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ContenciosoProcedimiento y Proceso

Publicado el acuerdo sobre formato y extensión del recurso de casación

monitosEl BOE nos regala este  6 de Julio la publicación del Acuerdo de 19 de mayo de 2016, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Veamos la que se avecina.
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ContenciosoDe Jueces y la Justicia

Sobre la justicia que vivimos y deseamos

IMG_2006No creo que entre las prioridades de los partidos políticos ni de los gobiernos que puedan salir del chalaneo postelectoral figure la Justicia con mayúsculas.

Por eso bien está que la sociedad civil o los operadores jurídicos a título personal opinen y debatan sobre las virtudes y defectos de nuestro sistema judicial.

Pues bien, la Revista del Colegio de Abogados de A Coruña (Fonte Limpa, nº 31) tuvo la amabilidad de someterme a una entrevista sobre la Justicia, el Poder Judicial o la Universidad.

Por si fuera de interés mi opinión personal, tan fresca como la que expondría en una cafetería o tertulia de amigos, aquí está por si sirve para conocer el contexto judicial y el sentimiento de buena parte de los jueces.

Aquí está, haciendo click.

En una línea mas directa y amena su día tuve ocasión en el marco de las charlas TED (Technology Entertainment Design) de abordar en doce minutos “¿De qué Justicia hablamos cuando hablamos de justicia?”.

E incluso tuve la osadía de abordar la Justicia desde el punto de vista de los avances científicos en mi ensayo La mirada de Einstein al universo jurídico.

Y también ofrecí una Carta de un abogado veterano a un juez ante una sentencia desfavorable  en que expone las razones por las que no perderá la fe en la Justicia.

En fin, no es fácil ser justo, ni siempre las leyes son justas, pero todos debemos confiar en avanzar en la dirección de la idea de la Justicia.

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ContenciosoProcesal

Obiter dicta y ratio decidendi: churras y merinas en el mismo rebaño

acalranodHace poco comenté a una joven y flamante graduada en derecho, que cierta argumentación de sentencia eran obiter dicta, ante lo que, con mezcla de sorpresa y honradez, me interrumpió y confesó que no sabía lo que eran.

Por eso, me pareció importante detenerme en estas dos importantes locuciones latinas “obiter dicta” y “ratio decidendi” que son las columnas argumentales de las sentencias (más bien, en términos arquitectónicos, los obiter dicta son “tabiques” y la “ratio decidendi” son paredes maestras).

Tienen gran utilidad, e  incluso confío en que mantendrán su vigencia pese a los vientos gubernativos para expulsar el latín de la praxis forense. Veamos. Leer Más

justivenda
ContenciosoSobre los empleados públicos

Quien no pide a tiempo que se complete el expediente, se lo lleva la corriente

cerebrosEl castizo dicho, “Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente” tiene su traducción procesal en el aforismo latino Vigilantibus non dormientibus iure succurrunt (litigante que no vigila por la tutela de su derecho, no merece ser salvado).

Esa necesaria diligencia nos alerta de los requisitos, formas y plazos que imponen las reglas procesales, y que tienen especial relevancia en el mundo del proceso contencioso-administrativo, y nada menos que cuando se trata de incorporar a los autos el expediente administrativo, esto es, la pieza central que será objeto de examen y donde están todos los antecedentes del caso litigioso.

Viene al caso por la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2016 (Rec. 1028/2015) que viene a recordar un criterio sobre el momento de solicitar que se complete el expediente y cuya inobservancia trae funestas consecuencias para el demandante, ya que si no se completa el expediente en el momento procesal idóneo, no cabe solicitarlo como prueba ni pedirlo como diligencia final. Leer Más

lucha ciervos
Procesal

Escurridizo control por el Supremo de las decisiones financieras del Consejo de Ministros

decision plenoEl Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo afrontó recientemente el enjuiciamiento de un acto del Consejo de Ministros de gran calado en materia de interés para todo el Estado, que es examinado por la Sala con ojos técnicos pese a su enorme trasfondo político, para ultimar como Pilatos, lavándose las manos y dejando la decisión en el Barrabás del Tribunal Constitucional.

Nuevamente nos encontramos con una resolución del Supremo que rehúsa su propio campo de control jurisdiccional, posiblemente con toda solvencia argumental y prudencia, pero digna de comentario para que la comunidad jurídica sepa por donde soplan los vientos. Leer Más

poder del Estado
ContenciosoProcesalRelámpagos Jurisprudenciales

El Tribunal Constitucional crea los Decretos cuasilegislativos

SUPREMORecordemos que en diciembre de 2010, con ocasión de la huelga salvaje de controladores aéreos, por primera vez en la historia democrática, el Gobierno declaró por decreto el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo.

El Consejo de Ministros declaró por Decreto el estado de alarma y un segundo Decreto, con autorización del Congreso de Diputados lo prorrogó.

Algunos controladores aéreos formularon demanda ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo contra los Decretos del Gobierno que afectaban a su derecho de huelga, y se tropezaron con un auto judicial que declaraba la inadmisión por falta de jurisdicción. Los controladores formularon un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que por Sentencia de 28 de Abril de 2016 ha declarado la conformidad a derecho de tal inadmisión, afirmando que no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución. Pero veamos el razonamiento del Tribunal Constitucional para excluir tales Decretos del control jurisdiccional ordinario… Leer Más

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ContenciosoSobre los empleados públicos

El tiempo de peregrinaje procesal del opositor se indemniza

Photo-20151229003226331.jpgUna reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo da respuesta clara a una cuestión que siempre me pregunté.

Se trata del supuesto de ejecución de una sentencia firme que condena a la administración a retrotraer el procedimiento selectivo de oposición para subsanar el acto ilegal, y han pasado varios años, de manera que el recurrente ya cuenta con más canas, menos neuronas y fuerzas, y se ve obligado a examinarse de un ejercicio teórico que tenía estudiado en un pasado remoto (sobre temas jurídicos o técnicos ya obsoletos) o incluso a superar las pruebas físicas (para bombero o policía) pese a que los años no pasan en balde.

A ello se añadiría que normalmente cuando se acomete por la administración la ejecución de tal sentencia el Tribunal calificador vuelve a reunirse a regañadientes (a veces sus miembros han fallecido o jubilado) y para mayor escarnio, el único que se examina es el recurrente triunfador “solo ante el peligro”, dándose la triste estadística de que la inmensa mayoría de estos demandantes suspenden la prueba y se encuentran con la victoria pírrica de haber conseguido una sentencia estimatoria para empapelar la pared y sin plaza.

Pues bien, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 27 de Abril de 2016 (rec. 1276/2014) aborda la problemática de una opositora a cuerpo docente que recurre es inadmitida para participar en un procedimiento selectivo a cuerpo docente en el año 2004 y que tras la primera victoria en la Sala del Tribunal Superior de Justicia (año 2010) obtiene la confirmación por la Sala correspondiente del Tribunal Supremo (año 2012) de manera que la recurrente se examina en solitario en el año 2013 y obtiene 0 puntos en cada prueba. El incidente de inejecución se resuelve en 2016.

Dado que la sentencia solo reconocía el derecho a ser admitida y examinarse y no a obtener la plaza, la ejecución de sentencia no puede exceder del fallo, y la recurrente se queda con un palmo de narices, pero lo relevante de esta sentencia es el camino lógico que abre, a ese caso y a muchos supuestos similares. Leer Más

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ContenciosoDe Jueces y la JusticiaProcesal

El tamaño del recurso de casación importa

portazoHa sido noticia que la Sala del Gobierno del Tribunal Supremo el pasado 20 de Abril aprobó el Acuerdo que establece una suerte de requisitos formales de los escritos de interposición y oposición del recurso de casación que entrará en vigor el próximo 24 de Junio de 2016. Recordemos solamente que el novedoso recurso de casación universaliza “los llamados” (esto es, las sentencias y autos recurribles, al margen de cuantía o materia) pero minimiza los que serán “admitidos”, sustancialmente los que pasen la puerta de eso que se llama “interés casacional”, que ya comentamos en extenso.

Ahora, se da otra vuelta de tuerca al recurso de casación que se avecina. Esta vez por el flanco formal. Y es que ese acuerdo de la Sala de Gobierno, ha establecido unas normas que establecen la extensión máxima, el formato y la estructura, de los escritos de interposición de los recursos de casación dirigidos a la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de dicho Tribunal, así como de los escritos de oposición a dichos recursos. Y de paso establece unos criterios orientativos para otro tipo de escritos.

Estas normas, que serán aplicables a partir del próximo 22 de julio (previa publicación en el BOE para aviso de navegantes), limitan la extensión máxima de los escritos de recurso de casación u oposición, a “50.000 caracteres con espacio” -el equivalente a 25 folios.

Además precisa el Formato, en términos propios de editorial que recibe manuscritos, pues se deberá utilizar como fuente “Times New Roman” con un tamaño de 12 puntos en el texto y de 10 puntos en las notas de pie de página o en la transcripción literal de preceptos o párrafos de sentencias que se incorporen. Además, el formato del folio, tanto electrónico como en papel, será A4 sin rayas, con interlineado de texto de 1,5. Los márgenes horizontales y verticales serán de 2,5 cm. Todos los folios deberán ir numerados en su esquina superior derecha, en formato creciente y comenzando en el número 1.)

Además se establece lo que llama Estructura (Carátula y Contenido), con una especial predilección por el orden, la numeración y la indicación.

agotadoLa medida confiesa su justificación en los términos señalados en el art. 86 de la LJCA tras la reforma introducida en la misma por la LO 7/2015, de 21 de julio, de modificación de la LOPJ, y en el “previsible aumento del número de recursos que se presentarán por esta vía a la Sala Tercera del Tribunal Supremo”.

Sin embargo el fundamento real radica en el novedoso y flamante art. 87 bis de la LJCA que dispone literalmente: “La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará en el BOE la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemático de los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación”.

O sea una habilitación legal a un órgano en su vertiente gubernativa (Sala de gobierno) para fijar requisitos procesales (¡toma ya!)

Con ello se deja en los dueños del embalse (Tribunal Supremo) la doble esclusa de regular el nivel de las aguas: una primera esclusa formal con estos requisitos de extensión y formalidades; y otra esclusa material, con la apreciación del interés casacional.

Es cierto que medidas similares imperan en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero varias preguntas sin respuesta se ofrecen, algunas de las cuales obviamente siguen la técnica de la ironía. Veamos las que se me ocurren. Leer Más

Eliot ness
ContenciosoProcedimiento y Proceso

Avalados los hallazgos casuales en las entradas en domicilio

mazo veladoLa reciente Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 6 de Abril de 2016 (rec. 113/2013) se adentra en las arenas movedizas del alcance de las investigaciones efectuadas por la inspección al amparo de una autorización judicial de entrada en domicilio, y confirma nada menos que “el material obtenido casualmente y ajeno al objeto de la investigación puede ser legítimamente empleado para una actuación sancionadora respecto de una actividad ilegal distinta a la que determinó la autorización judicial de entrada y registro, en el supuesto de que dicho material sea indiciario de una tal actuación ilegal y siempre que el procedimiento seguido con el mismo tras su hallazgo sea a su vez procedimentalmente adecuado”.

Aunque se acompaña de la salvaguarda de tener como premisa que “la incautación de documentación se producen de forma adecuada y proporcionada”, el abuso de esta doctrina en manos administrativas perversas puede dar lugar a peligrosas prácticas. Leer Más