Categoría: Relámpagos Jurisprudenciales

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El Tribunal Constitucional crea los Decretos cuasilegislativos

SUPREMORecordemos que en diciembre de 2010, con ocasión de la huelga salvaje de controladores aéreos, por primera vez en la historia democrática, el Gobierno declaró por decreto el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo.

El Consejo de Ministros declaró por Decreto el estado de alarma y un segundo Decreto, con autorización del Congreso de Diputados lo prorrogó.

Algunos controladores aéreos formularon demanda ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo contra los Decretos del Gobierno que afectaban a su derecho de huelga, y se tropezaron con un auto judicial que declaraba la inadmisión por falta de jurisdicción. Los controladores formularon un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que por Sentencia de 28 de Abril de 2016 ha declarado la conformidad a derecho de tal inadmisión, afirmando que no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución. Pero veamos el razonamiento del Tribunal Constitucional para excluir tales Decretos del control jurisdiccional ordinario… Leer Más

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Relámpagos JurisprudencialesSobre los empleados públicos

Paso jurisprudencial de gigante hacia la justicia en oposiciones y concursos

paso giganteLa Sección Séptima del Tribunal Supremo ha sido en los últimos años el rompehielos frente a la inmunidad de la discrecionalidad técnica en una encomiable evolución hacia el norte de la justicia. Ahora en fechas navideñas da un paso de gigante.

 

En efecto, como consecuencia de la impugnación jurisdiccional de nombramientos para plazas y puestos se producía la zozobra del aspirante aprobado o con puesto adjudicado cuya estabilidad peligraba y que solía personarse como codemandado y, en caso de prosperar la demanda veía perdida la plaza o el puesto (“el señor me lo dio, el señor me lo quitó, alabado sea el señor”, Job dixit).

 

Pues bien, la Sentencia de 16 de Noviembre de 2015 (rec.348/2015) reconoce el derecho a corregir la puntuación de la fase de concurso de un procedimiento selectivo de plazas de maestros, pero demuestra su sensibilidad ante el competidor que fue nombrado funcionario durante varios años y que no tenía culpa del error de la Administración. Un bonito ejemplo de aplicación de equidad, sentido común y sensibilidad, y en que el Supremo se pronuncia sin rodeo ni recato. Veamos este valiente fallo judicial.

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Gresca judicial por el expediente administrativo digital

justicia manejadaLa geología nos enseña que las fricciones de las placas tectónicas de la corteza terrestre provocan terremotos y volcanes. En derecho público, las fricciones de las placas de los poderes gubernativo y judicial, con intervención de la Agencia Tributaria y del Consejo General del Poder Judicial ante el empuje de la Sala Contencioso-Administrativa de un Tribunal Superior de Justicia ha provocado un terremoto jurídico de nivel 7 en la Escala Kelsen.

En efecto, la reciente sentencia del Tribunal Supremo (8 de Mayo de 2015, rec. 422/2014) zanja un curioso conflicto de extraordinario interés. La Agencia Estatal de Administración Tributaria, con ocasión de los recursos contencioso-administrativos, envía los expedientes en formato digital a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Castilla y León.

La Sala adopta un acuerdo plenario señalando que debe remitirse en papel para plenas garantías con la consiguiente “devolución a la Administración del expediente administrativo en soporte digital a fin de que se lo volviera a remitir en soporte papel, al considerar que no es admisible la sola remisión del expediente electrónico cuando faltan las necesarias condiciones tecnológicas en el órgano judicial para poder desarrollar su función eficientemente”.

La Abogacía del Estado inicialmente sostiene que “esa exigencia hace que la Agencia haya de imprimir los expedientes que solo posee en formato electrónico con el consiguiente gasto de dinero, recursos y tiempo”, y posteriormente se apoya en las exigencias de la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la Administración de Justicia, así como el art.32 de la Ley 11/2007 que dispone las exigencias del expediente electrónico que cumpliría la Agencia Tributaria.

En esa situación tirante, el Consejo General del Poder Judicial adopta un acuerdo poniéndose del lado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y el pulso acaba ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

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El gran embrollo : Expulsión de extranjeros tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de 2015

expulsion de extranjerosHay regulaciones gafadas. Si además afectan a cuestiones humanitarias, la cosa se agrava. Y no digamos cuando además la regulación legal deficiente ha sido completada por una jurisprudencia voluntarista con el débil aval del Tribunal Constitucional, que propició una casuística endemoniada.

 Pero ya cuando el Tribunal de Justicia Europeo mediante Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 23 de Abril de 2015 (Asunto C-38/14, Asunto…) tumba el criterio soportado por extranjeros, abogados y jueces en España, la situación se vuelve dantesca. Y no digamos el día después. Veamos. Leer Más

Relámpagos JurisprudencialesSobre los empleados públicos

Concursos y oposiciones: Cuando atacan los demandados 

tarantinoEs sabido que por lo general y como supuesto típico el proceso contencioso-administrativo cuenta con dos partes, una que impugna (normalmente un particular) y otra que se defiende (normalmente una Administración). A veces junto a la Administración como perjudicada hay otra persona que también se defiende (codemandado).

Así el procedimiento básico se asienta sobre una demanda y una contestación pues en el proceso contencioso no hay reconvención.

Sin embargo el Tribunal Supremo aborda un supuesto nada infrecuente en que cada parte reacciona como un escorpión frente las restantes. Y ese “totum revolotum” es ordenado procesalmente por el Supremo con criterios que zanjarán muchos pleitos futuros. Veamos. Leer Más

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El Supremo rechaza la valoración en concursos de la experiencia ilegal

Sentencias del Supremo se dictan muchas. Unas repetitivas, otras simples y otras únicas y complejísimas. La inmensa mayoría marcan el rumbo en este océano turbulento del Derecho Administrativo donde abundan los tsunamis del Constitucional, la espuma juguetona de interpretaciones sorprendentes, los remolinos ocultos del Tribunal de la Unión Europea y los vientos legislativos que a veces cambian la dirección de las olas judiciales. Pero a veces, como la flor de Edelweiss que se manifiesta en lugares recónditos e inaccesibles, florece una sentencia única, no tanto por su belleza como por su impacto.

Es el caso de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de Diciembre de 2014 (rec. 114/2011) que se pronuncia sobre una cuestión que se ha planteado miles de veces y se volverá a plantear, y además es una sentencia con efecto horizontal, pues tendrá efecto reflejo sobre el alcance de todas las sentencias que invaliden procedimientos selectivos. ¿ He conseguido despertar la curiosidad?. Si es así, al puro estilo Hitchcock, pasen y vean.

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El Tribunal europeo extiende al cliente del abogado la protección de los consumidores

sentencia union europeaLa Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de Abril de 1993 se ocupó de las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores y ha cumplido veinte años largos con un amplio reguero de leyes de los estados miembros sobre consumo y numerosas sanciones a los infractores.

Recordemos que la Directiva ha inspirado la legislación de los Estados miembros con el carácter de mínimo mejorable. Además considera “consumidor” a las personas físicas que reciben bienes o servicios actuando con fines privados (o sea, no como profesionales ni empresarios). Y se confía al juez la obligación (no facultad) de controlar de oficio las cláusulas abusivas (Sentencia BANIF de 21 de febrero de 2013).

La reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de Enero de 2015 (asunto c-537/13 Siba/Devenas, EU:C-2015-14) aborda la cuestión judicial planteada por un Tribunal de Lituania ante la demanda de cobro por un abogado de los honorarios a su cliente, que se oponía porque los contratos celebrados de asistencia jurídica no determinaban con precisión los servicios jurídicos ni el coste de las prestaciones correspondientes. El Tribunal de Justicia considera que los contratos celebrados por abogado con persona física que actúa para fines privados están dentro del ámbito protector de la Directiva 93/13, ya que el abogado tiene la consideración de “profesional”.

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Un manual de responsabilidad patrimonial en formato sentencia

responsabilidad por muerte  A veces me tropiezo con perlas judiciales que ofrecen una visión analítica, crítica y jurisprudencial de una institución jurídico-administrativa y que bien podrían inspirar un seminario o debate de alto nivel doctrinal. Es el caso de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria de 15 de Mayo de 2014, que consta de casi…100 folios (¡!).

Se trata sustancialmente de una acción de responsabilidad patrimonial frente a un Ayuntamiento por haber tolerado una construcción ilegal en la que varios menores la ocupaban en sus ratos de ocio hasta el punto de que uno de ellos de forma temeraria la incendia con el fatal resultado de perecer calcinado un amigo suyo ( la parte demandante son los padres del infortunado menor y las demandadas son el Ayuntamiento y su aseguradora, así como padres del menor incendiario). Asunto complejo donde los haya. Veamos. Leer Más

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Último hito sobre la responsabilidad subsidiaria del Estado del justiprecio

Responsabilidad justiprecio  Si hace unos días señalábamos que el Tribunal Supremo avalaba la responsabilidad subsidiaria del Estado para el caso de impago por el beneficiario del justiprecio, lo cierto es que la sentencia citada no creaba jurisprudencia, y el Estado mueve ficha como el crótalo revolviéndose y aprovechando para introducir en el  Real Decreto-Ley 1/2014, de 24 de Enero ( publicado hoy, 25 de Enero de 2014) una modificación de la Ley de Contratos Públicos ( ¡¡ Otra más!!!), junto a la correlativa modificación de la Ley de Autopistas de 1972, que mete en el mismo paquete una medida lógica e inofensiva junto a una medida sibilina y peligrosa.

 Afirma ahora la Ley de Contratos del Sector Público:

«7. Si el concesionario no cumpliera con las obligaciones del beneficiario en las expropiaciones y en virtud de resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha, la Administración concedente tuviera que hacerse cargo de abonar las indemnizaciones a los expropiados, ésta quedará subrogada en el crédito del expropiado. En todo caso, desde el momento en que se declare la obligación de pago a cargo de la Administración concedente, las cantidades que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de este artículo.».

 Pasen y vean el alcance.

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