Categoría: Derecho administrativo especial y ramas conexas

Ramas sectoriales del derecho publico

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De lo financiero y tributario

Sentencia del Constitucional: no valía el cálculo de la plusvalía

 

curiosidadAntes o después, todos somos contribuyentes del impuesto de plusvalías, esto es, obligados a pagar con ocasión de la transmisión de un terreno urbano (compraventa, donación, permuta o herencia) o constitución de derecho real de disfrute (ej.usufructo), pues se pretende que si hay beneficio, se contribuya más a las arcas municipales.

Sin embargo, el optimista legislador no contaba con las caídas de valor derivadas de la crisis inmobiliaria que llevan a que el precio de venta frecuentemente sea inferior al de adquisición en el pasado, y así y todo, verse obligado a pagar.

Por eso resulta del máximo interés la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de Febrero de 2017 que ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Donostia en relación con la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa. El Tribunal considera que el citado impuesto es contrario al principio de capacidad económica, previsto en el art. 31.1 CE.

La trascendencia de dicha sentencia es enorme puesto que afecta a la sustancia del impuesto de plusvalías cuya regulación se contempla en el art.107 de la Ley de Haciendas Locales y que ha sido objeto de varias cuestiones de inconstitucionalidad pendientes de resolución ( de hecho, la regulación de los arts. 1 y 4 de la Norma Foral, se corresponde con la de los arts. 104 y 107 de la LHL de 2004, aunque el Constitucional afirma que “Debe excluirse, por tanto, cualquier análisis de constitucionalidad de los arts. 107 y 110.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por no ser aplicables al proceso a quo “).

Veamos lo resuelto e implicaciones. Leer Más

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ContenciosoContratos y Proyectos

La corrupción ante el nuevo Proyecto de Ley de contratos del sector público

archivo_000-106Tras la década larga de perversión de los contratos públicos, de abusos desde el poder, de la ineficacia de los controles internos y externos, del retardo del control jurisdiccional… parece que las aguas contractuales vuelven al cauce de la legalidad de donde nunca debieron salir.

Quizá se debe a que se contrata menos pues menos fondos públicos hay para ello. Quizá se debe al furor ético que invade a políticos. Quizá al cerco de controles contables, económicos y jurídicos. Quizá al reverdecimiento de la prevaricación y malversación, que han pasado del trastero al mostrador judicial.

Y cómo no, se debe al efecto luminoso de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Pero no festejemos la muerte de la corrupción. Primero, porque los corruptos como las cucarachas sobreviven a todo. Segundo, porque los corruptos como la mafia, saben buscar vías alternativas cuando ven a la banda diezmada o cuando se implanta la “ley seca”. Y tercero, por aquello de que la tentación se aviva con la ocasión, y es que la gran ocasión para la corrupción suelen brindarla las malas leyes.

Una mala ley es una ley ineficaz. Una ley oscura es una ley que juristas e interventores manejan con incomodidad. Una ley compleja es un reto para los “hackorruptos”, capaces de “hackear” el texto normativo, esto es de explorar y descubrir los puntos débiles de una Ley de contratos, de un pliego de contratación, de un procedimiento contractual endiablado.

Por eso me echo a temblar cuando sé que sigue su andadura el Proyecto de Ley de Contratos del Sector público que traspone dos directivas comunitarias. Leer Más

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De la Universidad

Doctor cum laude o doctor sin laude: cuestión de honor

captura-de-pantalla-2017-01-26-a-las-9-02-16 Hasta no hace mucho prácticamente toda tesis doctoral era “cum laude” (“con alabanza u honores”) salvo los excepcionalísimos casos singulares de “castigo” por crímenes inconfesables del doctorando, o de tesis tan malas que eran “antítesis”. Esa situación de otorgar un rasero de máximos a todos propiciaba la devaluación del título y además penalizaba a los mejores que no tenían espacio para la distinción de su trabajo respecto del pelotón de doctorandos.

Al fin y al cabo, la condición de doctor demuestra que se tiene plena aptitud investigadora y la tesis dice mucho de quien investiga, de quien la dirige y de la Universidad que la impulsa. Por eso no es gratis: esfuerzo, dedicación, laboriosidad, paciencia y reflexión.

El remedio a la situación de “café cum laude para todos” vino de la mano del Reglamento de Doctorado de 2011 en que el Tribunal al término de la tesis manifiesta la calificación de la misma y sería en una sesión ulterior, a puerta cerrada, en la que se podría asignar el laurel, el ansiado “Cum Laude”, pero eso sí, bajo unanimidad. Con ello se evitan las presiones del acto público y solemne y permite a los miembros del Tribunal “debatir claro” sobre las excelencias o miserias de la tesis.

Pues bien, me parece oportuno citar ahora un reciente sentencia contencioso-administrativa que guarda conexión con la actualidad. De un lado, porque tiene que ver con las vicisitudes de una tesis doctoral titulada “Las cuatro vertientes de la responsabilidad sanitaria” (lo que enlaza con el último post), y de otro lado, porque ayer fue noticia la publicación por Santiago Muñoz Machado del Libro de Estilo de la Justicia, quien en una entrevista expuso que el estilo jurídico impone “Estar bien escrito, con buen lenguaje y organización de los párrafos, que se corresponda lo más posible con el lenguaje ordinario… No debe haber diferencias entre una buena sentencia y un buen artículo periodístico o un pequeño ensayo”; y lo traigo a colación porque esta sentencia que a continuación transcribo es ejemplo de claridad y román paladino, pese a lo chusco del caso. Veamos. Leer Más

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De lo financiero y tributario

Siete potestades del poder tributario absoluto: pesadilla para despertar

abogadosTuve la fortuna de conocer el pasado martes a buena parte de los miembros de la Sección de Derechos y Garantías y Práctica Tributaria, de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), quienes no solo demostraron la seriedad con que afrontan su labor de gestionar, interpretar y luchar por la justicia tributaria, sino que manifestaron su preocupación por los derroteros del Derecho tributario, y que a mi personal juicio, cada vez es más “Tributario” y menos “ Derecho”.

Pues bien, a la hora del cordialísimo almuerzo, de forma distendida afloraron algunas cuestiones, con la franqueza del relajo amistoso y bajo la atenuante de ser dicho en los postres (in vino, veritas), en relación a la situación del derecho tributario y la posición de la Agencia Tributaria, poniendo sobre la mesa algunas valiosas ideas de diagnóstico y recetas, que expondré telegráficamente porque creo sinceramente que quizá son un aldabonazo a las puerta de la razón y la justicia.

En efecto, a título personal, creo que ya toca la hora de replantearse pisar el freno y dar marcha atrás en una administración tributaria voraz, con leyes y reglamentos hechos a su medida y con una derogación práctica de las garantías propias de un Estado de Derecho.

Así, no es una exageración afirmar que la seguridad jurídica tributaria es una broma; que la administración tributaria goza de armadura y boleadoras con “licencia para recaudar”; que cuenta con el regalo de unas potestades exorbitantes para exigir tributos y un régimen jurídico que constituye lo que los físicos llaman una “singularidad” (un punto teórico con volumen cero y densidad infinita donde no operan las reglas de la física).

O sea, que la administración tributaria va camino de convertirse en lo que los astrónomos llaman un “agujero negro” (una concentración de masa o poder tan irresistible que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella).

Pero mas allá de este desahogo expresivo, me gustaría exponer alguna de esas ideas que me dejaron huella en dicha reunión y que demuestran que la administración tributaria va camino del Poder absoluto con siete potestades desorbitadas. Veámoslas. Leer Más

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De extranjería

Regalo del Supremo para extranjeros: flexibilidad de identificación

madAl hilo de un recurso de casación planteado ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se fija doctrina general sobre la forma de identificarse exigible a los extranjeros en la generalidad de los procedimientos administrativos.

En el caso concreto, para la inscripción en el Registro de Uniones de Hecho, la administración autonómica valenciana requería a los interesados que facilitasen el número de Identificación de Extranjeros (NIE), el cual solo es posible si el extranjero que solicita la inscripción tenía concedida la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE), pero dado que la misma presupone la residencia legal y puesto que la normativa aplicable solo imponía la “identificación”, el Supremo ratifica la sentencia de la Sala valenciana en cuanto a la suficiencia de la acreditación de identidad mediante pasaporte.

Sin embargo, la Sentencia del Supremo de 19 de Diciembre de 2016 (rec. 1696/2015) va mas allá y fija “urbi et orbe”, con buen criterio para general conocimiento de todas las administraciones, la forma de acreditar la identidad por el extranjero, sea o no residente, sin que la administración pueda exigir la Tarjeta de Identificación de Extranjero, con lo que pone coto a la praxis o inercia de algunas administraciones de exigir al extranjero mayor identificación que el pasaporte al hilo de procedimientos administrativos comunes.

Veamos esta doctrina del Supremo que completa la legislación de extranjería y evitará rodeos y quebraderos de cabeza para los extranjeros en España. Leer Más

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De lo financiero y tributario

Limitación de pagos en metálico a 1000 euros: todos sospechosos

musicoLa limitación del pago en metálico a 1000 euros, dando otra vuelta de tuerca a la baja del límite de 2500 euros operativa desde finales de 2012, es la crónica de otro asalto a las libertades por parte de Hacienda.

No todo vale en nombre de la recaudación. El fraude de unos pocos no sirve para poner bajo sospecha a todos. Un amable lector del blog lo resume espléndidamente: 

La medida supone, como mínimo, un incremento del control de la sociedad hasta límites inadmisibles, un estrechamiento de nuestra libertad e intimidad hasta casi provocar su asfixia y un favorecimiento descarado hacia los bancos (como nuevo e injustificado premio por su responsabilidad en la actual crisis). Resultándome completamente inexplicable (y causándome escalofríos) la existencia de tanto silencio ante tamaño disparate. Acatar dócilmente que se nos imponga (con la excusa de que existe gente que defrauda) cómo tenemos que pagar con nuestro dinero, significa aceptar sin más nuestra condición de “sospechosos” y asumir que nuestra intimidad y libertad quedan reducidas a cenizas. ¿No es esto muy parecido a al sistema de delación existente en la “muy democrática” Alemania Oriental que reflejaba la maravillosa película “La vida de los otros” (Florian Henckel, 2006)?

Lo cierto es que esa medida, que como las malas noticias burocráticas será servida en alevoso Decreto Ley tras las fiestas navideñas, despierta interrogantes preocupantes. Leer Más

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De lo financiero y tributario

Declaración de Toledo 2016 sobre Auditoría Pública

mirada-cuentasEl VII Congreso Nacional de Auditoría en el sector público, celebrado en Toledo los días 16 a 18 de Noviembre de 2016, organizado por FIASEP, (Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público), bajo el impulso de su Presidente, Miguel Ángel Cabezas, y con la preciada colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, estuvo a la altura de las expectativas de tan prestigioso acontecimiento, y congregó a numerosos juristas, interventores, auditores, técnicos y relevantes cargos públicos con responsabilidades en control de cuentas del sector público, cuya participación activa culminó en la adopción de la pionera Declaración solemne de Principios y criterios de auditoría pública (Toledo, 2016).

Un hito memorable en el sendero de la transparencia y el control de las cuentas públicas, que se alzará en necesaria referencia en la labor de cuantos intervienen en la fiscalización y auditoría o la supervisión de las cuentas públicas.

Al fin y al cabo, en esa Declaración cristalizan el fruto de la experiencia y las ansias de compromiso del poder público con el rigor del control de cuentas, para estar a la altura de la buena administración que la ciudadanía demanda y merece: transparente, legal, eficiente y responsable.

A continuación se ofrece en texto literal y se adjunta enlace para libre descarga.

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De urbanismo y medio ambiente

Memoria y amnesia de los planes urbanísticos

importacniaLa Memoria que se incorpora a los Planes urbanísticos constituye la fundamentación, justificación o explicación del modelo urbanístico adoptado. Sin Memoria o con memoria hueca, el Plan urbanístico es puro voluntarismo y queda lastrado de invalidez. De ahí que no sea un requisito formal, que con el plagio puro y duro de otros planeamientos de otras órbitas, o con el “corta y pega” pueda cumplimentarse.

La Memoria es el desarrollo de la idea que anima al poder gubernativo para establecer un modelo o solución urbanística, que se enriquece con alegaciones, objeciones y reclamaciones.

En suma se trata de una modalidad de “informe” en cuanto encierra razones y criterios que sustentan la decisión. Por eso el plan aquejado de “amnesia”, desmemoriado, estará lastrado de invalidez, y el plan que tenga memoria, quedará vinculado por esos “recuerdos” que figuran descritos como antecedente y fundamento del plan.

Sobre la funcionalidad y alcance de la Memoria en urbanismo se ha escrito mucho y bien en la red, pero ahora quiero sencillamente traer a colación por los siempre didácticos comentarios de Mercedes Fuertes, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León, el célebre caso de la Memoria vinculante, que suele recordar a sus alumnos para demostrarles que el Derecho y la realidad, la vida y la estética, urbanismo y movimientos vecinales, a veces cabalgan juntos. Leer Más

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De urbanismo y medio ambienteProcesal

Impotencia probatoria de los planes urbanísticos: ni documentos públicos ni los informes asumidos son reglamentos

perder un litigioAl igual que la vieja canción nos avisaba de tribus ocultas cerca del río, a veces el Supremo nos regala sorpresas en terrenos pacíficos, como el ofrecido por la reciente Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 24 de Octubre de 2016 (rec.53/2016) relativa a la impugnación de actuación urbanística, que aquí está completa, pero que nos ofrece dos curiosas perlas sobre la calificación como reglamentos de los planes urbanísticos. Si son perlas negras o blancas, el tiempo lo dirá. De momento merece una reflexión desde la sana crítica. Leer Más

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ContenciosoDe lo financiero y tributario

El Supremo afina la prejudicialidad penal en el ámbito tributario

taxNo es infrecuente cuando de entramados de fraude fiscal empresarial se trata, que existan actuaciones paralelas por parte de la administración para liquidar y sancionar por conceptos tributarios, así como por la justicia penal por posible delito de falsedad, maquinación o defraudación.

El principio general es que si conoce el juez penal de los mismos hechos que amparan las actuaciones administrativas, éste procedimiento debe paralizarse. Y si se declaran hechos probados en la vía penal, vincularán a la administración, y si la vía penal desemboca en archivo o no declara probados hechos tributarios pues la administración proseguirá su andadura.

Ahora bien, ahora el Supremo estima un recurso de unificación de doctrina ( ¡ albricias!) al encontrarse con que sobre este instituto seguían ruta diferente la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Para la Audiencia Nacional, si se analizan los mismos hechos en la vía penal, la suspensión es automática e incondicionada. Para el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la suspensión solo opera si las actuaciones administrativas comportan una cuantía superior a la que se establece como umbral para el arranque de la responsabilidad penal, en la idea de que si las liquidaciones fueran por cifras inferiores o nimiedades, ninguna influencia tendría lo que se resolviese en vía penal.

Veamos la solución. Leer Más