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El Tribunal Constitucional crea los Decretos cuasilegislativos

SUPREMORecordemos que en diciembre de 2010, con ocasión de la huelga salvaje de controladores aéreos, por primera vez en la historia democrática, el Gobierno declaró por decreto el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo.

El Consejo de Ministros declaró por Decreto el estado de alarma y un segundo Decreto, con autorización del Congreso de Diputados lo prorrogó.

Algunos controladores aéreos formularon demanda ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo contra los Decretos del Gobierno que afectaban a su derecho de huelga, y se tropezaron con un auto judicial que declaraba la inadmisión por falta de jurisdicción. Los controladores formularon un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que por Sentencia de 28 de Abril de 2016 ha declarado la conformidad a derecho de tal inadmisión, afirmando que no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución. Pero veamos el razonamiento del Tribunal Constitucional para excluir tales Decretos del control jurisdiccional ordinario… Leer Más

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Blogs y tecnología de la informaciónHomenajes del Derecho Público

Día Mundial de Internet también para los juristas

"Scales of Justice" Key on KeyboardInternet nos ha atropellado a una generación de juristas que nos educamos con pluma y máquina de escribir, buceando en bibliotecas de papel, y que llevamos quince años descubriendo que hay que “renovarse o morir”.

Las tecnologías no son una simple herramienta jurídica, sino que son la palanca para el éxito profesional. No es posible sobrevivir en el siglo XXI con responsabilidades jurídicas sin moverse en internet, redes sociales, dominar el networking y utilizar tecnologías informáticas.

No se puede ir por la autopista en burro ni tractor, como no se puede actuar en el mercado jurídico sin la velocidad, exactitud y soluciones que da la informática.

Por eso, ante el Día Mundial de internet que se celebra el 17 de Mayo de 2016, me parece oportuno ofrecer una selección de  siete post que muestran el impacto y retos del fenómeno de las tecnologías de la información, y singularmente internet, para los abogados y juristas en general. Hagan una rápida visita para asomarnos a los tiempos que están cambiado a golpe de click… Leer Más

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Blogs, blogueros y Sevach

Jueces y redes sociales: territorio comanche

ordenataSe habla de justicia sin papeles. Se habla de administración electrónica “sin papel”. Y quizá es hora de hablar de los jueces que hablan sin toga, de los jueces que se expresan en redes sociales y blogs, de sus condiciones y límites.

La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial en su sesión de 9 de Diciembre de 2015 se ocupó con extrema prudencia de las relaciones entre jueces y redes sociales, partiendo de su derecho a utilizarlas como cualquier otra persona, pero bajo elementales cautelas, por un lado, en cuanto a quien acogen en su esfera de contactos y por otro lado, en cuanto a lo que comunican de sus opiniones o datos, ya que la imparcialidad impone “serlo y parecerlo”.

Pues bien, tan novedoso territorio de relaciones de jueces y redes sociales es abordado por David Ordoñez Solís, magistrado de ciencia y vanguardia donde los haya, y que ha publicado este brillante artículo en el Diario La Ley, nº8762, de 16 de Mayo, Nº 8762 titulado retadoramente ¡¡¡ Pero bueno, también los jueces están en las redes sociales !!! y en que vierte sus vastos (que no bastos) conocimientos de jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además de  guiarnos por un paseo a través de la escasa jurisprudencia norteamericana y europea sobre el tema, para exponernos con lenguaje claro y sin rodeos, las barreras que no debe sobrepasar el juez en Facebook, Twitter o Linkedin.  Leer Más

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ContenciosoSobre los empleados públicos

El tiempo de peregrinaje procesal del opositor se indemniza

Photo-20151229003226331.jpgUna reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo da respuesta clara a una cuestión que siempre me pregunté.

Se trata del supuesto de ejecución de una sentencia firme que condena a la administración a retrotraer el procedimiento selectivo de oposición para subsanar el acto ilegal, y han pasado varios años, de manera que el recurrente ya cuenta con más canas, menos neuronas y fuerzas, y se ve obligado a examinarse de un ejercicio teórico que tenía estudiado en un pasado remoto (sobre temas jurídicos o técnicos ya obsoletos) o incluso a superar las pruebas físicas (para bombero o policía) pese a que los años no pasan en balde.

A ello se añadiría que normalmente cuando se acomete por la administración la ejecución de tal sentencia el Tribunal calificador vuelve a reunirse a regañadientes (a veces sus miembros han fallecido o jubilado) y para mayor escarnio, el único que se examina es el recurrente triunfador “solo ante el peligro”, dándose la triste estadística de que la inmensa mayoría de estos demandantes suspenden la prueba y se encuentran con la victoria pírrica de haber conseguido una sentencia estimatoria para empapelar la pared y sin plaza.

Pues bien, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 27 de Abril de 2016 (rec. 1276/2014) aborda la problemática de una opositora a cuerpo docente que recurre es inadmitida para participar en un procedimiento selectivo a cuerpo docente en el año 2004 y que tras la primera victoria en la Sala del Tribunal Superior de Justicia (año 2010) obtiene la confirmación por la Sala correspondiente del Tribunal Supremo (año 2012) de manera que la recurrente se examina en solitario en el año 2013 y obtiene 0 puntos en cada prueba. El incidente de inejecución se resuelve en 2016.

Dado que la sentencia solo reconocía el derecho a ser admitida y examinarse y no a obtener la plaza, la ejecución de sentencia no puede exceder del fallo, y la recurrente se queda con un palmo de narices, pero lo relevante de esta sentencia es el camino lógico que abre, a ese caso y a muchos supuestos similares. Leer Más

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ContenciosoLibros y Jornadas

El Derecho Administrativo en erupción

Captura de pantalla 2016-05-10 a las 20.40.42El Derecho Administrativo ha experimentado en la última década una auténtica reconversión (o mutación en términos evolutivos). Para Eduardo Gamero Casado, Catedrático de Derecho administrativo, como expone en su reciente y brillante trabajo titulado “Desafíos del Derecho Administrativo ante un mundo en disrupción” (Granada, 2015), el Derecho Administrativo está inmerso en un mundo en disrupción, esto es, sometido a cambios bruscos que sacuden sus columnas y cimientos, alzándose como seña de identidad “la radicalidad y vertiginosidad que han adquirido los cambios” (pág. 18).

Por mi parte, me permito postular con una imagen mucho mas arriesgada (y menos certera), en cuanto a que el Derecho Administrativo está en erupción, porque el mismo es quien provoca sus cambios, que afloran de sus entrañas de forma discontinua, a veces impredecible, que ofrece una visión tan admirable como respetable y de la que manan ríos de esa lava caliente que son los institutos administrativos novedosos bajo el calor de la eficacia; y además paradójicamente, el resultado son perturbaciones, daños y desconcierto ciudadano.

La obra de Gamero, ganadora del Premio Ángel Olavarría Téllez de Estudios Jurídicos otorgado por la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia y patrocinado por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, se alza como un libro necesario, utilísimo y ameno, que además se ofrece gratuitamente para su descarga y divulgación (en este caso con cita obligada del dato de la obtención del citado Premio y Patronazgo).

Necesario porque se precisaba un modelo para comprender como ha tenido lugar la transformación del Derecho Administrativo clásico hacia el actual Derecho Administrativo, cambiante, desconcertante y confuso.

Utilísimo porque nos ofrece un panorama del Derecho Administrativo ofreciéndonos de forma clara, brillante y sencilla los conceptos troncales de la disciplina, los fenómenos de actualidad y además expone con rigor diagnósticos y con valentía las recetas.

Y ameno porque despliega un “esfuerzo de síntesis y una contención del aparato bibliográfico, evitando en lo posible que la profusión de citas reste espacio a la claridad que requiere la exposición de las ideas” (pág. 23).

Por tal obra desfilan los viejos conocidos de los administrativistas junto con los novísimos problemas del Derecho Administrativo, que en apretada síntesis y que no relevan de la lectura de tan valiosa monografía, serían los siguientes. Leer Más

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Responsabilidad escamoteada por la doctrina del margen de tolerancia

juiciosSiempre me llamaron la atención los conceptos jurídicos creados por la jurisprudencia para “corregir” al legislador. Son casos en que el Supremo se alza como “legislador corrector” e introduce técnicas para frenar los excesos o impulsar la prudencia de las leyes tal y como salen del horno de los boletines oficiales.

Uno de los conceptos mas relevantes que supone un antídoto conceptual frente a la responsabilidad patrimonial de la administración es el denominado “margen de tolerancia” esto es, el derecho de la administración a producir un daño a un particular con un acto ilegal sin tener que pagar los platos rotos.

Es un concepto que ha sido aplicado en la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 22 de Abril de 2016 (rec. 4080/2014) me maravilla por varias razones. Leer Más

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ContenciosoDe Jueces y la JusticiaProcesal

El tamaño del recurso de casación importa

portazoHa sido noticia que la Sala del Gobierno del Tribunal Supremo el pasado 20 de Abril aprobó el Acuerdo que establece una suerte de requisitos formales de los escritos de interposición y oposición del recurso de casación que entrará en vigor el próximo 24 de Junio de 2016. Recordemos solamente que el novedoso recurso de casación universaliza “los llamados” (esto es, las sentencias y autos recurribles, al margen de cuantía o materia) pero minimiza los que serán “admitidos”, sustancialmente los que pasen la puerta de eso que se llama “interés casacional”, que ya comentamos en extenso.

Ahora, se da otra vuelta de tuerca al recurso de casación que se avecina. Esta vez por el flanco formal. Y es que ese acuerdo de la Sala de Gobierno, ha establecido unas normas que establecen la extensión máxima, el formato y la estructura, de los escritos de interposición de los recursos de casación dirigidos a la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de dicho Tribunal, así como de los escritos de oposición a dichos recursos. Y de paso establece unos criterios orientativos para otro tipo de escritos.

Estas normas, que serán aplicables a partir del próximo 22 de julio (previa publicación en el BOE para aviso de navegantes), limitan la extensión máxima de los escritos de recurso de casación u oposición, a “50.000 caracteres con espacio” -el equivalente a 25 folios.

Además precisa el Formato, en términos propios de editorial que recibe manuscritos, pues se deberá utilizar como fuente “Times New Roman” con un tamaño de 12 puntos en el texto y de 10 puntos en las notas de pie de página o en la transcripción literal de preceptos o párrafos de sentencias que se incorporen. Además, el formato del folio, tanto electrónico como en papel, será A4 sin rayas, con interlineado de texto de 1,5. Los márgenes horizontales y verticales serán de 2,5 cm. Todos los folios deberán ir numerados en su esquina superior derecha, en formato creciente y comenzando en el número 1.)

Además se establece lo que llama Estructura (Carátula y Contenido), con una especial predilección por el orden, la numeración y la indicación.

agotadoLa medida confiesa su justificación en los términos señalados en el art. 86 de la LJCA tras la reforma introducida en la misma por la LO 7/2015, de 21 de julio, de modificación de la LOPJ, y en el “previsible aumento del número de recursos que se presentarán por esta vía a la Sala Tercera del Tribunal Supremo”.

Sin embargo el fundamento real radica en el novedoso y flamante art. 87 bis de la LJCA que dispone literalmente: “La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará en el BOE la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemático de los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación”.

O sea una habilitación legal a un órgano en su vertiente gubernativa (Sala de gobierno) para fijar requisitos procesales (¡toma ya!)

Con ello se deja en los dueños del embalse (Tribunal Supremo) la doble esclusa de regular el nivel de las aguas: una primera esclusa formal con estos requisitos de extensión y formalidades; y otra esclusa material, con la apreciación del interés casacional.

Es cierto que medidas similares imperan en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero varias preguntas sin respuesta se ofrecen, algunas de las cuales obviamente siguen la técnica de la ironía. Veamos las que se me ocurren. Leer Más

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ContenciosoProcedimiento y Proceso

Caída y fulgor de los Juzgados de lo contencioso-administrativo

IMG_5260Puedo afirmar desde mi experiencia que es un lujo la existencia de tales Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en España, una especie de David armado con la honda del derecho frente al Goliat público.

Quizá es hora de analizar (o actualizar lo que expuse en un remoto post) sobre el significado y evolución de los Juzgados de lo contencioso-administrativo en España, que nacieron en 1998 mientras sus hermanos mayores ya se afeitaban (Juzgados de lo Penal, Instancia e Instrucción, Social, etc).

Tras estudiar su evolución reciente, y conocedor de los ritos propios de la Semana santa en España, las vicisitudes de tales Juzgados recuerdan el Vía Crucis” que parece ser en latín significa el “Camino de la Cruz” o la “Vía Dolorosa, con las correspondientes “estaciones” o etapas. Veámoslo. Leer Más

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ContenciosoProcedimientos administrativos

Derribo de la externalización de la inspección y recaudación de tributos municipales

LA GRAN EVASIONEl fenómeno de la llamada “huida del derecho administrativo” mediante empresas privadas del sector público provocó la reacción de lo que algún sector académico calificó con fortuna como “persecución del derecho administrativo” para devolver al redil las ovejas descarriadas. El primer lazo lo tendió la unión europea extendiendo las reglas de contratación de todo poder público a toda organización pública, ya fuere administración, organismo u ente autónomo o sociedad mercantil del sector público (quitó el velo de las formas).

El segundo lazo lo ofreció el Estatuto Básico del Empleado Público cuyos artículos 9.2 y la Disposición Adicional segunda establecieron una doble reserva funcionarial y funcional, en relación a la administración local. Una reserva de primer grado, confiando en exclusividad a los funcionarios labores de “autoridad, fe pública y asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización…”, y por tanto excluyendo de las mismas a personal laboral o eventual, dentro o fuera de la plantilla de la corporación. Una reserva de segundo grado, en cuanto las funciones de secretaría (asesoramiento y fe pública) así como control y fiscalización interna, se confiarían en exclusiva a funcionarios de habilitación nacional.

El tercer lazo nos lo ofrecerá la vigencia del art.113 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común (PACA) que precisará sobre las sociedades. “En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas.” (art. 113 PACA). Y junto a ella su siamesa, el art. 128.2 de la Ley 40/2015, de 2 de Octubre de Régimen del Sector Público (LEREJU) que para evitar el atajo alternativo de las Fundaciones precisa que: “Las fundaciones no podrán ejercer potestades públicas”.

Así y todo, algunas entidades locales o mas bien algunos regidores por ignorancia, mala fe o prejuicios hacia funcionarios o normas administrativas, o por cantos de sirena del vecino Alcalde o correligionario, caen en la tentación de los experimentos de externalización. Y además en el núcleo duro del poder público: la actuación tributaria y de recaudación.

Pues bien, la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 19 de Enero de 2016 (rec.554/2015) pone freno a la adjudicación del contrato de servicios municipal para la inspección de tributos municipales con clara e interesantísima argumentación. Leer Más

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ContenciosoHumor y Administracion

Hay sentido del humor en la Sala

risasAhora que parece haberse inundado el mundo forense con vientos de regeneración lingüística, de eliminar el latín y de hablar claro y en lenguaje llano, quizá la siguiente vuelta de tuerca será que los operadores jurídicos empleen lenguaje estéticamente evocador, poético o divertido, y quizá podemos inspirarnos en la novedosa tendencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Aunque ya comenté el fenómeno de las sentencias en verso, viene al caso porque un amable lector del blog (el abogado Andrés Ceballos Cabrillo) me indica el siguiente documento de Conclusiones del abogado General presentadas en el Asunto C-113/14, República Federal de Alemania contra el Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea, sobre medidas de precios.

Lo llamativo no es el árido tema jurídico, sino el comienzo de este importantísimo escrito forense (recordemos que las conclusiones del Abogado general suelen ser un “proyecto de sentencia”)… Leedlo, por favor, ¿a ver si reconocéis un contexto similar y divertido?

Veamos, literalmente como arrancan las conclusiones. No se lo pierdan, amigos, será un minuto. Leer Más