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Procesal

El Supremo exonera la ampliación de la impugnación a la actuación expresa tardía

SupremoLa Administración a veces da la callada por respuesta y cuando el particular impugna la desestimación presunta, aquélla despierta de su letargo y dicta una resolución expresa. El problema viene dado por los tiempos y las formas.

 

Los tiempos porque el abogado diligente formula la demanda frente a la actuación presunta desestimatoria y a veces no tiene conocimiento de que la Administración “de puntillas” dicta una Resolución expresa, que notifica al cliente. Y llegado el día de la vista oral, a veces el abogado se queda patidifuso cuando escucha a la Administración oponer que la desestimación presunta quedó sin objeto por haberse dictado una resolución expresa por la Administración y que está intacta al no haberse impugnado expresamente.

 

Pronto la jurisprudencia reaccionó con sentido común. Si la respuesta expresa era desestimatoria, y dado que se impugnó inicial y únicamente la desestimación presunta… ¿qué sentido tiene ampliar el objeto a aquélla resolución expresa?. Ninguno. Y por eso la jurisprudencia consideraba innecesario e irrelevante impugnar adicional y expresamente el acto desestimatorio ulterior.

 

En cambio, si la respuesta expresa era estimatoria, aunque fijando determinadas condiciones o limitaciones, que modificaban el sentido negativo combatido, la jurisprudencia consideraba que el particular tenía la carga procesal de ampliar el objeto impugnatorio.

 

Quedaba por resolver lo que ahora el Supremo zanja de un plumazo y que es lo mas frecuente. ¿Qué sucede si la resolución expresa solo contiene la estimación parcial?. ¿Si se combaten varias partes de un acto y solo se estima alguna petición o condición?. O pensemos en el caso habitual del ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial en que se solicita 100 de indemnización y el particular formula la demanda frente a la desestimación presunta. Si la Administración con posterioridad estima parcialmente el recurso y concede 5, hasta ahora no faltaban sentencias que consideraban que si no se impugnaba esta última resolución, se alzaba el muro de un nuevo acto firme y consentido que privaba de objeto la impugnación de la desestimación presunta. El particular se quedaba perplejo.

 

Pues bien, ahora el Supremo tercia con sentido común y sigue por la senda antiformalista y protectora en la reciente STS de 15 de Junio de 2015 (rec.1762/2014), que me atrevo a calificar de auténtico hito procesal:

 

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Procesal

Deceso a la casación de las cuestiones de nacimiento de la relación de servicios

acceso guardaNo es una errata: como licencia expresiva y gráfica hablo de “deceso” en vez de “acceso”.

Es sabido que en las últimas décadas la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, bajo la coartada del carácter excepcional del recurso de casación y por elementales razones de supervivencia ante la inundación de recursos, fue aplicando un criterio restrictivo de los motivos de casación unido a los rigores formales en su admisión.

El resultado ha sido un estrecho portillo de acceso al recurso de casación que curiosamente se revelaba enorme si se comparaba con la puerta giratoria en que solía convertirse la admisión de recursos de amparo. Leer Más

Relámpagos Jurisprudenciales

Gresca judicial por el expediente administrativo digital

justicia manejadaLa geología nos enseña que las fricciones de las placas tectónicas de la corteza terrestre provocan terremotos y volcanes. En derecho público, las fricciones de las placas de los poderes gubernativo y judicial, con intervención de la Agencia Tributaria y del Consejo General del Poder Judicial ante el empuje de la Sala Contencioso-Administrativa de un Tribunal Superior de Justicia ha provocado un terremoto jurídico de nivel 7 en la Escala Kelsen.

En efecto, la reciente sentencia del Tribunal Supremo (8 de Mayo de 2015, rec. 422/2014) zanja un curioso conflicto de extraordinario interés. La Agencia Estatal de Administración Tributaria, con ocasión de los recursos contencioso-administrativos, envía los expedientes en formato digital a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Castilla y León.

La Sala adopta un acuerdo plenario señalando que debe remitirse en papel para plenas garantías con la consiguiente “devolución a la Administración del expediente administrativo en soporte digital a fin de que se lo volviera a remitir en soporte papel, al considerar que no es admisible la sola remisión del expediente electrónico cuando faltan las necesarias condiciones tecnológicas en el órgano judicial para poder desarrollar su función eficientemente”.

La Abogacía del Estado inicialmente sostiene que “esa exigencia hace que la Agencia haya de imprimir los expedientes que solo posee en formato electrónico con el consiguiente gasto de dinero, recursos y tiempo”, y posteriormente se apoya en las exigencias de la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la Administración de Justicia, así como el art.32 de la Ley 11/2007 que dispone las exigencias del expediente electrónico que cumpliría la Agencia Tributaria.

En esa situación tirante, el Consejo General del Poder Judicial adopta un acuerdo poniéndose del lado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y el pulso acaba ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

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Procesal

Crucial aclaración del momento de imposibilidad de desistimiento

falloEs sabido que los pleitos contencioso-administrativos se inician en un contexto de beligerancia pero puede suceder que en su desarrollo sucedan hechos, circunstancias o incidencias jurídicas que lleven al demandante a arrepentirse del pleito, o sencillamente a desear retirarse y desistir para evitar perderlo y ser condenado en costas. Sobre el momento en que ya no cabe desistir se acaba de adoptar un acuerdo gubernativo importantísimo por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Veamos. Leer Más

Procesal

Falta de legitimación en la Universidad y efecto rebote hacia las restantes Administraciones

puertas del cieloLa legitimación procesal es un eufemismo jurídico de “utilidad”, ya que el legislador no quiere que se desarrollen pleitos por puro interés académico o que no revistan un efecto en quien los promueve. Se parte de la idea de que la jurisdicción contencioso-administrativa pretende resolver un conflicto concreto y real entre sujetos concretos: de un lado, la Administración que sostiene su actuación administrativa y de otro, normalmente un particular que la combate porque le interesa realmente.

Diriase que el proceso no quiere oportunistas. No quiere que la Justicia pierda en el tiempo en pleitos-vendetta (para fastidiar) ni pleitos-prospectivos (para explorar el futuro), ni pleitos-políticos (para demostrar lo mal que gestionan autoridades de partidos políticos), ni pleitos-académicos (para robustecer o debilitar tesis teóricas), ni pleitos-semillero (para obtener un fallo judicial, a modo de rompehielos, que abra vía a un mercado de potenciales clientes). No. El proceso está para algo y la “legitimación” es el instituto procesal que se alza en barrera por la que solo pasan quienes poseen un interés serio, real y actual en ejercer un recurso o sostener la actuación administrativa.

De ahí que la propia Constitución solo preste amparo a la tutela judicial en el ejercicio de los derechos e intereses “legítimos”. O sea, la justicia no es un juego ni un pasatiempo, sino para resolver conflictos reales.

El problema radica en la dificultad de identificar si existe un interés legítimo o no, y es que parece que se acaba de perder de vista la finalidad de la “legitimación” para alzarse en requisito autónomo que a veces conduce a injusticias, puesto que el portazo de la “falta de legitimación” impide acceder al fondo litigioso. Leer Más