Relámpagos JurisprudencialesSobre los empleados públicos

Relámpago jurisprudencial: Nulidad radical de las RPT no negociadas

En el pasado mes de Diciembre el Tribunal Supremo dictó varias sentencias con el mismo razonamiento ( y creando jurisprudencia) sentando un criterio de tremenda relevancia en las relaciones entre Sindicatos y Administraciones Públicas, particularmente al afectar al alcance del derecho de intervención de aquéllos en la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo que, tras las citadas sentencias y ante el criterio novedoso del EBEP, no se limita al mero derecho de informe o consulta sino que se extiende al mas poderoso derecho de negociación y además canalizado a través de Mesas de Negociación. Leer Más

De Jueces y la JusticiaHumor y Administracion

Demandas curiosas o extravagantes en materia contencioso-administrativa

Una demanda soporta todo. Pedir mucho, pedir poco, con razón o sin razón. Las demandas no se ponen coloradas y en el ámbito contencioso-administrativo el riesgo de una condena en costas por temeridad es remoto y en el peor de los casos, económicamente asumible. Es fácil poner en marcha la maquinaria de la justicia con su secuela de protagonistas ( demandante, demandado, codemandados, jueces y secretarios, fiscales, procuradores, abogados, oficiales,etc) articulada en torno a múltiples documentos ( escritos, electrónicos,etc) o actuaciones ( vistas orales, conclusiones, etc). Por eso, me gustaría reflejar algunos casos llamativos por los términos de la demanda. Pues bien, comenzaré enumerando los siguientes de los que he tenido conocimiento muy directo y que son rigurosamente ciertos: Leer Más

Procesal

Novedades de la inminente reforma contencioso-administrativa: Gorilas en la niebla

Recientemente comentábamos el globo sonda del Ministerio sobre las líneas del anteproyecto de reforma de la legislación procesal, en su incidencia sobre el proceso contencioso-administrativo. Por fin, el anteproyecto sale a la luz y se publica en la web del Ministerio con el texto completo. Estamos ante novedades cuantitativamente limitadas pero cualitativamente relevantes. Los cambios son a juicio de Sevach como “gorilas en la niebla” que al decir de los nativos, sólo te das cuenta de lo grandes y peligrosos que son cuando topas de bruces con ellos. Los cambios o modificaciones en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA) son los siguientes:  Leer Más

De urbanismo y medio ambienteRelámpagos Jurisprudenciales

El Tribunal Supremo contra las obras ilegales: ni plazo quinquenal de caducidad ni buena fe de terceros

La recientísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 29 de Diciembre de 2010 (rec.500/2008) aborda dos cuestiones de gran calado y aclara numerosos litigios pendientes de sentencia urbanística. Una sentencia de “punto final”.

La primera cuestión da respuesta a la invocación por parte de la Administración o de los promotores/propietarios de obras ilegales de que las sentencias y autos que ordenan las demoliciones, han de ser ejecutados dentro del plazo de caducidad de cinco años fijado por la Ley de Enjuiciamiento Civil; o sea, que si una sentencia firme se mareaba debidamente con alegaciones, incidentes y subterfugios varios – jugando con los tiempos procesales de respuesta- o sencillamente si la Administración guarda en un cajón la sentencia, podría superarse ese plazo de cinco años y entonces la obra ilegal se consolidaría por seguridad jurídica. Pues bien, el Tribunal Supremo, zanjando una cuestión debatida y no pacífica ni entre Catedráticos (Derecho Administrativo y Derecho Procesal) y sin unanimidad en los Tribunales Superiores de Justicia, deja claro que en el proceso contencioso-administrativo no resulta de aplicación supletoria el plazo de cinco años previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para acometer la completa ejecución de las sentencias, y sí en cambio el plazo de quince años previsto por el Código Civil como regla general.

La segunda cuestión que zanja el Tribunal Supremo es la clásica invocación por un tercero de buena fe, que adquiere una edificación que es declarada ilegal (por sentencia dictada antes o después de su adquisición) y que ahora se encuentra con que su vivienda va a ser objeto de demolición, por lo que su letrado esgrimía la condición de tercero hipotecario de buena fe, esto es, de adquirente que compró una edificación en un tiempo en que el Registro de la Propiedad no incluía anotación preventiva, gravamen o sentencia alguna. Pues bien, el Tribunal Supremo aclara que ese tercero de buena fe podrá exigir responsabilidades indemnizatorias entre otras, pero lo que no puede es paralizar la inexcusable demolición de la obra ilegal. Leer Más

De lo financiero y tributarioRelámpagos Jurisprudenciales

Tocata y fuga de las Ordenanzas fiscales que imponen cánones a las empresas operadoras de telefonía

Los Ayuntamientos ante las apremiantes necesidades presupuestarias, si descubren un yacimiento de ingresos suelen lanzarse a aprobar la Ordenanza fiscal correspondiente, bajo el efecto-llamada de otros municipios. Si además esa Ordenanza fiscal tiene por sujetos pasivos a empresas como las del sector de telefonía móvil, que no son vecinos con rostro y con escasos fondos, sino multinacionales solventes, fácil se comprende su rápida aplicación de la posibilidad abierta  por la Ley General de Telecomunicaciones 32/2003, de 3 de Noviembre, para aprobar tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo o subsuelo a cargo de las empresas explotadoras de servicio de telefonía móvil. Sin embargo, ese pistoletazo de salida se convirtió en un “gatillazo”.

Y es que, lógicamente, por la tercera Ley de Newton ( principio acción-reacción: «Si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza (acción), éste reacciona contra aquél con otra fuerza de igual valor y dirección»), las grandes operadoras de telefonía recurrieron tales Ordenanzas, bien directamente o bien frente a los actos liquidatorios municipales. El asunto es de gran calado ya que está en juego, bien el saneamiento financiero de numerosos Ayuntamientos que creían encontrar un filón en estas tasas, o bien la cifra de negocios de las empresas de telefonía que ante tal presión pueden verse obligadas a repercutir costes en los clientes, que son la generalidad de la ciudadanía. Pues bien, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, enfrentada al recurso interpuesto por Vodafone frente a una Ordenanza fiscal de un Ayuntamiento navarro, mediante el reciente Auto de 29 de Octubre de 2010 (rec.861/2009) ha planteado varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por sus dudas sobre la viabilidad de fijar tasas municipales a cargo de las empresas explotadoras de los servicios de telefonía móvil, por un lado, por fijar como sujeto pasivo no sólo al titular de la red que la usa( normalmente movistar, como operador dominante), sino a los operadores que solamente reciben servicios de interconexión ( caso de Orange o Vodafone); y por otro lado, el Tribunal Supremo tiene dudas de que se cumpla el principio de objetividad basando la cuantificación de la tasa en el volumen de ingresos obtenidos en el municipio por las operadores. En definitiva, frente a ambos principios municipales pragmáticos ( “ todos los que usan, todos pagan; tanto ganas, tanto pagas”) el Tribunal Supremo efectúa la consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por abrigar dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario, aunque parece que corren malos tiempos para la lírica financiera municipal. Leer Más

Relámpagos JurisprudencialesSobre los empleados públicosUnión Europea

Tambores lejanos: el Tribunal de Justicia anula el tijeretazo europeo

Se ha hecho pública en la prensa, la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre de 2010  que anula el Reglamento nº 1296/2009 del Consejo, de 23 de diciembre de 2009, por el que se adaptan, a partir del 1 de julio de 2009, los nuevos criterios retributivos para empleados públicos y pensionistas de la Unión Europea, ante la crisis económica (“tijeretazo europeo”).

Hay que recordar que dicha medida se adoptó por el Consejo de la Unión Europea para asegurar el ejemplo desde las instituciones comunitarias en cuanto a la aplicación de medidas de recorte de retribuciones respecto de sus propios funcionarios. La medida acordada en el seno del Consejo por los gobiernos de los 27 países miembros, suponía limitar a los empleados comunitarios la subida salarial para el año 2010 a un  1,85% en vez del  3,70% que los funcionarios comunitarios reclamaban por aplicación del modelo salarial preexistente. Ahora la medida de  contención es anulada por el Tribunal de Justicia en virtud de la impugnación efectuada por la Comisión y  el Parlamento Europeo, y en consecuencia los eurócratas mantendrán sus niveles crecientes en un entorno de funciones públicas estatales “a la baja”. Leer Más

De la Universidad

Gaudeamus Igitur: Aprobado el Estatuto del Estudiante Universitario

El 31 de Diciembre de 2010 se publica en el BOE el Estatuto del Estudiante Universitario (aprobado por Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre) cumpliendo el mandato del art.46.5 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. El Ejecutivo se lo ha tomado con calma -casi tres años y ocho meses- pero al final ha visto la luz con el forceps de algunas omisiones, ambigüedades y renuncias. Veamos sus líneas fundamentales en apretada síntesis para universitarios con prisa.

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Sobre los políticos

La inmoralidad como caballo de Troya en el Derecho Positivo

En tiempos de crisis económica, de normas jurídicas en frenético aquelarre, y al filo del inicio del nuevo año 2011 resulta oportuna una reflexión sobre el Ordenamiento Jurídico público desde una perspectiva ética. Y aunque Sevach siempre se ha movido en esa esquizofrenia o difícil equilibrio entre la fría letra de la Ley y la Justicia con mayúsculas, en vísperas de los Reyes Magos bien estaría desear que trajesen un poco de sensatez a los legisladores, mas dosis de seguridad jurídica y como no, menos pragmatismo y mas sensibilidad moral. En este punto, traigo a colación el espléndido artículo publicado ayer por el Diario La Nueva España, de Ramón Punset, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, que titula de forma significativa “Secretos de Estado e integridad moral”. Leer Más

Crónicas administrativistas

Copiando que es gerundio, al menos para las autoridades perezosas

He tenido noticia de una aplicación o programa gratuito que tiene la virtud de detectar los plagios de los documentos subidos a la red. Se denomina “Approbo” y compara on-line los archivos subidos (incluso fragmentos o párrafos) con los existentes en la blogosfera, indicando además el grado de similitud entre el original a comparar y los distintos resultados. Permite seleccionar párrafos y ver exactamente dónde aparecen esos párrafos con exactitud en los archivos coincidentes. Una maravilla, porque tiene múltiples utilidades no sólo en el mundo del periodismo sino en el mundo jurídico.

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Humor y Administracion

El anteproyecto de ley de medidas de agilización procesal incorpora la técnica de la “sentencia presunta”

Dado el inmenso número de litigios que afectan a las Administraciones Públicas ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (mas de cien mil anuales en tendencia incrementalista) y el colapso técnico que padecen los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, el Ministerio de Justicia, previo dictamen favorable del Consejo de Estado, en una medida sin precedentes en la tradición española, ha incorporado al Anteproyecto de Ley de medidas de agilización procesal la técnica de la “sentencia presunta” a imagen y semejanza del  añejo instituto del “silencio administrativo” si bien en la vertiente procesal. Leer Más