Alarma

Plazos suspendidos para iniciar procesos contencioso-administrativos: ¿reanudación o reapertura?

En línea con la incertidumbre generada por las imprecisiones de las normas dictadas en el Estado de Alarma, instrucciones y cambios sobrevenidos, merece la pena exponer la situación generada en relación con el plazo disponible para iniciar recursos contencioso-administrativos contra actos administrativos que hubiesen sido notificados antes del inicio del Estado de Alarma (ya que las impugnaciones contra desestimaciones presuntas, como regla general, no tienen “fecha de caducidad”).

Se trataría de aclarar si los plazos de impugnación jurisdiccional de actuaciones administrativas contra actos expresos, a partir de junio, reanudan su cómputo (descontando el plazo consumido antes del inicio del estado de alarma) o si se reaperturan (disponiendo en bloque del plazo completo, los dos meses).

El art.2 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, deja clara la finalidad del borrón y cuenta nueva de plazos procesales: «En aras de la seguridad jurídica resulta necesario establecer unas reglas generales para el cómputo de los plazos, optándose en el artículo 3 por el reinicio del cómputo de los plazos y por no tomar en consideración, por tanto, el plazo que hubiera transcurrido previamente a la declaración del estado de alarma», y en consecuencia «Los términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación de lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente».

Veamos las dos interpretaciones posibles con tremenda relevancia práctica.

Una primera lectura, en clave de garantías constitucionales, lleva a partir de la seguridad jurídica allí esgrimida, y tener presente la referencia sobre la suspensión de plazos, tanto del R.D. 463/2020, como del R.D. Ley 16/2020 a «plazos previstos en las leyes procesales» (subrayamos que no es lo mismo decir «plazos procesales» que «plazos previstos en las leyes procesales» pues los plazos de interposición de recursos contencioso-administrativos, aunque son administrativos están recogidos en el art. 46 de su ley procesal: la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa); además literalmente la disposición adicional tercera del R.D.463/2020 alude a suspensión de plazos administrativos «para la tramitación»(3ª.1), no de los ya ultimados por resolución impugnable.

Ello unido al principio pro actione, y la interpretación mas favorable a la efectividad de la tutela judicial efectiva, evitando interpretaciones formalistas, impone que los plazos de interposición de recursos contencioso-administrativos se deben entender en el sentido de que se abren a partir del 4 de junio, y se reaperturan en su integridad. Bajo esta perspectiva, otra interpretación, imponiendo al particular soportar las consecuencias de una situación extraordinaria, perjudicando la buena fe, o una interpretación alejada de la literalidad de las normas, sería contraria a la seguridad jurídica y al principio de proporcionalidad (de igual modo que el Tribunal Constitucional considera que la interpretación literal del plazo de seis meses para recurrir desestimaciones presuntas resulta abusiva).

Sin embargo, una segunda lectura en clave más afinada técnicamente pero más perturbadora partiría de considerar que cuando se habla del plazo de interposición de recurso administrativo (procedimiento ordinario) como del plazo disponible para formular la demanda (en el procedimiento abreviado), aunque estén regulados en leyes procesales, técnicamente el proceso no se habría iniciado y no serían calificados como plazos procesales. En este sentido, la Sala 1º del Tribunal Supremo en la STS de 29 de abril de 2009, referido a la aplicación del art. 135 LEC sentó una afirmación general: «se trata de una regla que está prevista para los plazos procesales y no para los sustantivos en los que se atiende al hecho objetivo de la falta de ejercicio de la acción a la que se vincula dentro del plazo prefijado. La diferenciación entre unos y otros es evidente, y así lo ha señalado con reiteración esta Sala, al señalar que únicamente ofrecen carácter procesal los que tengan su origen o punto de partida de una actuación de igual clase (notificación, citación, emplazamiento o requerimiento), entre los que no están aquellos a los que se asigna un determinado plazo para el ejercicio de una acción (SSTS 1 de febrero 1982; 22 de enero de 2009)». Esta etiqueta de «plazo administrativo» tiene la consecuencia de escaparse de la reapertura íntegra del plazo reservada a «plazos procesales».

En consecuencia, bajo esta interpretación mecanicista se distinguirían en lo contencioso-administrativo, cara a recomenzar las actuaciones ante Juzgados y Salas, cuatro momentos distintos:

  • El plazo de interposición de recurso administrativo (procedimiento ordinario) o el plazo para formular la demanda (en el procedimiento abreviado), aunque estén regulados en leyes procesales, al no haberse iniciado todavía proceso alguno, serían calificados como plazos administrativos, y en consecuencia el plazo disponible para recurrir se reanudaría (descontando la parte consumida).
  • El plazo de iniciación del proceso contencioso-administrativo. En el ámbito contencioso-administrativo del procedimiento ordinario, una vez formulado con anterioridad el escrito de interposición el plazo pendiente para formular la subsiguiente demanda sería procesal, por lo que técnicamente este escrito de demanda se acogería a la previsión de la reapertura completa del plazo, aunque se hubiera consumido parte antes del inicio del Estado de Alarma.
  • Plazos de desarrollo del proceso, o sea “dentro del proceso ya iniciado”. Aquí también operaría la previsión de la reapertura completa del plazo, aunque se hubiera consumido parte antes del inicio del Estado de Alarma.
  • En particular el plazo para los trámites de los recursos contra sentencias y demás resoluciones que pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante el estado de alarma o en los 20 días siguientes a su finalización, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para su trámite (ya sea anuncio, preparación, formalización o interposición) en su correspondiente ley reguladora.

El problema del tecnicismo de la naturaleza del plazo de impugnación (¿plazo administrativo o plazo procesal?), lleva a la curiosa consecuencia de que si se considera plazo administrativo, se reanudaría el plazo el 1 de junio, pero si se considera procesal, se reiniciaría el 4 de junio. Como se ha expuesto lúcidamente, estamos ante “el galimatías de la reanudación de los plazos administrativos suspendidos”.

Además bajo esta segunda interpretación se daría la paradoja de que el cómputo de plazo para interponer recursos contenciosos no se reiniciaría mientras que «El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa…, en cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa» (Disp. Ad. 8ª R.D.-ley 11/2020).

En suma, ante dos interpretaciones posibles, quizá no está de más optar por la prudencia y no arriesgarse ya que es indudable que la práctica en Juzgados y Salas puede ser diferencial y cuando llegue la aclaración o unificación de criterio ulterior, puede que sea tarde.

Por eso, bien estará que aunque algunos jueces y tribunales puedan aplicar el principio pro actione e interpretación mas favorable a la tutela judicial efectiva, los abogados quizá deberían optar por ser pragmáticos y evitar sorpresas, acogiendo en su actuación la interpretación menos favorable a la tutela judicial efectiva, o sea, considerar que los plazos de iniciación del proceso contencioso-administrativo se reanudan (descontando la parte consumida de plazo antes del Estado de Alarma) y que esta reanudación se produce desde el 1 de junio. Y es que al letrado que sea sorprendido en su buena fe con una inadmisión del recurso por caducidad del plazo, le será difícil explicar estos tecnicismos a su cliente (pues el procedimiento importa y hay que sobrevivir al mismo).

Triste que algo tan importante como es el derecho a la tutela judicial efectiva se ofrezca con tal ambigüedad y obligue a aplicar cautela estratégica y no Derecho con mayúsculas.

NOTA SOCIAL.- Me complace informar que precisamente hasta el 4 de junio de 2020, cuando se levanta la suspensión de plazos procesales, he extendido mi grato compromiso con quienes adquieran mi última obra, Derecho administrativo mínimo (Ed.Amarante,2020) antes  de dicha fecha y  a través de Amarante Store, (envío sin coste de porteo en la península), de enviarles una dedicatoria personalizada al email que faciliten, siempre que lo soliciten en el apartado Comentarios tras cumplimentar la información de pago (una dedicatoria para sí o tercero, un consejo o incluso una opinión). Una manera de tender un puente entre autor y lectores. Gracias por su interés

29 comments on “Plazos suspendidos para iniciar procesos contencioso-administrativos: ¿reanudación o reapertura?

  1. Pingback: La deficiente redacción de las normas: A vueltas con los "plazos judiciales" - Daya

  2. CARMEN

    Muchas gracias por la entrada; siempre es un placer leer sobre derecho administrativo como si leyera una buena novela. Y gracias también a los comentarios posteriores, que mantienen el nivel.
    Pero, si la duda enriquece la mente, en este momento me siento millonaria porque sigo en un sinvivir.
    A saber: notificación de desestimación de recurso de reposición por un Ayuntamiento el día 10 de febrero de 2020, poniendo fin a la vía administrativa ¿Cuándo acaba el plazo de dos meses para interposición de recurso contencioso administrativo:
    a) el 10 de junio (tomando como referencia la fecha de notificación y yendo al mismo día del mes tras el levantamiento de la suspensión;
    b) el 1 de agosto, considerando que el plazo es administrativo y se reinicia el día 1 de junio;
    c) el 4 de agosto, considerando que es procesal y se reanuda el 4 de junio;
    d) el siguiente día hábil en ambos casos, esto es el 11 de agosto;
    e) ninguna de las anteriores es correcta???
    Evidentemente, sólo se que no sé nada.

  3. JAVIER LOPEZ-CORDON

    Con pleno respeto y con un ánimo constructivo, aporto una visión crítica a la segunda lectura que se hace en la entrada, referida a que los plazos para interponer el recurso contencioso-administrativo podrían considerarse plazos administrativos en base a la inaplicación que del art. 135 LECiv hizo en su momento la STS de 29 de abril de 2009, toda vez que esa interpretación debe considerarse superada por la jurisprudencia posterior de la Sala Tercera, de la que es exponente la STS 2283/2016 de 25 de Octubre, que en cuyos FD argumenta:

    Del mismo modo, el Tribunal Supremo reconoce «la aplicación del artículo 135 de la LEC a los escritos de
    interposición del recurso contencioso-administrativo, para no lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva,
    según refiere la sentencia constitucional 199/2007, de 24 de septiembre» Tribunal Supremo, Sala Tercera, de
    lo Contencioso-administrativo, Sección 3′, Sentencia de 10 Jun. 2008, rec. 32/2006 …

  4. Pingback: LA SUSPENSIÓ DELS TERMINIS DURANT L’ESTAT D’ALARMA per Pere Ferran Castellà, Lletrat a l'Ajuntament de Barcelona. Jurista Local. - Juristes Locals

  5. anonimo

    Hola, me gustaría saber más allá de si implicó la suspensión o no (art. 2 RDL 16/2020) que comentas, si consideras que para interponer recurso contencioso-administrativo le es de aplicación el art.1 del RDL 16/2020, que declara hábil el mes de agosto «para todas las actuaciones judiciales» o bien, se aplica el art. 128.2 de la LJCA que especifica que no corre el plazo durante el mes de agosto para interponer recurso contencioso-administrativo.

    La incidencia sería en una notificación efectuada en el mes de junio-julio, para saber si agosto contaría o no, en el plazo de 2 meses para interponer recurso. Gracias.

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