billar, porque era tan mal jugador que no daba una, y para evitar su mal perder, se lo facilitaban colocándole las bolas a tiro). Pero vayamos mas allá…

Pues bien, desde una perspectiva puramente jurídica como simple ciudadano y desprovista de todo tinte ideológico o político, precisaré que esta técnica tendente a ofrecer oposición «llave en mano» no es solo problema de la Xunta de Galicia, sino que es un modelo que se prodiga y ha prodigado por toda España (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Universidades) -el Estado es más serio, hay que admitirlo-, tal y como apunté con carácter general en un post anterior que denominé gráficamente “oposiciones con más ruido que nueces”. Y por otro lado, que considero que es legítimo facilitar el acceso a la estabilidad a personal interino pero no me parece justo el “café para todos” y además quitándoselo a quienes nunca tuvieron ocasión de sentarse a la mesa (jóvenes que intentan acceder al mercado laboral público).

• Si se seleccionan así los empleados públicos estables… no podremos quejarnos después de la calidad del servicio que presten. (¿Me sometería a cirugía del corazón por un médico que hubiese superado la especialidad de cardiología con un test así, y que hubiese entrado a trabajar en el hospital para unas sustituciones unos años atrás sin pasar pruebas?)
• Si se acepta este modelo descarado de burla a los principios de igualdad, mérito y capacidad… ¿cómo va la administración a atreverse a exigir al ciudadano que cumpla las normas o sancionarle por ello?
• Si se habla de austeridad y economía… ¿merece la pena todo ese tinglado de oposiciones con costes de energías, tribunales, preparadores e ilusiones?
• Si la Constitución habla de dignidad de la persona, y las leyes se llenan hablando de buena fe, confianza legítima y respeto al ciudadano… ¿a qué viene ese montaje y paripé para “vestir el muñeco” con costes tremendos para terceros opositores que no tienen la condición de personal temporal y cuya probabilidad de obtener la plaza es la misma que de ser seleccionados como astronautas?
• Y si se admite que existe un embolsamiento problemático de temporales al que dar salida, ¿no es hora de buscar algún responsable respecto de los que con su actuación o pasividad han generado estas situaciones de precariedad intolerable, o que han promovido accesos de personal temporal originariamente fruto del favoritismo o nepotismo?

Es curioso, al margen del caso que sirve de pié al comentario (cuya legalidad no puedo ni debo cuestionar), como reflexión general, me sorprende que pese a que la jurisprudencia en materia de oposiciones está plagada de sentencias que invalidan malas prácticas de convocatorias abusivas y lesivas de los principios de igualdad, mérito y capacidad, las administraciones (o algunas de las autoridades que olvidan que juraron acatar la Constitución) suelen razonar del siguiente modo:

• Tengo potestad de organización y discrecionalidad, así que puedo forzar la máquina y jugar a la ruleta, diseñando convocatorias al gusto…
• Me interesa más la paz social con los sindicatos que la paz con la conciencia de cumplir con los principios constitucionales.
• No hay acción pública en materia de oposiciones, y el que se arriesga a impugnar nos tendrá enfrente a la administración con sus letrados, a los sindicatos con sus abogados y a los aprobados con los suyos. Además le espera al recurrente largo tiempo, y si pierde la sombra de unas costas procesales elevadas.
• Así lo han hecho en otras administraciones y… ¡coló!
• ¿Que se invalida? Pues llegará tarde la sentencia, y conservaré a buena parte de los adjudicatarios en sus plazas, y repetiré otro proceso de ruleta marcada hasta conseguir que se consoliden. Y para cuando llegue ese momento habrá otra autoridad o se aprobará otra Ley. Nunca pasa nada.

En fin, tómese el presente post como un desahogo a título exclusivamente personal. No es eso, no es eso, decía Ortega y Gasset. ¡Claro que no!