Siempre me ha fascinado la responsabilidad sanitaria porque pone en juego el deber público de prestar asistencia y servicio a la salud, frente al derecho a exigir responsabilidades por los errores y deficiencias. Da escalofríos compensar salud con dinero, pero no queda otra.
Un campo donde a los jueces se les atribuye inmenso poder de decisión, que va mas allá de la interpretación de una norma o valoración de una prueba reglada o de examinar un puñado de folios de expediente.
Se trata de expedientes complejos, que implican el reto judicial de descifrar si se ha seguido un protocolo sanitario adecuado, si la lesión o el fallecimiento fue debido a una patología inevitable o a torpeza del facultativo o a la propia desorganización sanitaria. Si se prestó con retraso, si se diagnosticó mal, si se privó al paciente de posibles vías de curación, si se informó de los riesgos debidamente, etcétera.
Difícil decidir qué sucedió realmente en el centro de salud, en la sala de urgencias, en el quirófano o en el postoperatorio. Difícil responsabilizar a alguien, si es que hay responsables con nombres y apellidos. Y más difícil valorar el daño sufrido, especialmente el daño moral.
Son sentencias que no suelen contentar a nadie, ni al que gana ni al que pierde, y con las que el propio juez no suele estar contento porque se le pide un ejercicio de alquimia, consistente en la laboriosa mutación de historias clínicas, pericias, documentos, emociones y percepciones, en un frío relato de hechos probados para proceder a la aplicación de mágicos resortes jurídicos (lex artis, pérdida de oportunidad, daño desproporcionado, etcétera) en formato de sentencia.
Por si fuera poco, las patologías sanitarias parecen contaminar el proceso que frecuentemente presenta serias patologías procesales que alzan o hunden los sueños del demandante: plazos de prescripción para reclamar, errores de jurisdicción y/o competencia, pruebas aportadas y propuestas, peticiones desorbitadas o prudentes, desviaciones en las entidades responsables, peritos mercenarios, etcétera.
Además, en el saloon del salvaje oeste de la responsabilidad sanitaria no faltan partidas con juego poco limpio. Así, la infortunada víctima de la asistencia sanitaria, o su familia, se ven obligados a luchar contra una administración sanitaria mecánica (sostenerla y no enmendarla), contra unas aseguradoras ciegas al error (armadas con peritos de alta cuna), e incluso a veces la ambición del reclamante esconde «mentiras arriesgadas». En definitiva, pacientes, médicos, enfermeros, peritos, abogados y jueces. Todos danzando para encontrar la respuesta: ¿qué pasó realmente?, ¿hay culpables?, ¿deben las arcas públicas pagar por no conseguir lo imposible?, ¿cómo valorar los daños que no deben soportarse?
Pues bien, de la rica problemática de esta disciplina, la de la responsabilidad sanitaria pública (que en su día dije que «revienta por las costuras»), podré hablar «largo y extendido» en Bilbao en el marco de las II Jornadas Jurídicas por la palabra, que se celebrarán los días 20 y 21 de octubre de 2022. Se admite asistencia presencial y asistencia online.
Están organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Fundación Para la Magistratura. El evento cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, Osakidetza, la Asociación de Letradas y Letrados del Gobierno Vasco y La Ley, dirigidas por Emilio Lamo de Espinosa Vázquez de Sola, magistrado.
Mi intervención, flanqueada por otras más jugosas, tendrá lugar a la 12:00 horas del jueves, día 20 de octubre, en el Auditorio de la Universidad de Deusto, y se focalizará en la responsabilidad sanitaria. Estaré en compañía de tres magníficos y sabios tertulianos, lo que propiciará un sabroso debate sobre la materia.
Aquí están los datos del Programa del evento y forma de matricularse, por si alguien está interesado en asistir, especialmente porque les aseguro que los demás temas que van a abordarse en las Jornadas, son candentes y serán expuestos por autorizadísimas voces.
NOTA.- Les haré una confidencia: además de repartir las sonrisas y abrazos propios de situaciones cómodas, aprovecharé para disfrutar de la gastronomía y hospitalidad vasca, que siempre me han tratado maravillosamente, con espléndidos anfitriones. A su salud, queridos lectores.
Llevo casi 20 años en el mundo de la responsabilidad patrimonial sanitaria, en el ámbito de la Administración, y puedo decir con orgullo, que lejos de trabajar mecánicamente, los casos se miran con lupa y con toda dedicación. No hay un caso igual a otro y lo único que los mecaniza es que, para bien y para mal, todos siguen los trámites que el procedimiento administrativo nos marca. Por cierto, un procedimiento tedioso y pesado, que hace que la tramitación dure más de lo que quisiéramos, pero muy garantista. Por supuesto siempre es deseable y hay que perseguir la mejora, pero aunque a la Administración le pese la mala fama generalizada, puedo asegurar que no en todas partes se hacen las cosas igual.
Muy apetecibles esas jornadas en Bilbao, y no dudo que será un placer escucharle José Ramón.
Buenos días Jose Ramón,
Una pena no poder estar, porque me gustaría consultar sobre algunas cuestiones en relación al tema que expone, sobre todo si hay algún participante de la Administración sanitaria.
Como por ejemplo si la Administración sanitaria tiene claros los protocolos para iniciar transición de género, cuando afectan a menores y/o personas con problemas psicologicos/psiquiátricos. Parece que el asunto de la clínica londinense Tavistock y las demandas en masa que se han iniciado por detranscionadores, pueden repercutir en un gran coste para el Estado británico, derivado de la resp patrimonial, y ello por no haber hecho las cosas bien.
Desde esta experiencia sería interesante que nuestra administración, la que sostenemos todos con nuestros impuestos, tenga presente la experiencia de otros países para evitar cometer los mismos errores, pues parece que siempre nos gusta ir contra corriente. Y no está de más que esa ley LGTBI sea aprobada respetando ciertos derechos de los que hasta el momento carece.
Desde luego Jose Ramón, el tema es interesantísimo pero es que además lo vendes con una gracia y habilidad admirable.
Soy el anterior V. Rodriguez Ramos. Como se conecta uno con Deusto para ver y oir la conferencia ?
Creo que matriculándose facilitan un enlace, pero eso es cosa de la organización. Saludos
Estimado V.Rodríguez. La matriculación la lleva directamente el Colegio de Abogados. Puede usted llamar al número de teléfono 944356207 y allí le ayudan a realizar la inscripción.