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ContenciosoProcesal

Hongos, algas y truchas en el Supremo

especiesPues sí. Me tropiezo con una sentencia del Supremo que resulta elocuente del brillo discreto de la labor judicial. Se trata de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo del 16 de marzo de 2016 (rec. 396/2013) que se ocupa de la impugnación por unas organizaciones ecologistas del Catálogo español de especies invasoras, de naturaleza reglamentaria.

La sentencia es brillante y llamativa ya que ofrece una valiosa aportación jurídica en cuanto a la hora de impugnar reglamentos, por un lado, explicita el alcance de la acción pública y por otro lado, deja clara la posibilidad de sustitución judicial de preceptos reglamentarios, sin invadir la discrecionalidad política, por elementales consideraciones de legalidad. En definitiva, el Supremo armado de pruebas periciales examina el acierto del ejecutivo al ejercer la potestad reglamentaria sin quebrar la prohibición del art. 71 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que, como es sabido, cierra el paso a que los jueces puedan sustituir la discrecionalidad política al aprobar reglamentos. Recordemos que ese art.71 establece: “2. Los  órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados”. Y sin embargo, pese a la literalidad tajante del legislador, la sentencia precisa la excepción de cuño jurisprudencial que autoriza a sustituir al ejecutivo en los reglamentos. Leer Más

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ContenciosoDe Jueces y la Justicia

Pero… ¿hubo alguna vez votos particulares?

cientificosssPara aludir al fenómeno de los votos particulares en lo contencioso-administrativo, me viene a la mente la pregunta retórica que titulaba el clásico del humor debido a Jardiel Poncela: ¿Pero hubo alguna vez once mil vírgenes?.

Los “votos particulares” en lo contencioso-administrativo son agujas en el pajar jurisprudencial, lo que nos lleva a reflexionar sobre las razones y aclarar la distinción entre “votos disidentes” y “votos concurrentes”. Leer Más

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Procedimiento y Proceso

Reformatio in peius “a la española” en lo contencioso-administrativo

angelitoLa reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 11 de Marzo de 2016 (rec. 2442/2014) aborda de forma didáctica la “reformatio in peius”, versión jurídico-latina del castizo dicho de “ir por la lana y salir trasquilado”. Aunque este principio no está positivizado en su literalidad, deriva del principio de congruencia, tanto en vía administrativa (art. 89.2 Ley 30/1992) como contencioso-administrativa (art. 33.1 Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Se trata de un principio de cuño procesal y que garantiza que solo se juega a la ruleta judicial para “mejorar”. Se perderán las ilusiones o la confianza en la justicia pero al menos el litigante verá cumplido su íntimo deseo (“Virgencita que me quede como estaba”, del cuento clásico).

Sin embargo, creo que esa figura merece un examen específico en lo contencioso-administrativo, aunque suponga tomarme algunas licencias expresivas y enfoque inédito. Leer Más

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De Jueces y la Justicia

El TC declara inconstitucional la imposibilidad de recursos judiciales frente a los Decretos de los Secretarios judiciales

bolosLa reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de Marzo de 2016 ha reforzado las garantías jurisdiccionales dando respuesta a una queja a gritos frente a la reforma de la Oficina Judicial operada por Ley 13/2009 en el particular de acometer la agilización de la justicia a costa de bloquear los recursos ante el Juez frente a las decisiones atribuidas a los Secretarios Judiciales (hoy denominados Letrados de la Administración de Justicia).

 Una sentencia de enorme relevancia para el Estado de Derecho. Veamos. Leer Más

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ContenciosoProcedimiento y Proceso

El Supremo habla alto y claro de la extensión de efectos

coins-1015125_1920Hay sentencias del Supremo que pese a su concisión encierran la resolución de un universo completo de la problemática de un instituto mal regulado por el legislador. Son casos en que el Supremo toma el toro por los cuernos y sienta jurisprudencia en el sentido mas noble y menos técnico de la palabra, o sea, sienta criterios tan claros que desvanecen infinidad de procedimientos judiciales abiertos como un azucarillo.

Es el caso de la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 24 de Febrero de 2016 (rec.19/2015) que es un ejemplo de “tres en uno” en relación al instituto de la extensión de efectos de sentencias firmes en materia de personal, tributos o unidad de mercado. Veamos.

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Procesal

Disputa entre administraciones: requerir no es recurrir

lucha esgrimaCon la crisis económica y la tensión política se disparan los conflictos entre Administraciones públicas. En los casos en que existe discrepancia jurídica entre administraciones territoriales (estatal, autonómica o locales), o incluso con entes públicos, como consecuencia de la autonomía y personalidad jurídica diferenciada de cada cual, no existe posibilidad de que una administración imponga su voluntad a la otra ni tampoco pueden acudir a un arbitraje forzoso.

Si la buena fe y la negociación falla, pueden verse abocadas a un litigio ante la jurisdicción contencioso-administrativa en que una administración figura como demandante de otra, en un auténtico choque de prerrogativas (ambas son titulares de ejecutividad, ejecutoriedad, presunción de solvencia o inembargabilidad, por ejemplo; ambas creen actuar por la legalidad e intereses generales, y ambas enfrentan letrados públicos).

La antesala del litigio viene dada por la posibilidad del requerimiento previo de la administración que se siente lesionada por la decisión de otra, al amparo del art.44 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en lo que constituye según la STS de 25 de Mayo de 2009 (rec. 4808/2005) una ocasión de “dar a la Administración requerida la posibilidad de reconsiderar sus decisiones y así procurar una solución que soslaye el conflicto; pero por su carácter de técnicas de acuerdo y entendimiento no son, insistimos, ni por su naturaleza ni por su tramitación cauces impugnatorios como los recursos administrativos”.

Esta última precisión, en que se desvincula este singular requerimiento de la naturaleza de “recurso administrativo” tiene una importantísima consecuencia que ofrece la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de Febrero de 2016 (rec. 3685/2013).
Veamos. Leer Más

Procesal

Cuenta atrás para el despegue del recurso de casación contencioso-administrativo

casacionQuedan poco mas de cuatro meses para la implantación del novedoso recurso de casación contencioso-administrativo (22 de Julio de 2016) y dado que no se ha aprovechado esta dilatada vacatio temporal por el legislador para retocar o completar el régimen legal establecido por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de Julio, y como tampoco parece que el futuro gobierno pueda (por falta de mayoría) ni quiera (por no ser prioridad) aclarar sus oscuridades, me temo que no queda otra que intentar reconstruir el modelo.

 

Se impone una labor similar a la acometida para completar la catedral de Barcelona, de la Sagrada Familia. Y me tomo la generosa licencia expresiva de compararla, porque la regulación de la casación como la del diseño de la Catedral se debió a varios arquitectos, porque las columnas de ambas son tan originales como inescrutables, y porque como aquélla es una tarea titánica que además posiblemente nunca se acabará.

 

Pero como el día D llega, y se trata de una auténtica revolución copernicana sobre la jurisprudencia contencioso-administrativa nos vemos obligados a la puesta en común de ideas, interpretaciones y soluciones.

 

De ahí que me parece buena idea ofrecer a la comunidad jurídica los enlaces o archivos que contienen información útil para comprender… al ornitorrinco jurídico, y de postre alguna reflexión personal. Leer Más

Procesal

Cuando sólo cabe el recurso de amparo

La última esperanza del litigante que ha llamado infructuosamente ante las puertas de la justicia ordinaria, es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

 

Un reciente auto de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo reitera algo que, pese a estar consolidado, parece ser que no todos los letrados conocen.

 

Se trata de la candorosa creencia, ante una sentencia desestimatoria frente a la que no cabe recurso ordinario (y una vez agotado en su caso, el incidente de nulidad de actuaciones) de que todavía cabe la posibilidad de formular un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y que el mismo impide la firmeza de la sentencia y además la suspensión de su ejecución.

 

Craso error.

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Procesal

Recurriendo solamente la falta de condena en costas

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La aplicación de la regla general del vencimiento en materia de imposición de costas contencioso-administrativas se ha ido introduciendo en la praxis judicial, con mayor o menor rigor según cada órgano y según cada litigio.

 

Una de las cuestiones que no estaban resueltas cuando alguien recibía una sentencia victoriosa que no imponía las costas al vencido, era cómo se determinaba la cuantía litigiosa a efectos de recurso de apelación o casación. La dificultad estribaba en que existían dos opciones:

A) O bien ceñir la cuantía en la realidad de lo discutido, esto es, el monto de las costas en controversia, con lo que la apelación sería admisible solo cuando esa cuantía superase el umbral de los 30.000 euros (cosa difícil) y la casación cuando esa cuantía superase los 600.000 euros (cosa casi imposible).

 

B) O bien fijar la cuantía del pronunciamiento accesorio (costas) por derivación y remisión a la cuantía del pronunciamiento principal (cuantía del litigio, aunque no se discuta el fallo estimatorio). En este caso, la apelación o la casación sería admisible según la cuantía del litigio principal superase o no las cuantías predeterminadas.

 

Pues bien, una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 18 de Enero de 2016 (rec.2290/2014) de forma discreta pero clara da respuesta a la cuestión.

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Procesal

Inejecución de sentencias : hasta el rabo, todo es toro

inejecuciónEl pirata John Silver el largo consiguió con esforzada estrategia el codiciado mapa del tesoro, pero su alegría se volvió pesadumbre pues no pudo encontrar el codiciado cofre en la isla. Y de forma similar muchas sentencias estimatorias de lo contencioso-administrativo despiertan la alegría del demandante, aunque le queda luchar por su ejecución y no pocas veces, para nada.

 

Es cierto que estadísticamente cuatro quintas partes de las sentencias contencioso-administrativas se ejecutan de forma exacta y pacífica, pero hay ámbitos donde esa cifra se eleva por existir situaciones consolidadas (ej. urbanismo), por existir intereses clientelares (ej. personal leal al político o alto cargo que se ve desplazada de su cargo o pierde privilegios), por el puro puro interés económico en demorar los pagos (ej. expropiación, subvenciones, etc) o porque, la mayor parte de las veces, la ejecución de una sentencia condenatoria comporta un coste político, electoral o de credibilidad para la autoridad responsable. 

 

Y si bien ahora hay un parón en la máquina legislativa, lo que no se para es el afán legítimo para que se ejecuten las sentencias contencioso-administrativas. Por eso, me parece oportuno traer a colación el estado de la cuestión citando cuatro fuentes jurídicas jurídicos útiles para las contiendas en la fase de ejecución, junto a algunos consejos prácticos. Leer Más