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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos entierra las esperanzas de eliminar la politización de los nombramientos de cargos judiciales

Se acaba de dictar, hoy 8 de junio de 2023  la esperada sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Alonso Saura v. España, relativo al nombramiento por el Consejo General del Poder Judicial de un candidato para la presidencia del Tribunal superior de Justicia de Murcia, cuyo recurso fue desestimado por la sala tercera del Tribunal Supremo, y resultando inadmitido el recurso de amparo por el candidato postergado ante el Tribunal Constitucional, en lo que califiqué de «discreto pero ruidoso auto 119/2018 del TC sobre discrecionalidades y discriminaciones«.

 Veamos esta importante sentencia, que merece más respeto por su origen que por el rigor de la solución dada.

En la demanda se alegaba la violación del art.6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, así como el derecho a la motivación y a la objetividad de valoración, cuestionándose la discrecionalidad valorativa aplicada por el Consejo General del Poder Judicial español, carente de motivación de la preferencia del candidato y de la postergación de la candidata recurrente, aduciendo la discriminación de género y no justificación de la postergación de la candidata femenina. En particular, se insistía en que una vez anulada por el Tribunal supremo la  primera decisión  de nombramiento por falta de motivación, no procedía una nueva valoración de los candidatos por el CGPJ,  pues ha consistido en una «ejecución falsa», con idéntico desenlace al censurado inicialmente.

Pues bien, el Tribunal europeo, primero se cura en salud, y advierte que no es su misión abordar los errores de derecho cometidos por los tribunales nacionales. Fija su pauta de control en los siguientes términos:

Una decisión judicial interna no puede calificarse de arbitraria hasta el punto de menoscabar la legalidad  del proceso a menos que no se proporcionen razones para adoptarla o si las razones aducidas se basan en un error manifiesto de hecho o de derecho cometido por el tribunal nacional, lo que supondría una «negación» de Justicia»

 Bajo tan estrecho foco de luz de la justicia, constata que tuvo lugar un procedimiento judicial con alegaciones y pruebas, y que la fase administrativa ante el Consejo General del Poder Judicial incluía la presentación oral de méritos. Y concluye:

Dar preferencia a uno de los candidatos, cuando ambos candidatos tienen méritos suficientes para el puesto en cuestión, no puede considerarse en sí mismo como contrario a los requisitos del artículo 6 § 1 del Convenio. En ese sentido, el Tribunal también señala el amplio margen de discrecionalidad del Consejo con respecto al peso que otorgaba a las candidaturas de los candidatos. El Tribunal Supremo amparó la decisión del Consejo, revisando debidamente el procesodoctrina de nombramiento y las razones aducidas por el Consejo para la elección del candidato”

Y tras tan extenso y denso razonamiento, concluye:

No se ha demostrado que las decisiones de la Corte Suprema fueran arbitrarias o manifiestamente irrazonables hasta el punto de perjudicar la legalidad del proceso (ver Moreira Ferreira, citada anteriormente, §§ 85 y ss.).

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la Corte considera que, en su conjunto, los procedimientos en cuestión fueron justos a los efectos del artículo 6 § 1 de la Convención. De ello se deduce que no ha habido violación de dicho artículo.

La sentencia del Tribunal Europeo, cuenta con el voto concurrente de dos jueces que es ilustrativo cuando dice:

Es cierto que el poder discrecional está sujeto al principio de legalidad y debe distinguirse de la arbitrariedad, entendida como un poder absoluto que está sujeto únicamente a los caprichos de su titular y que refleja una voluntad desenfrenada y muchas veces injusta. Sin embargo, el poder discrecional implica  una libertad casi total para decidir, y mientras la legislación interna permita que los jueces sean designados para altos cargos sobre la base de dicho poder, será muy difícil impugnar las decisiones tomadas. Para ello, deberá demostrarse satisfactoriamente que la decisión no cumple los requisitos legales o es manifiestamente irrazonable.

Por supuesto, somos conscientes de la necesidad, en determinadas circunstancias, de hacer depender un nombramiento de una serie de criterios subjetivos que permitan tener en cuenta las cualidades personales de un candidato. Esto es sin duda cierto con respecto al nombramiento para el cargo de presidente de un tribunal, que requiere, además de habilidades judiciales, una visión del papel y los medios para desempeñarlo, así como habilidades para comunicarse con colegas y el mundo exterior, las partes en los procesos judiciales y las autoridades políticas. Una candidatura a un puesto de liderazgo y gestión de recursos humanos no puede evaluarse simplemente examinando el currículum vitae del candidato, por prestigioso y sólido que sea, sino que debe tenerse en cuenta su personalidad.

 Los dos jueces saben que es difícil encontrar la llave para la legalidad y justicia del resultado:

El problema es que en el presente caso los criterios subjetivos parecen haber eclipsado a los objetivos y aparentemente sirvieron como única base para la elección del candidato. En tal sistema, por lo tanto, un criterio subjetivo puede anular todos los criterios objetivos, haciendo así que todo el proceso sea totalmente discrecional.

¿Cómo se puede resolver este dilema? ¿Cómo circunscribir la discrecionalidad para evitar el desconocimiento total de los criterios objetivos dejando un espacio necesario a los criterios subjetivos? Una solución podría ser la de asignar un coeficiente a cada criterio, permitiendo así ponderar los distintos elementos (objetivos por un lado y que requieren una valoración subjetiva por otro) a tener en cuenta en el proceso de selección (antigüedad, puestos previamente ostentado, variedad de experiencia que pudiera ser relevante para el puesto solicitado, visión y programa de actuación del puesto, etc.) y así evitar que el proceso sea totalmente subjetivo.

 Finalmente existe un lúcido voto particular disidente del juez Jimena Quesada, a favor de la estimación de la demanda, que personalmente me resulta convincente:

…  más allá de la resolución del caso concreto, la utilidad del mecanismo del Convenio consiste en establecer elementos susceptibles de reforzar los tres pilares del Consejo de Europa (Estado de derecho, democracia y derechos humanos) y lograr que impregnen el funcionamiento de los sistemas judiciales de sus Estados miembros. Esta consideración no es desdeñable, ya que la supuesta fortaleza del Consejo GPJ para resistir el control jurisdiccional de la Corte Suprema puede convertirse paradójicamente en su debilidad, visto desde la misma perspectiva del Estado de derecho y la separación de poderes. En efecto, es probable que un consejo general del poder judicial con una configuración tan “absoluta” sea más vulnerable a la politización, dado que los partidos políticos pueden verse tentados a promulgar legislación, especialmente en asuntos relacionados con los nombramientos judiciales, que haría que los consejos judiciales fueran menos autónomos en frente a una posible intrusión de los poderes legislativo y ejecutivo (ver Grzęda c. Polonia [GC], no. 43572/18, § 346, 15 de marzo de 2022).

A continuación reclama que se escuchen los mensajes europeos por las autoridades españolas:

Al respecto, la Corte toma en consideración el Plan de Acción adoptado por el Comité de Ministros… el 13 de abril de 2016 sobre el Fortalecimiento de la Independencia e Imparcialidad Judicial, cuya primera línea de acción postula que “Deben tomarse medidas para despolitizar el proceso de elección o designación de personas para los consejos judiciales, cuando existan, u otros órganos apropiados de gobierno judicial. Los miembros no deben representar facciones políticas ni ser políticamente partidistas en el desempeño de sus funciones. Tampoco deben estar sujetos ni ser susceptibles a la influencia política del poder ejecutivo ni del legislativo” (ver Grzęda, citado anteriormente, § 125). En la misma línea, el Informe Estado de Derecho 2022 (Capítulo sobre la situación del Estado de derecho en España) de la Comisión Europea destacaba que “sigue siendo preocupante el hecho de que la renovación del Consejo del Poder Judicial esté pendiente desde diciembre de 2018” y que “ha habido nuevos llamamientos para modificar el sistema de designación del Consejo de acuerdo con los estándares europeos” (Luxemburgo, 13 de julio de 2022, SWD(2022) 509 final). Lamentablemente, el presente caso no es ajeno a este contexto problemático.Por estas razones, a la luz de las circunstancias del caso, considero que la Corte debería haber estimado la  violación del artículo 6 § 1 de la Convención.

Hasta aquí lo que la sentencia ha hablado.Solo queda la esperanza, de que la parte recurrente solicite su reenvío a la Gran Sala, cuyas decisión será definitiva, pues merece la pena agotar todas las vías, máxime cuando nos encontramos con una sentencia que materialmente tiene tres votos disidentes y sobre un cuestión de gran importancia que planea sobre las exigencias de tutela judicial en todos los Estados miembros. El Convenio contempla la posibilidad de que en el plazo de tres meses a contar a partir de la sentencia de una Sala, se pueda solicitar, de forma excepcional en casos excepcionales, la remisión del asunto a la Gran Sala; solicitud de la que conocerá un colegio de cinco jueces, que la aceptará cuando el asunto plantee “una cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del Convenio o de sus Protocolos o una cuestión grave de carácter general” (art. 43).

Pero si finalmente se deja esta sentencia sin solicitar su reexamen por el pleno, o si éste rechaza la admisión del recurso, o la confirma, colorín Colorado. ¿O no?

Control por los Tribunales¿Se ha acabado ahí la lucha por el Derecho?

¿Debe detenerse el control judicial de los nombramientos para cargos judiciales en una discrecionalidad invocada como mantra del órgano de gobierno, que conjura todo recurso o solicitud de razones?

¿Es admisible que resulte indiferente a los principios de igualdad, mérito y capacidad, el decidir por la fuerza de los votos y no por las razones, tanto sobre quienes tienen supuestamente “iguales” méritos, como quien debe ser elegido entre ellos?

¿Podemos afirmar seriamente que no importa que los cargos judiciales se designen por órganos cuya legitimidad descansa en su designación por criterios políticos?

¿Debemos renunciar a que los cargos judiciales sean nombrados en función de criterios objetivos  y en base al mérito, capacidad e igualdad, que tienen rango constitucional?

¿Debemos dejar de luchar porque las convocatorias se regulen con detalle y objetividad, y que las motivaciones tengan amparo en las mismas?

¿Con qué fuerza moral pueden los jueces españoles resolver cuestiones de motivación, discrecionalidad, arbitrariedad y mérito, si el silencio de los corderos bendice senderos oscuros e inconstitucionales?

¿Debemos perder la esperanza en un modelo de gobierno del poder judicial que nos enorgullezca y que sea espejo de otros países y no un modelo de desafuero?

 Yo tuve un sueño…Martin Luther dixit. Y la conciencia tranquila, añado….  Más aún, no me quita la alegría ir contra corriente…cuando me lleva el río de la razón y la justicia.

16 comments on “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos entierra las esperanzas de eliminar la politización de los nombramientos de cargos judiciales

  1. Creo que esta sentencia, Maestro, no es es buena para poder hacer justicia en su caso….

  2. Mercedes

    No te confundas maestro, ellos tienen la conciencia muy tranquila, mucho mas que la media, y una vez mas NO SE HA HECHO JUSTICIA.

  3. Martin Avellaneda

    Los dos candidatos en liza eran aspirantes al cargo de servidor del interés más fuerte. Ninguno era independiente. Si llega ella a ganar en tedh habrían vuelto a nombrar al otro por otros 5 años q dura cada nombramiento. De hecho su victoria en el TS puso a cero el contador del otro, del q un abogado ejerciente le ha denominado, en un artículo de prensa en Murcia, comisario político del PP en la justicia murciana. Y no se ha querellado el aludido.
    Y el TEDH no es ningún lugar santo. Por cierto Jimeno Quesada interviene como juez ad hoc sin q se explique la razón de la abstención de la jueza española Elosegui q es numeria conocida del Opus.

  4. Sabino

    Todo es lógico en base a quien es el que elige a los miembros del Tribunal. Idéntico a la elección del Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial.
    Todos son independientes de aquella manera. Los resultados de las votaciones son , siempre, los mismos. Bloque llamado progresista por un lado y Bloque llamado conservador por otro.

  5. Anónimo

    poco rédito pero al menos, han abierto su caso en estas instancias que para el resto de mortales nos dan con la puerta en las narices y ni lo consideran ni abren ni valoran. con lo cual la sensación de «vacío de justicia» es aún mayor.
    pero habrá que seguir el rio de razón y de justicia.
    carlos

  6. Anónimo

    Decía un viejo Magistrado que aquí se aplica la Ley, que el que quiera Justicia se la pida a los dioses.

    Manel Pérez

    • Francisco

      La desafectación en la justicia y los jueces alcanza niveles de escándalo y la causa de la misma no es soltera

    • Arenado

      Es cosa de dioses aplicar las leyes y no las conveniencias y de jueces odiosos a los dioses, aplicar la ley del encaje. La justicia es asidero de fuerzas oscuras , enemigas de las luces de la razón. Pero todo termina.

    • Emiliano

      Aplicar la ley amigo es obra de dioses, de juzgadores la conveniencia de cada caso. Y de vez en cuanto la flauta del acierto funciona por casualidad tambien. Este universo no es obra de ningún dios bondadoso.

    • Anónimo

      El problema es que en España ni se aplica la Justicia ni tampoco se aplica la Ley. La Ley en sede judicial tiene menos valor que un billete de 3’83 €

    • Anónimo

      Esta máxima que se cita que pronunciaba un viejo Magistrado, que decía que aquí se aplica la Ley, que el que quiera Justicia se la pida a los dioses, me recuerda un día en el ascensor del edificio donde están ubicadas las distintas Delegaciones provinciales de las Consejerías de una Administración pública y un funcionario (yo también soy funcionario) comentó a otro con cierto desprecio por el trabajo, que no tenía ningunas ganas de hacer nada, que él ya aprobó la oposición y que tenía derecho a que le paguen sólo por venir.
      Me produjo aquella conversación muy mala impresión, porque yo soy funcionario y me dejo el pellejo en mi trabajo.
      Yo creo que aprobar una oposición está muy bien (estaría mejor aún si el contenido de la oposición se adecuara a los cometidos reales del cuerpo o de la categoría para la que opositas, porque no sé qué sentido tiene para un funcionario de la Administración General saberse todas las cifras y todos los detalles de composición etc. relativos al Tribunal Constitucional, cuando tu no opositas al Tribunal Constitucional y cuando en España el Tribunal Constitucional inadmite a trámite el 97% de los recursos de amparo, es decir que cuando el art. 10, 1º CE dice que los Derechos Fundamentales son inviolables, la realidad es que son totalmente violables en un 97%, que es el 100% de los recursos de amparo de la gente corriente, porque el 3% restante es para apellidos ilustres y compromisos, etarras, separatistas catalanes, y otras «perlas»), pero la oposición se aprueba y se revalida todos los días con el trabajo diario.

      Pues esto me parece un poco similar. Es verdad que las leyes no expresan un sentido de Justicia desde hace muchas décadas en España, sino los intereses de los imperantes y su séquito, y por tanto una cosa es el Derecho positivo, el que se publica en el BOE y en los Diarios oficiales de las CCAA, y otro la Justicia como ideal ético y jurídico, pero hacer esta afirmación ya denota cierto desprecio, cierta desgana o cierta pérdida de empatía por el justiciable y de escrúpulos en la actividad judicial.

      No tengo ningún problema en buscar en los Tribunales únicamente la Ley, y dejar la Justicia para pedírsela a los dioses, el problema está en que algunos o muchos jueces con esta actitud de que ellos no están para hacer Justicia sino únicamente para aplicar la Ley, al final con esta actitud ni hacen Justicia ni tampoco aplican la Ley, porque la Ley en sede administrativa desgraciadamente tiene poco valor, pero en sede judicial que debería tenerla toda, tiene con harta frecuencia todavía menos, en parte porque el titular de esta página Web, Sr. Chaves, ante el que me descubro no solo por su sabiduría y su brillantez sino por su actitud ética de buscar la verdad y adherirse a ella (que brilla aún más), que es Magistrado, no es la regla general de los Magistrados en la Jurisdicción C-A (o en la laboral) sino desdichadamente la excepción.
      Cuando tu citas un artículo básico de la Ley de Procedimiento Administrativo (de los fáciles) o de la Ley de la Jurisdicción y ves cómo el Magistrado coge el código y lo mira, para comprobar si es verdad, como a mí me ha pasado en el estrado, te das cuenta que no se sabe la Ley, que esla ley de cabecera de su trabajo, de modo que de otras normas más rebuscadas (la Ley de Minas, la Orden Ministerial que regula la distancia entre árboles en los montes públicos, etc), ya ni hablamos.
      Cuando cuestiones de peso como saltarse total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido, que es causa de nulidad de pleno derecho, te das cuenta que en sede judicial no tiene ninguna trascendencia jurídica y que las normas con rango de ley directamente son papel mojado, no es que no te den Justicia, es que tampoco se aplica la Ley. Hay cuestiones como el silencio administrativo, la obligación de remitir el expediente completo (que pasa un año y no lo manda y te demoran la presentación de la demanda un año y al final si la quieres presentar la tienes que presentar sin el expediente completo porque la Ley no se cumple ni para mandar el expediente ni para poner en marcha las consecuencias de no hacerlo, ¡ojo!, despues de casi un año insistiendo y rogando, y ni caso, en toda una Sala de lo C-A de la Audiencia Nacional, nada de un juzgado de 1ª Inst. de pueblo), la revisión de oficio de actos favorables, el trámite de audiencia, los motivos de nulidad de pleno derecho, el recurso indirecto del art. 26 LRJC-A, y muchos otros que son indigeribles para muchos Magistrados, la violación de Derechos Fundamentales; o en el ámbito de la Jurisdicción Social, el procedimiento de Revisión de oficio del art. 146, 2º b) Ley 36/2011 LJS que le prohibe a la Administración revocar por sí misma y de plano prestaciones por desempleo de una antiguedad superior a un año, que tiene que hacerlo a través del juzgado de lo social, o el procedimiento de reintegro de prestaciones por desempleo en caso de que estas resulten indebidas por los efectos retroactivos de una sentencia favorable a l trabajador que cobró tales prestaciones contenido en el art. 268, 5º b) Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que quien debe devolver estas prestaciones a la entidad gestora es la empresa (que resta este dinero de la liquidación a la trabajadora, pero quien responde ante la entidad gestora es la empresa), y sin embargo la entidad gestora le exige directamente a la trabajadora este dinero incluso le cobran 15.000 de mas por la vía de apremio, y no pasa nada, y le desestiman la demanda con un par con el argumento que es que las prestaciones son incompatibles con el sueldo, como si eso impidiera a que esa incompatibilidad se canalizara a través del procedimiento legalmente establecido en norma con rango de Ley porque el art. 268, 5º b) Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social es una Ley, y ves que el procedimiento legalmente establecido y lo que dice la Ley no tiene ningún valor, y se pueden citar casos a montones donde sencillamente no reconocen lo que la Ley establece y no se sienten vinculados por el art. 9, 1º CE que también se refiere a ellos, (porque el art. 103, 1º CE se refiere a la Administración pero el 9, 1º CE se refiere a todos, también a los jueces). Y no pasa nada. Y como el Recurso de Casación C-A desde 2016 ha desaparecido y se inadmiten el 98% de los Recursos, con costas, el TC hace lo mismo, la Fiscalía que es la única que puede recurrir las inadmisiones ante el TC no las inadmite porque «¿de quién depende la Fiscalía?, pues eso», y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es otro camelo, no solo porque las inadmisiones son del 99’9999%, sino porque incluso despues de admitidas confunden la demanda principal con una comunicación ulterior poniendo en conocimiento algún incidente posterior digno de mención, y se confunden y despues de admitida la demanda te la inadmiten, como estos órganos te inadmiten las cosas que es sin trámite de audiencia precio, y sin motivar, solo por la cara , porque lo digo yo que para eso estoy en el TEDH y me lo puedo permitir.

      no quería escribir tanto ni marear a nadie, era solo comentar un poco la «actitud» porque si en la guerra es fundamental la actitud de vencer, en el ámbito de la justicia Administrativa, la actitud con normas justas o carentes de ella debe hacerse siempre buscando darle la razón al que la tiene, porque la Justicia al estilo «Negreira», conduce a la indefensión y a a lo que España ya es en términos de Administración de justicia no solo como Poder del Estado sino también como servicio público, que es un Estado fallido, aunque de esto nos e hagan películas.

      • Creo que aun se queda corto. Antes de morir, me contentaría con que se generalizase la segunda instancia o apelación en la vía contencioso-administrativa, especialmente en casos fiscales de alta cuantía que se juzgan en primera y única instancia…y luego solo queda la vía de la «casación», del recurso de amparo por violación de derechos fundamentales prefiero ni hablar.

  7. Manuel Bonafoux

    Creo que la degradación progresiva de la justicia -muy avanzada en el TC, avanzando rápidamente en el TS-, ha llevado a poner esperanzas en un imposible: el TEDH es un tribunal internacional (a diferencia del TJUE) y como tal solo es competente para verificar el cumplimiento por los Estados del Convenio de Roma. Es extremadamente difícil encajar este asunto en un incumplimiento del «derecho al proceso equitativo», como ha sido configurado por el TEDH. Será una pena, sí, pero mal puede poner remedio a esto el TEDH.

  8. FELIPE

    ¿Cómo se puede determinar si un órgano puede considerarse «independiente» y, por tanto, «imparcial» y «autónomo» a los efectos aquí examinados? Pues, si seguimos la doctrina del propio TEDH (Langborger c. Suecia, párrafo 32; Kleyn y otros c. Países Bajos [GS], párrafo 190), teniendo en cuenta lo siguiente: i. el modo de nombramiento y ii. la duración del mandato de sus miembros; iii. la existencia de garantías contra presiones externas, y iv. la cuestión de si hay o no apariencia de independencia.

    Partiendo de lo anterior y aplicándolo al caso español, cantamos ¡bingo! -pero del malo-, pues lamentablemente concurren todos los factores. En consecuencia, no cabe duda sobre el carácter «dependiente» y la -tacha de- «parcialidad» que pesa sobre el CGPJ y sus designados miembros por los partidos mayoritarios (del Ejecutivo y Legislativo). Lo que le/s inhabilita/ría de principio para poder tramitar y resolver con ecuanimidad el proceso de selección de cargos judiciales (máxime cuando usa/n criterios subjetivos y discrecionales -no sujetos a medición o control- y los prioriza/n sobre los objetivos -del mérito y la capacidad-). Pero es que, por iguales razones y aplicación de la teoría de los vasos comunicantes, este cuestionamiento también sería extensivo tanto al Tribunal -el TS- que debe controlar las decisiones selectivas del CGPJ, dado que sus miembros fueron designados directamente por éste (y mediatamente por los partidos políticos mayoritarios), como al Tribunal -el TC- que debe supervisar constitucionalmente las decisiones del Supremo, pues su miembros fueron designados por los partidos mayoritarios (directamente a través del Ejecutivo y Legislativo; mediatamente a través del CGPJ). En definitiva, aplicando los criterios del TEDH se demuestra que nuestro sistema de nombramiento de cargos judiciales (y del TC) está completamente grangrenado. Para poder sanarlo se requiere su sustitución por otro creado por nueva normativa que garantice la seguridad jurídica, la independencia, la transparencia y la justicia en los nombramientos (a través de los principios de capacidad, mérito e igualdad). Y que haga efectiva una verdadera separación de poderes, una real independencia e imparcialidad judiciales y una auténtica democracia.

    Por otra parte, la decisión tomada por el TEDH aunque muy decepcionante, era previsible. Pues, normalmente, en casos como éste, se limita a ponerse de perfil, lavarse las manos y salir por peteneras, razonando que la interpretación y aplicación del derecho nacional que hacen los tribunales nacionales se impone al Tribunal (Pérez c. Francia [GS], párrafo 82) y que solo a las jurisdicciones nacionales corresponde admitir y analizar la prueba en cuanto al fondo (Garcia Ruiz c. España [GS], párrafo 28; Farange S.A. c. Francia (dec.)).

    P.D. No, por supuesto que no. Mientras sigamos soñando y tengamos conciencia y valores, este cuento (de terror y mentiras) no ha acabado.

  9. Ángel Vasallo

    -«Vamos a acabar con el obsceno espectáculo de unos políticos que nombran a unos jueces que tienen que juzgar a esos políticos»-, Ruiz-Gallardón, a la sazón Ministro de Justicia, dixit. Él (y su jefe, y muchos otros) siguen riéndose desde entonces.
    En fin, Señoría, muchas gracias por seguir creyendo que es posible la Justicia (legal) en la Tierra.

  10. Concepcion Monerri

    Es muy injusto contemplar como la injusticia, en esta region, es la unica justicia

Gracias por comentar con el fin de mejorar

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