De la Universidad

Gaudeamus Igitur: Aprobado el Estatuto del Estudiante Universitario

El 31 de Diciembre de 2010 se publica en el BOE el Estatuto del Estudiante Universitario (aprobado por Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre) cumpliendo el mandato del art.46.5 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. El Ejecutivo se lo ha tomado con calma -casi tres años y ocho meses- pero al final ha visto la luz con el forceps de algunas omisiones, ambigüedades y renuncias. Veamos sus líneas fundamentales en apretada síntesis para universitarios con prisa.

  Leer Más

Sobre los políticos

La inmoralidad como caballo de Troya en el Derecho Positivo

En tiempos de crisis económica, de normas jurídicas en frenético aquelarre, y al filo del inicio del nuevo año 2011 resulta oportuna una reflexión sobre el Ordenamiento Jurídico público desde una perspectiva ética. Y aunque Sevach siempre se ha movido en esa esquizofrenia o difícil equilibrio entre la fría letra de la Ley y la Justicia con mayúsculas, en vísperas de los Reyes Magos bien estaría desear que trajesen un poco de sensatez a los legisladores, mas dosis de seguridad jurídica y como no, menos pragmatismo y mas sensibilidad moral. En este punto, traigo a colación el espléndido artículo publicado ayer por el Diario La Nueva España, de Ramón Punset, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, que titula de forma significativa “Secretos de Estado e integridad moral”. Leer Más

Crónicas administrativistas

Copiando que es gerundio, al menos para las autoridades perezosas

He tenido noticia de una aplicación o programa gratuito que tiene la virtud de detectar los plagios de los documentos subidos a la red. Se denomina “Approbo” y compara on-line los archivos subidos (incluso fragmentos o párrafos) con los existentes en la blogosfera, indicando además el grado de similitud entre el original a comparar y los distintos resultados. Permite seleccionar párrafos y ver exactamente dónde aparecen esos párrafos con exactitud en los archivos coincidentes. Una maravilla, porque tiene múltiples utilidades no sólo en el mundo del periodismo sino en el mundo jurídico.

Leer Más

Humor y Administracion

El anteproyecto de ley de medidas de agilización procesal incorpora la técnica de la “sentencia presunta”

Dado el inmenso número de litigios que afectan a las Administraciones Públicas ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (mas de cien mil anuales en tendencia incrementalista) y el colapso técnico que padecen los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, el Ministerio de Justicia, previo dictamen favorable del Consejo de Estado, en una medida sin precedentes en la tradición española, ha incorporado al Anteproyecto de Ley de medidas de agilización procesal la técnica de la “sentencia presunta” a imagen y semejanza del  añejo instituto del “silencio administrativo” si bien en la vertiente procesal. Leer Más

Relámpagos Jurisprudenciales

Tribunal de Justicia de la Unión Europea: trienios retroactivos para los interinos

En tiempo de Navidad y fechas de lotería, el personal funcionario interino recibe un valiosísimo regalo. Frente a los vaivenes jurisprudenciales sobre la aplicación retroactiva o no de los trienios reconocidos por el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la recientísima Sentencia de 22 de Diciembre de 2010 ( ¡¡ de hoy mismo!!) convierte en inaplicable el artículo 25.2 del citado Estatuto y deja en papel mojado la precisión de que «se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor [de dicha Ley] que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo». Leer Más

De lo financiero y tributario

Notificaciones electrónicas obligatorias en materia tributaria a todo ritmo

He leído en el suplemento Mercados del diario El Mundo  de 19/12/10 un estupendo artículo del abogado Félix Bornstein titulado “ La notificación electrónica” en que alerta del impacto que supondrá  la implantación obligatoria para las empresas de asumir las notificaciones practicadas a través de una dirección de correo electrónico que será facilitada por la propia Administración, y utilizada por la Agencia Tributaria como “buzón” para todas las notificaciones.

No olvidemos que la notificación del acto administrativo es condición de eficacia y que si alguien deja pasar  los plazos que arrancan desde su fecha (por  desidia, olvido,  error o ignorancia)  puede encontrarse con el  contundente estigma de “ acto consentido y firme” o en el mejor de los casos con la pérdida del derecho a alegar o probar. Leer Más

De lo financiero y tributarioProcesal

La penuria municipal no es coartada para no pagar justiprecios

En tiempo de crisis económica los ediles municipales se enfrentan a pagar los costes de un sinfín de aventuras de inversiones, proyectos, planes o expropiaciones. En este último caso, puede acontecer que el Ayuntamiento ( u otra Administración) cuente con crédito presupuestario al tiempo de promover una expropiación pero que el Jurado Provincial o Territorial de Expropiación eleven su importe por encima de sus posibilidades ( supuesto frecuentísimo cuando el Jurado o los Tribunales contenciosos valoran un terreno como urbanizable por contribuir al manido concepto jurídico de “crear ciudad”, o sea, por decirlo en términos paladinos y de ejemplo, que un terreno expropiado para una autovía no debe valorarse como no urbanizable sino que si se integra en una malla urbana o dentro de la expansión natural de la “ciudad” debe valorarse como urbanizable; lo contrario supondría valorar la expropiación de terrenos para sistemas generales como islotes baratos mientras que las fincas colindantes serían generosamente valoradas. Pues bien, en estos frecuentes casos (aunque la jurisprudencia va siendo menos generosa en su apreciación, máxime tras las recientes determinaciones de la última Ley del Suelo), muchos Ayuntamientos como en el caso ahora resuelto por el Tribunal Supremo solicitan perentoriamente que se suspenda el acuerdo de fijación de justiprecio sobre una argumentación que nos resulta familiar: “carece de dotación presupuestaria para hacer frente a la inmediata ejecución del acto administrativo recurrido y que ésta, además, puede conducir a la entidad local recurrente a una grave situación económica. Se señala, a este respecto, que hay otros terrenos expropiados en situaciones similares al que es objeto de este litigio. En el motivo segundo, se alega infracción del art. 130.2 LJCA, por entender que una adecuada ponderación de los intereses en juego habría debido conducir a acordar la suspensión solicitada; y ello porque, mientras la salvaguardia de las finanzas del Ayuntamiento de Linares es de interés público, el acuerdo de del órgano autonómico encargado de la valoración sólo afectaría al interés privado de los expropiados”.

Tal argumentación, comprensible en clave política, no merece para la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 23 de Noviembre de 2010 (rec.2150/2007) amparo en clave jurídica. Leer Más

ProcesalRelámpagos Jurisprudenciales

Del coadyuvante del demandante pillado en fraude procesal

Fraudes hay muchos, y buena parte son impunes. Cuando el fraude se comete en el marco de un proceso judicial la situación resulta mas insólita ya que alguien está utilizando un mecanismo público para una finalidad perversa. Académicamente suele distinguirse entre el “fraude de ley procesal” , y “fraude del proceso”. El “fraude de ley procesal” es perpetrado por quien utiliza un determinado precepto de la normativa procedimental judicial para una finalidad inconfesable (p.ej. se solicita el testimonio de una persona no para aclarar los hechos sino para someterle a la angustia de la comparecencia judicial, o cuando se solicita que se complete un expediente administrativo para obtener documentos de difícil o costoso acceso,etc). El “fraude del proceso” supone un engaño de mayor magnitud ya que supone utilizar no ya un trámite o instituto procesal a su antojo, sino aprovecharse de todo el proceso para una finalidad distinta de la institucional consistente en solucionar el conflicto con arreglo a derecho. Leer Más

Procesal

Quien hace la trampa, hace la ley…. para burlar sentencias firmes

La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 74/2010, de 18 de octubre de 2010, declara inconstitucional una Ley que pretendía imponer la práctica de nuevas liquidaciones tributarias para sustituir otras declaradas nulas por Sentencias judiciales firmes. Como se trataba de situaciones nacidas bajo la legislación anterior y con arreglo a la cual fueron anuladas judicialmente, el Tribunal Constitucional considera contrario al art.9.3  de la Constitución tal “ precepto con indudable carácter retroactivo, en cuanto que permite la práctica de nuevas liquidaciones que sustituyan a las anteriores anuladas, sin que concurran exigencias cualificadas de interés común que puedan resultar prevalentes y justifiquen su legitimidad constitucional”. Leer Más