Procedimientos administrativos

El Consejo de Estado y los Consejos Consultivos sólo dictaminarán exigencias de responsabilidad que excedan los 50.000 euros

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible incluye una discreta modificación en el régimen tradicional del procedimiento para exigir indemnización por responsabilidad administrativa. En una primera etapa, todo expediente para exigir indemnización a la Administración requería el dictamen previo del Consejo de Estado ( o Consejo Consultivo autonómico). En la segunda etapa, tras la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de Diciembre, sólo requerirían tal dictamen las reclamaciones que superasen el umbral mínimo de 6.000 euros. Y ahora, tras la modificación operada por la Ley de Economía Sostenible, se eleva el umbral y sólo precisarán tal dictamen las reclamaciones que excedan de 50.000 euros ( en el caso de la Administración del Estado ya que si la reclamación se dirige frente a la Comunidad Autónoma – o entes locales o institucionales de su órbita- habrá que estar a la cuantía que fije la propia legislación autonómica, aunque en su defecto será aplicable supletoriamente el umbral estatal).

Esta medida dice inspirarse en la “economía sostenible” y quizás lo que pretende es economizar los costes del trasiego de expedientes y tiempo invertido en la emisión del Dictamen por el Consejo de Estado ( o Consejo consultivo) en asuntos que, bien resulta evidente la lesión o perjuicio y su causa, o bien en asuntos cuya instrucción triplicaría el examen de fondo ( la de la Administración que decide, la de la Administración consultiva y la que se pueda llevar a cabo en el proceso contencioso-administrativo). Leer Más

Informatica y DerechoLuchas, triunfos y homenajes del Derecho Público

Premios al mejor Blog y post jurídicos del año 2010: una grata iniciativa

Recibo con infantil alborozo la noticia de la nominación del blog www.contencioso.es como candidato al mejor blog jurídico del año 2010 así como la postulación del post titulado “ Como ganar un juicio contencioso-administrativo: veinte reglas de oro”,  como mejor post del mismo año.

No es que a estas alturas la silenciosa y monacal disciplina de mantener actualizado el blog precise de estímulos honoríficos, pero el ronroneo gatuno se explica por el prestigio de los promotores de la criatura (www.derechoenred.com) pues no tengo rebozo en confesar públicamente que no compro manual alguno sobre propiedad intelectual y protección de datos, ya que me basta con acudir a los blogs de  Javier Prenafeta, Andy Ramos, Samuel Parra o David Maeztu, que se ven penalizados de la participación en este certamen por ser socios fundadores de la Derecho en Red, Asociación que se ha labrado un lugar puntero en esa tierra profunda y asilvestrada del encuentro entre tecnologías y normas jurídicas.

También es cierto que aunque no están todos los blogs que son relevantes de la blogosfera jurídica (como es lógico en todo certamen recién nacido), la muestra es representativa y confiemos en que el premio, al mejor estilo Casablanca, “sea el comienzo de una gran …festividad” y como el buen vino, año a año, mejore en cosecha y calidad.

Por otra parte, no puedo mas que añorar el célebre ranking de la blogosfera pública que mantenía puntualmente el infatigable Carlos Guadián y que ha desaparecido desde Julio de 2010, aunque con un chiste fácil confiemos que como el Guadiana vuelva a reaparecer en la red.

En fin mas allá de laureles y pompas, y comprobada la calidad de los blogs nominados, lo relevante es constatar la existencia de una comunidad jurídica virtual marcada por la generosidad de quienes lanzan al ciberespacio consideraciones, opiniones, noticias o análisis jurídicos, y que “cuelgan” post o reciben visitas  con comentarios de elevado nivel. Al fin y  al cabo, la fría norma del Boletín Oficial Digital precisa de la deliberación, interpretación y crítica para solventar el caso concreto, y no hay debate mas instantáneo, fresco y libre como el que alumbra la red.

Por eso,  la mayor compensación de quienes hemos asumido este “sacerdocio bloguero” es el respeto de los colegas de la blogosfera jurídica, quienes tienen la paciencia de visitarnos e incluso leernos o, cuando toca, discrepar sanamente. Incluso mi “adicción” a este mundo me llevó tempranamente a publicar un ambicioso post titulado Todo lo que todo el mundo querria saber sobre blogs de derecho y no sabe a quien preguntar, cuya lectura permitirá a los profanos conocer el entorno en que nos movemos los blogjurisveros.

Solo me queda recomendaros la visita a los blogs de mis compañeros de viaje en este certamen así como a los post emblemáticos de los mismos, a los que podéis acceder  aquí.

Bloguero satisfecho con los visitantes

Crónicas administrativistasUnión Europea

Del bonito informe del Consejo de Estado sobre las garantías del cumplimiento del Derecho Comunitario

¿Quiere saber cual es la eficacia real del Derecho  Comunitario?, ¿ cómo se pueden armonizar las fuerzas centrífugas de las autonomías locales y territoriales frente a las fuerzas centrípetas de la Unión Europea?, ¿ cómo puede España garantizar a la Unión Europea que el Derecho Comunitario no sólo obliga a la Administración del Estado?, ¿ ha de pagar el Estado los platos rotos por otros entes autonómicos o autónomos?. A todas esas cuestiones, de capital importancia en tiempos de crisis, se refiere el interesantísimo informe del Consejo de Estado de 15 de Diciembre de 2010 sobre obligaciones de cumplimiento del Derecho Comunitario por los Estados miembros y mecanismos de garantía.

Cuesta creer que tras veinticinco años del ingreso de España en la hoy llamada Unión Europea todavía se hable de cómo asegurar la seriedad de las Administraciones españolas para cumplir con sus compromisos con Europa, donde no faltan versiones ibéricas de la aldea gala de Astérix (rebelde al imperio romano), con lo que seguimos en “libertad vigilada” por los incumplimientos de Directivas comunitarias, de sentencias condenatorias y de reglamentos que nacen para toda Europa.

Dicho dictamen se solicitó por el Gobierno de la Nación al Consejo de Estado y aunque la consulta formalmente solicitaba aclarar los mecanismos de garantía del Derecho comunitario en un Estado descentralizado, realmente podría subtitularse:¿Quién le pone el cascabel al gato?.

I. El informe es metódico, claro y riguroso. Su lectura íntegra es recomendable porque encierra un curso acelerado de Derecho Comunitario y de los problemas de su aplicación que, por cierto, no son exclusivos de España, sino que los sufren todos los Estados con elevados niveles de descentralización. El viejo problema de los padres para controlar a los hijos. Veamos de forma sucinta los mecanismos de reacción y prevención que sugiere. Claro que una cosa es predicar y otra dar trigo. Vamos a ver las recomendaciones del Consejo de Estado para que el Estado exhiba sus músculos jurídicos y “desenfunde” rápidamente sus poderes constitucionales.

1.La cooperación y coordinación a distintos niveles territoriales.

Se sugiere dotar de presencia y participación activa a las Comunidades Autónomas en los procedimientos de incumplimiento ante Europa.

2. La supletoriedad del Derecho estatal.

Una vez expirado el plazo de transposición de una Directiva, debería aplicar el Estado su competencia para dictar legislación supletoria del art.149.3 CE.

3. La competencia reconocida al Estado en materia de relaciones internacionales por el artículo 149.1.3a de la Constitución.

El Estado ,  una vez expirado el plazo para incorporar una directiva o para adoptar medidas normativas exigidas por el Derecho de la Unión Europea,  o declarado el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea por el Tribunal de Justicia en relación con normas autonómicas, podría esgrimir su título competencial en materia de relaciones internacionales para poner orden y suplir al legislador autonómico.

4. La utilización de las leyes de armonización.

Se sugiere su utilización en casos de complejidad de la norma europea o por la interrelación de las materias abordadas por ella.

5. El mecanismo de la coerción estatal previsto en el artículo 155 de la Constitución.

Se señala esta vía para a supuestos de carácter extraordinario, ante incumplimientos contumaces y actitudes obstruccionistas de la Comunidad Autónoma .

6. Combatir judicialmente los incumplimientos ejecutivos.

Se apunta a la posibilidad de impugnaciones por el Estado de incumplimientos ejecutivos por las Comunidades Autónomas, aunque exigiría modificaciones del a Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

7. Los poderes de vigilancia y control estatal y autonómicos en el ámbito local.

Se señala la conveniencia de modificar la Ley de Bases de Régimen Local para poder controlar los incumplimientos por los entes locales del Derecho comunitario.

Así pues, el Consejo de Estado invita al Estado a que utilice esas siete medidas o  “armas jurídicas” para garantizar que Comunidades Autónomas y entes locales se toman en serio el Derecho Comunitario.

Sin embargo, a la hora de “desenfundarlas”, a Sevach el Estado le recuerda al protagonista del film protagonizado por Clint Eastwood ” Sin Perdón”, viejo, lento, cegato y con poca fe en sí mismo.

 

II. La conclusión final del informe es tan certera como inviable. Oigamos al Consejo de Estado:

“ A la vista de las consideraciones realizadas, se sugiere la aprobación de una ley para la garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea en la que, de modo unitario, se regulen tanto los medios de prevención y reacción frente al incumplimiento del ordenamiento europeo como los mecanismos de repercusión de la responsabilidad del Estado en los entes incumplidores.

El artículo 149.1.3a de la Constitución, puesto en relación con su previo artículo 93, ofrece fundamento constitucional suficiente para la aprobación de una ley de las características indicadas.

El procedimiento legislativo a seguir debería ser el propio de la ley ordinaria, dado que la materia regulada no es una de las reservadas a la ley orgánica por el artículo 81.1 de la Constitución, sin perjuicio de que, respecto de los mecanismos de repercusión de las responsabilidades económicas, no deba descartarse la utilización de la ley orgánica.”

Algo me dice que si el Estado para dejar de aguantar la vela propia y la autonómica en solitario ante la Comisión y el Tribunal de Justicia, precisa aprobar nuevas leyes (que requerirán consensos políticos mediante “precio político”) , hacer uso de reliquias constitucionales a estrenar ( leyes de armonización, competencias internacionales o legislación supletoria)  o medidas coercitivas interaministrativas, creo que… “largo lo fiáis”, ¡ Pardiéz!

Según un aforismo latino…”Quien no entiende una explicación, tampoco entenderá el coscorrón”. Y es que si no sirven la lealtad institucional de los gobernantes, la formación y confianza en el Derecho – incluido el Derecho comunitario- y el respeto a su propio juramento posesorio de acatar el Ordenamiento Jurídico…¿ la coacción es el camino?. El problema de algunos gobernantes locales y autonómicos es que Europa no les interesa igual que algunos no reciclan porque egoístamente el beneficio global y a largo plazo no les preocupa…

 

ProcesalRelámpagos Jurisprudenciales

El Tribunal Constitucional se absuelve a si mismo de dilaciones indebidas

El reciente Auto del Tribunal Constitucional de 19 de Enero de 2011 resulta llamativo ya que es la primera ocasión en que el propio Tribunal tiene que resolver una petición de responsabilidad por supuestas dilaciones indebidas a la hora de acordar la inadmisión de un recurso de amparo, ejercitada por un ciudadano al amparo del novísimo apartado 5 del art. 139 de la Ley 30/1992 , y por tal razón el Pleno ha recabado para sí el conocimiento de la misma.

I. El principio constitucional de responsabilidad de todos los poderes públicos sin excepciones pugnaba con una gran laguna normativa que provocaba la perpleijdad de quienes exigían responsabilidad patrimonial por funcionamiento anómalo de los órganos constitucionales hasta el punto de que el Tribunal Supremo abrió el camino fijando ingeniosamente la responsabilidad de apreciar su procedencia en el Consejo de Ministros, tal y como expusimos en un post anterior. Pues bien, la Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial (BOE 4/11/09) añadió, en su artículo noveno, un apartado 5 al artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LPC) del siguiente tenor:

“El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia del Consejo de Estado.”

Con ello, se dio un paso de gigante ya que se aclaraba el procedimiento de exigencia de responsabilidad y hasta el mismísimo Tribunal Constitucional podría rendir cuentas de su conducta que provocase daños o perjuicios a terceros, pero eso sí, quien debía apreciar motivos para declarar el funcionamiento anormal era el propio Tribunal Constitucional (nunca mejor dicho, “juez y parte”). Tal técnica se inspira en el caso de indemnización por error judicial en que la Sala del Tribunal Supremo del mismo orden jurisdiccional al que se imputa aquél se pronunciará sobre la declaración de su existencia ( y después de declarado el error, se solicita la indemnización al Ministerio de Justicia).

II. Pues bien, el Auto comentado, de 19 de Enero de 2011, resuelve la reclamación de un recurrente por la circunstancia de que la Sección Tercera del Tribunal Constitucional invirtiese más de catorce meses en denegar la admisión del recurso de amparo que había promovido el solicitante. Para el reclamante la dilación era indebida en tanto que, a la luz de las reformas introducidas en el régimen de admisión de los recursos de amparo por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, es excesivo invertir catorce meses en dictar una providencia que se limita a expresar que el recurso inadmitido no tiene especial trascendencia constitucional; y además la dilación era lesiva, en cuanto se demoró la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

III. Veamos la argumentación utilizada por el Tribunal Constitucional para “torear esta vaquilla”, que comentaremos con todo respeto aunque echando de menos cierto tono autocrítico:

“no se trata en este trámite de analizar si se ha producido o no la violación del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que el art. 24.2 CE reconoce frente a los órganos judiciales ordinarios, que son los que han de prestar la tutela judicial”

¡¡ Vaya!!. Había olvidado que cuando la Constitución sienta el “derecho a la tutela judicial efectiva” en su artículo 24, excluía al supremo garante de la justicia, al órgano cuyas sentencias y autos vinculan a todos los Tribunales, y al órgano que, pese a la designación política de sus miembros, se integran por expertos en derecho, para resolver con técnica jurídica, bajo procedimiento judicial y ultimado en sentencia.

“Hay que tener en cuenta que para el pronunciamiento sobre la admisión o no admisión de los recursos de amparo la LOTC no establece plazo alguno, al contrario de lo que hace respecto de la tramitación de los recursos admitidos (arts. 51 y 52)”.

¿Cómo no me di cuenta antes?, ¡¡ Si no hay plazo, no puede haber demora!! ¿Acaso tiene el Tribunal Constitucional culpa de que su Ley Orgánica no le haya marcado los tiempos de decisión?

“tanto antes como después de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, el examen de admisibilidad no se reduce ni en el diseño legal ni en la práctica de este Tribunal a apreciar rutinariamente una causa de inadmisión, como parece creer el solicitante, sino que consiste en la verificación de la concurrencia de los requisitos procesales y sustantivos para la admisión (art. 50.1 LOTC), verificación que comprende en muchas ocasiones el examen de fondo de la verosimilitud de las lesiones aducidas (ATC 272/2009, de 26 de noviembre) y que supone una carga de trabajo para la que no sirve de medida la mayor o menor extensión de la providencia de admisión o de inadmisión en que se traduzca su resultado.

¡¡ Haber empezado por ahí!!. Si el cambio del régimen de tramitación de recursos de amparo consistía en enjuiciar el fondo al tiempo de verificar la admisión o no del recurso de amparo, no sé si para ese viaje hacían falta tales alforjas, pero al menos está claro que el litigante se irá feliz con un Auto temprano antes que con una Sentencia tardía.

“En definitiva, además, de que la representación procesal del recurrente no formuló antes de la inadmisión de su recurso queja, denuncia o indicación alguna sobre la cuestión que ahora suscita”

O sea, si usted no detecta movimiento alguno de su recurso en catorce meses, …¡¡Quéjese!! Hay que aporrear la puerta del Tribunal Constitucional porque aquello del impulso de oficio… debe estar pensado para quien no tiene prisa, o para quien tiene paciencia…

“desde que la Sección Tercera estuvo en condiciones de pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de amparo y la fecha en que se notificó la providencia de inadmisión transcurrieron poco más de ocho meses hábiles, lo que no puede considerarse en modo alguno una dilación procesal indebida, habida cuenta del necesario y pormenorizado estudio que debe efectuarse, y de la relevancia de la decisión que se trataba de adoptar.”

O sea, que ocho meses hábiles para una inadmisión no es dilación indebida…¡¡ No sea impaciente!!¿ Qué son nueve meses comparados con la eternidad?

O sea que ocho meses son precisos porque los magistrados del Tribunal Constitucional estudian a fondo el asunto ¿ Ellos solos, sin ayuda, sin medios técnicos y sin letrados a su servicio?

O sea, si ocho meses es algo natural para decidir la inadmisión o no de un recurso de amparo, ahora me parece que fue precipitada la decisión sobre el Estatuto Catalán ya que en proporción matemática a la complejidad  ahora reconocida a la admisión de un recurso de amparo, aquél hubiera requerido unos doscientos años de sesudo estudio.

IV. La cosa no tendría mayor importancia si no fuera porque recientemente el Tribunal Constitucional ha apreciado dilaciones indebidas por parte de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por fijar como fecha de juicio en materia de extranjería a los dieciocho meses de presentarse la demanda, tal y como refleja comprensivamente el Tribunal Constitucional en el auto cuyo razonamiento reviste interés:

” No cabe duda de que la situación en la que se halla el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid, ha de calificarse como “estructural”. Así lo reconoce, por otra parte, el propio Juzgado en su Auto de 27 de octubre de 2008: “si se ha señalado esa fecha es porque está tramitando un número de asuntos notoriamente superior al razonable, no pudiendo resolver al ritmo que entran, por motivos estructurales que la proveyente no puede remediar en este momento”. El Juzgado, por otra parte, afirma haber tomado en cuenta “la relevancia del interés que empeña la parte demandante en este procedimiento”, razón por la que ha señalado el recurso con alguna antelación respecto de los que no se consideran preferentes.5. Afirmada la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), debemos determinar el alcance del otorgamiento del amparo. Como también establecimos en la citada STC 93/2008, este alcance debe ser matizado, puesto que el órgano judicial obró con la debida diligencia. Por lo tanto, siendo el retraso sufrido de carácter estructural, el otorgamiento del amparo ha de ser “parcial, dado que este Tribunal no puede entrar en los problemas estructurales del funcionamiento de la Administración de Justicia que, sin embargo no impiden el otorgamiento del amparo” (FJ 4).”

¡¡ Claro, si hay un embotellamiento mayúsculo en la carretera judicial, bien está aclarar que algunos vehículos implicados sufren dilaciones indebidas!!.

Soluciona mucho esta apreciación…   aunque se  ve que lo de predicar con el ejemplo era un mensaje para los humildes mortales … además lo de “problemas estructurales” ( o sea, falta de dotación de jueces o medios) da mucho juego como coartada jurídica para los unos y los otros…

V. Sevach únicamente se pregunta si no sería una buena idea la aprobación de una Ley Orgánica de Agilización Procesal del Tribunal Constitucional. Ya saben: imponer costas, elevar la cuantía del litigio admitido a trámite, reducir el plazo de interposición de recursos a minutos, tramitar sólo los recursos de amparo con número de entrada capicúa, etc. Aunque quizás lo práctico sería como el Telepizza: si su pizza no llega a su domicilio en los primeros treinta minutos… le sale gratis ( o sea, sin costas y con bonificación económica similar para compensar los gastos de letrado y procurador).

Informatica y Derecho

Dropbox: leyes y jurisprudencia en la mochila virtual

 

Si Carl Schimtt hablaba del Derecho Administrativo “motorizado” para referirse a la velocidad de vértigo de vigencias y derogaciones de sus normas, hoy podría hablarse de un Derecho Administrativo “virtualizado”, a la vista no solo de los Boletines Oficiales virtuales sino de que Google permite localizar todo tipo de normas jurídicas de inmediato ( particularmente útil resulta el conocido portal de Noticias jurídicas , con publicidad tolerable, pero gratis y además rigurosamente actualizado en la vigencia de normas). Por si fuera poco, cada Administración tiene su portal virtual, el cyberprocedimiento avanza a pasos agigantados y en materia de contratación administrativa la publicación en la red del “perfil del contratante” y licitaciones es una realidad. Sin embargo, mas que hablar de la cyberadministración que cuenta con foros mas especializados y solventes (las emblematicas “administraciones en red”, o “derecho en red” ), hoy me limitaré a una sugerencia práctica. Leer Más

Crónicas administrativistasInformatica y Derecho

Ante la sentencia decisiva sobre el derecho al olvido frente a Google

Hábilmente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha iniciado los trámites para plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial para que zanje de una vez por todas, y con validez para toda Europa, si el ciudadano tiene derecho a que Google impida que su buscador exponga datos personales publicados en Boletines Oficiales si su titular así lo solicita.

Parece ser que la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional tendrá que decidir si es legítima la decisión de la Agencia de Protección de Datos a raíz de la denuncia de cuatro personas cuyos datos personales figuran en Boletines Oficiales para su escarnio, en la que ordenaba a Google eliminarlos del buscador. La Sala,  antes de dictar la sentencia, ha dictado una providencia concediendo alegaciones a las partes (Abogacía del Estado y Google) sobre el posible planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( cuya sentencia es vinculante y fijará la interpretación de la normativa comunitaria sobre la cuestión).

Muy inteligente y oportuna esta Providencia de la Audiencia Nacional que presumiblemente desembocará en un Auto para su reenvío al Tribunal europeo, quien es el máximo intérprete de las numerosas Directivas sobre Protección de Datos. No es cuestión local, sino internacional, y si en correspondencia con un gigante planetario como Google no hay una justicia planetaria, bien está que el Tribunal de Justicia europeo resuelva la cuestión en Europa, de una vez por todas, pese a que sea cuestión jurídicamente difícil como ya precisó el Catedrático de Derecho Constitucional, Marc Carrillo, en este artículo periodístico. Leer Más

Procedimientos administrativosRelámpagos Jurisprudenciales

Ultimas noticias del silencio positivo suspensivo del acto impugnado administrativamente

Hay sentencias del Tribunal Supremo que sin fijar doctrina legal completan de forma decisiva, clara e importante la regulación de aspectos sustanciales del procedimiento administrativo. Es el caso de la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 26/1/2011 (rec.1065/2010), que de un plumazo aclara ( e incluso lo hace apartándose de su tenor literal) y completa ( evitando dudas procesales sin cuento) las condiciones y eficacia del silencio positivo generado cuando el interesado además de formular recurso administrativo ( alzada o reposición) acompaña la solicitud de suspensión del acto impugnado, y tras recibirlo la Administración se echa a dormir y  da la callada por respuesta durante más de treinta días, caso contemplado en el art.111.3 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Veamos. Leer Más

Crónicas administrativistasSobre los empleados públicos

Estampida del personal de confianza política

Ayer publicó el Diario La Nueva España un artículo sobre el curioso fenómeno de la inquietud que numerosos directivos públicos y personal eventual experimentan ante los cambios que pueden traer las próximas elecciones autonómicas y locales. En dicho artículo me permitía pronosticar la inminencia de una carrera angustiada de los futuros cesados para buscar cobijo en algún empleo, similar a una estampida de Ñus en el Serengueti. El artículo completo lo podéis leer aquí y espero que lo disfrutéis.

Por otra parte, y en relación al mismo tema, no puedo dejar de reseñar el fantástico libro del Doctor en Derecho Antonio Serrano Pascual, publicado por El Consultor (2010, La Ley) y titulado precisamente “ El personal de confianza política en las Entidades Locales”. Su subtítulo precisa el ámbito de estudio y referido a fenómenos tan rebeldes al tratamiento científico como son: “ La libre designación, el personal eventual y los directivos”. Leer Más

De Jueces y la JusticiaProcesal

Novedosos Tribunales de instancia contencioso-administrativos: Juntos pero no revueltos

Se ha hecho público el Anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, para la creación de los tribunales de instancia. Un cambio espectacular e incluso histórico en el modelo de organización de la justicia. Hay que recordar que la implantación de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo allá por 1998 fue criticada por voces académicas autorizadas bajo la desconfianza de que un órgano unipersonal, apartándose de la tradición española y francesa, pudiera controlar nada menos que al poder público. Sin embargo, los Juzgados salieron airosos del lance y ahora “mueren de éxito” al verse colapsados por los asuntos de su competencia.

El inminente cambio ( políticamente pactado) pretende solucionar el problema jurídico de la existencia de sentencias de distintos Juzgados de una misma plaza con distinto criterio ( riesgo que aumenta ante la inminente elevación del umbral de apelación a los 50.000 euros) , así como el problema financiero ya que resulta mas económico aumentar plazas de “jueces” ( magistrados adicionales a Tribunales ya existentes) que aumentar “ Juzgados” ( magistrados con personal y parafernalia de la secretaría).  de la cara dotación de nuevos Juzgados que resulta mas cara que incrementar “jueces” Veamos su alcance en cuanto al ámbito contencioso-administrativo según la literalidad del anteproyecto. Leer Más

Crónicas administrativistasHumor y Administracion

Mentiras arriesgadas del Derecho Público

El Derecho Público tiene vocación de orden, precisión, claridad y tutela del interés público con garantías para los ciudadanos. Ese mundo perfecto ha sido construido por  mentes preclaras ( legislador, académicos, abogados y jueces), y está formado por técnicas jurídicas de solemnes principios, institutos y organizaciones, pero se ve tambaleado cuando el común de los ciudadanos se queda perplejo ante cómo las leyes y sentencias describen el funcionamiento del poder público y la realidad tal y como la percibe a pie de calle. Veamos algunas de las mentiras jurídico-públicas mas habituales e insolentes. Leer Más